Teodoro Fuentes León
Expediente 389/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 23 de junio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 389/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 23/06/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Teodoro Fuentes León
Actuaciones
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, veintitrés de junio de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede, en la cual se hace constar que al día de hoy no se interpuso queja contra el auto que desechó la demanda. En consecuencia, con fundamento en los artículos 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que el mismo ha causado estado. Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como asunto concluido. Por otra parte, en acatamiento al artículo 21, inciso d), del Acuerdo General sin número de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, el presente expediente carece de relevancia histórica y documental, por lo que es susceptible de destrucción. Notifíquese por medio de lista a la parte quejosa.
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, once de junio de dos mil veintiuno. Agréguese el oficio enviado por el Actuario Judicial adscrito al Juzgado Décimo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, por medio del cual remite sin diligenciar el exhorto 106/2021, número de orden 106/2021, por el cual se solicitó notificar el desechamiento de la demanda de amparo dictado el once de mayo de dos mil veintiuno a la parte quejosa, por los motivos que expone. En ese sentido, con fundamento en el artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo, se ordena notificar por medio de lista que se fija en los estrados de este juzgado de Distrito a la parte quejosa el citado proveído y subsecuentes, hasta en tanto señale diverso domicilio para oír y recibir notificaciones de carácter personal dentro de la residencia de este órgano jurisdiccional. ACUERDO DE ONCE DE MAYO DE DOS MIL VEINTIUNO Naucalpan de Juárez, Estado de México, once de mayo de dos mil veintiuno. ANOTACIONES Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por ... por propio derecho, contra actos del Juez de Control con residencia en Tlalnepantla de Baz, Estado de México, la licenciada María del Carmen Quiroz Palomino; fórmese expediente con el número 389/2021-IV, que le correspondió en el libro de gobierno que se lleva en este órgano jurisdiccional. ACTO RECLAMADO La negativa por parte de la Juez de Control con residencia en Tlalnepantla de Baz, Estado de México, de acordar favorable la solicitud formulada el quince de abril del año en curso, por el quejoso en su calidad de víctima, con la finalidad de generar una audiencia para debatir respecto de las omisiones en que ha incurrido la agente del Ministerio Público de investigación adscrito a la Mesa III, de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción con residencie en Tlalnepantla de Baz y Naucalpan, Estado de México. DESECHAMIENTO De la lectura integral de la demanda se advierte que en el presente asunto se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII, del numeral 61, de la Ley de Amparo, el cual dispone lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo;.". Al respecto, debe señalarse que el juicio de amparo constituye un medio extraordinario para invalidar los actos de autoridad conculcatorios de derechos humanos, motivo por el cual, su estructura se funda en diversos principios o postulados básicos que lo distinguen de los restantes medios legales de defensa común. Dichos principios generales del juicio de amparo, se encuentran previstos en el artículo 107 de la Constitución General de la República, entre los que se encuentra el de definitividad, que tiene por objeto restringir la procedencia de la acción constitucional. En efecto, el principio de definitividad del juicio de amparo obliga a la parte quejosa a agotar previamente a su interposición, los recursos ordinarios o medios de defensa legales que la ley que rige el acto reclamado establece para modificarlo, revocarlo o nulificarlo, pues, como se dijo, el juicio de amparo se concibió como un medio extraordinario de defensa, lo que significa que sólo procede en casos excepcionales, como lo son, entre otros, aquellos no susceptibles de ser revisados a través de los citados recursos o medios de defensa ordinarios. En ese contexto, la causa de improcedencia prevista en el artículo y fracción transcritos, contempla el principio de definitividad que rige el juicio de amparo, el cual supone el agotamiento o ejercicio previo y necesario de todos los recursos que la ley que rige el acto reclamado establece para atacarlo, de tal suerte que, existiendo dicho medio ordinario de impugnación, el amparo deviene improcedente. Asimismo, es de precisar que tales medios de defensa deben tener una existencia legal, es decir, deben estar previstos en la ley normativa del acto o de los actos que se impugnen, y para que tenga la parte quejosa la obligación de agotarlos previamente a la interposición del juicio constitucional, debe existir entre éste y aquél, una relación directa de idoneidad, es decir, que el medio común de defensa esté previsto por la ley que rige el acto impugnado. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 447, visible en la página 297, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995 que establece: "RECURSOS ORDINARIOS. El hecho de no hacer valer los procedentes contra un fallo ante los tribunales ordinarios, es causa de improcedencia del amparo que se enderece contra ese fallo" En ese sentido, se observa que en cuanto al acto reclamado por la parte quejosa, antes de ocurrir al juicio de amparo indirecto, ésta debió agotar el recurso de revocación previsto por el artículo 465 del Código Nacional de Procedimientos Penales, cuyo efecto sería modificar, revocar o nulificar dicho acto de autoridad, pues dicho precepto legal establece que el recurso de revocación procederá en cualquiera de las etapas del procedimiento penal en las que interviene la autoridad judicial en contra de las resoluciones de mero trámite que se resuelvan sin sustanciación; asimismo, dicho numeral precisa que el objeto de ese recurso será que el mismo órgano jurisdiccional que dictó la resolución impugnada la examine de nueva cuenta y dicte la resolución que corresponda; motivo por el que debe agotarse dicho medio de defensa antes de acudir al juicio de amparo indirecto, a fin de cumplir con el principio de definitividad. Del anterior precepto se advierte que respecto del acto reclamado en estudio, el ordenamiento aplicable prevé como medio defensa la revocación, mismo que puede tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto impugnado en esta vía, y que se funda como un medio ordinario de defensa procedente. De ahí que, la parte quejosa, estaba en aptitud de interponer el recurso de revocación mencionado, antes de ocurrir al juicio de amparo indirecto. Sirve de apoyo a lo anterior, por las razones que sostiene la tesis I.8o.P.25 P (10a.), del Octavo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, visible en la página 2103, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 68, Julio de 2019, Tomo III, de la Décima Época, del tenor literal siguiente: "AUDIENCIA PARA LA SUSTANCIACIÓN DEL RECURSO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. CONTRA EL ACUERDO QUE DECLARA IMPROCEDENTE CONVOCAR A SU CELEBRACIÓN DEBE AGOTARSE EL RECURSO DE REVOCACIÓN ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 465 DEL PROPIO ORDENAMIENTO, PREVIO A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. En términos del artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, el juicio de amparo es improcedente contra resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales proceda algún recurso o medio de defensa dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan modificarse, revocarse o nulificarse, sin que exista obligación de agotarlo si el acto reclamado se ubica en alguna de las excepciones previstas en la propia fracción de ese precepto. Por su parte, del artículo 465 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se advierte que el recurso de revocación procede ante el órgano jurisdiccional que dictó la resolución impugnada, contra las resoluciones de mero trámite que se resuelvan sin sustanciación, en cualquiera de las etapas del procedimiento penal en las que interviene la autoridad judicial; además, conforme al diverso numeral 456 de este ordenamiento, las resoluciones judiciales sólo podrán ser recurridas por los medios y en los casos establecidos por el propio código. Ahora bien, como el acuerdo del Juez de control que determina que es improcedente convocar a la audiencia para la sustanciación del recurso previsto en el artículo 258 del código citado, es de mero trámite, pues en él no se analiza el fondo de la cuestión planteada, en su contra procede el recurso de revocación, cuyo efecto sería modificar, revocar o nulificar dicho acto de autoridad, motivo por el que debe agotarse dicho medio de defensa antes de acudir al juicio de amparo indirecto, a fin de cumplir con el principio de definitividad". En tales condiciones, de conformidad con el artículo 61, fracción XVIII y 113, ambos de la Ley de Amparo, se desecha de plano por notoriamente improcedente la demanda de amparo de que se trata. DOMICILIO Y AUTORIZADOS. Tomando en cuenta que el domicilio designado para oír y recibir notificaciones se encuentra fuera de la jurisdicción de este órgano jurisdiccional (Naucalpan de Juárez) hasta en tanto se señale algún domicilio dentro del municipio anterior, todas las notificaciones aun las de carácter personal, se le harán por medio de lista que se publica en los estrados de este juzgado, de acuerdo con el artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo, sin perjuicio de que este juzgado ordene, cuando así lo estime conveniente, la notificación en términos del artículo 26, fracción I, inciso k) de la Ley de Amparo. Téngase como correos electrónicos los que indica a fin de que este Juzgado establezca contacto en los casos en que se estime necesario. Por otra parte, se tiene por autorizados a las personas que se mencionan en términos del artículo 12, primer párrafo de la Ley de Amparo, siempre y cuando tengan cédula para ejercer la profesión de licenciado en derecho; de lo contrario, sólo para el efecto de oír y recibir notificaciones e imponerse de autos. Tomando en cuenta la relevancia que guarda el presente proveído se ordena por única ocasión notificarlo a la parte quejosa en el domicilio ubicado en: Calle Miguel Lerdo de Tejada, número exterior 135, número interior 1 y 2, Colonia San Mateo, Alcaldía Azcapotzalco, en la Ciudad de México, código postal 02490. En consecuencia, con fundamento en el artículo 27, fracción II y III de la Ley de Amparo, y 158 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, gírese atenta comunicación oficial vía electrónica al Juzgado de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, en turno, para que en auxilio y por comisión de las labores de este órgano jurisdiccional, notifique la presente determinación a la parte quejosa en el citado domicilio corriéndole traslado con copia simple de dicha determinación. Con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se faculta al juez exhortado para que en caso de ser necesario, habilite días y horas inhábiles, a fin de realizar la diligencia encomendada. Dada la naturaleza de la comunicación oficial, enviada vía electrónica, de conformidad con el artículo 110 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, la devolución de las constancias respectivas, deberá realizarse mediante el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles. TRANSPARENCIA. Conforme a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace del conocimiento de las partes que pueden manifestar por escrito su oposición a que se publiquen sus datos personales, con independencia de que este juzgado, por conducto de los Secretarios y Actuarios, al elaborarse la versión pública, suprima dicha información. EXPEDIENTE ELECTRÓNICO. Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, se instruye al personal operativo la oportuna digitalización de manera legible de las constancias que integren el presente asunto; y a los Secretarios y Actuarios, supervisar y dar fe que el expediente electrónico coincida fielmente con el impreso, así como, en la versión pública y listas de publicación, respectivamente, supervisar que se cumpla con la protección de datos personales conforme lo anotado en el párrafo precedente. EXHORTACIÓN A TRAMITAR ASUNTOS EN LÍNEA. En términos del artículo 22 fracción I del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a las partes a que, de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del presente asunto mediante el esquema de juicio en línea. Notifíquese por medio de exhorto a la parte quejosa.
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, once de mayo de dos mil veintiuno. ANOTACIONES Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por ... por propio derecho, contra actos del Juez de Control con residencia en Tlalnepantla de Baz, Estado de México, la licenciada María del Carmen Quiroz Palomino; fórmese expediente con el número 389/2021-IV, que le correspondió en el libro de gobierno que se lleva en este órgano jurisdiccional. ACTO RECLAMADO La negativa por parte de la Juez de Control con residencia en Tlalnepantla de Baz, Estado de México, de acordar favorable la solicitud formulada el quince de abril del año en curso, por el quejoso en su calidad de víctima, con la finalidad de generar una audiencia para debatir respecto de las omisiones en que ha incurrido la agente del Ministerio Público de investigación adscrito a la Mesa III, de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción con residencie en Tlalnepantla de Baz y Naucalpan, Estado de México. DESECHAMIENTO De la lectura integral de la demanda se advierte que en el presente asunto se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII, del numeral 61, de la Ley de Amparo, el cual dispone lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo;.". Al respecto, debe señalarse que el juicio de amparo constituye un medio extraordinario para invalidar los actos de autoridad conculcatorios de derechos humanos, motivo por el cual, su estructura se funda en diversos principios o postulados básicos que lo distinguen de los restantes medios legales de defensa común. Dichos principios generales del juicio de amparo, se encuentran previstos en el artículo 107 de la Constitución General de la República, entre los que se encuentra el de definitividad, que tiene por objeto restringir la procedencia de la acción constitucional. En efecto, el principio de definitividad del juicio de amparo obliga a la parte quejosa a agotar previamente a su interposición, los recursos ordinarios o medios de defensa legales que la ley que rige el acto reclamado establece para modificarlo, revocarlo o nulificarlo, pues, como se dijo, el juicio de amparo se concibió como un medio extraordinario de defensa, lo que significa que sólo procede en casos excepcionales, como lo son, entre otros, aquellos no susceptibles de ser revisados a través de los citados recursos o medios de defensa ordinarios. En ese contexto, la causa de improcedencia prevista en el artículo y fracción transcritos, contempla el principio de definitividad que rige el juicio de amparo, el cual supone el agotamiento o ejercicio previo y necesario de todos los recursos que la ley que rige el acto reclamado establece para atacarlo, de tal suerte que, existiendo dicho medio ordinario de impugnación, el amparo deviene improcedente. Asimismo, es de precisar que tales medios de defensa deben tener una existencia legal, es decir, deben estar previstos en la ley normativa del acto o de los actos que se impugnen, y para que tenga la parte quejosa la obligación de agotarlos previamente a la interposición del juicio constitucional, debe existir entre éste y aquél, una relación directa de idoneidad, es decir, que el medio común de defensa esté previsto por la ley que rige el acto impugnado. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 447, visible en la página 297, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995 que establece: "RECURSOS ORDINARIOS. El hecho de no hacer valer los procedentes contra un fallo ante los tribunales ordinarios, es causa de improcedencia del amparo que se enderece contra ese fallo" En ese sentido, se observa que en cuanto al acto reclamado por la parte quejosa, antes de ocurrir al juicio de amparo indirecto, ésta debió agotar el recurso de revocación previsto por el artículo 465 del Código Nacional de Procedimientos Penales, cuyo efecto sería modificar, revocar o nulificar dicho acto de autoridad, pues dicho precepto legal establece que el recurso de revocación procederá en cualquiera de las etapas del procedimiento penal en las que interviene la autoridad judicial en contra de las resoluciones de mero trámite que se resuelvan sin sustanciación; asimismo, dicho numeral precisa que el objeto de ese recurso será que el mismo órgano jurisdiccional que dictó la resolución impugnada la examine de nueva cuenta y dicte la resolución que corresponda; motivo por el que debe agotarse dicho medio de defensa antes de acudir al juicio de amparo indirecto, a fin de cumplir con el principio de definitividad. Del anterior precepto se advierte que respecto del acto reclamado en estudio, el ordenamiento aplicable prevé como medio defensa la revocación, mismo que puede tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto impugnado en esta vía, y que se funda como un medio ordinario de defensa procedente. De ahí que, la parte quejosa, estaba en aptitud de interponer el recurso de revocación mencionado, antes de ocurrir al juicio de amparo indirecto. Sirve de apoyo a lo anterior, por las razones que sostiene la tesis I.8o.P.25 P (10a.), del Octavo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, visible en la página 2103, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 68, Julio de 2019, Tomo III, de la Décima Época, del tenor literal siguiente: "AUDIENCIA PARA LA SUSTANCIACIÓN DEL RECURSO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. CONTRA EL ACUERDO QUE DECLARA IMPROCEDENTE CONVOCAR A SU CELEBRACIÓN DEBE AGOTARSE EL RECURSO DE REVOCACIÓN ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 465 DEL PROPIO ORDENAMIENTO, PREVIO A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. En términos del artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, el juicio de amparo es improcedente contra resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales proceda algún recurso o medio de defensa dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan modificarse, revocarse o nulificarse, sin que exista obligación de agotarlo si el acto reclamado se ubica en alguna de las excepciones previstas en la propia fracción de ese precepto. Por su parte, del artículo 465 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se advierte que el recurso de revocación procede ante el órgano jurisdiccional que dictó la resolución impugnada, contra las resoluciones de mero trámite que se resuelvan sin sustanciación, en cualquiera de las etapas del procedimiento penal en las que interviene la autoridad judicial; además, conforme al diverso numeral 456 de este ordenamiento, las resoluciones judiciales sólo podrán ser recurridas por los medios y en los casos establecidos por el propio código. Ahora bien, como el acuerdo del Juez de control que determina que es improcedente convocar a la audiencia para la sustanciación del recurso previsto en el artículo 258 del código citado, es de mero trámite, pues en él no se analiza el fondo de la cuestión planteada, en su contra procede el recurso de revocación, cuyo efecto sería modificar, revocar o nulificar dicho acto de autoridad, motivo por el que debe agotarse dicho medio de defensa antes de acudir al juicio de amparo indirecto, a fin de cumplir con el principio de definitividad". En tales condiciones, de conformidad con el artículo 61, fracción XVIII y 113, ambos de la Ley de Amparo, se desecha de plano por notoriamente improcedente la demanda de amparo de que se trata. DOMICILIO Y AUTORIZADOS. Tomando en cuenta que el domicilio designado para oír y recibir notificaciones se encuentra fuera de la jurisdicción de este órgano jurisdiccional (Naucalpan de Juárez) hasta en tanto se señale algún domicilio dentro del municipio anterior, todas las notificaciones aun las de carácter personal, se le harán por medio de lista que se publica en los estrados de este juzgado, de acuerdo con el artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo, sin perjuicio de que este juzgado ordene, cuando así lo estime conveniente, la notificación en términos del artículo 26, fracción I, inciso k) de la Ley de Amparo. Téngase como correos electrónicos los que indica a fin de que este Juzgado establezca contacto en los casos en que se estime necesario. Por otra parte, se tiene por autorizados a las personas que se mencionan en términos del artículo 12, primer párrafo de la Ley de Amparo, siempre y cuando tengan cédula para ejercer la profesión de licenciado en derecho; de lo contrario, sólo para el efecto de oír y recibir notificaciones e imponerse de autos. Tomando en cuenta la relevancia que guarda el presente proveído se ordena por única ocasión notificarlo a la parte quejosa en el domicilio ubicado en: Calle Miguel Lerdo de Tejada, número exterior 135, número interior 1 y 2, Colonia San Mateo, Alcaldía Azcapotzalco, en la Ciudad de México, código postal 02490. En consecuencia, con fundamento en el artículo 27, fracción II y III de la Ley de Amparo, y 158 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, gírese atenta comunicación oficial vía electrónica al Juzgado de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, en turno, para que en auxilio y por comisión de las labores de este órgano jurisdiccional, notifique la presente determinación a la parte quejosa en el citado domicilio corriéndole traslado con copia simple de dicha determinación. Con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se faculta al juez exhortado para que en caso de ser necesario, habilite días y horas inhábiles, a fin de realizar la diligencia encomendada. Dada la naturaleza de la comunicación oficial, enviada vía electrónica, de conformidad con el artículo 110 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, la devolución de las constancias respectivas, deberá realizarse mediante el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles. TRANSPARENCIA. Conforme a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace del conocimiento de las partes que pueden manifestar por escrito su oposición a que se publiquen sus datos personales, con independencia de que este juzgado, por conducto de los Secretarios y Actuarios, al elaborarse la versión pública, suprima dicha información. EXPEDIENTE ELECTRÓNICO. Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, se instruye al personal operativo la oportuna digitalización de manera legible de las constancias que integren el presente asunto; y a los Secretarios y Actuarios, supervisar y dar fe que el expediente electrónico coincida fielmente con el impreso, así como, en la versión pública y listas de publicación, respectivamente, supervisar que se cumpla con la protección de datos personales conforme lo anotado en el párrafo precedente. EXHORTACIÓN A TRAMITAR ASUNTOS EN LÍNEA. En términos del artículo 22 fracción I del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a las partes a que, de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del presente asunto mediante el esquema de juicio en línea. Notifíquese por medio de exhorto a la parte quejosa.
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