Teodoro Salas Sánchez
Expediente 14/2021 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Sinaloa. 12 actuaciones registradas, la última del 7 de mayo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 14/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 07/05/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Sinaloa · Sinaloa
Partes del expediente
- Teodoro Salas Sánchez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
- Principal
Mazatlán, Sinaloa, siete de mayo de dos mil veintiuno. Estado de autos. Visto el estado procesal de los autos y atendiendo a la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo que señala el artículo 86, párrafo primero, de la Ley de Amparo, sin que se hubiese interpuesto recurso de revisión contra la sentencia dictada en autos, en la cual se sobreseyó en el presente juicio de amparo; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente en términos del artículo 2° de la Ley de Amparo vigente, se declara que la misma ha causado ejecutoria para todos los efectos de ley. Orden de archivo. En consecuencia, háganse las anotaciones correspondientes y archívese el expediente como asunto concluido. Orden de destrucción. De acuerdo con lo establecido en el artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, destrúyase el presente asunto, una vez transcurridos tres años de su fecha de archivo, toda vez que se decretó el sobreseimiento respecto de todos los actos reclamados. Información reservada. Hágase saber para los efectos establecidos en el citado Acuerdo que el presente expediente no contiene información reservada, como tampoco información de relevancia documental e histórica. Oposición de datos personales. De la certificación de cuenta se advierte que las partes no manifestaron oposición a que sus datos personales se incluyeran en la publicación con motivo de las consultas solicitadas por terceros. VI. Devolución de documentos. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 18, párrafo segundo, del Acuerdo General en comento, se precisa en el presente expediente no existe ningún documento original por devolver a las partes. VII. Devolución de constancias. En diverso sentido, la autoridad responsable Juez Segundo de Primera Instancia del Ramo Civil, con sede en esta ciudad, remitió pruebas documentales, con las cuales se formó un cuaderno auxiliar por separado; sin embargo, dado el estado procesal del presente juicio, resulta innecesaria su retención; en consecuencia, devuélvanse a su lugar de origen. VIII. Acuerdo en incidente. Tomando en consideración lo anterior, acuérdese lo correspondiente en el incidente de suspensión, para los efectos legales a que haya lugar. IX. Remisión de oficios. Se instruye a la secretaria y al oficial del trámite respectivo, para que se efectúe y corrobore la remisión inmediata de los oficios relativos. En la inteligencia que la responsabilidad del envío efectivo de los mismos recae en la actuaria o actuario de la adscripción que corresponda. Notifíquese.
- Incidental
Mazatlán, Sinaloa, siete de mayo de dos mil veintiuno. I. Orden de archivo. Vista la certificación que antecede, y atento al estado de autos, se ordena archivar los cuadernos del incidente de suspensión, tomando en consideración que se declaró concluido el expediente principal relativo. II. Orden de destrucción. De acuerdo al artículo 21, inciso c), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, destrúyase el original del incidente de suspensión en que se actúa, una vez transcurridos tres años de su fecha de archivo, toda vez que se negó la suspensión provisional y definitiva de los actos reclamados. Además, en términos del artículo 20, fracción II, inciso a), del acuerdo general en mención, destrúyase el duplicado del incidente de suspensión, una vez que cumpla seis meses de archivo. III. Relevancia documental. Hágase saber, para los efectos establecidos en el citado Acuerdo, que el presente expediente no contiene información reservada, ni es considerado de relevancia documental. IV. Devolución de documentos. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 18, párrafo segundo, del acuerdo general en comento, se precisa que en el presente expediente no existe ningún documento original que devolver a las partes. V. Remisión de oficios. Se instruye a la secretaria y al oficial del trámite respectivo, para que se efectúe y corrobore la remisión inmediata de los oficios relativos. En la inteligencia que la responsabilidad del envío efectivo de los mismos recae en el actuario o actuaria de la adscripción que corresponda. Notifíquese.
- Principal
AUDIENCIA Y RESOLUCIÓN CONSTITUCIONAL En Mazatlán, Sinaloa, a las nueve horas con treinta y cuatro minutos del dieciséis de abril de dos mil veintiuno, estando en audiencia pública *****************, Juez Décimo de Distrito en el Estado de Sinaloa, con residencia en Mazatlán, asistido de *************, secretaria de juzgado, con quien actúa y da fe, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, declara abierta la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, sin asistencia de las partes. Acto continuo, en acatamiento al aludido numeral, la secretaria hace relación de constancias y da cuenta con el escrito de demanda; y con el estado procesal de autos. La secretaria da cuenta al Juez: con el estado procesal que guardan los presentes autos, asimismo da cuenta con las constancias que integran el presente juicio de amparo. Relación de constancias. Se reitera la rendición de los informes justificados por parte de las autoridades responsables. Se abre el periodo de pruebas. La secretaria hace constar y certifica que la autoridad responsable Juez Segundo de Primera Instancia del Ramo Civil de esta ciudad, acompañó a su informe justificado, copia certificada de constancias relativas al acto reclamado, constante de un cuaderno auxiliar por separado, mismas que se tienen por desahogadas dada su propia y especial naturaleza. Así, al no existir otras pruebas que desahogar, se cierra este período. Periodo de alegatos. Se abre el periodo de alegatos, la secretaria hace constar y certifica que ninguna de las partes formuló alegatos, asimismo, la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita no efectuó pedimento, por lo que se declara cerrado este periodo. Al no haber diligencia pendiente por desahogar, se procede a dictar la sentencia correspondiente. Visto, para resolver el juicio de amparo 14/2021, promovido por Teodoro Salas Sánchez, contra actos del Juez Segundo de Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de esta ciudad, y otra autoridad; y, RESULTANDO PRIMERO. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el doce de enero de dos mil veintiuno, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Sinaloa, con sede en esta ciudad, se solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra las autoridades y por los actos siguientes: Autoridades responsables: Juez Segundo de Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de esta ciudad. Actuario adscrito a la Coordinación de Actuarios de los Juzgados de Distrito de Primera Instancia de los Ramos Civil y Familiar de esta ciudad. Acto reclamado: Falta de emplazamiento al juicio sumario civil *********** del índice del Juzgado Segundo de Primera Instancia del Ramo Civil de esta ciudad, y con motivo de ello, la desposesión del bien inmueble ubicado en calle Privada ***** número *, manzana **, colonia *********, en esta ciudad. SEGUNDO. Trámite del juicio de amparo. El veintiséis de enero del año en curso, previa prevención, se admitió a trámite la demanda, se requirieron los informes justificados, se dio vista a la representante social adscrita y se señaló hora y día para la celebración de la audiencia constitucional. En auto de veintidós de febrero de dos mil veintiuno, se ordenó emplazar a juicio al tercero interesado Pedro ***************. Luego, la audiencia constitucional inició en términos de acta que antecede. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este juzgado tiene competencia para resolver el juicio, conforme a los artículos 33 fracción IV y 37, segundo párrafo de la Ley de Amparo, en relación con el 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el acuerdo 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, reformado y adicionado mediante su similar 12/2016, toda vez que los actos reclamados tuvieron ejecución en esta ciudad en que este juzgado ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. En términos de la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo, el acto reclamado es: La falta de emplazamiento al juicio sumario civil ***********del índice del Juzgado Segundo de Primera Instancia del Ramo Civil de esta ciudad, y con motivo de ello, la desposesión del bien inmueble ubicado en calle ************** número *, manzana **, colonia *************, en esta ciudad. TERCERO. Existencia del acto reclamado. Son ciertos los actos reclamados a las autoridades responsables Juez Segundo de Primera Instancia del Ramo Civil, con residencia en esta ciudad, toda vez que así lo manifestó al rendir su informe con justificación. Lo que se corrobora con las actuaciones del juicio de origen, remitidas por el juzgado responsable; documentales públicas a las que se otorga valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Atento lo anterior, también se tienen por ciertos los actos reclamados a la autoridad responsable ejecutora Coordinación de Actuarios de los Juzgados de Primera Instancia de los Ramos Civil y Familiar, en esta ciudad ?pese a que haya negado la existencia de los actos reclamados?, toda vez que, al tenerse por cierto el acto reclamado a la ordenadora, mismo tratamiento debe realizarse respecto de los señalados a la ejecutora, quien tiene obligación legal de ejecutar el acto reclamado. Apoya lo anterior, por las razones que informa, el criterio del Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, que dice: "ACTO RECLAMADO NEGADO POR AUTORIDADES EJECUTORAS Y ADMITIDO POR LA AUTORIDAD ORDENADORA. DEBE TENERSE POR CIERTO. Si las autoridades ejecutoras en su informe justificado, negaron la existencia del acto reclamado, pero aquellas a quienes se les atribuye haberlo ordenado lo aceptan, indudablemente que las autoridades ejecutoras por razón de jerarquía tienen obligación de darle cumplimiento a tal orden, por lo tanto, debe tenerse como cierto el acto a ellas reclamado." (Visible en la página 56, Tomo III, Segunda Parte-1, enero a junio de 1989, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época). CUARTO. Improcedencia de la acción constitucional. Así las cosas, de oficio se advierte la actualización de la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los artículos 5°, fracción I, y 6° de la Ley de Amparo, así como 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por las siguientes razones: Los referidos preceptos disponen, en lo que interesa, lo siguiente: Ley de Amparo "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico." "Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley." y "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa;" Así, de los preceptos transcritos se colige, en lo que interesa, que (i) el juicio de amparo es improcedente cuando resulte de alguna disposición de la Constitución o de la Ley de Amparo, (ii) el juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte el acto reclamado, es decir, por quien aduce ser titular de un derecho subjetivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos previstos en el artículo 1° de la referida ley; y (iii) tratándose de actos provenientes de tribunales judiciales, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa, es decir, contar con interés jurídico. Ahora bien, persona extraña en estricto sentido, es aquella que no ha figurado en el juicio o en el procedimiento como parte en sentido material, pero que sufre un perjuicio dentro del mismo o en la ejecución de las resoluciones, sin haber tenido la oportunidad de ser oída en su defensa por desconocer las actuaciones relativas. Apoya lo anterior, en su parte conducente, la jurisprudencia P./J. 7/98 del Pleno de la suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO, CONCEPTO DE. Para los efectos del juicio de amparo, en los términos del artículo 114, fracción V, de la ley de la materia, persona extraña es, en principio, aquella que no ha figurado en el juicio o en el procedimiento como parte en sentido material, pero que sufre un perjuicio dentro del mismo o en la ejecución de las resoluciones, sin haber tenido la oportunidad de ser oída en su defensa por desconocer las actuaciones relativas, quedando incluida en este concepto, asimismo, la parte que no fue emplazada o que fue emplazada incorrectamente." (Correspondiente a la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, enero de 1998, registro 196932). Así, cuando el quejoso se ostenta como persona extraña a un juicio civil, a fin de acreditar su interés jurídico para instar el juicio constitucional, es necesaria la existencia de un título que se sustente en alguna figura jurídica o precepto legal que genere el derecho a poseer, de manera que el promovente tenga una base objetiva, que fundada y razonablemente produzca la convicción de que tiene derecho a poseer el bien de que se trate, entendiéndose por título la causa generadora de esa posesión; por tanto, el quejoso en el juicio de amparo debe acreditar fehacientemente el interés jurídico que le asiste para ello y no inferirse con base en presunciones o indicios. Expuesto lo anterior, en la especie el quejoso reclama la pretensión de desposesión del inmueble ubicado en calle *********** número *, manzana **, colonia *******, en esta ciudad, derivado del juicio sumario civil *********** del índice del Juzgado Segundo de Primera Instancia del Ramo Civil de esta ciudad, es decir, se ostenta como persona tercera extraña a dicho sumario. Sin embargo, el quejoso no acreditó su interés jurídico para comparecer al presente juicio constitucional en defensa de dicho inmueble (huerta), toda vez que no ofreció ninguna prueba en el sumario en que se actúa. Lo anterior obedece a que la posesión protegida por los artículos 14 y 16 constitucionales, deriva de la manifestación del derecho que se tiene para poseer un bien determinado, que debe tener origen en alguna de las figuras contempladas en las legislaciones relativas; por tanto, para que la posesión sea objeto de protección a través del juicio de amparo indirecto, cuando el quejoso se ostenta como persona extraña al juicio civil, es necesaria la existencia de un título que se sustente en alguna figura jurídica o precepto legal que genere el derecho a poseer, de manera que el promovente tenga una base objetiva, que fundada y razonablemente produzca la convicción de que tiene derecho a poseer el bien de que se trate, entendiéndose por título la causa generadora de esa posesión. Apoya lo anterior, la jurisprudencia P./J. 1/2002 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "POSESIÓN. PARA QUE SEA OBJETO DE PROTECCIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CUANDO EL QUEJOSO SE OSTENTA COMO PERSONA EXTRAÑA AL JUICIO DEL ORDEN CIVIL, DEBE ACREDITAR SU DERECHO A POSEER CON UN TÍTULO SUSTENTADO EN ALGUNA FIGURA JURÍDICA O PRECEPTO DE LAS LEGISLACIONES SECUNDARIAS RELATIVAS. En virtud de que de los antecedentes y reformas al artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no se desprende la existencia de datos o elementos que puedan servir para determinar qué tipo de posesión es la que debe protegerse mediante el juicio de amparo, esto es, si se trata de aquella que se funda en un título sustentado en una figura jurídica prevista en la ley que genere el derecho a poseer o si es la simple tenencia material de las cosas, independientemente de que se tenga o no derecho de posesión sobre éstas, es indudable que se debe recurrir al estudio e interpretación de las disposiciones legales que han regulado y regulan esa institución, y de las que colateralmente se relacionan con ellas, así como atender de manera especial a los graves problemas y consecuencias que en la práctica presenta el no exigir título alguno, por lo que la posesión protegida por la citada disposición constitucional no es otra que la definida por el derecho común. Sin embargo, aun cuando de conformidad con lo dispuesto en el artículo 790 del Código Civil para el Distrito Federal (similar al de todas las legislaciones civiles locales del país), es poseedor de una cosa el que ejerce sobre ella un poder de hecho, debe entenderse que tal poder no constituye un hecho con consecuencias jurídicas, sino más bien la manifestación del derecho que se tiene para poseer un bien determinado, que debe tener origen en alguna de las figuras contempladas en las legislaciones relativas; por tanto, para que la posesión sea objeto de protección a través del juicio de amparo indirecto, cuando el quejoso se ostenta como persona extraña al juicio civil, es necesaria la existencia de un título que se sustente en alguna figura jurídica o precepto legal que genere el derecho a poseer, de manera que el promovente tenga una base objetiva, que fundada y razonablemente produzca la convicción de que tiene derecho a poseer el bien de que se trate, entendiéndose por título la causa generadora de esa posesión. No obstante lo anterior, las decisiones del órgano de control de constitucionalidad sobre la eficacia del título, tienen efectos exclusivos en el juicio de garantías, sin decidir sobre el derecho sustantivo, esto es, respecto del derecho a la posesión del bien relativo, ya que estas cuestiones deberán ser dilucidadas ante la potestad común." (Correspondiente a la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, febrero de 2002, registro 187733). Atento lo anterior, al no haber ofrecido prueba alguna, el quejoso no acreditó la existencia de un título que se sustente en alguna figura jurídica o precepto legal que genere el derecho a poseer el inmueble de mérito, por tanto, conforme a las premisas desarrolladas, tampoco acreditó de manera fehaciente su interés jurídico para comparecer al presente juicio de amparo. En consecuencia, toda vez que el quejoso no acreditó su interés jurídico para comparecer al presente juicio constitucional como persona tercera extraña, de conformidad con los artículos 63, fracción V, con relación a los diversos 6° y 61, fracción XXIII, todos de la Ley de Amparo, lo que procede es sobreseer en el presente juicio de amparo promovido por Teodoro Salas Sánchez, contra el acto reclamado al Juez Segundo de Primera Instancia del Ramo Civil, con residencia en esta ciudad. Sobreseimiento que se hace extensivo a los actos de ejecución reclamados al Actuario adscrito a los Juzgados de Primera Instancia del Ramo Civil y Familiar de esta ciudad, toda vez que los mismos no se combatieron por vicios propios. Apoya lo anterior, la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "SOBRESEIMIENTO RESPECTO DE LOS ACTOS DE LAS AUTORIDADES ORDENADORAS. PROCEDE PARA LOS DE LAS EJECUTORAS CUANDO LA EJECUCION NO SE COMBATE POR VICIOS PROPIOS. Decretado el sobreseimiento por lo que respecta a los actos dictados por las autoridades responsables ordenadoras, debe también decretarse respecto a los de las autoridades que sean o tengan carácter de ejecutoras, porque debiendo sobreseerse por aquéllos, es indiscutible que no puede examinarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los procedimientos de ejecución, si éstos no se combaten por vicios propios." (Correspondiente a la Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación, volumen 24, tercera parte, página 50, registro 239008). Por lo expuesto y con apoyo en los artículos 74 a 76 de la Ley de Amparo, se resuelve: ÚNICO. Se sobresee el amparo promovido por ***********, contra los actos reclamados a las autoridades responsables Juez Segundo de Primera Instancia del Ramo Civil y Actuario adscrito a la Coordinación de Actuarios de los Juzgados de Primera Instancia de los Ramos Civil y Familiar, con residencia en esta ciudad, por los motivos expuestos en el considerando cuarto de esta sentencia. Notifíquese. Se instruye a la secretaria y al oficial del trámite respectivo, para que se efectúe y corrobore la remisión inmediata de los oficios relativos. En la inteligencia que la responsabilidad del envío efectivo del mismo recae en la actuaria o actuario de la adscripción que corresponda.
- Principal
Mazatlán, Sinaloa, seis de abril de dos mil veintiuno. Fecha en diverso asunto. Vistos los autos y la certificación de cuenta, se advierte que, mediante proveído de veinticinco de febrero del año en curso, se señalaron las nueve horas con diez minutos del día de hoy para que tuviera verificativo la audiencia constitucional en el presente sumario; sin embargo, de la agenda electrónica, se desprende que a esa hora y fecha se encuentra programada la audiencia constitucional relativa al diverso juicio de amparo 470/2020. Difiere. En consecuencia, la audiencia constitucional se difiere y se fijan las nueve horas con treinta y cuatro minutos del dieciséis de abril de dos mil veintiuno, para su celebración. Remisión de oficio. Se instruye a la secretaria y al oficial del trámite respectivo, para que se efectúe y corrobore la remisión inmediata de los oficios relativos. En la inteligencia que la responsabilidad del envío efectivo de los mismos recae en la actuaria o actuario de la adscripción que corresponda. Notifíquese.
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