Teodoro Chávez Valencia
Expediente 925/2019 tramitado ante el Juzgado Decimotercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 2 actuaciones registradas, la última del 26 de noviembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 925/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 26/11/2019
Partes del expediente
- Teodoro Chávez Valencia
Actuaciones
- Principal
Ciudad de México, a veintiséis de noviembre de dos mil diecinueve. Agréguese al presente cuaderno de antecedentes el oficio de cuenta, proveniente del Juzgado Decimoprimero de Distrito en Materia Civil en esta ciudad, mediante el cual acusa recibo del oficio 18583/2019, por el que se remitió el juicio de amparo 925/2019 e informa que aceptó la competencia planteada por este órgano de control constitucional. En tal virtud, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como concluido y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado en sentido contrario, en su oportunidad envíese al archivo. En cumplimiento al punto décimo primero del acuerdo general conjunto 1/2009, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito, al tratarse de un cuaderno de antecedentes y no existir documentos originales, de conformidad con lo que establece el punto vigésimo, fracción I del acuerdo general en cita, se establece que este expediente es susceptible de destrucción en los seis meses posteriores al dictado de esta resolución, por lo que se señala como fecha probable para ello el veintinueve de mayo de dos mil veinte.
- Principal
Ciudad de México, a quince de noviembre de dos mil diecinueve. Vista la demanda promovida por Teodoro Chávez Valencia, contra actos de "Josafat Rodríguez Salazar" y otros, fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno bajo el orden 925/2019. Ahora, resulta necesario analizar el aspecto relacionado con la competencia de este juzgado para conocer del asunto planteado, en virtud de que el estudio de las cuestiones competenciales son de orden público y por tanto, preferentes. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 309 del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, Tomo XCVII, de rubro: "COMPETENCIA". En ese sentido, con fundamento en el artículo 48 de la Ley de Amparo, este órgano de control constitucional estima que no le corresponde el conocimiento del presente asunto, en virtud que los actos reclamados, consistentes en ".la anterior administradora y el administrador externo, por las violaciones graves a los Derechos Humanos reconocidos en el artículo 1° constitucional, al haber emitido una minuta de asamblea del 25 de octubre de 2019, tras objetarla de falsa de toda falsedad la minuta de asamblea, fue efectuada el día 26 de octubre de 2019, por presuntos actos de corrupción, conflicto de intereses y abuso de poder", son de naturaleza civil, por lo que se considera que un Juez de Distrito en Materia Civil en esta ciudad, es quien debe de conocer de los mismos, por los motivos que enseguida se exponen. En principio, conviene citar el artículo 51, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, que establece lo siguiente: "Artículo 51. Los jueces de distrito de amparo en materia penal conocerán: I. De los juicios de amparo que se promuevan contra resoluciones judiciales del orden penal; contra actos de cualquier autoridad que afecten la libertad personal, salvo que se trate de correcciones disciplinarias o de medios de apremio impuestos fuera de procedimiento penal, y contra los actos que importen peligro de privación de la vida, deportación, destierro o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; II. De los juicios de amparo que se promuevan conforme a la fracción VII del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los casos en que sea procedente contra resoluciones dictadas en los incidentes de reparación del daño exigible a personas distintas de los inculpados, o en los de responsabilidad civil, por los mismos tribunales que conozcan o hayan conocido de los procesos respectivos, o por tribunales diversos, en los juicios de responsabilidad civil, cuando la acción se funde en la comisión de un delito". Por su parte, el diverso numeral 54, fracción I, de la ley en cita, dispone: "Artículo 54. Los jueces de distrito de amparo en materia civil conocerán: I. De los amparos que se promuevan contra resoluciones de orden civil, en los casos que refiere la fracción VII del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; .". Con base en lo transcrito, se obtiene que este juzgado carece de competencia legal, por razón de materia, para conocer de los actos que se precisaron. Esto es así, porque se advierte que los actos que se impugnan no son del orden penal, pues se trata de un acto eminentemente civil, por lo que es incuestionable que la competencia para resolver el presente juicio de amparo corresponde a un Juez de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, de conformidad con el numeral 54 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Sirve de apoyo, la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 28 del Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, Tomo VIII, diciembre de 1998, de rubro: "COMPETENCIA POR MATERIA. SE DEBE DETERMINAR TOMANDO EN CUENTA LA NATURALEZA DE LA ACCIÓN Y NO LA RELACIÓN JURÍDICA SUSTANCIAL ENTRE LAS PARTES". En consecuencia, con fundamento en el artículo 48 de la Ley de Amparo, previo cuaderno de antecedentes que se forme y deje en este órgano de control constitucional, remítase este expediente al Juez de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, en turno, por conducto del Jefe de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en la misma materia y residencia, solicitando al juez correspondiente el acuse de recibo y la comunicación de la resolución que pronuncie al respecto. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el indicado. Con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de las notificaciones que de manera personal deban realizarse; en la inteligencia que de no ser posible su diligenciación por causas atribuibles a la parte que corresponda, se llevarán a cabo por medio de lista, de conformidad con el artículo 27 de la ley señalada, sin necesidad de posterior acuerdo.
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