Teodoro Guillermo Ureta López
Expediente 353/2017 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Sinaloa. 3 actuaciones registradas, la última del 5 de julio de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 353/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 05/07/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Sinaloa · Sinaloa
Partes del expediente
- Teodoro Guillermo Ureta López
Actuaciones
- Principal
Ha causado ejecutoria el auto de veintitrés de junio del presente año, Por tanto, una vez que transcurra el término de tres años, contados a partir de la orden de archivo del presente expediente, con apoyo en los artículos Décimo, fracción I, y Décimo Primero, ambos del Acuerdo General Conjunto de previa mención, por medio de la Administración Regional, transfiérase al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lugar en el que se archivará a disposición de este órgano jurisdiccional, transferencia que habrá de efectuarse una vez al año, conforme al calendario que emita el Centro de Documentación y análisis en coordinación con el titular de este juzgado. En la inteligencia de que una vez analizado el presente asunto se considera que no es de relevancia documental y es susceptible de destrucción, por haberse desechado la demanda de amparo. Por último, teniendo en consideración que no existen documentos originales, se declara que el presente asunto se encuentra totalmente concluido, por lo que se ordena su archivo definitivo. Notifíquese por lista a la parte promovente por haber señalado los estrados de este Juzgado para oír y recibir notificaciones.
- Principal
Se agrega escrito, firmado por el quejoso Teodoro Guillermo Ureta López, mediante el cual da cumplimiento a la prevención formulada por auto de catorce de junio de este año. Ahora bien, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, antes de admitir una demanda de garantías, se debe analizar si existe o no un motivo manifiesto e indudable de improcedencia y en tal supuesto, debe desecharse de plano la demanda. En la especie, de oficio se advierte que en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX de la Ley de Amparo, por las razones que a continuación se expresan. El artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior;.". Del numeral antes transcrito, se advierte que el juicio de amparo es improcedente contra los actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, cuando no se hayan agotado los medios de defensa ordinarios que concede la ley, que tengan por objeto modificar, revocar o nulificar el acto reclamado, siempre y cuando conforme a la misma ley se suspendan los efectos de dichos actos mediante la interposición del recurso o medio de defensa legal que haga valer el agraviado, sin exigir mayores requisitos que los que la ley de amparo consigna para conceder la suspensión definitiva; y, que no existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación. En esencia, la causal de improcedencia en estudio, contempla el principio de definitividad del juicio de amparo, el cual tiene como finalidad preservar el carácter extraordinario de éste, por lo tanto, el acto reclamado debe revestir el carácter de definitivo, es decir, que el impetrante de garantías hubiese agotado los medios de defensa ordinarios antes de acudir a la instancia constitucional. Ahora bien, el quejoso reclama del Presidente Municipal, Ayuntamiento, Oficial Mayor del Ayuntamiento y Director de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, todos del Municipio de Angostura, Sinaloa, la omisión de tramitar y resolver el procedimiento administrativo para que se le otorgue el retiro anticipado, ya que refiere que desde hace más de un año realizó la solicitud formal sin que a la fecha se haya resuelto ni se le haya otorgado la licencia prevista en el artículo 44 de la Ley de Seguridad Pública, pues continúa laborando como Policía. Cabe destacar que en los antecedentes de su demanda de garantías, el promovente adujo bajo protesta de decir verdad lo siguiente: 1. Que es elemento adscrito a la Dirección Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Angostura, Sinaloa, con una antigüedad suficiente para alcanzar el beneficio previsto en el artículo 40 de la Ley de Seguridad Pública, es decir, el retiro anticipado. 2. Con base a su derecho de petición y en ejercicio de su derecho de retiro anticipado el treinta de marzo de dos mil dieciséis, solicitó a las autoridades responsables que realizaran los trámites necesarios a fin de obtener su retiro anticipado. 3. Que dichas autoridades no dieron respuesta a su petición a pesar de que fue por escrito y en forma respetuosa, por lo que presentó una demanda de amparo que correspondió conocer a este Juzgado, bajo el expediente 609/2016, en el que se concedió el amparo y protección de la justicia Federal. 4. En cumplimiento a la ejecutoria de amparo, las responsables Ayuntamiento, Cuerpo de Regidores, Oficial Mayor y Presidente Municipal dictaron un acuerdo donde sostenían que no eran competentes porque no eran autoridad de Seguridad Pública, mientras que el Director de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, contestó diciendo que coadyuvaría para que se concediera su retiro anticipado, sin que a la fecha lo hayan hecho las autoridades, en virtud que sigue como agente activo, a pesar de que cuando menos debieron concederle licencia para realizar sus trámites para la obtención de su retiro anticipado. 5. Que a la fecha desconoce si su solicitud está siendo tramitada o no, si se ha pasado a cabildo del Ayuntamiento para su discusión o el estado que guarda su trámite, pues nada se le ha informado. Por auto de catorce de junio de dos mil diecisiete, se previno a la parte promovente, para que dentro del término de cinco días contados a partir del siguiente de su notificación, bajo protesta de decir verdad, manifestara con precisión cuál era el acto que reclamaba de las autoridades responsables, para lo cual debía expresar si éste lo hacía consistir en la omisión del trámite para el retiro anticipado a que se refiere en el punto 5 del capítulo de antecedentes de su demanda, y, en caso afirmativo debía exponer si en lo particular ya instó ante las responsables trámite respectivo. En cumplimiento a lo anterior, mediante escrito agregado en auto de esta propia fecha, el promovente Teodoro Guillermo Ureta López, expuso lo siguiente: "Que el suscrito no señalo como acto reclamado lo omisión de dar contestación a una petición, sino la de tramitar y resolver el procedimiento administrativo para que se me otorgue el retiro anticipado, es decir, que se resuelva en definitiva si se me otorga o no dicho beneficio, ya que desde hace más de un año que se realizó la solicitud formal y se entregaron los documentos necesarios y mediante un amparo se me contestó que se daría trámite al procedimiento de retiro anticipado, pero hasta la fecha no se me ha resuelto si se me va a otorgar o no, es decir, no se resuelve en definitiva mi procedimiento de retiro anticipado y solo me dicen que está en cabildo pero no resuelve ni se me ha dado ni siquiera la licencia prevista en el artículo 44 de la Ley de Seguridad Pública, pues sigo laborando como policía a pesar de que ya solicité mi retiro.". (Lo subrayado es propio de este Juzgado). Precisado lo anterior, esto es, que los agentes de los cuerpos de seguridad poseen con el Estado una relación de tipo administrativo y no laboral, ello permite concluir que todos los actos derivados de ese vínculo también lo son, ya que debe atenderse a su muy particular relación jurídica, establecida en el precepto constitucional antes transcrito. Lo expuesto en el párrafo que antecede, trasladado al caso en particular, evidencia que la relación del quejoso con la dependencia en la que presta sus servicios es de carácter administrativo (agente de la Policía municipal); y por tanto los actos que modifiquen, revoquen o extingan el vínculo existente entre ellos, les reviste esa misma calidad. Así lo ha estimado el Máximo Tribunal del País, a través de diversos criterios jurisprudenciales, en los que el argumento toral para sostener ese sentido, lo ha sido la naturaleza de la relación existente entre los miembros de los institutos armados y el Estado Mexicano -en sus tres niveles de gobierno-; pero además, ese Alto Tribunal ha considerado como factor complementario a su postura las facultades que, desde el ámbito constitucional, le han sido expresamente conferidas a los tribunales de lo contencioso administrativo en el sistema jurídico mexicano -y que no se limitan a las tradicionalmente otorgadas en materia fiscal-, a los cuales el caso de Sinaloa no es la excepción. En consonancia con lo anterior, el Congreso local, expidió la Ley de Justicia Administrativa para el Estado de Sinaloa, de cuyas disposiciones normativas, para el caso que nos ocupa destacan, las que a continuación se transcriben: "ARTICULO 1o. La presente Ley tiene por objeto regular la impartición de justicia administrativa en el Estado de Sinaloa y sus disposiciones son de orden público e interés social.". "ARTICULO 2o. La jurisdicción administrativa la ejercerá el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, órgano autónomo dotado de plena jurisdicción para dictar sus resoluciones e imperio para hacerlas cumplir; así como de independencia presupuestal para garantizar la imparcialidad de su actuación.". "ARTÍCULO 3o. El Tribunal de lo Contencioso Administrativo conocerá y resolverá las controversias que se susciten en relación con la legalidad, interpretación, cumplimiento y efectos de actos, procedimientos y resoluciones de naturaleza administrativa y fiscal, que emitan, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar las autoridades del Estado, de los Municipios, sus organismos descentralizados o cualquier persona o institución que funja como autoridad y cuya actuación afecte la esfera jurídica de los particulares.". "ARTÍCULO 13. El Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Sinaloa, será competente para conocer y resolver de los juicios: I. Que se ventilen por las controversias que se susciten en relación con la legalidad, interpretación, cumplimiento y efectos de actos, procedimientos y resoluciones de naturaleza administrativa y fiscal que emitan las autoridades estatales, Municipales o sus organismos descentralizados y cuya actuación afecte la esfera jurídica de los particulares; . ". Como se desprende de los numerales en cita, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Sinaloa, colma puntualmente los elementos competenciales al tenor de los cuales la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha estimado que es ante órganos jurisdiccionales de esa naturaleza, que deben ventilarse los conflictos derivados de la relación de trabajo existente entre los miembros de los institutos armados y el Estado mexicano; como lo puede ser la omisión de las autoridades responsables de tramitar y resolver el procedimiento administrativo para que se le otorgue el retiro anticipado. Ello porque, como se dijo la relación de trabajo existente entre un elemento policiaco y el Estado mexicano es de carácter administrativa y, por tanto, el órgano jurisdiccional más afín para sustanciar y dirimir los conflictos que de ella deriven, lo es el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Cabe citar, la jurisprudencia 2a./J. 77/95, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en página 290, del Tomo II, Diciembre de 1995, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 200663, que a la letra dice: "COMPETENCIA PARA CONOCER DE LOS CONFLICTOS SUSCITADOS CON MOTIVO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE POLICIAS MUNICIPALES Y JUDICIALES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO Y SUS MUNICIPIOS, CON LAS DEPENDENCIAS DE SEGURIDAD RESPECTIVAS. CORRESPONDE, POR AFINIDAD, AL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MEXICO. En la tesis de jurisprudencia 24/1995, sustentada por el Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 43, Tomo II, correspondiente al mes de septiembre de 1995, de la Novena Epoca del Semanario Judicial de la Federación, con el rubro: "POLICIAS MUNICIPALES Y JUDICIALES AL SERVICIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO Y DE SUS MUNICIPIOS. SU RELACION JURIDICA ES DE NATURALEZA ADMINISTRATIVA", se estableció que los miembros de dichas corporaciones, al formar parte de un cuerpo de seguridad pública, mantienen una relación de naturaleza administrativa con el gobierno del Estado o del Municipio, que está regida por las normas legales y reglamentarias correspondientes, por disposición expresa del artículo 123, apartado B, fracción XIII, de la Constitución, con lo cual se excluye de considerar a los miembros de los cuerpos de seguridad pública, así como a los militares, marinos y al personal del servicio exterior, como sujetos de una relación de naturaleza laboral con la institución a la que presten sus servicios. Ahora bien, ni los artículos 1, 2, 3 y 95, fracción I, del Estatuto Jurídico de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado, de los Municipios y de los Organismos Coordinados y Descentralizados de Carácter Estatal, respecto del Tribunal de Arbitraje, ni los artículos 30 y 29, fracción I, de la Ley de Justicia Administrativa, por lo que toca al Tribunal de lo Contencioso Administrativo, ambos ordenamientos de la citada entidad federativa, señalan con precisión la competencia para que uno de esos órganos conozca de la demanda promovida por un policía municipal o judicial en contra de las instituciones de seguridad pública, en la que se deduzcan pretensiones derivadas de la prestación de servicios. Por ello, ante la falta de disposición legal en el Estado de México que instituya alguna autoridad con facultades expresas para resolver ese tipo de controversias, debe recaer la competencia en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, en acatamiento de lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 17 de la Constitución General de la República, que consagra la garantía de que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia, por ser ese tribunal administrativo, de acuerdo con las facultades de que está investido, el más afín para conocer de la demanda relativa." Criterio este que fue reiterado por la propia Sala en la jurisprudencia 2a./J. 129/2002, visible en página 246, del Tomo XVI, Diciembre de 2002, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 185349, que a la letra dice: "POLICÍAS JUDICIALES FEDERALES. EN CONTRA DE LA DETERMINACIÓN QUE DECRETE SU REMOCIÓN POR RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA PROCEDE EL JUICIO DE NULIDAD ANTE EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al emitir la tesis 2a. CLXI/98, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VIII, diciembre de 1998, página 429, de rubro: "COMPETENCIA PARA CONOCER DE LOS ASUNTOS DERIVADOS DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LOS AGENTES DE LA POLICÍA JUDICIAL FEDERAL. CORRESPONDE, POR AFINIDAD, AL TRIBUNAL FISCAL DE LA FEDERACIÓN.", así como en las consideraciones en que sustentó dicho criterio, determinó que la relación existente entre los elementos de los cuerpos de seguridad pública y el Estado es de naturaleza administrativa, y que compete, por afinidad, al Tribunal Fiscal de la Federación (actualmente Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa) conocer de los conflictos derivados de la prestación de servicios de los agentes de la Policía Judicial Federal que se encuentran adscritos a la Procuraduría General de la República, a través del juicio de nulidad, independientemente del origen de la controversia, es decir, ya sea con motivo de las prestaciones que les asisten en razón de ese vínculo o por cuestiones de responsabilidad administrativa. En congruencia con lo antes expuesto, en contra de la resolución que determina la responsabilidad administrativa de un agente de la Policía Judicial Federal y decreta su remoción, cualquiera que sea la causa de ésta, procede el juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, que es el órgano competente para resolver esa clase de conflictos, por lo que en términos de lo previsto en la fracción XV del artículo 73 de la Ley de Amparo, dicho medio ordinario de defensa debe agotarse antes de acudir al juicio de garantías, salvo que se actualice alguna excepción al principio de definitividad." También cabe citar, la tesis I.4o.A.46 A (10a.), sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en página 2033, del Libro XIX, Abril de 2013, Tomo 3, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 2003212, que dice: "AGENTES DE LA POLICÍA FEDERAL MINISTERIAL. LA CONTROVERSIA QUE SE SUSCITE POR SU SEPARACIÓN DEL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA MINISTERIAL, POLICIAL Y PERICIAL AL NO APROBAR LOS PROCESOS DE EVALUACIÓN DE CONTROL DE CONFIANZA PREVISTOS EN LOS ARTÍCULOS 35, FRACCIÓN II, INCISO E) Y 49 DE LA LEY ORGÁNICA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, DEBE SER RESUELTA POR EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA, POR SER EL ÓRGANO MÁS AFÍN PARA ELLO. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo en la tesis 2a. CLXI/98, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VIII, diciembre de 1998, página 429, de rubro: "COMPETENCIA PARA CONOCER DE LOS ASUNTOS DERIVADOS DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LOS AGENTES DE LA POLICÍA JUDICIAL FEDERAL. CORRESPONDE, POR AFINIDAD, AL TRIBUNAL FISCAL DE LA FEDERACIÓN.", que el ahora Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa es el órgano jurisdiccional más afín para conocer y resolver las controversias derivadas de la prestación de servicios de seguridad pública entre policías municipales y el Estado, en tanto que se trata de una relación jurídica del orden administrativo y que, por las mismas razones, tratándose de conflictos de la prestación de servicios de agentes de la policía judicial federal adscritos a la Procuraduría General de la República, por afinidad, dicho tribunal es competente para conocer de este tipo de controversias. Con base en lo anterior y de conformidad con los artículos 73, fracción XXIX-H y 123, apartado B, fracción XIII, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como la prestación de los servicios de los miembros de la Policía Federal Ministerial que estén sujetos al Servicio Profesional de Carrera Ministerial, Policial y Pericial deriva de una relación jurídica de orden administrativo, la controversia que se suscite por su separación de dicho servicio al no aprobar los procesos de evaluación de control de confianza previstos en los artículos 35, fracción II, inciso e) y 49 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, debe ser resuelta por el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, pues si bien es cierto que el artículo 14 de su ley orgánica no especifica que conocerá de los juicios que se promuevan contra el acto señalado, también lo es que a ese órgano jurisdiccional corresponde conocer de esos conflictos, por ser el órgano más afín para ello. Sostener un criterio en sentido opuesto dejaría al agraviado en estado de indefensión, al no contar con un recurso efectivo para inconformarse, en flagrante violación al artículo 17 constitucional, que consagra el derecho humano de acceso a la justicia, aunado a que la procedencia del juicio tiene apoyo en la tendencia actual, consistente en ampliar y completar la jurisdicción contencioso administrativa, atendiendo a la importancia de satisfacer las necesidades que pudieran derivar de la reclamación de la existencia o violación de un derecho subjetivo, para el efecto de dirimir consecuencias surgidas de la resolución que decretó la separación del cargo de un agente de la Policía Federal Ministerial, por vicios propios o del procedimiento administrativo, previo a su emisión, los cuales constituyen actos administrativos en general. Con base en las razones jurídicas expuestas, se afirma que el impetrante previo a ocurrir al juicio de amparo, debió agotar la instancia ordinaria en la vía contenciosa administrativa, a fin de cumplir con el principio de definitividad que rige en la materia. Es de ese modo, toda vez que los artículos 3°, 13, fracciones I y XII, y el diverso 22 de la Ley de Justicia Administrativa vigente para el Estado de Sinaloa, en su orden, disponen: "ARTICULO 3o. El Tribunal de lo Contencioso Administrativo conocerá y resolverá las controversias que se susciten en relación con la legalidad, interpretación, cumplimiento y efectos de actos, procedimientos y resoluciones de naturaleza administrativa y fiscal, que emitan, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar las autoridades del Estado, de los Municipios, sus organismos descentralizados o cualquier persona o institución que funja como autoridad y cuya actuación afecte la esfera jurídica de los particulares.". "ARTICULO 13. El Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Sinaloa, será competente para conocer y resolver de los juicios: I. Que se ventilen por las controversias que se susciten en relación con la legalidad, interpretación, cumplimiento y efectos de actos, procedimientos y resoluciones de naturaleza administrativa y fiscal que emitan las autoridades señaladas por el artículo 3o de esta ley, y cuya actuación afecte la esfera jurídica de los particulares; . XII. Las demás que le señalen otras leyes y reglamentos.". "ARTICULO 22. Las Salas serán competentes para conocer y resolver los juicios que establece el artículo 13 de esta Ley y los previstos en otros ordenamientos legales aplicables.". De los numerales transcritos, se aprecia que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Sinaloa, se encuentra facultado para conocer y resolver de los juicios y controversias que se susciten en relación con la legalidad, interpretación, cumplimiento y efectos de actos, procedimientos y resoluciones de naturaleza administrativa que emitan, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar las autoridades Estatales y Municipales. En la especie, el quejoso cuestiona de las autoridades responsables Presidente Municipal, Ayuntamiento, Oficial Mayor del Ayuntamiento y Director de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, todos del Municipio de Angostura, Sinaloa, la omisión de tramitar y resolver el procedimiento administrativo para que se le otorgue el retiro anticipado, ya que refiere que desde hace más de un año realizó la solicitud formal sin que a la fecha se haya resuelto ni se le haya otorgado la licencia prevista en el artículo 44 de la Ley de Seguridad Pública, pues continúa laborando como Policía. De ahí que el impetrante debió agotar el juicio de nulidad ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, para así cumplir con el principio de definitividad que rige en materia de amparo; dado que el acto reclamado se ubica en la hipótesis que establece el artículo 13, fracción I, de la Ley de Justicia Administrativa para el Estado de Sinaloa, al constituir actos administrativos atribuibles tanto a autoridades de la esfera de gobierno municipal como del ámbito local. En ese orden de ideas, el quejoso tenía la carga de agotar el medio de impugnación citado, ya que mediante el acto omisivo de la autoridad, se le causó un perjuicio de imposible reparación; mismo que no solamente lo legitima, sino que lo obliga a interponer en contra de ese acto lesivo, los recursos o medios de defensa ordinarios que resulten procedentes. Tal obligación se impone, ya que una de las finalidades del principio de definitividad es la de evitar los abusos en la promoción del juicio de amparo, por ese motivo el legislador limitó su procedencia contra los actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, después de que se interpusieron los recursos o medios de defensa, dentro del procedimiento, por virtud de los cuales puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas las determinaciones que se consideran lesivas de derechos fundamentales. Al respecto, se invoca la jurisprudencia I.6o.C. J/37, sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en página 902, del tomo XV, Mayo de 2002, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 187016, que es del tenor literal siguiente: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías. Por ello, si tal medio de impugnación no se intentó por el impetrante de la tutela constitucional, previamente a promover el juicio de amparo respecto de los actos de autoridad que se reclaman, el presente juicio resulta improcedente, sin que pueda tenerse como actualizada alguna excepción al señalado principio. En las anotadas circunstancias, ante la notoria improcedencia del juicio que se promueve, es por lo que se desecha de plano la demanda de mérito, de conformidad con lo previsto por los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 61, fracción XX, de la ley de la materia, pues a nada práctico conduciría admitir una demanda de garantías notoria e indudablemente improcedente, merced a que la determinación a que se arribó no variará aún con las pruebas que eventualmente allegaran las partes, pues como se expuso, los actos reclamados no provienen de autoridades para efectos del amparo. Notifíquese por lista a la parte promovente por haber señalado los estrados de este Juzgado para oír y recibir notificaciones.
- Principal
Requiérase al promovente, para que dentro del término de cinco días contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, bajo protesta de decir verdad, por escrito y con las copias de ley, a saber: Una para el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y cuatro para las autoridades responsables, en su caso, aclare su demanda en lo siguiente: Manifieste con precisión cuál es el acto que reclama de las autoridades responsables, para lo cual deberá expresar si éste lo hace consistir en la omisión del trámite para el retiro anticipado que refiere en el punto 5 del capítulo de antecedentes de su demanda; y, en caso afirmativo deberá exponer si en lo particular ya instó ante las responsables el trámite respectivo. En el entendido que en el caso de que el acto reclamado lo haga consistir en la omisión de contestación a alguna petición en particular, con relación a los derechos de seguridad social que como policía pueda tener, deberá expresar en qué consiste la misma y exponer la forma en la que se formuló ante las responsables. Además, deberá precisar con exactitud cuál es el número de juicio de amparo promovido de su parte, y exponer el estado procesal del mismo; toda vez que el expediente 609/2016, que refiere fue promovido por diverso quejoso, no por el impetrante. Lo anterior, a fin de estar en aptitud de emitir pronunciamiento en torno a la procedencia del juicio de amparo y, en su caso, establecer con precisión la litis constitucional. Bajo apercibimiento que de no dar cumplimiento al requerimiento apuntado, dentro del término concedido, su demanda se tendrá por no presentada, conforme a lo dispuesto por el numeral 114, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo. Téngase por señalados los estrados de este Juzgado para oír y recibir notificaciones y por autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a los licenciados Gabino Acevedo García y Francisco Javier Franco Zazueta. Notifíquese por lista a la parte promovente por haber señalado los estrados de este Juzgado para oír y recibir notificaciones.
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