Teodoro Domínguez Torres

Expediente 981/2018 tramitado ante el Juzgado Decimoséptimo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa. 2 actuaciones registradas, la última del 14 de marzo de 2019.

Datos del expediente

Expediente
981/2018
Año
2018
Actuaciones
2
Última actuación
14/03/2019

Partes del expediente

  • Teodoro Domínguez Torres

Actuaciones

  1. Principal

    Notifíquese personalmente a las partes...

  2. Principal

    Debido a que la parte quejosa no compareció a notificarse personalmente dentro del término concedido, con fundamento en el artículo 27, fracción I, inciso c, se publica el acuerdo de catorce de marzo de dos mil diecinueve, que en lo conducente dice: Xalapa de Enríquez, Veracruz, catorce de marzo de dos mil diecinueve. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que mediante proveído de seis de noviembre del dos mil dieciocho (foja 54), se suspendió el procedimiento en el presente juicio de amparo con motivo del recurso de queja interpuesto por la autoridad responsable, hasta en tanto ésta se resolviera y, puesto que ello ya aconteció; se reanuda el procedimiento y se provee en los siguientes términos: Téngase por recibido el oficio de cuenta, con el que la Secretaria del Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, con residencia en esta ciudad, remite el testimonio de la resolución emitida en sesión de veintisiete de febrero del año en curso, en el recurso de queja XXXXXXXXXXX de su índice, cuyo punto resolutivo es del tenor literal siguiente: "ÚNICO. Se declara fundado el recurso de queja interpuesto por el Ayuntamiento Constitucional de Actopan, Veracruz, contra el auto dictado el uno de octubre de dos mil dieciocho, por el Juzgado Decimoséptimo de Distrito en el Estado, con residencia en esta ciudad, en el juicio de amparo indirecto 981/2018 promovido por XXXXXXXXXXX." En consecuencia, acúsese recibo al Tribunal oficiante, hágase lo anterior del conocimiento de las partes; y realícense las anotaciones de rigor en el libro de gobierno correspondiente, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E). Ahora, en cumplimiento a lo ordenado por la superioridad al efecto se provee: DESECHAMIENTO PROPUESTA DEMOSTRATIVA El artículo 113 de la Ley de Amparo prevé que el Juez de Distrito, ante todo, examinará la demanda de amparo y, en caso que encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, deberá desecharla de plano. HIPÓTESIS NORMATIVA De la lectura integral del escrito que se provee, se advierte que es manifiesta e indudable la actualización de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el número 217, primer párrafo, ambos de la Ley de Amparo, que establecen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 217. La jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en pleno o en salas, es obligatoria para éstas tratándose de la que decrete el pleno, y además para los Plenos de Circuito, los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de los Estados y del Distrito Federal, y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales. El primer artículo transcrito establece que la improcedencia del juicio de amparo puede sustentarse en alguna disposición legal diversa de las previstas casuísticamente en éste. Mientras que, el artículo 217 de la Ley de Amparo, establece que la jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en pleno o en salas, es obligatoria para los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de los Estados y del Distrito Federal, y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales. Además, cabe mencionar el contenido de los artículos 223 y 224 de la Ley Estatal del Servicio Civil de Veracruz, establecen: Artículo 223. El Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje o las Salas, tienen obligación de proveer a la eficaz e inmediata ejecución de los laudos y, a ese efecto, dictarán todas las medidas necesarias en la forma y términos que a su juicio sean procedentes. Artículo 224. Cuando se pida la ejecución de un laudo, el Tribunal o las Salas pronunciarán la resolución correspondiente y comisionarán a un Actuario o librarán exhorto en su caso, a quien corresponda, a fin de que, en unión de la parte que obtuvo, se constituyan en el domicilio del condenado y lo requieran para que cumpla la resolución, apercibiéndolo de que de no hacerlo se procederá conforme a lo dispuesto en este artículo. Cuando la parte condenada sea una autoridad estatal o municipal, el laudo deberá cumplirse dentro de un plazo de quince días contados a partir del siguiente al en que surta efectos su notificación. Transcurrido este plazo sin que la autoridad haya dado cumplimiento al laudo, el Tribunal dictará auto de requerimiento de pago y embargo y lo notificará a la parte condenada, aplicando en lo conducente las disposiciones relativas al procedimiento de embargo, previstas en la Ley Federal del Trabajo, con la finalidad de ejecutar de manera completa esta resolución hasta lograr el pago íntegro de todas las prestaciones adeudadas, atendiendo a lo dispuesto por la Ley de Bienes y el Código Hacendario Municipal, ambos ordenamientos para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. De los preceptos transcritos se advierte que una vez dictado el laudo, el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Poder Judicial del Estado, con residencia en esta ciudad, tiene la obligación de ejecutarlo, pero al señalar "cuando se pida", se estima necesaria la intervención de la parte actora, aunado a que la fracción III del artículo 102 de la Ley Estatal del Servicio Civil del Estado de Veracruz, establece que las acciones para ejecutar las resoluciones del Tribunal de Conciliación y Arbitraje prescriben en dos años, lo que implica el consecuente impulso procesal del trabajador, con la sanción que de no hacerlo prescribirá la acción para ejecutarlo. En esa tesitura, debe destacarse que la continuación de la ejecución del laudo es siempre a petición de la parte titular del derecho, y que dicha solicitud debe hacerse cada vez que sea necesario, so pena de que inicie o reinicie el término prescriptivo de dos años, para ejecutar el laudo. HECHOS Del análisis integral del escrito de demanda se colige que el promovente señala como acto reclamado: La violación al artículo 17 Constitucional y el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos "Pacto de San José de Costa Rica", al omitir ejecutar el laudo o resolución firme, dentro del expediente XXXXXXXXXXX del índice del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Poder Judicial del Estado de Veracruz, en esta ciudad. Así, de los datos que se expresaron en la demanda de amparo, apreciada en su contexto, se obtiene que el acto reclamado se hace consistir en la omisión genérica de la autoridad responsable de ejecutar laudo. CONCLUSIÓN Así debe decirse que al reclamarse en el amparo indirecto, en forma genérica la omisión del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Poder Judicial del Estado, con residencia es esta ciudad, de proveer lo conducente para la ejecución del laudo dictado en el expediente número XXXXXXXXXXX, es un acto jurídicamente inexistente al momento de la presentación de la demanda de amparo y de realización incierta, en razón de que esas actuaciones están sujetas a la previa solicitud e impulso del ejecutante -parte quejosa-, por lo que no podría tenerse por actualizada la omisión genérica que en esos términos se atribuye a la autoridad responsable. Máxime que para la procedencia del juicio de amparo es necesario que se reclame un acto u omisión en concreto de la autoridad responsable, porque al Juez de amparo debe constreñirse en todo tiempo a lo reclamado por los justiciables y no puede abarcar futuros actos que pudieran o no emitirse en el procedimiento de ejecución forzosa, pues éstos, al requerir el impulso o intervención del ejecutante pudieran o no llegar a materializarse, sin embargo, de la lectura de la demanda se advierte que el solicitante del amparo se limitó a sostener como acto reclamado la omisión de la autoridad responsable de dictar los acuerdos e imponer las medidas de apremio y sanciones necesarias contempladas en la Ley de Estatal del Servicio Civil de Veracruz, además de negarse a dictar la medida de apremio consistente en el arresto hasta por treinta y seis horas, y embargar las cuentas del Ayuntamiento de manera genérica. Sin que del contenido integral de la demanda de amparo se observe que se reclame la omisión de un acto en particular por parte de la autoridad. Robustece lo anterior el siguiente criterio: Época: Décima Época Registro: 2000011 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro III, Diciembre de 2011, Tomo 4 Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 15/2011 (10a.) Página: 2771 EJECUCIÓN FORZOSA DE LAUDOS. AMPARO SOLICITADO CONTRA ACTUACIONES U OMISIONES EN ESA ETAPA. Conforme al artículo 950 de la Ley Federal del Trabajo, el procedimiento de ejecución forzosa del laudo inicia una vez transcurrido el término de 72 horas a que se refiere el numeral 945 de la propia Ley previa petición del ejecutante, siendo necesaria la intervención de éste en las diversas etapas que lo conforman. Ahora bien, de reclamarse en amparo indirecto, genéricamente, la omisión del Presidente de la Junta de proveer lo conducente para la ejecución forzosa del laudo, el juicio de amparo sería improcedente en términos de la fracción XVIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, en relación con la fracción IV del numeral 74 del propio ordenamiento, porque el acto reclamado sería jurídicamente inexistente al presentarse la demanda y además de realización incierta, en razón de que esas actuaciones están sujetas a la previa solicitud e impulso del ejecutante, razón por la cual no podría tenerse por actualizada la omisión genérica que en esos términos se atribuyera al Presidente ejecutor. Por el contrario, de reclamarse un acto u omisión en concreto, el análisis de la procedencia del juicio de amparo y, en su caso, del fondo del acto reclamado, así como los alcances de la eventual concesión de la protección federal solicitada, deberá constreñirse a los actos señalados por el quejoso y no abarcar aquellos actos futuros e inciertos que pudieran emitirse en el procedimiento de ejecución forzosa, pues éstos, al requerir el impulso e intervención del ejecutante, pudieran no llegar a materializarse." En consecuencia, se procede a DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO, con fundamento en los 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 217, primer párrafo, ambos de la Ley de Amparo. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno correspondiente, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Ahora bien, tomando en consideración la determinación emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, con residencia en esta ciudad, en la queja de trabajo XXXXXXXXXXX de su índice, se ordena el archivo en este asunto. En consecuencia, en cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación que este asunto es susceptible de destrucción, debido a que encuadra en la hipótesis de la fracción I del punto vigésimo primero del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo en el que se desechó la demanda de amparo, no existen documentos originales exhibidos por la parte quejosa y carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del citado punto; por lo cual, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberá transferirse al Centro de Documentación y Análisis, previa la anotación correspondiente en el Libro de Gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del Acuerdo normativo.

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