Teodoro Mario Alonso Paniagua
Expediente 637/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 3 actuaciones registradas, la última del 19 de julio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 637/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 19/07/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Teodoro Mario Alonso Paniagua
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación de cuenta, se advierte que feneció el término previsto en el numeral 98 de la ley de la materia, para recurrir en queja el auto que desechó la demanda de amparo, sin que se hiciera valer; consecuentemente, SE DECLARA FIRME EL REFERIDO PROVEÍDO. Archívese el expediente como totalmente concluido, previas las anotaciones respectivas en el libro de gobierno electrónico. Tomando en consideración que no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el numeral 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, se concluye que no es de relevancia documental. De conformidad con lo que establece el artículo 20 del Acuerdo General mencionado, se hace la observación de que el expediente es destruible, en razón de que se trata de un asunto en el que se desechó la demanda de amparo. No obra en autos documento original, en los términos que establece el ordinal 3, fracción XX, del Acuerdo General de referencia. NOTIFÍQUESE.
- Principal
(CITATORIO) EN VIRTUD DE QUE LA PARTE QUEJOSA NO ACUDIÓ POR CONDUCTO DE QUIEN LEGALMENTE LA REPRESENTE EN EL TÉRMINO DE DOS DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL LOCAL DE ESTE JUZGADO, AL CITATORIO QUE SE DEJÓ EL 30 DE JUNIO DE 2023, SE LE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA LA DETERMINACIÓN DE 8 DE JUNIO DE 2023, QUE EN SÍNTESIS DICE: "Visto el oficio que contiene la demanda de amparo que promueve ... por conducto de su mandatario ..., personalidad que se le reconoce en términos del artículo 11 de la Ley de Amparo, por tenerla así acreditada ante la autoridad responsable1; contra actos de la Segunda Sala y Juez Vigésimo Quinto, ambos de lo Familiar de la Ciudad de México, por violación a los derechos humanos reconocidos en los artículos 1, 14, 15, 16, 17, 29, 130 y 133 Constitucionales, al respecto se acuerda: Fórmese expediente y regístrese en el Libro de Gobierno electrónico con el número 637/2023. Tramítese el presente asunto observando los términos del ordinal 3° de la Ley de Amparo. SE DESECHA LA DEMANDA. I. El diverso 113 de la ley aplicable2 establece que el Juzgador Federal tiene la obligación de analizar la demanda y si encontrare un motivo de improcedencia, debe desecharla de plano, de conformidad con el numeral 62 de la legislación de la materia3, las causales de improcedencia se estudian de oficio. II. De la lectura integral de la demanda de amparo se advierte que el quejoso reclama la sentencia de veinte de abril de dos mil veintitrés, dictada en el toca ..., del índice de la Segunda Sala Familiar de la Ciudad de México, que declaró fundado el recurso de apelación interpuesto por su contraria respecto al auto de nueve de enero pasado, emitido en el incidente de compensación derivado del juicio de divorcio ... del índice del Juez Vigésimo Quinto de la misma especialidad y residencia, donde se desechó una prueba testimonial desahogada en un diverso incidente como prueba superveniente, para en su lugar, admitirla. III. El juicio es improcedente, pues los actos reclamados no son de imposible reparación, esto es, no afectan material e inmediatamente los derechos humanos de la parte quejosa, conforme al dispositivo 107 de la Constitución Federal; y la fracción XXIII, del ordinal 61, en relación con el 107, fracción V, interpretada contrario sensu, de la Ley de Amparo4. Estas disposiciones instituyen la procedencia del juicio de amparo para combatir actos dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, cuando su ejecución se hace irreparable; sin embargo, la Constitución Federal se limita a enunciar esta categoría de actos, pero no ofrece su definición, dado que en ésta se establecen principios esenciales de las instituciones, dejando el Constituyente Permanente para el legislador la tarea de pormenorizar y explicar lo que debe entenderse en torno a dicha figura. En cambio, el artículo 107 de la Ley de Amparo, sí define qué debe entenderse por actos de imposible reparación, al describir que serán aquellos que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Federal y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea Parte. De esta forma, el legislador proporcionó seguridad jurídica, ya que mediante una definición reiteró su propósito de que tanto en procedimientos judiciales, como en procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, se entendiera que esos actos para ser examinados en amparo indirecto necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberán impedir el ejercicio de un derecho, y no únicamente producir una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo, además de que deben recaer sobre derechos cuyo significado rebase lo puramente procesal o procedimental, según se trate, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas aplicables. Al resolver la contradicción de tesis 377/2013, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo que esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, aun antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos derechos revistan la categoría de "sustantivos"; expresión que excluye a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, es decir, en los que la afectación depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Al respecto se invoca la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.), derivada de la citada contradicción de tesis, décima Época. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 7, Junio de 2014, Tomo I, Materia(s): Común, Página: 39, que dice: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios." Como esta tesis lo señala, por la connotación legislativa con que ahora cuenta la Ley de Amparo, no pueden seguir siendo aplicables los criterios que trataban el aspecto de la imposible reparación, ya que son criterios generados con una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión; lo que además, se apoya con el contenido del sexto artículo transitorio de la ley de la materia5. En el particular, el acto reclamado consiste en la sentencia en segunda instancia que declaró fundado el recurso de apelación contra el auto que desechó una prueba testimonial desahogada en un diverso incidente como prueba superveniente, para en su lugar, admitirla, por lo que únicamente envuelve cuestiones adjetivas o procedimentales que inciden en el curso natural del procedimiento primigenio, ya que no afecta en ninguna forma los derechos sustantivos constitucionales de la quejosa, como la vida, la propiedad, la familia, o la libertad, etc. -y que son algunos ejemplos de los derechos que pueden afectarse en forma irreparable-. Orienta lo anterior, la jurisprudencia IX.1o. J/22, del Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, visible en la página 2859 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIII, Enero de 2011, Novena Época de registro 163233, que dice: "AMPARO. ES IMPROCEDENTE EL JUICIO PROMOVIDO CONTRA DETERMINACIONES DE TRÁMITE DICTADAS DENTRO DE LA SECUELA PROCESAL DE UN INCIDENTE. Es improcedente el juicio de amparo en sus dos vías (directa o indirecta) para reclamar determinaciones de trámite dictadas dentro de la secuela procesal de un incidente, porque éstas no constituyen una resolución definitiva, en tanto que no deciden todos los puntos jurídicos debatidos, dado que aún falta por pronunciar la interlocutoria del propio incidente. En este sentido, para efectos del juicio de garantías, el trámite de un incidente es equiparable a un juicio común, con sus características procesales como demanda, contestación, término de ofrecimiento y desahogo de pruebas, alegatos y sentencia, con la aclaración de que en los incidentes la demanda y contestación vendrían siendo el escrito en que éste se plantea y el desahogo de la vista a la contraparte, respectivamente. En consecuencia, el juicio de amparo no puede promoverse contra cualquier auto, acuerdo, determinación o sentencia pronunciada en un juicio, sino únicamente contra aquellas que constituyan una resolución final y que en su contra no proceda ni esté pendiente de resolver un medio de defensa o recurso ordinario que pueda tener por efecto nulificar, revocar o modificar dicha determinación, salvo cuando se trata de algún acto que cause un gravamen irreparable en términos del artículo 114, fracción IV, de la Ley de Amparo." Así como la jurisprudencia P./J.6/94, registro 205484 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 13, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Abril de 1994, Octava Época, de rubro: "PRUEBAS. LA FORMA EN QUE PRETENDAN RECIBIRSE O DESAHOGARSE CONSTITUYE UNA VIOLACION RECLAMABLE COMO REGLA GENERAL, POR EL OFERENTE DE LAS MISMAS, EN AMPARO DIRECTO.". Bajo el contexto expuesto, cabe la posibilidad de que la resolución que posteriormente emita el juez dentro del procedimiento del que deriva el acto, sea favorable a sus intereses, en cuyo caso, el reclamo que hoy formula, quedará superado sin dejar huella en su esfera jurídica; y de lo contrario, estará en condiciones de alegarlo como violación procesal en el juicio de amparo correspondiente. Al respecto, se cita por analogía la jurisprudencia 3a. 20/90, de la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 236 del Semanario Judicial de la Federación, Tomo V, Primera Parte, Enero-Junio de 1990, registro 207226, de rubro: "PRUEBAS. SU ADMISION, COMO REGLA GENERAL, CONSTITUYE VIOLACION PROCESAL RECLAMABLE EN AMPARO DIRECTO." También, por analogía, la jurisprudencia IX. 1o. J/10, sustentada por los Tribunales Colegiados de Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVI, Octubre de 2002, página 1303, Novena Época, Materia Común, registro 185612, cuyo título es: "VIOLACIONES AL PROCEDIMIENTO. DEBEN RECLAMARSE EN EL AMPARO DIRECTO QUE SE PROMUEVA CONTRA LA SENTENCIA, LAUDO O RESOLUCIÓN QUE PONGA FIN AL JUICIO." Por lo expuesto, al demostrarse la actualización de la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del numeral 61, en relación con el 107, fracción V, interpretada contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, lo procedente es DESECHAR LA DEMANDA. Como lo solicita la Sala responsable, infórmese el sentido de la presente determinación. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica y por autorizadas para los mismos efectos a las personas que menciona, incluso para la utilización de medios electrónicos; lo anterior en términos de la circular 12/2009 de la Secretaría Ejecutiva del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Respecto de quienes faculta acorde al ordinal 12 de la Ley de Amparo, tendrán las facultades amplias que prevé, si tienen registradas sus cédulas profesionales en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; pues de lo contrario únicamente lo estarán para oír y recibir notificaciones. En términos del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, para que el Actuario de la adscripción lleve a cabo la notificación del presente proveído. Por lo expuesto y fundado, se R E S U E L V E: ÚNICO. Por ser notoriamente improcedente, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo que promueve ... por conducto de su mandatario, contra actos de la Segunda Sala y Juez Vigésimo Quinto, ambos de lo Familiar de la Ciudad de México. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
- Principal
NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
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