Teodoro Muñoz Torres

Expediente 1286/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 5 actuaciones registradas, la última del 16 de agosto de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1286/2022
Año
2022
Actuaciones
5
Última actuación
16/08/2022

Partes del expediente

  • Teodoro Muñoz Torres

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede, se advierte que feneció a las partes el plazo legal previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de revisión contra la sentencia de veintidós de julio de dos mil veintidós, por el que se concedió por otra el amparo solicitado; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Asimismo, vista la certificación de cuenta, se advierte que la parte quejosa no desahogó la vista respecto del cumplimiento de la ejecutoria de amparo en el término que se le otorgó; por tanto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, este Juzgado de Distrito procede a dictar resolución en la que se declarará si la sentencia está cumplida o no, si se incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Debe decirse que el amparo se concedió para los siguientes efectos: "Demostrar que se dictó laudo en el juicio laboral de origen ********; o en su caso, demostrar el impedimento legal que tenga para ello." Por su parte, la autoridad responsable mediante oficio presentado en la oficialía de partes el ************, registrado con número de promoción 17746, informó el cumplimiento a la ejecutoria de amparo y remitió constancias fehacientes de ello, a las que se les concede valor probatorio pleno de conformidad a lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por tratarse de documentos certificados por autoridad en ejercicio de sus funciones, con las que se pone de manifiesto que el ************, dictó el laudo correspondiente en autos del juicio laboral de origen. Por tanto, este órgano jurisdiccional declara que LA SENTENCIA DE AMPARO HA QUEDADO CUMPLIDA. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. En cumplimiento a lo ordenado por el ACUERDO GENERAL, DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE ESTABLECE LAS DISPOSICIONES EN MATERIA DE VALORACIÓN, DEPURACIÓN, DESTRUCCIÓN, DIGITALIZACIÓN, TRANSFERENCIA Y RESGUARDO DE LOS EXPEDIENTES JUDICIALES GENERADOS POR LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación, se determina lo siguiente: a) El presente expediente, a consideración de este órgano jurisdiccional, no se considera de relevancia documental ni conservable, ya que no se encuentra en ninguno de los supuestos previstos en los artículos 15 y 17 del mencionado acuerdo general. b) En el expediente en que se actúa se emitió sentencia por la que se concedió la protección constitucional; consecuentemente, es susceptible de depuración, de suerte que, una vez concluido el plazo de tres años, dentro de los noventa días siguientes, se deberá depurar el expediente, conservando la demanda, en su caso las resoluciones recurridas, la sentencia que puso fin al asunto y la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada, así como el presente proveído. Una vez terminado el proceso de depuración, se podrá realizar la transferencia del expediente a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. c) En acatamiento a lo dispuesto en el artículo 35 del referido acuerdo general, indíquese en la carátula del expediente la anotación de depurable. Con fundamento en el artículo 196, cuarto párrafo de la Ley de Amparo, archívese el presente asunto por estar concluido. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa

  2. Principal

    Agréguese a los autos el oficio de cuenta, a través del cual, la autoridad informa que realizó la solicitud de adecuación presupuestal necesaria para el cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Por otra parte, la autoridad responsable Secretaría de Seguridad del Estado de Jalisco, en vías de cumplimiento a lo ordenado en auto de veintinueve de julio de dos mi veintidós, remite copia del oficio *********, a través del cual se solicitó a la Dirección General de Presupuesto, Programación y Evaluación de Gasto Púbico, de la Secretaria de Hacienda Pública del Estado de Jalisco, que dentro de la adecuación presupuestal con número de folio ********, se incluyera el pago de la ejecutoria de amparo, con la finalidad de que se tenga por satisfecho el entero de las aportaciones al Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco, en favor de la parte quejosa. Ahora bien, tomando en consideración lo anterior, con fundamento en los artículos 192, 193 y 197 de la Ley de Amparo requiérase a la Dirección General de Presupuesto, Programación y Evaluación de Gasto Público de la Secretaría de Hacienda Pública del Estado de Jalisco, para que en el plazo de TRES DÍAS, contado a partir del siguiente a aquél en que surta efectos la respectiva notificación, acredite que atendió el oficio *********, con la finalidad de que se tenga por satisfecho el entero de las aportaciones al Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco, en favor de la parte quejosa **********. Apercibido, que de incumplir con el presente mandato judicial sin causa justificada dentro del lapso indicado, se le impondrá una multa de cien unidades de medida y actualización diaria, la que se determina de conformidad con los artículos 238 y 258 de dicha legislación, y se procederá a dar inicio al procedimiento de inejecución a que se refiere el segundo párrafo del primero de los numerales en cita que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. En el entendido que el amparo fue concedido para los siguientes efectos: OCTAVO. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 74, fracción V, y 77 de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional procede a fijar los efectos de la concesión del amparo. Tomando en consideración que a la fecha de presentación de la demanda ya existe resolución de separación del quejoso en el desempeño de sus funciones como policía custodio adscrito a la Comisaría General de Prevención y Reinserción Social, de la Secretaría de Seguridad Pública, Prevención y Reinserción Social del Estado de Jalisco, hoy llamada Fiscalía General del Estado de Jalisco y ante la imposibilidad constitucional de que los elementos de seguridad sean restituidos en el desempeño de sus funciones, acorde a lo dispuesto en el artículo 123, aparatado B, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para fijar los efectos de la presente sentencia, se tomará en cuenta el contenido de la jurisprudencia 2a./J. 198/2016 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 38, enero de dos mil diecisiete, Tomo I, página quinientos cinco, de rubro y texto siguientes: Por tanto, la responsable Comisaría General de Prevención y Reinserción Social, de la Secretaría de Seguridad Pública, Prevención y Reinserción Social del Estado de Jalisco, hoy llamada Fiscalía General del Estado de Jalisco, deberá: Pagar la indemnización y demás prestaciones a que tenga derecho el quejoso, con motivo de la separación de su cargo, en términos de lo ordenado en jurisprudencia citada, tres meses de salario y veinte días por cada año de servicio además de que dicha indemnización y prestaciones deberán computarse desde que se concretó su cese y hasta que se realice el pago correspondiente. Por otra parte, debe precisarse que las consecuencias generadas con la separación injustificada no cesan con el pago de la indemnización constitucional y demás prestaciones de la quejosa, sino que subsiste un efecto pernicioso, consistente en la anotación en el Registro Nacional y Estatal, de Personal de Seguridad Pública, relativa a que el servidor público fue sancionado, lo que genera antecedente negativo que incide en la obligación que tienen las instituciones policiales de verificar, previa contratación de sus elementos, los antecedentes de los aspirantes y en abstenerse en contratar a aquellos que han sido destituidos por resolución firme como servidores públicos. Por tanto, para poder determinar que el derecho violado por la separación del servidor público que se califique de injustificada por derivar de un procedimiento administrativo de separación en el que existieron violaciones procesales, formales o de fondo, como es el caso, no basta ordenar el pago de la indemnización correspondiente, por lo que la responsable deberá además: Ordenar la ANOTACIÓN en el expediente del quejoso, resguardado tanto en el Registro Nacional como en el Estatal de Personal de Seguridad Pública, de que este fue separado en forma definitiva, de manera injustificada, pero que derivado de la restricción constitucional establecida en la fracción XIII del artículo 123 apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no fue posible reinstalarlo en su cargo. Dicho efecto se obtiene de la resolución listada el veintiséis de octubre de dos mil diecisiete, dictada en la revisión principal 586/2016, del índice del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito. De igual manera, se ordena notificar y se requiere al Secretario de Hacienda Pública del Estado de Jalisco, quien resulta ser el superior jerárquico de la responsable, para que le ordene a ésta, atender el oficio **********, y remita a este juzgado constancia fehaciente de que lo hizo, apercibido que de no hacerlo, esto es, no demostrar que dio la orden, se le impondrá una multa en los términos señalados en los párrafos que anteceden, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades que la autoridad indicada. Finalmente agréguese a los autos el oficio de cuenta a través del cual el titular de la Secretaria de Seguridad del Estado de Jalisco, en cumplimiento a lo ordenado en auto de veintinueve de julio de dos mil veintidós, remite acuse original del oficio *********, dirigido al Director de Recursos Financieros de la Secretaría, de donde se advierte que en su calidad de superior jerárquico, le instruye de cumplimiento a la ejecutoria de amparo y remita las constancias conducentes; se aprecia que el mismo fue recibido el cuatro de agosto de dos mil veintidós. Notifíquese.

  3. Principal

    AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. se resuelve: ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a *************, por las razones expuestas en el considerando cuarto y para los efectos señalados en el último de la presente resolución. Notifíquese.

  4. Principal

    Visto el estado de autos, se advierte que mediante acuerdos de veintitrés de mayo y treinta de junio de dos mil veintidós, se requirió a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria de amparo, esto es, acredite que emitió el laudo en el juicio laboral ********************, sin que a la fecha haya informado al respecto. Por tanto, previo a hacer efectivo el medio de apremio decretado en autos, tomando en consideración que el nombre, Registro Federal de Contribuyentes (RFC) y domicilio de la autoridad acreedora a la sanción no obran en autos; se requiere a la Junta Especial Número Diecisiete de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Jalisco, a efecto de que dentro del término de tres días, contado a partir del siguiente al que sea notificada de este acuerdo, informe el nombre completo, domicilio y el Registro Federal de Contribuyentes (RFC), de la persona que ostenta el cargo de Presidente de la Junta Especial Número Diecisiete de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Jalisco. Luego, toda vez que a la fecha no se encuentra cumplida la sentencia de amparo; con fundamento en lo dispuesto en el último párrafo del artículo 192 y 193 de la Ley de Amparo, se requiere por última ocasión a la autoridad responsable, para que dentro del término de tres días, contado a partir del día siguiente al en que sea notificada de este proveído, cumpla con la ejecutoria de amparo, esto es, emita el laudo en el juicio de origen y remita constancias fehacientes con las que acredite lo anterior. Bajo apercibimiento que de no hacerlo sin causa justificada, se impondrá a su titular, una multa de cien unidades de medida y actualización diaria, equivalente a $9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós pesos 00/100 moneda nacional) de conformidad con los artículos 238 y 258 de dicha legislación, y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito, para seguir con el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Notifíquese.

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