Teodoro Villegas Téllez
Expediente 999/2020 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 2 actuaciones registradas, la última del 11 de noviembre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 999/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 11/11/2020
Partes del expediente
- Teodoro Villegas Téllez
Actuaciones
- Principal
San Andrés Cholula, Estado de Puebla, once de noviembre de dos mil veinte. Quejoso cumple prevención. Se desecha demanda de amparo. Agréguese a los autos el escrito de cuenta signado por ..., mediante el cual da cumplimiento a la prevención efectuada en proveído del veintisiete de octubre de la presente anualidad, y al efecto exhibe una impresión del acuerdo del dos de septiembre de dos mil veinte, dictado en el juicio de divorcio incausado ..., del índice del Juzgado Cuarto de lo Familiar del Distrito Judicial de Puebla, con el cual no solo se pone de relieve su contenido, sino que la autoridad responsable le reconoció el carácter de apoderada ...; además, exhibe una copia más de la demanda de amparo. Asimismo, se destaca que la personalidad de la promovente se patentiza con la copia certificada del aludido juicio que remitió la Juez responsable, de donde se desprende el carácter de apoderada que ostenta. En consecuencia, con base en el estudio exhaustivo de la demanda de amparo, su escrito aclaratorio y las constancias remitidas por la Juez responsable, se procede a proveer lo conducente. Así, con apoyo en lo establecido en el artículo 113 de la Ley de Amparo, procede desechar de plano la demanda de amparo por ser notoriamente improcedente, atento a las siguientes consideraciones: En efecto, el artículo 113 de la Ley de Amparo autoriza al Juez de Distrito a desechar de plano una demanda de amparo, cuando de su examen se desprenda un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; en relación con este tema, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que será motivo de improcedencia manifiesto, aquel que se advierta en forma patente, notoria y absolutamente clara, mientras que el indudable será del que se tiene certeza y plena convicción, tal como lo corrobora la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 448, tomo XVI, Julio de 2002, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO. Asimismo, el Tribunal Constitucional del país, al analizar la expresión manifiesta e indudable, contenida también en el artículo 25 de la Ley de Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ha sostenido que se estará en ese supuesto cuando la improcedencia del juicio se desprenda claramente del escrito de demanda y de las pruebas que, en su caso, se hubieren adjuntado, sin que exista duda sobre la actualización de la causa de improcedencia, de tal suerte que los actos posteriores del procedimiento sean irrelevantes para confirmar su operatividad y que, además, no exista posibilidad de que la desvirtúen. Lo anterior se confirma con el criterio del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 898, Tomo VII, Enero de 1998, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. PARA EL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA SU IMPROCEDENCIA DEBE SER MANIFIESTA E INDUDABLE. También es aplicable la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 803, Tomo XIV, octubre de 2001, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto dicen: CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA PARA EL EFECTO DEL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. Incluso, el Tribunal Pleno del Máximo Tribunal del País ha sostenido que es factible desechar una demanda de amparo, cuando el acto reclamado no sea de imposible reparación, tal como lo plasmó en la jurisprudencia de rubro y texto siguientes: ACUMULACIÓN DE JUICIOS. CUANDO SE RECLAMA LA RESOLUCIÓN QUE LA DECRETA, SE ACTUALIZA UNA CAUSA MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. La acumulación de juicios es una institución procesal que sólo otorga derechos adjetivos a las partes, con la finalidad de evitar el dictado de sentencias contradictorias, por lo que, si bien la decisión de acumular diversos juicios pudiera afectar sus derechos, tal afectación no tiene el carácter de afectación material a derechos sustantivos que haga procedente el juicio de amparo indirecto, al tratarse de derechos otorgados por normas ordinarias para que los procedimientos se desarrollen de la mejor forma posible. Aunado a ello, las posibles afectaciones a la debida integración de la litis que pudieran reclamar las partes con fundamento en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se materializarán, en su caso, al dictarse la sentencia si no les es favorable, por lo que tampoco harían procedente el juicio de amparo indirecto; por esas razones, conforme al artículo 113 de la Ley de Amparo, es factible desechar la demanda cuando se reclama la resolución que decreta la acumulación de juicios por actualizarse una causa manifiesta e indudable de improcedencia en términos del artículo 107, fracción V, en relación con el diverso 61, fracción XXIII, ambos de la ley citada, en atención a que el solo análisis de la naturaleza del acto permite concluir que el juicio constitucional es improcedente, pues se trata simplemente de un ejercicio jurídico para determinar los alcances de la naturaleza del acto y no se requiere de alguna prueba para concluir que las resoluciones relativas a la acumulación de juicios sólo afectan derechos adjetivos que hacen improcedente el juicio de amparo indirecto. En ese contexto, se precisa que el acto reclamado por la parte quejosa lo constituye el acuerdo del veintitrés de septiembre de dos mil veinte, dictado en el juicio de divorcio incausado 733/2020 del índice del Juzgado Cuarto de lo Familiar del Distrito Judicial de Puebla, en el que se desechó por extemporáneo el recurso de reclamación que hizo valer en contra del auto admisorio del dos de septiembre anterior. En ese contexto, respecto a dicho acto de oficio se advierte la actualización de la causa de improcedencia del juicio constitucional prevista en el artículo artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 107, fracción V, de la Ley de Amparo y 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos -aplicados a contrario sensu-, que establecen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: (.) b) Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan." De acuerdo con lo dispuesto en el numeral 107, fracción V, de la ley de la materia, el juicio de amparo procede ante un Juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Federal y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Con base en lo anterior, debe decirse que en la Ley de Amparo vigente existe un cambio de definición respecto de los actos de imposible reparación, pues aun cuando anteriormente la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció en jurisprudencia la procedencia del juicio de amparo biinstancial respecto de violaciones procesales que afectaran a las partes en grado predominante o superior, tal criterio ya no resulta aplicable a los asuntos tramitados conforme a la nueva Ley de Amparo. Al respecto, el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 377/2013, en la sesión del veintidós de mayo de dos mil catorce, esencialmente determinó que de conformidad con la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, resulta improcedente el juicio de amparo indirecto en contra de la determinación que resuelve la personalidad en un juicio laboral, pues en el artículo 107, fracción V, de dicha ley, el legislador delimitó los actos de imposible reparación, estableciendo como tales únicamente a aquellos que afecten materialmente derechos sustantivos, esto es, derechos que no son procedimentales, con la clara intención de evitar al máximo la promoción de juicios de amparo respecto de decisiones enteramente procesales, en atención al principio de concentración, esto es, para que la mayor cantidad de violaciones procesales se concentraran en el juicio de amparo directo, que es donde esa violación puede producir una afectación. En esos términos, se consideró que el legislador ordinario, a fin de dar certeza jurídica, desarrolló el concepto de "actos de imposible reparación" contenido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que con base en esa definición quedó atrás la diversa que se hizo en la tesis 4/2001 y, por tanto, conforme a la legislación vigente en este momento, el tema de la falta de personalidad no reúne los requisitos que establece la ley reglamentaria del artículo 107 constitucional para poder considerarlo como una cuestión de imposible reparación. Sentado lo anterior, se reitera que la promovente reclama el acuerdo del veintitrés de septiembre de dos mil veinte, dictado en el juicio de divorcio incausado 733/2020 del índice del Juzgado Cuarto de lo Familiar del Distrito Judicial de Puebla, en el que se desechó por extemporáneo el recurso de reclamación que hizo valer en contra del auto admisorio del dos de septiembre anterior. Asimismo, es importante destacar que dicho procedimiento se encuentra en trámite pues no se ha dictado sentencia alguna e incluso ni siquiera se ha emplazado a la parte demandada. En ese contexto, se considera que el acuerdo reclamado únicamente tiene efectos meramente procesales, pues sólo puede implicar la infracción de derechos adjetivos y, por ende, no afecta irremediablemente algún derecho sustantivo, por lo que debe decirse que dicho proveído no constituye un acto de imposible reparación, dado que sus consecuencias no afectan materialmente algún derecho sustantivo contenido en la Constitución Federal y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte. Lo anterior, ya que tal acuerdo únicamente produce el efecto de que al desecharse el recurso de reclamación quede firme el auto admisorio, el cual solamente somete a las partes a un procedimiento jurisdiccional, donde tendrán la oportunidad de contestar la demanda, ofrecer pruebas y alegar; de ahí que los vicios que pudiera llegar a tener pueden no trascender a la esfera jurídica del justiciable. En efecto, se insiste que el acuerdo que desechó el recurso de reclamación en contra del auto que admitió a trámite el juicio natural sólo puede implicar una infracción de derechos adjetivos que producen únicamente efectos intraprocesales, los cuales podrían ser reparados, pues en el caso de que en el juicio de origen se dictara una sentencia favorable a los intereses del quejoso, las posibles violaciones del acto reclamado se tornarían irrelevantes. Además, cabe precisar que en caso de que la sentencia le resulte adversa, entonces podría promover en su contra el juicio de amparo directo, en el que puede hacer valer todas aquellas cuestiones que estime como violaciones procesales. Por lo anterior, dado que el acuerdo reclamado no afecta algún derecho sustantivo del justiciable, no constituye un acto dictado en el juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, lo que denota que se actualiza la causa de improcedencia en estudio. No se soslaya que la parte del auto admisorio dictado en el juicio de origen que el quejoso controvirtió vía reclamación, es la referente a que al citarlo a la audiencia de conciliación se le requirió para que asistiera de forma personal y no por conducto de su apoderada; sin embargo, si bien el artículo 218 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla, establece que se debe apercibir al actor que de no asistir a dicha diligencia se decretará el sobreseimiento en el juicio, lo cierto es que en el caso concreto al Juez responsable no formuló algún tipo de apercibimiento o sanción para el caso de que no cumpliera con la asistencia a la conciliación, por lo que dicha cuestión no constituye un tema que de pauta para la procedencia del juicio de amparo. Asimismo, en el caso de que en el auto admisorio sí se hubiera apercibido con sobreseer en el juicio de divorcio en caso de que el actor no compareciera personalmente a la audiencia de conciliación -lo cual no sucedió-, de todas formas sería improcedente el juicio de amparo en contra del auto que desechó el recurso de reclamación del justiciable que hizo valer en contra del auto admisorio. Lo anterior, ya que se actualizaría la diversa causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 5, fracción I, párrafo primero, de la Ley de Amparo, que dicen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Al respecto, conviene precisar que el juicio de amparo, como medio de control constitucional, es procedente contra actos que producen una afectación actual y cierta respecto de la esfera jurídica de las personas, esto es, respecto de actos que ya se han llevado a cabo; lo anterior, en virtud de que no tiene efectos preventivos o especulativos, sino de reparación, lo cual excluye su procedencia respecto de actos futuros. Cabe precisar que dicho concepto no debe entenderse referido exclusivamente en relación con aquellos actos que en un momento y tiempo específicos aún no se han realizado, sino que debe analizarse a la luz de su indeterminación, incertidumbre, probabilidad o posibilidad de que se produzcan. En efecto, los elementos antes destacados permiten diferenciar a los actos futuros de los inminentes, es decir, los que aun cuando no se han materializado se tiene la certeza de que se producirán, como lo ilustra la tesis siguiente: "ACTOS FUTUROS. Los actos futuros contra los cuales es improcedente el amparo, son aquellos que tienen el carácter de futuros e inciertos; pero si se tiene la certeza de que se ejecutarán, el amparo procede contra ellos, en los términos de la ley." Consecuentemente, el elemento que permite diferenciar los actos futuros respecto de los inminentes es la certeza de su realización. En relación con el tema es pertinente señalar que al precisar el concepto de acto futuro e incierto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que son futuros aquellos actos en que sea remota la ejecución de los hechos que se previenen, y que no encajan en esa categoría los actos respecto de los que se tiene la certidumbre de que se ejecutarán de no cumplirse determinado mandato de la autoridad que lo condiciona; es decir, que no pueden estimarse como tales aquellos en los que existe la inminencia de la ejecución del acto, los que aun cuando no se han ejecutado, se tiene la certidumbre de que se ejecutarán, por demostrarlo así los actos previos relacionados con su ejecución, y que respecto de los actos futuros, el juicio constitucional sólo es procedente cuando son de inminente realización, como lo revelan las siguientes tesis. ACTOS FUTUROS, NO LO SON LOS INMINENTES. Son futuros aquellos actos en que sea remota la ejecución de los hechos que se previenen, pues de otro modo se estimarían como no futuros sólo los que ya se han ejecutado. No pueden simplemente considerarse actos futuros aquellos en los que existe la inminencia de la ejecución del acto, desde luego, o mediante determinadas condiciones. ACTOS FUTUROS, CERTEZA DE LOS, EN CASO DE NO CUMPLIRSE DETERMINADA OBLIGACIÓN. Cuando se tiene la certidumbre de que un acto se ejecutará de no cumplirse determinado mandato de la autoridad que lo condiciona, cabe en contra de dicho acto la defensa constitucional, por no constituir un acto futuro o incierto, sino el que es consecuencia cierta, concreta y determinada, del cumplimiento de una obligación. ACTOS FUTUROS QUE PUEDEN REALIZARSE, PROCEDENCIA DEL AMPARO CONTRA LOS. Aunque no cabe conceder el amparo cuando la demanda se funda en actos futuros, no pueden estimarse como tales aquellos en los que existe la inminencia de la ejecución del acto, desde luego, o mediante determinadas condiciones, ya que sólo son futuros aquellos cuya ejecución es remota, pues de otro modo serían actos no futuros únicamente los que ya se han ejecutado; de suerte que la jurisprudencia de este Alto Tribunal, sobre que los actos futuros no motivan el amparo, se refiere a los actos futuros e inciertos, mas no a los que, aun cuando no se han ejecutado, se tiene la certidumbre de que se ejecutarán, por demostrarlo así los actos previos, como en el caso en que es evidente la inminencia de los actos de aplicación del Reglamento de Higiene del Trabajo. ACTOS FUTUROS. No es de revocarse el sobreseimiento dictado en el amparo, con respecto a infracciones que puedan levantarse en el futuro, porque esos actos, por su carácter de futuros e inciertos, no dan lugar al juicio de garantías, pues respecto de actos futuros, el juicio constitucional sólo es procedente cuando son de inminente realización. Con base en lo expuesto en los criterios que anteceden se puede advertir que existen, por una parte, actos futuros de realización incierta, y por la otra, actos futuros de realización inminente. En los primeros, su realización está sujeta a meras eventualidades, y por ser inciertos constituyen un supuesto de improcedencia del juicio de amparo, ya que la eventualidad y la incertidumbre de su realización no permiten asegurar que el acto reclamado perjudica a la parte promovente del amparo o que existe una cercanía en la realización del perjuicio, lo que el artículo 5, fracción I, párrafo primero, de la Ley de Amparo exige como condición para que pueda promoverse el juicio. En cambio, respecto de los segundos, por su calidad de inminentes, prevalece la certeza de que se realizarán, ya sea de inmediato o cumplidas ciertas condiciones, y debido a la plena convicción de que habrán de realizarse en tiempo cercano, es procedente contra ellos el juicio de amparo, precisamente por actualizar un agravio cierto. En torno de las características del agravio, para los efectos de la procedencia del juicio de amparo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha manifestado en el sentido de que el agravio que el acto reclamado cause al quejoso debe ser actual, o que por estar una situación próxima a suceder, exista la seguridad de que le causará dicha afectación. Asimismo, el Máximo Tribunal de la Nación ha sostenido que el agravio debe ser directo, ya que la afectación indirecta que produzca el acto reclamado no da ningún derecho al que lo sufra para promover juicio de amparo en su contra, sino que debe promoverse por quien resulte directamente perjudicado con el acto reclamado, y no por quien sólo resienta un perjuicio indirecto, derivado del agravio que el acto ocasiona a otra persona pues, en este supuesto, esta última es a quien corresponde instaurar el juicio constitucional, tal como se advierte de las siguientes tesis. AGRAVIO. PARA JUSTIFICAR LA ACCIÓN DE AMPARO DEBE SER ACTUAL.-De los artículos 73, fracción V, y 4o. de la Ley de Amparo, se desprende que el agravio a su interés jurídico para ejercitar la acción constitucional, debe ser actual, por referirse a una situación que está causando perjuicio a la peticionaria, o que, por estar pronta a suceder, seguramente se le causará. AGRAVIO INDIRECTO.-El agravio indirecto no da ningún derecho al que lo sufra para recurrir al juicio de amparo. Para explicar el criterio mencionado, es conveniente transcribir los precedentes en relación al perjuicio como base del amparo, que esta Suprema Corte de Justicia ha sostenido en el sentido de que una correcta interpretación de la fracción IV del artículo 73 (hoy fracción V) de la Ley de Amparo, lleva a la conclusión de que éste debe ser solicitado precisamente por la persona que estima se le causa molestia por la privación de algún derecho, posesión o propiedad, porque el interés jurídico de que habla dicha fracción no puede referirse a otra cosa, sino a la titularidad que al quejoso corresponde, en relación con los derechos y posesiones conculcados, y aunque las lesiones de tales derechos, es natural que traigan repercusiones mediatas o inmediatas en el patrimonio de otras personas, no son éstas quienes tienen interés jurídico para promover el amparo. En esas condiciones, de acuerdo con los criterios transcritos, el agravio que da pauta a la promoción del juicio de amparo debe ser directo, es decir, de realización presente, pasada, o bien, inminentemente futura, muy cercana a ocurrir. El agravio es presente cuando los efectos del agravio operan al promoverse el amparo; pasado, cuando sus efectos ya han concluido; e inminentemente futuro, cuando los efectos aún no se inician pero existen datos suficientes que hacen presumir una proximidad temporal en la producción de efectos del acto reclamado. Por consiguiente, el agravio futuro remoto sin proximidad temporal, no da lugar a que se pueda promover el juicio de amparo. Sentado lo anterior, se reitera que el quejoso controvierte el acuerdo del veintitrés de septiembre de dos mil veinte, dictado en el juicio de divorcio incausado 733/2020 del índice del Juzgado Cuarto de lo Familiar del Distrito Judicial de Puebla, en el que se desechó por extemporáneo el recurso de reclamación que hizo valer en contra del auto admisorio del dos de septiembre anterior, específicamente la parte en que se le requirió para que compareciera personalmente a la audiencia de conciliación y no por conducto de su apoderada. Asimismo, en el hipotético caso de que en el auto admisorio se hubiera apercibido al quejoso que de no asistir personalmente a la conciliación se sobreseería en el juicio -lo cual no sucedió-, el hecho de desechar la reclamación implicaría que tal proveído quedara firme; no obstante, el agravio que eso podría ocasionar al impetrante derivado de la firmeza de esa apercibimiento constituiría un acto futuro de realización incierta, si se pondera que su materialización dependería de la conducta que asuma la parte requerida. Lo anterior es así, porque debe tenerse presente que el apercibimiento es una medida preventiva, es decir, constituye una advertencia a una persona de que en caso de no acatar una orden, su conducta u omisión tendrá consecuencias. En efecto, el apercibimiento es una prevención de la autoridad a la persona que debe hacer o dejar de hacer algo, y se concreta en una advertencia conminatoria respecto de una sanción que se puede aplicar en caso de incumplimiento; en otras palabras, el apercibimiento es un acto procesal a través del cual se previene a una persona, informándole que, de no acatar una obligación, se hará acreedora a la imposición de una sanción. Bajo tales premisas, el acuerdo reclamado sólo otorgaría interés a la parte quejosa, en cuanto a que dejaría firme un acuerdo que decretó un apercibimiento en su contra; sin embargo, la imposición de una medida de apremio que sería el sobreseimiento del juicio, no sería un acto cierto, si se pondera que está sujeta a la conducta que despliegue la parte requerida, esto es si el impetrante acude o no personalmente a la conciliación. Son aplicables, por identidad de razones jurídicas los siguientes criterios: "MULTA. APERCIBIMIENTO DE. NO PRODUCE UNA AFECTACIÓN ACTUAL, REAL Y DIRECTA, POR SER UN ACTO FUTURO E INCIERTO, QUE ACTUALIZA UNA CAUSA MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. El apercibimiento de multa en caso de incumplimiento a lo ordenado por una Autoridad no produce una afectación actual, real y directa al impetrante, conforme al artículo 5o., fracción I, de la Ley de Amparo, vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, ni constituye un acto de molestia, por ser futuro e incierto, en razón de que la imposición de multa no se decreta como consecuencia inmediata del apercibimiento, sino que está condicionada a que el obligado cumpla o no con la medida, así como de que la Autoridad decida llevar a cabo lo ordenado, por lo que no es inminente, al no existir certeza de que se va a ejecutar; lo cual actualiza la causa manifiesta e indudable de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral citado, pues basta el escrito de demanda para tener conocimiento de cuál es el acto reclamado y advertir su naturaleza, por lo que, aun sustanciándose el procedimiento no sería posible arribar a una convicción diversa con los elementos que pudieran aportar las partes; lo que da lugar al desechamiento de la demanda con fundamento en el artículo 113 de la misma ley." (Sustentada por el Pleno en Materia de Trabajo del Primer Circuito, publicada en la página 2321, del Libro 26, Tomo III, de la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de enero de 2016.) "MULTA. EL AUTO QUE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO E IMPONE LA REFERIDA SANCIÓN NO ES UN ACTO DERIVADO DE OTRO CONSENTIDO, AUN CUANDO NO SE HUBIERE IMPUGNADO DICHA PREVENCIÓN. La advertencia de que se impondrá una multa en caso de no acatar una orden, es un acto autónomo y distinto del acuerdo que impone la referida sanción, ya que este último depende de la falta de acatamiento a la orden mencionada por parte del sujeto obligado. Lo anterior quiere decir que la imposición de la multa no deriva propiamente del auto en el que se apercibe con su aplicación, sino de la actuación y omisión del interesado. Por esa razón, la circunstancia de que no se impugne el proveído por el cual se determina que en caso de no cumplir una obligación se harán acreedores a una multa, no conduce a sostener que el auto que hace efectivo el apercibimiento e impone la referida sanción, sea un acto derivado de otro consentido y que, por tanto, el juicio de amparo promovido en su contra sea improcedente, en virtud de que no es una consecuencia legal necesaria de dicho acuerdo." (Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1426, del Libro XVIII, Tomo 2, de la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de marzo de 2013.) No se soslaya la existencia la existencia de la jurisprudencia 6/2014, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 484, libro 4, tomo I, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, correspondiente a marzo de 2014, que dice: AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE CONFIRMA EL AUTO QUE PREVIENE AL ACTOR PARA QUE ELIJA UNA DE LAS PRETENSIONES HECHAS VALER EN LA DEMANDA, POR ESTIMAR QUE SON CONTRARIAS O CONTRADICTORIAS, CON EL APERCIBIMIENTO DE DESECHARLA. El requerimiento del juez que previene al actor para que elija una de sus pretensiones a fin de determinar la que se seguirá en el proceso, al estimar que se trata de acciones contrarias o contradictorias, con el apercibimiento de desechar la demanda en su totalidad si no se desahoga dicha prevención, tiene como consecuencia que: 1) se limite la materia del juicio para el caso de cumplir con lo requerido; o, 2) se deseche en su totalidad la demanda si no se atiende la exigencia formulada. Ahora bien, la resolución que confirma dicha prevención en segunda instancia es impugnable en amparo indirecto, al tratarse de un acto que afecta sustancialmente la materia del juicio y es susceptible de transgredir el derecho de acción. Lo anterior es así, porque la prevención ordenada por el juzgador en los términos apuntados, constituye una resolución que define cuál será la materia del juicio y, en ese sentido, tiene impacto en el desarrollo del proceso que no incide únicamente en la posición que van tomando las partes en su desarrollo y que no puede ser reparado con el dictado de una sentencia favorable; por el contrario, las limitaciones contenidas en esa resolución judicial (elección de una sola pretensión y apercibimiento de tener por no presentada la demanda) son susceptibles de generar transgresión al derecho de acción, que integra la primera de las etapas que conforman el derecho de acceso a la justicia contenido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y que esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha definido como el derecho público subjetivo que toda persona tiene, dentro de los plazos y términos que fijen las leyes, para acceder de manera expedita a tribunales independientes e imparciales, a plantear una pretensión o a defenderse de ella, con el fin de que, a través de un proceso en el que se respeten ciertas formalidades, se decida sobre la pretensión o la defensa y, en su caso, se ejecute esa decisión. En esas circunstancias, la afectación se da desde que el juez provee sobre la demanda y obliga al justiciable a seguir el juicio respecto de una sola de las acciones intentadas y le apercibe con desechar en su totalidad la demanda, en caso de no realizar tal elección, sin que deba obligarse a esperar que el juzgador provea sobre el eventual desahogo del requerimiento y menos aún que haga efectivo el apercibimiento, ya que el acto de prevención es el que puede generar la violación sustancial en el desarrollo del proceso sobre lo que será la materia de la litis y una perturbación al derecho de acción que hace necesaria la intervención inmediata del órgano de control constitucional para verificar si la forma de proceder del juez encuentra justificación, acorde con el orden jurídico aplicable al caso. De la ejecutoria transcrita, se desprende la procedencia del juicio de amparo en la vía indirecta en contra de la resolución que confirma el auto que previene al actor para que elija una de las pretensiones hechas valer en la demanda, por estimar que son contradictorias, con el apercibimiento de desecharla. No obstante ese criterio obedeció a que la Primera Sala estimó que una prevención en ese sentido afecta sustancialmente la materia del juicio y tiene impacto en el desarrollo del proceso que no incide únicamente en la posición que van tomando las partes en su desarrollo y que no puede ser reparado con el dictado de una sentencia favorable, aunado a que transgrede el derecho de acción, dado que se provoca una afectación al justiciable desde que se le obliga a elegir respecto a una sola de sus acciones intentadas apercibiéndolo con que no hacerlo se desechará su demanda. Es decir, la afectación al quejoso se materializa con la sola emisión de acuerdo de prevención, pues en caso de que opte por desahogarla implicará que renuncié a una de sus acciones y si opta por no hacerlo se desechará su demanda; por tanto, en ese caso la afectación no se materializa hasta que se haga efectivo el apercibimiento, pues se insiste que la sola emisión del acuerdo implica que el actor renuncie ya sea a una de sus acciones o que se deseche su demanda. No obstante en la especie, en el caso hipotético de que se hubiere apercibido al quejoso con que de no comparecer al audiencia de conciliación personalmente se decretaría el sobreseimiento en el juicio, tal determinación por sí misma no le provoca una afectación real, pues no lo constriñe a renunciar algún derecho o acción, sino que el posible sobreseimiento dependerá de la conducta que tomé, es decir, si asiste o no personalmente a la diligencia, de ahí que en ese caso la materialización de una posible violación se concretaría hasta que se haga efectivo el apercibimiento. Por las razones expuestas, es evidente que el criterio transcrito no es aplicable al caso. Finalmente, cabe señalar que el análisis emprendido por este órgano de control constitucional a fin de determinar la procedencia del juicio constitucional, no implica que se vulnere el contenido del artículo primero, párrafo segundo, de la Constitución Federal que, esencialmente, exige que los derechos humanos se interpreten conforme a la propia Constitución y a los tratados internacionales, de tal suerte que se favorezca la protección más amplia a las personas. En las relatadas condiciones, es claro que se actualizan de manera notoria, manifiesta e indudable las causas de improcedencia invocadas; por lo que lo procedente es DESECHAR la demanda de amparo promovida por ..., en su carácter de apoderada de ... Notifíquese personalmente.
- Principal
San Andrés Cholula, Estado de Puebla, veintisiete de octubre de dos mil veinte. Prevención. Vista la demanda de amparo presentada por Wendy Cid Escamilla, quien se ostenta como apoderada de Teodoro Villegas Téllez, contra el acto del Juez Cuarto de lo Familiar del Distrito Judicial de Puebla; fórmese expediente, captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado y regístrese con el número de juicio de amparo 999/2020-VII. En principio, cabe señalar que los artículos 108, fracciones I y IV, y 110 de la Ley de Amparo, establecen lo siguiente: "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: I. El nombre y domicilio del quejoso y del que promueve en su nombre, quien deberá acreditar su representación; (.) V. Bajo protesta de decir verdad, los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación;" "Artículo 110. Con la demanda se exhibirán copias para cada una de las partes y dos para el incidente de suspensión, siempre que se pidiere y no tuviere que concederse de oficio. Esta exigencia no será necesaria en los casos que la demanda se presente en forma electrónica. El órgano jurisdiccional de amparo, de oficio, mandará expedir las copias cuando el amparo se promueva por comparecencia, por vía telegráfica o por medios electrónicos, lo mismo que en asuntos del orden penal, laboral tratándose de los trabajadores, cuando se puedan afectar intereses de menores o incapaces, así como los derechos agrarios de los núcleos de población comunal o ejidal o de los ejidatarios o comuneros, así como cuando se trate de quienes por sus condiciones de pobreza o marginación se encuentren en clara desventaja social para emprender un juicio." Sentado lo anterior, se aprecia que Wendy Cid Escamilla refiere promover el presente juicio de amparo en representación de Teodoro Villegas Téllez, pues aduce ser su apoderada; sin embargo, no acredita con documento idóneo en original o copia certificada, conforme al artículo 10 de la Ley de Amparo, el carácter que ostenta, ni tampoco demuestra que tenga reconocida esa calidad ante la autoridad responsable, como lo prevé el diverso numeral 11 de la citada legislación. Lo anterior es de vital importancia, en virtud de que no basta la sola afirmación de quien dice ostentar la representación, sino que debe acreditarla a través del medio idóneo, aunado a que la personalidad es un presupuesto procesal de análisis oficioso. Por otra parte, tanto de la papeleta emitida por la Oficina de Correspondencia Común, como la razón asentada por la Oficialía de partes de este Juzgado, se advierte que con la demanda de amparo solo se exhibió una (1) copia; sin embargo, se requiere una más (1) a fin de correr traslado a la agente del Ministerio Público adscrita a este Juzgado, pues de otra forma no es posible dar trámite al escrito inicial de la promovente. Finalmente, se aprecia que la justiciable refiere reclamar el acuerdo del veintitrés de septiembre de dos mil veinte, dictado en el juicio de divorcio incausado 733/2020, del índice del Juzgado Cuarto de lo Familiar del Distrito Judicial de Puebla, en el que se desechó por extemporáneo el recurso de reclamación que hizo valer en contra del auto admisorio emitido en ese procedimiento. En ese contexto, se observa que la impetrante únicamente transcribe un párrafo del aludido auto admisorio; no obstante, a fin de estar en aptitud es indispensable que precise el contenido íntegro de esa actuación. En consecuencia, al advertirse las irregularidades indicadas en párrafos que anteceden, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 108, fracción I y V, 110, 113 y 114, fracciones II, III y V, de la Ley de Amparo, requiérase a la parte promovente para que dentro del término de cinco días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, realice lo siguiente: Acredite con documento idóneo en original o copia certificada el carácter de apoderada de Teodoro Villegas Téllez; o bien, lo demuestre con la constancia correspondiente de la que se deduzca que el Juez responsable le haya reconocido tal calidad, de acuerdo con lo establecido en el artículo 11 de la Ley de Amparo. Exhiba una (1) copia más de la demanda, para correr traslado a todas las partes. Bajo protesta de decir verdad informe el contenido íntegro del auto admisorio del dos de septiembre del año en curso, dictado en el juicio de divorcio incausado 733/2020, del índice del Juzgado Cuarto de lo Familiar del Distrito Judicial de Puebla. Es importante destacar que en caso de que la promovente afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el acto reclamado, se le impondrá una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días, lo anterior en términos del artículo 261, fracción I, de la ley de la materia, que dice: Artículo 261. Se impondrá una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días: I. Al quejoso, a su abogado autorizado o a ambos, si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el acto reclamado, siempre que no se reclamen actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; y (.) Lo que deberá hacer bajo protesta de decir verdad, es decir, de manera personal, dado que es un requisito formal que debe ser realizado forzosamente, en términos de la fracción V, del artículo 108 de la ley de la materia, por quien promueve la demanda, dada la responsabilidad penal que de dicha protesta pudiera derivarse, motivo por el cual los autorizados por la parte quejosa, no pueden desahogar la prevención relativa a que se exprese la protesta de decir verdad omitida en la demanda. Lo anterior, en virtud de que precisar los antecedentes del acto reclamado, es una cuestión que atañe o debe provenir directamente de la voluntad del interesado, ya que incide o modifica la configuración de la litis constitucional, y en esa medida es una atribución personalísima del agraviado. De igual forma, con fundamento en el artículo 110 de la ley de la materia, se le requiere para que dentro del mismo plazo exhiba las copias necesarias de su escrito aclaratorio para correr traslado a cada una de las partes. Se apercibe a la parte quejosa que, en caso de no cumplir oportunamente con lo antes requerido, se procederá en términos del penúltimo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo, esto es, SE TENDRÁ POR NO PRESENTADA LA DEMANDA DE AMPARO. Para mejor proveer, con fundamento en el artículo 79 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, requiérase al Juez Cuarto de lo Familiar del Distrito Judicial de Puebla, para que dentro del plazo de tres días siguientes a la recepción del oficio en que se transcribe este acuerdo, remita copia certificada del expediente ... de su índice, cuidando que las mismas se encuentren debidamente rubricadas, foliadas y entreselladas, así como en orden progresivo; lo anterior para estar en aptitud de proveer lo conducente respecto a la admisión de la demanda. Domicilio. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica la promovente. Autorizados: Se tiene por autorizados en los amplios términos de lo dispuesto por el artículo 12 de la Ley de Amparo a Gilberto Vladimir Montalvo González y Oscar Sánchez Terrones, toda vez que tienen registrada cédula profesional que los acredita como licenciados en Derecho, en el en el Sistema Computarizado de Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, y como autorizadas para el único efecto de oír notificaciones e imponerse de los autos a las diversas personas que señala en el escrito de demanda, por no contar con tal requisito. Mejora de comunicación. En cuanto al correo electrónico que proporciona dígasele que no es posible realizar las notificaciones por esa vía, dado que el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, dispone que ese medio únicamente es útil para mejorar la comunicación no procesal con las partes; sin embargo, se tiene por señalado el mismo para los términos precisados. Exhorto para seguir en juicio en línea. De conformidad con lo dispuesto en el citado artículo 22 y el diverso 28 del referido Acuerdo General, se aprecia que la propagación del virus SARS-CoV-2 ha hecho necesario que la mayor parte de personal de los órganos jurisdiccionales trabaje remotamente y, por ende, que el eje rector para el desarrollo de las actividades jurisdiccionales se haga preferentemente a través de medios digitales. En ese sentido, se exhorta a la parte quejosa para que, de ser posible, manifieste si es su deseo optar por la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea". Para lo cual deberá cumplir con lo siguiente: Solicitar su continuación en su modalidad "en línea". Proporcionar el usuario mediante el cual podrá acceder a la consulta del expediente electrónico. Solicitar de manera expresa, la realización de las notificaciones por esa vía, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo. Para tal efecto, es menester que observe lo siguiente: Para acceder al juicio en línea, mediante el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, disponible en la página http://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea, es necesario que las personas interesadas cuenten con firma electrónica emitida o reconocida por el Poder Judicial de la Federación o bien, la firma electrónica o "e.firma" (antes firma electrónica avanzada o "FIEL") y se registren en el sistema. La firma electrónica se puede obtener mediante la aplicación web (App) del Consejo de la Judicatura Federal denominada "FIREL", disponible para sistemas Android o IOS, y para mayor información sobre cómo obtenerla, puede consultar el video tutorial disponible en su canal de Youtube, en el siguiente enlace: https://www.youtube.com/watch?v=ac8PJvfpfGU Además, deberá indicar su NOMBRE, CORREO ELECTRÓNICO, REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES Y CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN, crear un nombre de usuario y una contraseña, así como vincular al registro su firma electrónica, el registro de cada usuario en el sistema es de carácter personal y en ningún caso una persona podrá hacerlo a nombre de otra. Lo anterior, a fin de que se encuentre en aptitud de presentar promociones y recursos en forma electrónica a través del referido Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. ............ Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
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