Teodoro Malvaez Sanchez
Expediente 1209/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 5 actuaciones registradas, la última del 6 de abril de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1209/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 06/04/2022
Partes del expediente
- Miguel Malvaez Contreras
- Teodoro Malvaez Sanchez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
... Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio signado por el Secretario de Tribunal adscrito al Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, por medio del cual remite copia certificada del testimonio de la resolución de veinticuatro de marzo de dos mil veintidós, emitida en el recurso de queja 256/2021, cuyo punto resolutivo es: "ÚNICO. Se declara infundado el presente recurso de queja." Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y acúsese el recibo de estilo correspondiente. Por otra parte, visto el estado procesal del presente juicio de amparo se evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, en sentido contrario, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito; por tanto, háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno. En términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que establece las disposiciones de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de expedientes judiciales generados en los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación que: El cuaderno principal es susceptible de destrucción, ya que se desechó la demanda de amparo (artículo 21, inciso d) del acuerdo en cita). A consideración de este órgano jurisdiccional, el presente asunto carece de relevancia documental (pues no encuadra en alguno de los supuestos establecidos en el artículo 15 del citado Acuerdo General Conjunto). Se comunica a las partes que, de conformidad con el Acuerdo en mención, el presente expediente permanecerá en el archivo de este órgano de control de la constitucionalidad durante el lapso de tres años y, posteriormente, se procederá a su destrucción con base en el artículo 21 del Acuerdo General aludido. Una vez que obren las constancias de notificación del presente proveído, se enviará materialmente al archivo el expediente en que se actúa. ...
- Principal
... De conformidad con lo previsto en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2°, agréguese a los autos el oficio de cuenta, signado por el Actuario Judicial adscrito al Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, a través del cual hace del conocimiento la determinación de trece de noviembre del año en curso, por el que dicho tribunal admitió a trámite el recurso de queja interpuesto por Luis Manuel García Sánchez y Andrés Malvaez Sánchez defensores privados de los quejosos del presente juicio de amparo, en contra del proveído dictado el veinticinco de noviembre pasado por el que se desechó la demanda de amparo, el cual registró con el número de queja 256/2021, de lo que se toma conocimiento para los efectos legales procedentes y se está en espera de la resolución que emita el tribunal de alzada. ...
- Principal
... Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, agréguese a los autos el escrito de cuenta signado por Luis Manuel García Sánchez y Andrés Malvaez Sánchez, defensores particulares de la parte quejosa, a través del cual interpone recurso de queja contra el auto dictado el veinticinco de noviembre de dos mil veintiuno, por el que se desechó la demanda de amparo, por improcedente. Atento a lo anterior, con fundamento en los artículos 97, 98, 99, 100 y 101 Ley de Amparo, se tiene por presentado el medio de impugnación referido; ríndase el informe respectivo en términos del párrafo primero del ordinal 101 de la legislación invocada. A fin de resolver dicho medio de defensa, remítase el original y copia del escrito de expresión de agravios al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito en turno, así como copia certificada de todo lo actuado en el presente juicio. ...
- Principal
...DESAHOGO DE PREVENCIÓN. Téngase por recibido el escrito signado por Manuel García Sánchez y Andrés Malvaez Sánchez, a través del cual desahoga la prevención formulada en auto de diecinueve de noviembre pasado; asimismo, manifiesta bajo protesta de decir verdad, tener reconocida la personalidad como defensores particulares de Teodoro Malvaez Sánchez, Pedro Malvaez Sánchez, Rogelio Contreras Sánchez, Genoveva Sánchez Ortega y Miguel Malvaez Contreras. En consecuencia, téngase por desahoga la prevención formulada en auto de referencia y sin efectos el apercibimiento con el cual se le conminó. MARIA ISABEL LOPEZ MONDRAGON DESECHAMIENTO. En esas condiciones, previo a la admisión de la demanda de amparo, es necesario establecer que en términos de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe analizar si existe o no un motivo manifiesto e indudable de improcedencia y, en tal supuesto, debe desecharse de plano la demanda. En efecto, el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 113.- El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Al respecto, se considera necesario precisar que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda; a su vez, lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultaría factible formarse convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Al caso es aplicable la jurisprudencia I.1o.A. J/4, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primera Circuito, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en la página 890, del tomo VII, mayo de 1998, con número de registro 196196 y rubro siguiente: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE." MARIA ISABEL LOPEZ MONDRAGON 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.eb.88 21/07/23 19:26:01 3 Ahora bien, en el caso a estudio, respecto a los actos que por esta vía constitucional se combaten, consistes esencialmente en: De la Sala responsable la sentencia de apelación de veintiséis de octubre de dos mil veintiuno, dictada dentro de los autos del toca 569/2021, en la que la autoridad responsable declaró parcialmente fundados los agravios expuestos por la Ministerio Público, en lo concerniente a la documental ofertada e inadmitida inicialmente en audiencia intermedia de uno de septiembre del año en curso, consistente en la orden de aprehensión de veintiuno de noviembre del dos mil veinte, emitida por el Juez Especializado en Cateos y Ordenes de Aprehensión para la búsqueda, localización y Aprehensión de Teodoro Malvaez Sánchiez, por el delito de Homicidio Calificado en agravio de Demetrio Garatachía Albarran y Gumencio Garatachía Albarrán". De la autoridad ejecutora, Juez de Control, el auto de veintiocho de octubre de dos mil veintiuno, dictado en los autos de la causa administrativa 72/2021, en el que se ordena admitir la documental que ofreció la Ministerio Público en audiencia intermedia de uno de septiembre de le presente anualidad, relativa a la "orden de aprehensión de veintiuno de noviembre de dos mil veinte; lo anterior, con motivo de cumplimentar la ejecutoria dictada dentro de los autos del toca de apelación 569/2021." Es dable precisar que son improcedentes, pues constituyen una cuestión de índole procesal que no afecta materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; y, a efecto de evidenciarlo es necesario traer al contexto el contenido de los artículos 61, fracción XXIII, y 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, así como 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley.". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. [.]." "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: [.] III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: [.] b) Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan, y [.].". De conformidad con los numerales transcritos, el juicio de amparo será improcedente cuando ello derive del incumplimiento de alguna disposición de la Carga Magna o bien, de la propia ley que rige la materia, conforme a la cual, el juicio de amparo indirecto es procedente contra actos en juicio cuyos efectos que sean de imposible reparación, lo que también dispone el Canon Fundamental, con la precisión que conforme al precepto de la ley de la materia, el legislador establece que deben considerarse actos de imposible reparación, aquéllos que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Resulta conveniente destacar que en relación a este tópico, al resolver la Contradicción de Tesis 377/2013, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitió la Jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.), en la que considera que a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer qué debe entenderse por dichos actos; con lo cual legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal precisó que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, que sus consecuencias deberán ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además, que deberían recaer en derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Destacando que a partir de esa interpretación se deducían las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia que se trate de actos "que afecten materialmente derechos" lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Concluyendo que dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de imposible reparación, en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo, debería prescindirse de la aplicación del criterio de ese Tribunal Pleno, en el que se reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo", ya que al ser emitido a la luz de la Ley de Amparo anterior, hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal. En este sentido es dable concluir que la sentencia de apelación dictada en fecha veintiséis de octubre de dos mil veintiuno, por el Primer Tribunal de Alzada, en los autos del toca 569/2021, por medio del cual declaró parcialmente fundado los agravios expuestos por el ministerio público respecto de la inadmisión de la prueba que se ofreció el uno de septiembre del año en curso, consistente en la orden de aprehensión de veintiuno de noviembre del dos mil veinte, emitida por el Juez Especializado en Cateos y Ordenes de Aprehensión para la búsqueda, localización y Aprehensión de Teodoro Malvaez Sánchiez, por el delito de Homicidio Calificado en agravio de Demetrio Garatachía Albarran y Gumencio Garatachía Albarrán; la cual se admitió mediante audiencia de veintiocho de octubre de dos mil veintiuno ello en cumplimiento a la resolución emitida por la Sala responsable y su diverso acto en el cual se ejecutó dicha resolución; no tiene efectos de imposible reparación debido a que sus consecuencias no son de tal gravedad que impidan en forma actual a la aquí peticionaria de amparo, el ejercicio de un derecho, pues únicamente producen una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará afectar sus defensas. Máxime que sus efectos pueden ser retrotraídos en caso que obtengan una resolución de acuerdo a su intereses al resolverse la controversia del orden penal de origen, con lo que quedarían reparadas las violaciones y los posibles perjuicios que les hubiese causado el acto que reclaman; y, de no ser así, dicho acto, así como sus consecuencias, pueden ser impugnados mediante el juicio de amparo directo que en su caso promueva contra la determinación que en definitiva decida esa controversia, en términos de lo dispuesto en el artículo 173 de la Ley de Amparo, que establece las hipótesis en las cuales, en los juicios del orden penal, se considerarán violadas las leyes del procedimiento con trascendencia a las defensas de los quejosos. En esa tesitura, el amparo por regla general es improcedente. Por tanto, una posible violación a los principios informadores de la prueba en la admisión de los medios de prueba, como pueden ser los principios que deben regir las audiencias (verbigracia, los principios de contradicción, inmediación, oralidad, igualdad de armas), el principio de necesidad de la prueba, el principio dispositivo, el principio de libertad de la prueba, el de pertenencia, o los de idoneidad y utilidad -por nombrar algunos-, haría improcedente el juicio de amparo indirecto a la luz de la doctrina de "actos de imposible reparación". Lo anterior, pues efectivamente dichas violaciones residen en un plano adjetivo, cuya afectación está supeditada a su trascendencia en el proceso penal. Sin que en el caso exista alguna excepción a la regla, pues la prueba admitida (orden de aprehensión) de ninguna manera implica una carga injustificada a la parte quejosa, ya que la misma se desahoga por su propia y especial naturaleza. Al respecto es aplicable la Jurisprudencia 1a./J. 6/2021 (11a.), publicada en la página 1743, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 5, Septiembre de 2021, Tomo II, Undécima Época, Materias(s): Penal, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro digital: 2023589, cuyos rubro y texto son los siguientes: "JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN EL PROCESO PENAL ACUSATORIO. POR REGLA GENERAL, ES IMPROCEDENTE EN CONTRA DEL AUTO DE APERTURA A JUICIO QUE ADMITE MEDIOS DE PRUEBA, Y PARA IDENTIFICAR LOS CASOS DE EXCEPCIÓN, ES NECESARIO REALIZAR UN ANÁLISIS HERMENÉUTICO TENDIENTE A DILUCIDAR SI AFECTA MATERIALMENTE DERECHOS SUSTANTIVOS. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes, en ejercicio de sus arbitrios judiciales, realizaron un análisis interpretativo que los llevó a conclusiones distintas, al resolver si el auto de apertura a juicio que admite medios de prueba en el proceso penal acusatorio constituye un "acto de imposible reparación" y, por tanto, si es o no procedente el juicio de amparo indirecto en su contra. Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que, por regla general, debe tenerse por actualizada la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, cuando se impugne la admisión de medios de prueba y, al ser una regla general, no es absoluta, por lo que para que sea procedente por excepción será necesario que se afecten materialmente derechos sustantivos. Justificación: Se arriba a esta conclusión de conformidad con el parámetro legal regulado en el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, referente a que el juicio de amparo indirecto es procedente en contra de "actos de imposible reparación", entendiéndose por éstos aquellos que afecten materialmente derechos sustantivos. Para verificar la actualización del parámetro legal en tratándose del auto de apertura a juicio que admite medios de prueba, debe partirse de la relación paralela existente entre el proceso penal y el juicio de amparo indirecto. Si bien ambos juicios guardan puntos de toque inexorables, a su vez cada uno corre por cuerda separada y se actualiza a partir de hechos y finalidades generadas en distintos planos. En ese contexto, debe ser entendido el auto de apertura a juicio que admite medios de prueba, el cual es un acto de índole adjetiva -intraprocesal- que sirve como vehículo para trasladar los medios de prueba de la etapa intermedia al juicio oral para su valoración definitiva; vehículo que está ya protegido de manera sustancial por la institución del Juez de Control y que de ser detenido por la procedencia del amparo indirecto trastocaría de manera desnaturalizante los principios del proceso penal de corte acusatorio que llaman al equilibrio entre la protección de los derechos fundamentales y la eficacia en la resolución de los procesos. Además, cualquier ilegalidad o ilicitud del medio de prueba puede enmendarse con posterioridad, bien porque en la sentencia definitiva no se tome en cuenta, o porque se le considere sin valor jurídico, o bien porque se obtenga una sentencia favorable al quejoso. En esa tesitura, el amparo por regla general es improcedente. Por tanto, una posible violación a los principios informadores de la prueba en la admisión de los medios de prueba, como pueden ser los principios que deben regir las audiencias (verbigracia, los principios de contradicción, inmediación, oralidad, igualdad de armas), el principio de necesidad de la prueba, el principio dispositivo, el principio de libertad de la prueba, el de pertenencia, o los de idoneidad y utilidad -por nombrar algunos-, haría improcedente el juicio de amparo indirecto a la luz de la doctrina de "actos de imposible reparación". Lo anterior, pues efectivamente dichas violaciones residen en un plano adjetivo, cuya afectación está supeditada a su trascendencia en el proceso penal. Sin embargo, existen supuestos excepcionales en los que, estudiados caso por caso, la admisión de pruebas en el auto de apertura a juicio constituye un "acto de imposible reparación", pues puede implicar cargas injustificadas al imputado, de ejecución inmediata, que trastoquen derechos fundamentales independientemente del propio proceso penal y de la valoración de dichas probanzas en el juicio oral; escenario en el que el amparo sí es procedente. De ahí que cuando se presenta un acto dentro del proceso penal que haga procedente el juicio de amparo -de imposible reparación-, dicho acto debe implicar que se le deje de ver en el plano del proceso penal y se le encuadre en el juicio de protección constitucional." Motivos por los cuales, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo por su manifiesta e indudable improcedencia. Por otra parte, de conformidad con el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, agréguese a los autos la razón suscrita por el actuario de la adscripción de la cual se advierte la imposibilidad que tuvo de notificar a la parte quejosa, la determinación de diecinueve de noviembre pasado, por las razones ahí expuestas. En términos de lo dispuesto en los artículos 161 y 212 MARIA ISABEL LOPEZ MONDRAGON 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.eb.88 21/07/23 19:26:01 11 de la legislación procesal civil federal, dicha diligencia tiene valor probatorio pleno, pues al tratarse de una actuación de un funcionario investido de fe pública, lo asentado en sus razones corresponde a la verdad de cómo sucedieron los hechos de los cuales dio fe. A lo anterior, es aplicable la jurisprudencia 563, con número de registro 392690, publicada en la página 405, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1995, Tomo IV, cuyo contenido es: "NOTIFICACION. VALOR PROBATORIO DE LAS RAZONES DE LOS ACTUARIOS. Las razones de notificación realizadas por los secretarios actuarios, que gozan de fe pública, tienen pleno valor probatorio respecto de los hechos que en ellas se consignan, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 403 en relación con la fracción VIII del 327, ambos del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, a menos que el contenido de las mismas sea desvirtuado por prueba en contrario." En ese sentido, con fundamento en el artículo 26, fracción III, de la Ley de Amparo, se ordena practicar a la parte quejosa la notificación relativa a la determinación de diecinueve de noviembre pasado, así como las subsecuentes, aún las de carácter personal, por medio de la lista que se realiza mediante la publicación en Internet, prevista en el artículo 29 de la Ley de Amparo, en los sitios oficiales del Consejo de la Judicatura Federal, y colóquese en un espacio de fácil acceso para quienes acudan sin contar con una cita tal y como lo prevé al artículo 21 del Acuerdo General aludido. COINCIDENCIA DEL EXPEDIENTE FÍSICO CON EL ELECTRONICO. Con fundamento en el artículo 3, de la Ley de Amparo, así como en los diversos 3 y 22 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se instruye a la Secretaria a cargo de este expediente para que dé fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso, sea incorporada cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan en su totalidad, sin que pueda archivarse definitivamente el presente expediente sin ...Notifíquese. auto de diecinueve de noviembre de dos mil veintiuno. RADICACIÓN. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por Manuel García Sánchez y Andrés Malvaez Sánchez quienes se ostentan como defensores privados de Teodoro Malvaez Sánchez, Pedro Malvaez Sánchez, Rogelio Contreras Sánchez, Genoveva Sánchez Ortega y Miguel Malvaez Contreras, contra actos del Primer Tribunal de Alzada en Materia Penal de Toluca, del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México y otra autoridad. Fórmese expediente físico y electrónico y regístrese en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes con el número 1209/2021-I. PREVENCIÓN. Previamente a realizar algún pronunciamiento sobre la admisión o desechamiento, debe tomarse en consideración que el precepto 114 de la Ley de Amparo establece los supuestos en que el órgano jurisdiccional que conozca del juicio constitucional prevendrá al promovente para que aclare su demanda, el cual señala en lo que interesa lo siguiente: "Artículo 114. El órgano jurisdiccional mandará requerir al promovente que aclare la demanda, señalando con precisión en el auto relativo las deficiencias, irregularidades u omisiones que deban corregirse, cuando: I. Hubiere alguna irregularidad en el escrito de demanda; II. Se hubiere omitido alguno de los requisitos que establece el artículo 108 de esta Ley;." Por su parte, los diversos artículos 14 y 108, fracción V, de la ley reglamentaria en cita, señalan: "Artículo 14. Para el trámite de la demanda de amparo indirecto en materia penal bastará que el defensor manifieste, bajo protesta de decir verdad, tener tal carácter. En este caso, la autoridad ante quien se presente la demanda pedirá al juez o tribual (sic) que conozca del asunto, que le remita la certificación correspondiente. (.) Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: (.) V. Bajo protesta de decir verdad, los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación;.". En ese orden, con fundamento en los artículos 14 y 108, fracción V, 112 y 114, fracciones I y II, todos de la Ley de Amparo, requiérase al promovente para que, dentro del plazo de cinco días hábiles, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído, realice lo siguiente: ÚNICO. En términos del párrafo primero del artículo 14 de la ley de la materia, deberá manifestar "bajo protesta de decir verdad" que tienen reconocido el carácter con el que se ostentan (defensores privados de Teodoro Malvaez Sánchez, Pedro Malvaez Sánchez, Rogelio Contreras Sánchez, Genoveva Sánchez Ortega y Miguel Malvaez Contreras), pues dicho requisito es indispensable para darle tramite a la demanda de amparo indirecto en materia penal. Lo anterior, pues omitió satisfacer dicho requisito, ya que del numeral señalado establece expresamente que, para darle el trámite de la demanda de amparo indirecto en materia penal, bastará que el defensor manifesté, "bajo protesta de decir verdad", tener tal carácter, lo cual no realizó, ni tampoco acreditó con constancia fehaciente dicha circunstancia. Ello, pues dicha manifestación no es un simple formalismo, sino un requisito legal contemplado en el artículo 14, párrafo primero, de la Ley de Amparo, el cual obedece al hecho de constatar provisionalmente con la protesta de ley de que el promovente tiene la calidad de defensor dentro del asunto del cual emana el acto reclamado. Sobre el particular, se invoca la jurisprudencia 1a./J. 13/2021 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Undécima Época, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Materias(s): Constitucional, Común, Registro digital: 2023191, del contenido siguiente: "ASESOR JURÍDICO VICTIMAL. PARA EFECTOS DE LA ADMISIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO QUE PROMUEVA EN NOMBRE DE LA VÍCTIMA U OFENDIDO DEL DELITO, BASTA LA SIMPLE MANIFESTACIÓN, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, DE TENER RECONOCIDO AQUEL CARÁCTER ANTE LA AUTORIDAD RESPONSABLE, AL ACTUALIZARSE LA EXCEPCIÓN PREVISTA EN EL ARTÍCULO 11 DE LA LEY DE AMPARO. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes que conocieron de los recursos de queja respectivos sostuvieron un criterio divergente en torno a si basta la manifestación del asesor jurídico victimal de ostentar dicha representación ante la autoridad responsable, para efecto de que le sea admitida la demanda de amparo indirecto, promovida por éste a nombre de la víctima u ofendido del delito, que representa. Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que, en materia penal, el asesor jurídico de la víctima u ofendido del delito se encuentra facultado para promover la demanda de amparo en nombre de ésta, a quien representa en el procedimiento penal, por lo que tratándose de la presentación del juicio de amparo indirecto, bastará su simple manifestación, bajo protesta de decir verdad, en el sentido de tener reconocido ese carácter ante la autoridad responsable, para que la demanda sea admitida a trámite. En este supuesto, se tendrá por actualizada la excepción prevista en el artículo 11, párrafo primero, en relación con el 14, párrafo primero, de la Ley de Amparo. Así, cuando la citada ley refiere que en materia penal bastará que el defensor manifieste bajo protesta de decir verdad tener ese carácter, no puede limitarse únicamente al defensor del imputado, sino que necesariamente debe incluir al asesor jurídico de la víctima que actúa en su representación, a fin de que ésta no quede en estado de vulnerabilidad frente al poder punitivo estatal y las determinaciones que el Ministerio Público o los Jueces realicen a lo largo del procedimiento penal. Justificación: De una interpretación sistemática de la Ley de Amparo, en relación con el Código Nacional de Procedimientos Penales y la Ley General de Víctimas, se advierte un reconocimiento explícito de las víctimas como parte de los procedimientos y el derecho a la asesoría jurídica técnica -por una persona licenciada en derecho con cédula profesional- como una garantía del pleno ejercicio de sus derechos en condiciones de igualdad. También se reconoce el derecho a un recurso judicial adecuado y efectivo contra las decisiones que afecten sus intereses y el ejercicio de sus derechos, por lo que la legislación en la materia deberá regular la intervención en los diferentes procedimientos, a efecto de facilitar su participación. En ese sentido, resulta fundamental que el juicio de amparo, como medio constitucional de defensa de los derechos humanos, equilibre las asimetrías y el estado de vulnerabilidad que pueden llegar a enfrentar las víctimas en el acceso a la justicia, lo que conlleva el deber de flexibilizar ciertas reglas - como la forma de acreditar la representación- ante la necesidad de asegurar que los recursos sean efectivos y protejan a las víctimas contra actos que violen sus derechos humanos." Y la jurisprudencia 2a./J. 1/96, emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 47, del Tomo III, julio de 1996, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con número de registro 200657, que establece: "PERSONALIDAD EN EL AMPARO. EL JUEZ DEBE PRONUNCIARSE SOBRE ELLA AL PROVEER SOBRE LA DEMANDA Y SI NO ESTA ACREDITADA, PREVENIR AL PROMOVENTE CONFORME AL ARTICULO 146 DE LA LEY DE AMPARO; DE LO CONTRARIO, EL REVISOR ORDENARA LA REPOSICION DEL PROCEDIMIENTO. Una nueva reflexión sobre los preceptos de la Ley de Amparo que regulan el tema de la personalidad y de los criterios sucesivos adoptados por este alto tribunal, conduce a esta Sala a apartarse de las tesis jurisprudenciales publicadas en la compilación de 1988, Segunda Parte, con el número 1302 y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación (Octava Epoca) números 19 a 21, con los títulos de ...APERCIBIMIENTO. Se apercibe al promovente que, de no cumplir con el requerimiento, se tendrá por no presentada la demanda en términos del penúltimo párrafo del artículo 114, de la Ley de Amparo en vigor. DOMICILIO. Acorde con lo previsto en los artículos 305 y 306 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se tiene como MARIA ISABEL LOPEZ MONDRAGON domicilio para oír y recibir notificaciones el señalado para tal efecto. ....
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