Teodula Herrera Briones

Expediente 1149/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 34 actuaciones registradas, la última del 10 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1149/2023
Año
2023
Actuaciones
34
Última actuación
10/11/2023

Partes del expediente

  • TEODULA HERRERA BRIONES y Otros.
  • Teodula Herrera Briones
  • Dirección Local Puebla de la Comisión Nacional del Agua

Actuaciones

Las 4 más recientes de 34.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, diez de noviembre de dos mil veintitrés. Visto el escrito de cuenta firmado electrónicamente por *****************, en su carácter de autorizada de los quejosos en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, en cuanto a su contenido, se tiene a la ocursante pretendiendo ampliar la demanda de amparo que dio origen al presente sumario constitucional. Al respecto, es menester precisar que el artículo 111 de la Ley de Amparo, establece lo siguiente "Artículo 111. Podrá ampliarse la demanda cuando I. No hayan transcurrido los plazos para su presentación; II. Con independencia de lo previsto en la fracción anterior, el quejoso tenga conocimiento de actos de autoridad que guarden estrecha relación con los actos reclamados en la demanda inicial. En este caso, la ampliación deberá presentarse dentro de los plazos previstos en el artículo 17 de esta Ley. En el caso de la fracción II, la demanda podrá ampliarse dentro de los plazos referidos en este artículo, siempre que no se haya celebrado la audiencia constitucional o bien presentar una nueva demanda." El precepto legal transcrito establece que la demanda de amparo podrá ampliarse siempre y cuando los actos de autoridad que se reclamen en el escrito de ampliación guardan estrecha relación con los reclamados en la demanda inicial. Precisado lo anterior, se destaca el artículo 113 de la Ley de Amparo, el cual impone al juzgador la obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano y, en el caso concreto, se advierte la actualización de una causal de improcedencia manifiesta e indudable, por lo que se realiza el análisis de la misma. Ello en virtud de que el artículo 113 de la ley de la materia señala que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, dicho motivo debe ser manifiesto, es decir, se advierta en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda y que sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia en cuestión, sea operante en el caso concreto. Ahora, es necesario precisar que "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. Atento a lo anterior, cabe precisar que la parte quejosa en su escrito de demanda señala como autoridad responsable y como acto reclamado, lo siguiente "III.- AUTORIDADES RESPONSABLES. - Señalo con ese carácter a los siguientes A) JOEL BONILLA ROMERO Particular que realiza actos equivalentes a los de autoridad con domicilio en calle Manuel Ávila Camacho número 1535 barrio Guadalupe en el Municipio de Libres en el Estado de Puebla. IV.- ACTOS RECLAMADOS. - Se reclaman de la autoridad responsable lo siguiente IV.1. - La negativa a proporcionar el servicio público de agua potable, que afecta desde hace meses a los habitantes de la Comunidad Indígena de las Chapas en el municipio de Libres, en el estado de Puebla a la cual pertenecemos los suscritos, desabasto de agua que no tiene razón de existir conforme el título de Concesión (Asignación) 10PUE101234/27HODL16, otorgado a favor del Municipio de Libres, Puebla, de acuerdo con la resolución B00.920.01.-0525/2016 de fecha diecinueve de febrero de dos mil dieciséis, fue establecida prórroga con periodo de vigencia de VEINTE años contados a partir del veintiuno de octubre de dos mil catorce al veinte de octubre de dos mil treinta y cuatro, con un volumen anual de agua de 63,072.00 m3 (sesenta y tres mil setenta y dos metros cúbicos) y un gasto requerido de 2.00 l.p.s. (dos litros por segundo), así como la ocupación de una fracción de zona federal con una superficie de 240.00 m2 (doscientos cuarenta metros cuadrados), cuya explotación, uso o aprovechamiento de agua se encuentra sujeta a las condiciones específicas que las aguas se distribuirán para uso asignado a las poblaciones de: i) Bella Vista, ii) Las Chapas Norte, éstas del municipio de Libres, Puebla y iii) Oyametepec del Municipio de Ixtacamaxtitlán, Puebla. IV.2. - La modificación del cauce en la red hidráulica que suministra a las Comunidad Indígena de las Chapas por medio de las tomas realizadas a su favor de JOEL BONILLA ROMERO quien dispone sin derecho la administración y distribución del vital líquido en la que ha incurrido al realizar actos equiparables a los de una autoridad; no obstante teniendo pleno conocimiento la responsable de carecer de atribución constitucional para efecto de otorgar o negar el servicio público de agua potable a los ciudadanos de la Comunidad Indígena de las CHAPAS como ocurre con los aquí impetrantes, sin que la hoy responsable pueda alegar falta del vital líquido toda vez que existe título de Concesión (Asignación) 10PUE101234/27HODL16, otorgado por la Dirección Local Puebla de la Comisión Nacional del Agua, para la explotación, uso o aprovechamiento en uso urbano de aguas nacionales superficiales, con un volumen anual de agua de 63,072.00 m3 (sesenta y tres mil setenta y dos metros cúbicos) y un gasto requerido de 2.00 l.p.s. (dos litros por segundo), así como la ocupación de una fracción de zona federal con una superficie de 240.00 m2 (doscientos cuarenta metros cuadrados), cuyas aguas serán distribuidas para uso asignado a las poblaciones de: i) Bella Vista, ii) Las Chapas Norte, éstas del municipio de Libres, Puebla y iii) Oyametepec del Municipio de Ixtacamaxtitlán, Puebla. IV.3. - El Minuta de trabajo número ********** de fecha tres de julio de dos mil veintitrés, en el que deja sin efectos lo celebrado en las minutas anteriores por cuanto al libre acceso a su propiedad." Al margen de estas precisiones, es necesario que la Jueza de Distrito establezca que la autoridad responsable es aquella que con independencia de su naturaleza formal, dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Por otra parte, el concepto de autoridad ha sido estudiado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, considerándola como aquella con fundamento en una norma legal, puede emitir actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de los gobernados, sin necesidad de acudir a los órganos judiciales ni tomar en consideración el consenso de la voluntad del afectado. Por su parte, del numeral 5° transcrito, pone de manifiesto el juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite, entre otros, por leyes o actos de la autoridad que transgredan derechos fundamentales, y que se considera como autoridad responsable para los efectos del juicio de amparo, aquella que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de la Ley de Amparo, los particulares también pueden tener la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos de otros particulares en forma unilateral y obligatoria, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. Por tanto, es necesario precisar el concepto de autoridad responsable, entendiendo por tal, aquel órgano o ente que ejerce facultades decisorias en uso de sus atribuciones que les confiere la ley, cuyo ejercicio es irrenunciable por ser de naturaleza pública la fuente de su potestad; o tratándose de un particular, para ser considerado como sujeto de control constitucional, deberá realizar actos equivalentes a los actos antes señalados, y sus funciones deberán estar determinadas por una norma general. Por ello, a fin de establecer si a quien se le atribuye el acto, tiene el carácter de autoridad para los efectos del juicio constitucional, se debe atender a la naturaleza propia del acto que se le reclame, esto es, examinar si la norma legal lo faculta o no para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, y que deben exigirse mediante el uso de la fuerza pública, o bien, a través de otras autoridades. Sobre este tema la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido que las notas distintivas de los actos de autoridad en relación con los gobernados, son: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera de acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado. Ahora, de conformidad con el precepto 5º, fracción II, de la Ley de Amparo, la autoridad responsable es aquella con independencia de su naturaleza formal, dicte, ordene, ejecute o trate de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. O bien, tratándose de particulares también pueden tener la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en forma unilateral y obligatoria, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. Así para determinar si un particular realiza actos equiparables a los de autoridad para efectos de la procedencia del juicio de amparo en su contra, debe verificarse que se satisfagan los siguientes requisitos 1.- Que realicen actos equivalentes a los de autoridad, esto es, que dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar algún acto en forma unilateral y obligatoria, o bien, que omitan actuar en determinado sentido; 2.- Que afecten derechos creando, modificando o extinguiendo situaciones jurídicas; y, 3.- Que sus funciones estén determinadas en una norma general que le confiera las atribuciones para actuar como una autoridad del Estado, cuyo ejercicio, por lo general, tenga un margen de discrecionalidad. Por consiguiente, si los actos de los particulares señalados como autoridades responsables no reúnen los requisitos antes mencionados, no son susceptibles de impugnarse a través del juicio de amparo. En ese contexto jurídico, resulta indispensable establecer las bases para distinguir un acto de otro, para lo cual es ideal atender a la clasificación que la teoría general del derecho hace de las relaciones jurídicas de coordinación, supra a subordinación y supraordinación. De acuerdo con esa teoría, las relaciones de coordinación son las entabladas entre particulares, en las cuales éstos actúan en un mismo plano, es decir, en igualdad, por lo que para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por ellos mismos, se crean en la ley los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas; dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil, agrario y laboral. La nota distintiva de este tipo de relaciones es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas por la ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. En cambio, las relaciones de supra a subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos, en beneficio del orden público y del interés social; se regulan por el derecho público que también establece los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado, entre ellos destaca, en el ámbito ordinario, el procedimiento contencioso-administrativo y los mecanismos de defensa de los derechos humanos, mientras que en el parámetro constitucional, el juicio de amparo. Este tipo de relaciones se caracterizan por la unilateralidad y por ello, la constitución reconoce una serie de derechos humanos y garantías individuales como limitaciones al actuar del gobernante, ya que el órgano del Estado impone su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales. Además, las relaciones de supraordinación son las que se establecen entre los órganos del propio Estado, en las que éstos actúan en un plano de igualdad superior, por encima de los particulares, regulándose también por el derecho público que establece mecanismos de solución política y jurisdiccional, destacando en este último rubro, las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad que señala el artículo 105, fracciones I y II, de la Constitución General de la República. En esas condiciones, es evidente para definir el concepto de autoridad responsable es necesario tomar en cuenta la distinción de las relaciones jurídicas, examinando si la que se somete a la decisión de los órganos jurisdiccionales de amparo se ubica dentro de las denominadas de supra a subordinación, que tiene como presupuesto que los promoventes tengan el carácter de gobernados y los entes señalados como autoridades actúen en un plano superior. Luego, para los efectos del juicio de amparo, autoridad responsable es aquella que actuando como un ente de hecho o de derecho en una relación de supra a subordinación con un particular, dicta, promulga, publica, ordena, ejecuta o trata de ejecutar la ley o el acto unilateral que afecta la esfera del gobernado. En relación con lo anterior, debe decirse los actos de autoridad tienen la cualidad de ser unilaterales y coercitivos, en razón de que se imponen al particular contra su voluntad y porque su inobservancia conlleva una sanción prevista en la ley, lo cual hace que la relación que se dé sea de supra a subordinación. Por otro lado, cuando la relación se da entre dos sujetos que actúan como particulares, aun cuando uno de ellos sea oficial, se está ante una relación de coordinación que puede ser de naturaleza privada, sujeta al derecho privado. En efecto, los órganos del Estado pueden adquirir también la calidad de particulares, cuando no despliegan actividades unilaterales, imperativas y coercitivas frente al gobernado, y cuando celebran algún contrato con el particular, con condiciones y beneficios mutuos, concurriendo un acuerdo de voluntades, dado que ambas partes tienen iguales deberes y prerrogativas, hipótesis en la que, se insiste, la autoridad pierde tal calidad y adquiere la de un gobernado. En ese orden de ideas, si la autoridad no despliega en su relación con el gobernado, actos de imperio y coercitivos, para efectos del juicio de amparo, tampoco puede estimarse que actúa con el carácter de autoridad en términos del artículo 5, fracción II, de la ley de la materia. En ese sentido, el particular ***************, denominado por la quejosa como autoridad responsable, carece de los elementos con que cuenta una autoridad, considerándose autoridad aquel órgano, investido de facultades de decisión o ejecución, cuyo desempeño, conjunto o separado, produce la creación, modificación o la extinción de situaciones generales o especiales, jurídicas o fácticas, dadas dentro del Estado, o su alteración o afectación, todo ello en forma imperativa. Máxime que la autorizada de la parte promovente de amparo pretende reclamar de dicho particular la negativa de proporcionar el servicio público de agua potable a los quejosos y a los habitantes de la comunidad indígena de "Las Chapas, en el Municipio de Libres, Puebla"; sin embargo, tal acto no puede serle atribuido en virtud de que la obligación de proporcionar el servicio y acceso del líquido vital en el caso, le corresponde a los ayuntamientos de los Municipios de Ixcamaxtitlán y de Libres, Puebla, y a los respectivos sistemas de operadores de agua potable. En las relatadas condiciones, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, y en relación con las causas de improcedencias expuestas en el presente proveído, se desecha de plano, por manifiesta y notoria improcedencia, la ampliación de demanda promovida por ****************, en su carácter de autorizada de los quejosos en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo.

  2. Principal

    AVISO PARTE QUEJOSA. San Andrés Cholula, Puebla, diez de noviembre de dos mil veintitrés. Visto el escrito de cuenta firmado electrónicamente por *****************, en su carácter de autorizada de los quejosos en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, en cuanto a su contenido, se tiene a la ocursante pretendiendo ampliar la demanda de amparo que dio origen al presente sumario constitucional. Al respecto, es menester precisar que el artículo 111 de la Ley de Amparo, establece lo siguiente Artículo 111. Podrá ampliarse la demanda cuando I. No hayan transcurrido los plazos para su presentación; II. Con independencia de lo previsto en la fracción anterior, el quejoso tenga conocimiento de actos de autoridad que guarden estrecha relación con los actos reclamados en la demanda inicial. En este caso, la ampliación deberá presentarse dentro de los plazos previstos en el artículo 17 de esta Ley. En el caso de la fracción II, la demanda podrá ampliarse dentro de los plazos referidos en este artículo, siempre que no se haya celebrado la audiencia constitucional o bien presentar una nueva demanda. El precepto legal transcrito establece que la demanda de amparo podrá ampliarse siempre y cuando los actos de autoridad que se reclamen en el escrito de ampliación guardan estrecha relación con los reclamados en la demanda inicial. Precisado lo anterior, se destaca el artículo 113 de la Ley de Amparo, el cual impone al juzgador la obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano y, en el caso concreto, se advierte la actualización de una causal de improcedencia manifiesta e indudable, por lo que se realiza el análisis de la misma. Ello en virtud de que el artículo 113 de la ley de la materia señala que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, dicho motivo debe ser manifiesto, es decir, se advierta en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda y que sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia en cuestión, sea operante en el caso concreto. Ahora, es necesario precisar que "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. Atento a lo anterior, cabe precisar que la parte quejosa en su escrito de demanda señala como autoridad responsable y como acto reclamado, lo siguiente "III.- AUTORIDADES RESPONSABLES. - Señalo con ese carácter a los siguientes A) JOEL BONILLA ROMERO Particular que realiza actos equivalentes a los de autoridad con domicilio en calle Manuel Ávila Camacho número 1535 barrio Guadalupe en el Municipio de Libres en el Estado de Puebla. IV.- ACTOS RECLAMADOS. - Se reclaman de la autoridad responsable lo siguiente IV.1. - La negativa a proporcionar el servicio público de agua potable, que afecta desde hace meses a los habitantes de la Comunidad Indígena de las Chapas en el municipio de Libres, en el estado de Puebla a la cual pertenecemos los suscritos, desabasto de agua que no tiene razón de existir conforme el título de Concesión (Asignación) 10PUE101234/27HODL16, otorgado a favor del Municipio de Libres, Puebla, de acuerdo con la resolución B00.920.01.-0525/2016 de fecha diecinueve de febrero de dos mil dieciséis, fue establecida prórroga con periodo de vigencia de VEINTE años contados a partir del veintiuno de octubre de dos mil catorce al veinte de octubre de dos mil treinta y cuatro, con un volumen anual de agua de 63,072.00 m3 (sesenta y tres mil setenta y dos metros cúbicos) y un gasto requerido de 2.00 l.p.s. (dos litros por segundo), así como la ocupación de una fracción de zona federal con una superficie de 240.00 m2 (doscientos cuarenta metros cuadrados), cuya explotación, uso o aprovechamiento de agua se encuentra sujeta a las condiciones específicas que las aguas se distribuirán para uso asignado a las poblaciones de: i) Bella Vista, ii) Las Chapas Norte, éstas del municipio de Libres, Puebla y iii) Oyametepec del Municipio de Ixtacamaxtitlán, Puebla. IV.2. - La modificación del cauce en la red hidráulica que suministra a las Comunidad Indígena de las Chapas por medio de las tomas realizadas a su favor de JOEL BONILLA ROMERO quien dispone sin derecho la administración y distribución del vital líquido en la que ha incurrido al realizar actos equiparables a los de una autoridad; no obstante teniendo pleno conocimiento la responsable de carecer de atribución constitucional para efecto de otorgar o negar el servicio público de agua potable a los ciudadanos de la Comunidad Indígena de las CHAPAS como ocurre con los aquí impetrantes, sin que la hoy responsable pueda alegar falta del vital líquido toda vez que existe título de Concesión (Asignación) 10PUE101234/27HODL16, otorgado por la Dirección Local Puebla de la Comisión Nacional del Agua, para la explotación, uso o aprovechamiento en uso urbano de aguas nacionales superficiales, con un volumen anual de agua de 63,072.00 m3 (sesenta y tres mil setenta y dos metros cúbicos) y un gasto requerido de 2.00 l.p.s. (dos litros por segundo), así como la ocupación de una fracción de zona federal con una superficie de 240.00 m2 (doscientos cuarenta metros cuadrados), cuyas aguas serán distribuidas para uso asignado a las poblaciones de: i) Bella Vista, ii) Las Chapas Norte, éstas del municipio de Libres, Puebla y iii) Oyametepec del Municipio de Ixtacamaxtitlán, Puebla. IV.3. - El Minuta de trabajo número ********** de fecha tres de julio de dos mil veintitrés, en el que deja sin efectos lo celebrado en las minutas anteriores por cuanto al libre acceso a su propiedad." Al margen de estas precisiones, es necesario que la Jueza de Distrito establezca que la autoridad responsable es aquella que con independencia de su naturaleza formal, dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Por otra parte, el concepto de autoridad ha sido estudiado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, considerándola como aquella con fundamento en una norma legal, puede emitir actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de los gobernados, sin necesidad de acudir a los órganos judiciales ni tomar en consideración el consenso de la voluntad del afectado. Por su parte, del numeral 5° transcrito, pone de manifiesto el juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite, entre otros, por leyes o actos de la autoridad que transgredan derechos fundamentales, y que se considera como autoridad responsable para los efectos del juicio de amparo, aquella que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de la Ley de Amparo, los particulares también pueden tener la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos de otros particulares en forma unilateral y obligatoria, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. Por tanto, es necesario precisar el concepto de autoridad responsable, entendiendo por tal, aquel órgano o ente que ejerce facultades decisorias en uso de sus atribuciones que les confiere la ley, cuyo ejercicio es irrenunciable por ser de naturaleza pública la fuente de su potestad; o tratándose de un particular, para ser considerado como sujeto de control constitucional, deberá realizar actos equivalentes a los actos antes señalados, y sus funciones deberán estar determinadas por una norma general. Por ello, a fin de establecer si a quien se le atribuye el acto, tiene el carácter de autoridad para los efectos del juicio constitucional, se debe atender a la naturaleza propia del acto que se le reclame, esto es, examinar si la norma legal lo faculta o no para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, y que deben exigirse mediante el uso de la fuerza pública, o bien, a través de otras autoridades. Sobre este tema la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido que las notas distintivas de los actos de autoridad en relación con los gobernados, son: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera de acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado. Ahora, de conformidad con el precepto 5º, fracción II, de la Ley de Amparo, la autoridad responsable es aquella con independencia de su naturaleza formal, dicte, ordene, ejecute o trate de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. O bien, tratándose de particulares también pueden tener la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en forma unilateral y obligatoria, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. Así para determinar si un particular realiza actos equiparables a los de autoridad para efectos de la procedencia del juicio de amparo en su contra, debe verificarse que se satisfagan los siguientes requisitos 1.- Que realicen actos equivalentes a los de autoridad, esto es, que dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar algún acto en forma unilateral y obligatoria, o bien, que omitan actuar en determinado sentido; 2.- Que afecten derechos creando, modificando o extinguiendo situaciones jurídicas; y, 3.- Que sus funciones estén determinadas en una norma general que le confiera las atribuciones para actuar como una autoridad del Estado, cuyo ejercicio, por lo general, tenga un margen de discrecionalidad. Por consiguiente, si los actos de los particulares señalados como autoridades responsables no reúnen los requisitos antes mencionados, no son susceptibles de impugnarse a través del juicio de amparo. En ese contexto jurídico, resulta indispensable establecer las bases para distinguir un acto de otro, para lo cual es ideal atender a la clasificación que la teoría general del derecho hace de las relaciones jurídicas de coordinación, supra a subordinación y supraordinación. De acuerdo con esa teoría, las relaciones de coordinación son las entabladas entre particulares, en las cuales éstos actúan en un mismo plano, es decir, en igualdad, por lo que para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por ellos mismos, se crean en la ley los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas; dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil, agrario y laboral. La nota distintiva de este tipo de relaciones es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas por la ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. En cambio, las relaciones de supra a subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos, en beneficio del orden público y del interés social; se regulan por el derecho público que también establece los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado, entre ellos destaca, en el ámbito ordinario, el procedimiento contencioso-administrativo y los mecanismos de defensa de los derechos humanos, mientras que en el parámetro constitucional, el juicio de amparo. Este tipo de relaciones se caracterizan por la unilateralidad y por ello, la constitución reconoce una serie de derechos humanos y garantías individuales como limitaciones al actuar del gobernante, ya que el órgano del Estado impone su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales. Además, las relaciones de supraordinación son las que se establecen entre los órganos del propio Estado, en las que éstos actúan en un plano de igualdad superior, por encima de los particulares, regulándose también por el derecho público que establece mecanismos de solución política y jurisdiccional, destacando en este último rubro, las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad que señala el artículo 105, fracciones I y II, de la Constitución General de la República. En esas condiciones, es evidente para definir el concepto de autoridad responsable es necesario tomar en cuenta la distinción de las relaciones jurídicas, examinando si la que se somete a la decisión de los órganos jurisdiccionales de amparo se ubica dentro de las denominadas de supra a subordinación, que tiene como presupuesto que los promoventes tengan el carácter de gobernados y los entes señalados como autoridades actúen en un plano superior. Luego, para los efectos del juicio de amparo, autoridad responsable es aquella que actuando como un ente de hecho o de derecho en una relación de supra a subordinación con un particular, dicta, promulga, publica, ordena, ejecuta o trata de ejecutar la ley o el acto unilateral que afecta la esfera del gobernado. En relación con lo anterior, debe decirse los actos de autoridad tienen la cualidad de ser unilaterales y coercitivos, en razón de que se imponen al particular contra su voluntad y porque su inobservancia conlleva una sanción prevista en la ley, lo cual hace que la relación que se dé sea de supra a subordinación. Por otro lado, cuando la relación se da entre dos sujetos que actúan como particulares, aun cuando uno de ellos sea oficial, se está ante una relación de coordinación que puede ser de naturaleza privada, sujeta al derecho privado. En efecto, los órganos del Estado pueden adquirir también la calidad de particulares, cuando no despliegan actividades unilaterales, imperativas y coercitivas frente al gobernado, y cuando celebran algún contrato con el particular, con condiciones y beneficios mutuos, concurriendo un acuerdo de voluntades, dado que ambas partes tienen iguales deberes y prerrogativas, hipótesis en la que, se insiste, la autoridad pierde tal calidad y adquiere la de un gobernado. En ese orden de ideas, si la autoridad no despliega en su relación con el gobernado, actos de imperio y coercitivos, para efectos del juicio de amparo, tampoco puede estimarse que actúa con el carácter de autoridad en términos del artículo 5, fracción II, de la ley de la materia. En ese sentido, el particular ***************, denominado por la quejosa como autoridad responsable, carece de los elementos con que cuenta una autoridad, considerándose autoridad aquel órgano, investido de facultades de decisión o ejecución, cuyo desempeño, conjunto o separado, produce la creación, modificación o la extinción de situaciones generales o especiales, jurídicas o fácticas, dadas dentro del Estado, o su alteración o afectación, todo ello en forma imperativa. Máxime que la autorizada de la parte promovente de amparo pretende reclamar de dicho particular la negativa de proporcionar el servicio público de agua potable a los quejosos y a los habitantes de la comunidad indígena de "Las Chapas, en el Municipio de Libres, Puebla"; sin embargo, tal acto no puede serle atribuido en virtud de que la obligación de proporcionar el servicio y acceso del líquido vital en el caso, le corresponde a los ayuntamientos de los Municipios de Ixcamaxtitlán y de Libres, Puebla, y a los respectivos sistemas de operadores de agua potable. En las relatadas condiciones, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, y en relación con las causas de improcedencias expuestas en el presente proveído, se desecha de plano, por manifiesta y notoria improcedencia, la ampliación de demanda promovida por ****************, en su carácter de autorizada de los quejosos en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo.

  3. Incidental

    San Andrés Cholula, Puebla, siete de noviembre de dos mil veintitrés. Con fundamento en los artículos 219, 220 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo de conformidad con lo dispuesto por su artículo 2, agréguese a los autos el oficio de cuenta signado por el Titular de la Unidad Jurídica de la Dirección Local de Puebla de la Comisión Nacional del Agua, mediante el cual, en atención al oficio 42721/2023 de dieciséis de octubre de la presente anualidad, informa su imposibilidad para dar cumplimiento a lo ordenado en la determinación de esa misma fecha, por los motivos que de dicha comunicación se desprenden. En consecuencia, con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2, dese vista a la parte quejosa con el oficio de cuenta para que manifieste lo que a su interés legal convenga, el cual se encontrará a su disposición tanto en el cuaderno incidental en el que se actúa como en la versión electrónica del presente juicio de amparo en términos del artículo 3 de la Ley de Amparo.

  4. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, treinta y uno de octubre de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal actual que guardan los autos que integran el presente juicio, se advierte, mediante proveído de tres de octubre de la presente anualidad, se tuvo al Director General del Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Libres, Puebla, remitiendo copias certificadas de las constancias relacionadas con el acto reclamado por la parte quejosa en el presente sumario constitucional, por lo que en dicha determinación se ordenó dar vista a las partes con el contenido de dichas constancias en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo. Asimismo, que el término aludido en el párrafo que antecede, transcurre del seis de octubre al seis de noviembre de dos mil veintitrés, previo descuento de los días inhábiles que median entre dichas fechas. En inteligencia de lo anterior, para dar oportunidad a que fenezca el término de referencia, concedido para que las partes se impongan de las constancias remitidas por el Director General del Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Libres, Puebla, la audiencia constitucional señalada para el día de hoy SE DIFIERE para que tenga verificativo a las NUEVE HORAS CON CINCUENTA Y TRES MINUTOS DEL DIECISIETE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS.

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