Teodoro Avila Anzures

Expediente 551/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 15 actuaciones registradas, la última del 31 de julio de 2019.

Datos del expediente

Expediente
551/2019
Año
2019
Actuaciones
15
Última actuación
31/07/2019

Partes del expediente

  • Teodoro Avila Anzures

Actuaciones

Las 4 más recientes de 15.

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, treinta y uno de julio de dos mil diecinueve. Visto el estado de los autos en el juicio de amparo 551/2019-II, tomando en cuenta que ha transcurrido el término establecido por el artículo 86, de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido la sentencia dictada en el juicio de amparo el ocho de julio de dos mil diecinueve, en consecuencia, con fundamento en los artículos 2°, 22 y 31 de la Ley de Amparo antes invocada, en relación con el 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicha sentencia cuyo único punto resolutivo determinó sobreseer en el presente juicio de amparo, ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales correspondientes. En mérito de lo anterior, se ordena agregar a los autos el original del cuaderno incidental y previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado, archívese el presente asunto como totalmente concluido. Ahora bien, en acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de septiembre de dos mil nueve, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que deroga el diverso Acuerdo General 1/2001; en términos de lo establecido en el punto DÉCIMO PRIMERO, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Asimismo, se declara que el presente expediente es susceptible de destrucción, ya que se ubica en los supuestos a que se refiere la Disposición General Vigésimo Primero, del Capítulo Quinto, fracción II, del Acuerdo General referido en el párrafo anterior. De igual forma, se declara que el original del cuaderno incidental es susceptible de destrucción, debido que tal medida suspensiva se negó. Por otra parte, considerando que en el presente asunto se formó por duplicado y cuerda separada el incidente de suspensión, en esas condiciones, una vez que transcurran seis meses a partir de esta fecha, en cumplimiento al Punto Vigésimo, fracción III y Vigésimo Quinto, del Capítulo Quinto del Acuerdo General Conjunto 1/2009 procédase a la destrucción del duplicado. Por otra parte, toda vez que el JUEZ OCTAVO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL EN EL ESTADO DE MORELOS, remitió diversas constancias debiendo formarse el anexo I; en esas condiciones, devuélvase a la autoridad responsable el anexo de referencia, para los efectos legales a que haya lugar. Finalmente, instrúyase al actuario de la adscripción para que, en caso de que las autoridades a la que se libre oficio en vía de notificación, se encuentre gozando de su periodo vacacional, una vez que reanude labores proceda a notificar el contenido del presente auto, así como las demás notificaciones que se ordenen durante ese periodo vacacional. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante la secretaria Aletia González Huerta, que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos, diez de julio de dos mil diecinueve. Vista la razón actuarial que antecede, mediante la cual el Actuario de la adscripción manifiesta la imposibilidad de notificar el contenido de la sentencia de ocho de julio de dos mil diecinueve, a la parte tercero interesada GEORGINA GÓMEZ FLORES, por las razones que en la misma expone; lo que se agrega a los autos para que obre como corresponda. Por otro lado, agréguese a los autos el escrito signado por GEORGINA GÓMEZ FLORES, por propio derecho y en representación de su menor hijo Luis Ángel Ávila Gómez, mediante el cual se apersona a juicio, designa autorizados y domicilio para oír y recibir notificaciones. En atención a su contenido, con fundamento en el artículo 5°, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, téngase por apersonada al juicio de amparo en que se actúa y por reconocida su personalidad de parte tercera interesada; de igual forma, se tiene como domicilio para oír y recibir toda clase de notificaciones el ubicado en calle Francisco González Bocanegra, número 7 (antes 9), colonia Miguel Hidalgo, Cuernavaca Morelos, asimismo, téngase por autorizados para los efectos que apunta a las personas propuestas. En consecuencia, se comisiona al actuario judicial adscrito a este Juzgado, a fin de que se constituya en el domicilio antes precisado y notifique a la parte tercera interesada GEORGINA GÓMEZ FLORES, el contenido del presente acuerdo, así como de la resolución de ocho de julio del presente año, para los efectos legales a que hay lugar. Asimismo, por lo que respecta a la solicitud en el sentido de que se autorice la utilización de medios electrónicos para copiar y reproducir las constancias procesales y autos que se decreten en el presente juicio de amparo, en términos de la circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; al respecto se acuerda: En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, en términos del artículo 17 Constitucional, se le autoriza la copia de actuaciones por medios electrónicos como escaners, cámaras digitales o cualquier otro dispositivo eléctrico o electrónico; no obstante a ello, dichas herramientas deberán ser utilizadas con lealtad procesal, sin que se puedan reproducir documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición legal expresa o si previamente debe mediar una notificación personal a la parte interesada en obtener la reproducción; asimismo, por seguridad jurídica, se deberá dejar constancia en autos de tal acto, sin que implique que la fe pública del Secretario de Acuerdos quede comprometida respecto de la posterior reproducción o edición que hagan los interesados. Lo anterior, encuentra sustento en lo conducente, en la tesis I.3o.C.725C, localizada en la novena época, sustentada por los Tribunales Colegiados de Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXIX, marzo de dos mil nueve, página 2847. Por otra parte, visto el estado procesal que guarda el presente juicio de amparo, se advierte que el ocho de julio del año en curso, se dictó la sentencia respectiva; por lo tanto, se ordena agregar el cuaderno de antecedentes correspondiente y se provee respecto al oficio presentado el cinco de julio del presente año, por el Juzgado Octavo Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial en el Estado de Morelos. En atención a su contenido, únicamente se agrega a los autos para que obre como corresponda, sin hacer mayor pronunciamiento toda vez que ya se emitió sentencia dentro de los presentes autos. Notifíquese y personalmente a la parte tercero interesada. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante la secretaria Aletia González Huerta, que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Vistos los autos para resolver el juicio de amparo 551/2019-II, promovido por Teodoro Ávila Anzures por propio derecho y en representación de su menor hijo Luis Ángel Ávila Gómez, y R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el veintitrés de abril de dos mil diecinueve, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, turnado y recibido al día siguiente en este Juzgado de Distrito, Teodoro Ávila Anzures por propio derecho y en representación de su menor hijo Luis Ángel Ávila Gómez, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos del Juez Octavo Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial en el Estado y Actuario adscrito. SEGUNDO. Trámite de la demanda. Previo desahogo de la prevención formulada, el treinta de abril de dos mil diecinueve, se admitió a trámite la demanda promovida por Teodoro Ávila Anzures por propio derecho y en representación de su menor hijo Luis Ángel Ávila Gómez, se solicitó el informe justificado de las autoridades responsables; se dio la intervención correspondiente al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, se ordenó el emplazamiento de la tercera interesada, se requirió al Instituto de la Defensoría Pública Federal Delegación Morelos para que designara un representante especial al menor quejoso, se fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual previo diferimiento se inició en términos del acta de veinticinco de junio de dos mil diecinueve (foja 107). C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, 33 fracción IV, 35, 37, 114 y 116 de la Ley de Amparo; 1º fracción V, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece, en lo conducente, que los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en la ciudad de Cuernavaca, ejercerán jurisdicción en el Circuito Judicial conformado por el territorio de la propia Entidad Federativa; siendo en ésta donde reside la autoridad a quien se atribuye el acto reclamado. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Como está señalado en el artículo 74, fracción I de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe fijar de forma clara y precisa el acto reclamado. En ese orden de ideas, se aprecia que los actos reclamados por la parte quejosa consisten en: La diligencia de catorce de abril de dos mil diecinueve a través de la cual se hizo entrega del menor Luis Ángel Ávila Gómez en cumplimiento a la resolución emitida el dos de abril de dos mil diecinueve, dictada en el juicio 139/2019-2; no así la mencionada determinación judicial, en virtud de que del estudio integral de la demanda sólo se alegan diversas violaciones formales en la ejecución de ésta ordenada por el juez responsable, y no propiamente las consideraciones que rigen ese mandato judicial. Sin que se tengan como actos destacados lo que se identificó como el exceso en las funciones de las autoridades y la omisión de tomar en cuenta la medida provisional de guarda y custodia que le fue concedida al quejoso respecto a su menor hijo, así como el desacato al mandato judicial que le confirió la Juez Primero Civil del Primer Distrito Judicial en el Estado de Morelos en el expediente 137/2019, la negativa de dejar copia al carbón de la diligencia impugnada y el no tomar en consideración el interés superior del menor durante el desahogo de la diligencia efectuada el catorce de abril de dos mil diecinueve, toda vez que estas fueron violaciones formales que alega se verificaron al desahogar la diligencia impugnada; de ahí que se tenga como motivos de inconformidad en contra del mismo, al ser evidente que constituyen calificativos de dicha actuación. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Son ciertos los actos reclamados al Juez Octavo Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial en el Estado y Actuario adscrito, toda vez que de las constancias que remitió el Juez se advierte que el catorce de abril de dos mil diecinueve se requirió a Teodoro Ávila Anzures la entrega del menor Luis Ángel Ávila Gómez, en cumplimiento a la resolución de dos de abril de dos mil diecinueve dictada en el juicio 139/2019-2, que decretó de manera provisional la guarda y custodia del menor quejoso a favor de su progenitora Georgina Gómez Flores; cuyo acto no se llevó a cabo motu proprio por parte del citado actuario, sino en estricto acatamiento a la instrucción emanada del referido juez responsable, de ahí la certeza de los actos reclamados a ambas autoridades. Documentales que tienen pleno valor probatorio, de acuerdo a lo establecido en los artículos 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. CUARTO. Causales de improcedencia. Previo al estudio de los conceptos de violación que esgrime la quejosa, debe verificarse la procedencia de este juicio, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, de conformidad con lo que establece el artículo 62 de la Ley de Amparo; pues de resultar acreditada alguna causa de improcedencia, advertida por el juzgador o mencionada por las partes, habría imposibilidad para examinar la constitucionalidad de los actos reclamados. En el caso, el Juez responsable al rendir su informe justificado comunicó que el catorce de abril de dos mil diecinueve se requirió a Teodoro Ávila Anzures la entrega del menor Luis Ángel Ávila Gómez, en cumplimiento a la resolución de dos de abril de dos mil diecinueve dictada en el juicio 139/2019-2, en la decretó de manera provisional la guarda y custodia de menor quejoso a favor de su progenitora Georgina Gómez Flores. Además, señaló que el veintitrés de abril del año en curso, el ahora quejoso promovió incidente de nulidad de actuaciones en contra de la diligencia de requerimiento del menor, realizada el catorce de abril de dos mil diecinueve; el cual fue admitido el veinticuatro de abril siguiente. Por consiguiente a petición de este Juzgado Federal el veintiuno de mayo de dos mil diecinueve, el Juzgado Octavo Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial en el Estado remitió copias certificadas de las constancias relativas al incidente de nulidad de actuaciones que el impetrante interpuso en el juicio de controversia del orden familiar sobre guarda, custodia, depósito y alimentos 139/2019-2; documentales a las que se les concede valor probatorio, de acuerdo a lo establecido en los artículos 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de las que se destaca lo siguiente: 1.- Mediante escrito presentado el veintitrés de abril de dos mil diecinueve y registrado bajo el folio 3770, Teodoro Ávila Anzures por propio derecho y en representación de su menor hijo Luis Ángel Ávila Gómez promovió incidente de nulidad de actuaciones, dentro del dentro del expediente 139/2019-2 del índice del Juzgado Octavo Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial en el Estado, en contra de la diligencia de requerimiento de entrega de su menor hijo Luis Ángel Ávila Gómez, llevada a cabo el catorce de abril de dos mil diecinueve. 2.- El veinticuatro de abril siguiente, fue admitida la incidencia interpuesta. 3.- Por auto de quince de mayo de dos mil diecinueve, se señalaron las diez horas del veintinueve de mayo de dos mil diecinueve para el verificativo de la audiencia indiferible, con motivo de que se encontraba pendiente el desahogo de un medio de convicción. Sin que a la fecha el citado incidente de nulidad de actuaciones, haya sido resuelto, al no obrar prueba en contrario. En ese sentido, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIX de la Ley de Amparo, en atención a que se encuentra en trámite ante el tribunal ordinario (Juzgado Octavo Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial en el Estado) un medio de defensa legal propuesto por el propio quejoso que puede tener por efecto modificar, revocar o nulificar los actos reclamados. Para justificar lo anterior, se estima pertinente citar el invocado precepto legal: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XIX. Cuando se esté tramitando ante los tribunales ordinarios algún recurso o medio de defensa legal propuesto por el quejoso que pueda tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto reclamado." Al respecto, el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha pronunciado en el sentido de que el señalado motivo de improcedencia se actualiza siempre y cuando el aludido recurso o medio de defensa legal resulte ser el idóneo para propiciar la insubsistencia legal del acto reclamado, y a condición de que se encuentre debidamente admitido, puesto que, para que se verifique ese supuesto normativo, es imprescindible que concurran las circunstancias siguientes: a).- Que sea el propio quejoso quien haya interpuesto el recurso o medio legal de defensa en contra del mismo acto de autoridad respecto del cual se solicita el amparo. b).- Que el recurso o medio de defensa legal conducente haya sido admitido y se esté tramitando cuando se resuelva el juicio de garantías; y, c).- Que el recurso o medio de defensa legal del que se habla constituya la vía idónea de impugnación para conducir a la insubsistencia legal del mismo acto de autoridad señalado como acto reclamado en la demanda de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia P./J. 144/2000 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro 190665, que es del rubro que se transcribe a continuación: "IMPROCEDENCIA. LA CAUSAL PREVISTA EN LA FRACCIÓN XIV DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO REQUIERE QUE EL RECURSO O DEFENSA LEGAL PROPUESTO SE HUBIERA ADMITIDO, SE ESTÉ TRAMITANDO AL RESOLVERSE EL AMPARO Y SEA EL IDÓNEO PARA OBTENER LA REVOCACIÓN O MODIFICACIÓN DEL ACTO RECLAMADO." En el caso, concurren los requisitos aludidos para que opere la causa de improcedencia en estudio. El primer requisito previsto en el inciso a), consistente que sea el propio quejoso quien haya interpuesto el recurso o medio legal de defensa en contra del mismo acto de autoridad respecto del cual se solicita el amparo, quedó demostrado, dado que el peticionario del amparo Teodoro Ávila Anzures compareció al presente juicio constitucional por propio derecho y en representación de su menor hijo reclamando la diligencia de requerimiento de entrega de Luis Ángel Ávila Gómez, llevada a cabo el catorce de abril de dos mil diecinueve, con motivo de la resolución de dos de abril de dos mil diecinueve dictada en el juicio 139/2019-2 del índice del Juzgado Octavo Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial en el Estado; mismo acto que por escrito presentado el veintitrés de abril de dos mil diecinueve, Teodoro Ávila Anzures por propio derecho y en representación de su menor hijo en mención, promovió incidente de nulidad de actuaciones, dentro del referido expediente de origen, en contra de la misma diligencia de requerimiento de entrega de su menor hijo. De igual forma, existe plena identidad en la narración de los hechos que generaron el acto reclamado, pues el impetrante se duele del requerimiento impugnado toda vez que aduce se violó la medida provisional que le fue concedida el veintiséis de marzo de dos mil diecinueve en el diverso juicio 137/2019-1, por el Juez Primero de lo Civil del Primer Distrito Judicial en el Estado de Morelos, que determinó otorgar en su favor la guarda y custodia del menor quejoso y señaló como domicilio de depósito judicial el ubicado en calle Zacatecas número 2, colonia Ricardo Flores Magón, en Cuernavaca, Morelos. Con relación al requisito aludido en el inciso b), consistente en que el recurso o medio de defensa legal conducente haya sido admitido y se esté tramitando cuando se resuelva el juicio de garantías, éste se acreditó con las copias certificadas que remitió el Juzgado Octavo Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial en el Estado, en el que se demostró que el quejoso Teodoro Ávila Anzures, por propio derecho y en representación de su menor hijo Luis Ángel Ávila Gómez, promovió incidente de nulidad de actuaciones en los términos que han sido detallados, el que fue admitido a trámite en auto de veinticuatro de abril de dos mil diecinueve, dentro del expediente 139/2019-2 de su índice; de lo que se infiere que, paralelamente a la promoción del juicio de amparo, está en trámite otro medio de defensa legal en contra del acto reclamado. Y el último requisito previsto en el inciso c), en el que ese medio legal constituya la vía idónea de impugnación para conducir a la insubsistencia legal del mismo acto de autoridad señalado como acto reclamado en la demanda de amparo, se advierte que el aludido incidente de nulidad de actuaciones de que conoce el Juez responsable sí es la vía idónea para nulificar, revocar o modificar el requerimiento de entrega del menor Luis Ángel Ávila Gómez llevado a cabo el catorce de abril de dos mil diecinueve, así como su ejecución, que culminó con la entrega del menor a su progenitora Georgina Gómez Flores. En efecto, el Código Procesal Familiar en el Estado de Morelos, en su artículo 117, establece que las actuaciones serán nulas cuando carezcan de alguna de las formalidades o requisitos establecidos por la ley de manera que por esta falta quede sin defensa cualquiera de las partes dentro de una controversia de naturaleza familiar, o cuando en ellas se cometan errores substanciales, y, además, en el caso que la ley expresamente lo determine; por su parte, el artículo 552 del mismo ordenamiento, señala la tramitación de los incidentes; por tal motivo, observando que es la vía idónea para nulificar la diligencia de requerimiento de entrega de Luis Ángel Ávila Gómez, con motivo de la medida provisional decretada el dos de abril de dos mil diecinueve en favor de su progenitora, era a través del incidente de nulidad de actuaciones ante el Juzgado ordinario que conoce de la controversia familiar de origen, en términos del invocado numeral 117 la ley adjetiva familiar estatal. Así, es válido considerar que el presente juicio de amparo deviene improcedente, en relación al acto reclamado, toda vez que el impetrante Teodoro Ávila Anzures, pudo obtener una resolución favorable a sus intereses en el incidente de nulidad interpuesto, toda vez que la Juez Octavo Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial en el Estado de Morelos fue quien decretó las medidas provisionales de guarda, custodia, depósito y alimentos del menor, a más que al rendir su informe justificado manifestó que al dictar la resolución (dos de abril del año en curso) que originó el requerimiento de entrega del menor realizada el catorce de catorce de abril del presente año; de ahí que podría darse el caso que al resolverse la incidencia, se dictase una providencia favorable al aquí quejoso, en la que se determine nulificar la guarda y custodia provisional del menor concedida a su progenitora y mantenerse en favor del ahora impetrante, observando que su objeto es reparar la violación que aduce, por lo que el acto reclamado en este juicio de amparo quedaría sin efectos. Por ello, al estar pendiente la emisión del incidente de nulidad de actuaciones que planteó contra la misma diligencia de requerimiento de entrega de Luis Ángel Ávila Gómez, que por esta vía se combate, esa situación hace improcedente el presente juicio de garantías, en virtud de que ésta constituye un mecanismo de defensa que, de resultar fundado, podrá generar la insubsistencia legal del acto reclamado. Es aplicable a lo anterior la tesis consultable en la página ciento ochenta y dos del Semanario Judicial de la Federación, Tomo IX, enero de mil novecientos noventa y dos, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, con número de registro 220800, relativo a la Octava Época, bajo el rubro siguiente: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO, CUANDO ESTÁ EN TRÁMITE UN RECURSO ANTE LOS TRIBUNALES ORDINARIOS. La fracción XIV del artículo 73 de la Ley de Amparo establece que el juicio de amparo es improcedente: "Cuando se esté tramitando ante los tribunales ordinarios algún recurso o defensa legal propuesta por el quejoso, que pueda tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto reclamado", transcripción de la que cabe concluir que en la hipótesis, no solamente se encuentra comprendido el trámite ante el tribunal que deba resolver el recurso, sino también el que se hubiese hecho valer ante la autoridad de primera instancia en la que ésta deba acordar sobre su admisión o desechamiento; de manera que en ambos casos, se estima que el recurso interpuesto se está tramitando "ante los tribunales ordinarios" y por tanto pendiente de resolución, lo que constituye un obstáculo procesal que impide entrar al estudio de los conceptos de violación hechos valer en la demanda, actualizándose por ello la causa de improcedencia preindicada." Por lo anterior, al actualizarse la causal de improcedencia aludida, lo procedente es SOBRESEER en el presente juicio de amparo respecto de los actos y autoridades referidas, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 61, fracción XIX, en relación con el 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Cabe precisar que aun cuando el referido incidente de nulidad de actuaciones se hubiese resuelto por el juez de origen, tornaría improcedente también el presente juicio de amparo, toda vez que una resolución impugnada queda sustituida procesalmente por la determinación que resuelve un recurso idóneo (que tiende a modificar o revocar la resolución impugnada) interpuesto en su contra; por ello, en caso de que estuviera sustituida procesalmente la diligencia reclamada en esta vía de amparo, con motivo de lo resuelto en la comentada incidencia, dejaría de tener efectos legales propios, por lo que de reclamarse en un juicio de amparo, se actualizaría la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la ley de la materia. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia localizable en la Décima Época, con registro 2002188, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XIV, Noviembre de 2012, Tomo 1, en Materia Común, Tesis 1a./J. 77/2012 (10a.), de rubro: "RECURSO IDÓNEO. SU DESECHAMIENTO Y EL EFECTO QUE ÉSTE GENERA PROVOCAN QUE LA RESOLUCIÓN QUE PRETENDE RECURRIR QUEDE FIRME, SUSTITUYA PROCESALMENTE A LA IMPUGNADA Y, POR ENDE, QUE SE ACTUALICE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XVI, DE LA LEY DE AMPARO, SI SE RECLAMA EN UN JUICIO DE GARANTÍAS." Por lo expuesto y fundado, se: R E S U E L V E: ÚNICO. SE SOBRESEE EN EL JUICIO DE AMPARO promovido por Teodoro Ávila Anzures por propio derecho y en representación de su menor hijo Luis Ángel Ávila Gómez, de acuerdo a lo expuesto en la parte considerativa de esta sentencia. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo resolvió y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de la secretaria Aletia González Huerta, que autoriza y da fe hasta hoy ocho de julio de dos mil diecinueve, en que las labores del juzgado lo permitieron.

  4. Principal

    En términos del artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo, procedo a notificar por medio de lista que se fija en los estrados de este Tribunal a la parte quejosa el auto y/o resolución que en lo conducente dice: Vistos los autos para resolver el juicio de amparo 551/2019-II, promovido por Teodoro Ávila Anzures por propio derecho y en representación de su menor hijo Luis Ángel Ávila Gómez, y R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el veintitrés de abril de dos mil diecinueve, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, turnado y recibido al día siguiente en este Juzgado de Distrito, Teodoro Ávila Anzures por propio derecho y en representación de su menor hijo Luis Ángel Ávila Gómez, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos del Juez Octavo Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial en el Estado y Actuario adscrito. SEGUNDO. Trámite de la demanda. Previo desahogo de la prevención formulada, el treinta de abril de dos mil diecinueve, se admitió a trámite la demanda promovida por Teodoro Ávila Anzures por propio derecho y en representación de su menor hijo Luis Ángel Ávila Gómez, se solicitó el informe justificado de las autoridades responsables; se dio la intervención correspondiente al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, se ordenó el emplazamiento de la tercera interesada, se requirió al Instituto de la Defensoría Pública Federal Delegación Morelos para que designara un representante especial al menor quejoso, se fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual previo diferimiento se inició en términos del acta de veinticinco de junio de dos mil diecinueve (foja 107). C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, 33 fracción IV, 35, 37, 114 y 116 de la Ley de Amparo; 1º fracción V, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece, en lo conducente, que los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en la ciudad de Cuernavaca, ejercerán jurisdicción en el Circuito Judicial conformado por el territorio de la propia Entidad Federativa; siendo en ésta donde reside la autoridad a quien se atribuye el acto reclamado. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Como está señalado en el artículo 74, fracción I de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe fijar de forma clara y precisa el acto reclamado. En ese orden de ideas, se aprecia que los actos reclamados por la parte quejosa consisten en: La diligencia de catorce de abril de dos mil diecinueve a través de la cual se hizo entrega del menor Luis Ángel Ávila Gómez en cumplimiento a la resolución emitida el dos de abril de dos mil diecinueve, dictada en el juicio 139/2019-2; no así la mencionada determinación judicial, en virtud de que del estudio integral de la demanda sólo se alegan diversas violaciones formales en la ejecución de ésta ordenada por el juez responsable, y no propiamente las consideraciones que rigen ese mandato judicial. Sin que se tengan como actos destacados lo que se identificó como el exceso en las funciones de las autoridades y la omisión de tomar en cuenta la medida provisional de guarda y custodia que le fue concedida al quejoso respecto a su menor hijo, así como el desacato al mandato judicial que le confirió la Juez Primero Civil del Primer Distrito Judicial en el Estado de Morelos en el expediente 137/2019, la negativa de dejar copia al carbón de la diligencia impugnada y el no tomar en consideración el interés superior del menor durante el desahogo de la diligencia efectuada el catorce de abril de dos mil diecinueve, toda vez que estas fueron violaciones formales que alega se verificaron al desahogar la diligencia impugnada; de ahí que se tenga como motivos de inconformidad en contra del mismo, al ser evidente que constituyen calificativos de dicha actuación. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Son ciertos los actos reclamados al Juez Octavo Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial en el Estado y Actuario adscrito, toda vez que de las constancias que remitió el Juez se advierte que el catorce de abril de dos mil diecinueve se requirió a Teodoro Ávila Anzures la entrega del menor Luis Ángel Ávila Gómez, en cumplimiento a la resolución de dos de abril de dos mil diecinueve dictada en el juicio 139/2019-2, que decretó de manera provisional la guarda y custodia del menor quejoso a favor de su progenitora Georgina Gómez Flores; cuyo acto no se llevó a cabo motu proprio por parte del citado actuario, sino en estricto acatamiento a la instrucción emanada del referido juez responsable, de ahí la certeza de los actos reclamados a ambas autoridades. Documentales que tienen pleno valor probatorio, de acuerdo a lo establecido en los artículos 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. CUARTO. Causales de improcedencia. Previo al estudio de los conceptos de violación que esgrime la quejosa, debe verificarse la procedencia de este juicio, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, de conformidad con lo que establece el artículo 62 de la Ley de Amparo; pues de resultar acreditada alguna causa de improcedencia, advertida por el juzgador o mencionada por las partes, habría imposibilidad para examinar la constitucionalidad de los actos reclamados. En el caso, el Juez responsable al rendir su informe justificado comunicó que el catorce de abril de dos mil diecinueve se requirió a Teodoro Ávila Anzures la entrega del menor Luis Ángel Ávila Gómez, en cumplimiento a la resolución de dos de abril de dos mil diecinueve dictada en el juicio 139/2019-2, en la decretó de manera provisional la guarda y custodia de menor quejoso a favor de su progenitora Georgina Gómez Flores. Además, señaló que el veintitrés de abril del año en curso, el ahora quejoso promovió incidente de nulidad de actuaciones en contra de la diligencia de requerimiento del menor, realizada el catorce de abril de dos mil diecinueve; el cual fue admitido el veinticuatro de abril siguiente. Por consiguiente a petición de este Juzgado Federal el veintiuno de mayo de dos mil diecinueve, el Juzgado Octavo Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial en el Estado remitió copias certificadas de las constancias relativas al incidente de nulidad de actuaciones que el impetrante interpuso en el juicio de controversia del orden familiar sobre guarda, custodia, depósito y alimentos 139/2019-2; documentales a las que se les concede valor probatorio, de acuerdo a lo establecido en los artículos 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de las que se destaca lo siguiente: 1.- Mediante escrito presentado el veintitrés de abril de dos mil diecinueve y registrado bajo el folio 3770, Teodoro Ávila Anzures por propio derecho y en representación de su menor hijo Luis Ángel Ávila Gómez promovió incidente de nulidad de actuaciones, dentro del dentro del expediente 139/2019-2 del índice del Juzgado Octavo Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial en el Estado, en contra de la diligencia de requerimiento de entrega de su menor hijo Luis Ángel Ávila Gómez, llevada a cabo el catorce de abril de dos mil diecinueve. 2.- El veinticuatro de abril siguiente, fue admitida la incidencia interpuesta. 3.- Por auto de quince de mayo de dos mil diecinueve, se señalaron las diez horas del veintinueve de mayo de dos mil diecinueve para el verificativo de la audiencia indiferible, con motivo de que se encontraba pendiente el desahogo de un medio de convicción. Sin que a la fecha el citado incidente de nulidad de actuaciones, haya sido resuelto, al no obrar prueba en contrario. En ese sentido, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIX de la Ley de Amparo, en atención a que se encuentra en trámite ante el tribunal ordinario (Juzgado Octavo Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial en el Estado) un medio de defensa legal propuesto por el propio quejoso que puede tener por efecto modificar, revocar o nulificar los actos reclamados. Para justificar lo anterior, se estima pertinente citar el invocado precepto legal: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XIX. Cuando se esté tramitando ante los tribunales ordinarios algún recurso o medio de defensa legal propuesto por el quejoso que pueda tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto reclamado." Al respecto, el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha pronunciado en el sentido de que el señalado motivo de improcedencia se actualiza siempre y cuando el aludido recurso o medio de defensa legal resulte ser el idóneo para propiciar la insubsistencia legal del acto reclamado, y a condición de que se encuentre debidamente admitido, puesto que, para que se verifique ese supuesto normativo, es imprescindible que concurran las circunstancias siguientes: a).- Que sea el propio quejoso quien haya interpuesto el recurso o medio legal de defensa en contra del mismo acto de autoridad respecto del cual se solicita el amparo. b).- Que el recurso o medio de defensa legal conducente haya sido admitido y se esté tramitando cuando se resuelva el juicio de garantías; y, c).- Que el recurso o medio de defensa legal del que se habla constituya la vía idónea de impugnación para conducir a la insubsistencia legal del mismo acto de autoridad señalado como acto reclamado en la demanda de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia P./J. 144/2000 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro 190665, que es del rubro que se transcribe a continuación: "IMPROCEDENCIA. LA CAUSAL PREVISTA EN LA FRACCIÓN XIV DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO REQUIERE QUE EL RECURSO O DEFENSA LEGAL PROPUESTO SE HUBIERA ADMITIDO, SE ESTÉ TRAMITANDO AL RESOLVERSE EL AMPARO Y SEA EL IDÓNEO PARA OBTENER LA REVOCACIÓN O MODIFICACIÓN DEL ACTO RECLAMADO." En el caso, concurren los requisitos aludidos para que opere la causa de improcedencia en estudio. El primer requisito previsto en el inciso a), consistente que sea el propio quejoso quien haya interpuesto el recurso o medio legal de defensa en contra del mismo acto de autoridad respecto del cual se solicita el amparo, quedó demostrado, dado que el peticionario del amparo Teodoro Ávila Anzures compareció al presente juicio constitucional por propio derecho y en representación de su menor hijo reclamando la diligencia de requerimiento de entrega de Luis Ángel Ávila Gómez, llevada a cabo el catorce de abril de dos mil diecinueve, con motivo de la resolución de dos de abril de dos mil diecinueve dictada en el juicio 139/2019-2 del índice del Juzgado Octavo Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial en el Estado; mismo acto que por escrito presentado el veintitrés de abril de dos mil diecinueve, Teodoro Ávila Anzures por propio derecho y en representación de su menor hijo en mención, promovió incidente de nulidad de actuaciones, dentro del referido expediente de origen, en contra de la misma diligencia de requerimiento de entrega de su menor hijo. De igual forma, existe plena identidad en la narración de los hechos que generaron el acto reclamado, pues el impetrante se duele del requerimiento impugnado toda vez que aduce se violó la medida provisional que le fue concedida el veintiséis de marzo de dos mil diecinueve en el diverso juicio 137/2019-1, por el Juez Primero de lo Civil del Primer Distrito Judicial en el Estado de Morelos, que determinó otorgar en su favor la guarda y custodia del menor quejoso y señaló como domicilio de depósito judicial el ubicado en calle Zacatecas número 2, colonia Ricardo Flores Magón, en Cuernavaca, Morelos. Con relación al requisito aludido en el inciso b), consistente en que el recurso o medio de defensa legal conducente haya sido admitido y se esté tramitando cuando se resuelva el juicio de garantías, éste se acreditó con las copias certificadas que remitió el Juzgado Octavo Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial en el Estado, en el que se demostró que el quejoso Teodoro Ávila Anzures, por propio derecho y en representación de su menor hijo Luis Ángel Ávila Gómez, promovió incidente de nulidad de actuaciones en los términos que han sido detallados, el que fue admitido a trámite en auto de veinticuatro de abril de dos mil diecinueve, dentro del expediente 139/2019-2 de su índice; de lo que se infiere que, paralelamente a la promoción del juicio de amparo, está en trámite otro medio de defensa legal en contra del acto reclamado. Y el último requisito previsto en el inciso c), en el que ese medio legal constituya la vía idónea de impugnación para conducir a la insubsistencia legal del mismo acto de autoridad señalado como acto reclamado en la demanda de amparo, se advierte que el aludido incidente de nulidad de actuaciones de que conoce el Juez responsable sí es la vía idónea para nulificar, revocar o modificar el requerimiento de entrega del menor Luis Ángel Ávila Gómez llevado a cabo el catorce de abril de dos mil diecinueve, así como su ejecución, que culminó con la entrega del menor a su progenitora Georgina Gómez Flores. En efecto, el Código Procesal Familiar en el Estado de Morelos, en su artículo 117, establece que las actuaciones serán nulas cuando carezcan de alguna de las formalidades o requisitos establecidos por la ley de manera que por esta falta quede sin defensa cualquiera de las partes dentro de una controversia de naturaleza familiar, o cuando en ellas se cometan errores substanciales, y, además, en el caso que la ley expresamente lo determine; por su parte, el artículo 552 del mismo ordenamiento, señala la tramitación de los incidentes; por tal motivo, observando que es la vía idónea para nulificar la diligencia de requerimiento de entrega de Luis Ángel Ávila Gómez, con motivo de la medida provisional decretada el dos de abril de dos mil diecinueve en favor de su progenitora, era a través del incidente de nulidad de actuaciones ante el Juzgado ordinario que conoce de la controversia familiar de origen, en términos del invocado numeral 117 la ley adjetiva familiar estatal. Así, es válido considerar que el presente juicio de amparo deviene improcedente, en relación al acto reclamado, toda vez que el impetrante Teodoro Ávila Anzures, pudo obtener una resolución favorable a sus intereses en el incidente de nulidad interpuesto, toda vez que la Juez Octavo Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial en el Estado de Morelos fue quien decretó las medidas provisionales de guarda, custodia, depósito y alimentos del menor, a más que al rendir su informe justificado manifestó que al dictar la resolución (dos de abril del año en curso) que originó el requerimiento de entrega del menor realizada el catorce de catorce de abril del presente año; de ahí que podría darse el caso que al resolverse la incidencia, se dictase una providencia favorable al aquí quejoso, en la que se determine nulificar la guarda y custodia provisional del menor concedida a su progenitora y mantenerse en favor del ahora impetrante, observando que su objeto es reparar la violación que aduce, por lo que el acto reclamado en este juicio de amparo quedaría sin efectos. Por ello, al estar pendiente la emisión del incidente de nulidad de actuaciones que planteó contra la misma diligencia de requerimiento de entrega de Luis Ángel Ávila Gómez, que por esta vía se combate, esa situación hace improcedente el presente juicio de garantías, en virtud de que ésta constituye un mecanismo de defensa que, de resultar fundado, podrá generar la insubsistencia legal del acto reclamado. Es aplicable a lo anterior la tesis consultable en la página ciento ochenta y dos del Semanario Judicial de la Federación, Tomo IX, enero de mil novecientos noventa y dos, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, con número de registro 220800, relativo a la Octava Época, bajo el rubro siguiente: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO, CUANDO ESTÁ EN TRÁMITE UN RECURSO ANTE LOS TRIBUNALES ORDINARIOS. La fracción XIV del artículo 73 de la Ley de Amparo establece que el juicio de amparo es improcedente: "Cuando se esté tramitando ante los tribunales ordinarios algún recurso o defensa legal propuesta por el quejoso, que pueda tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto reclamado", transcripción de la que cabe concluir que en la hipótesis, no solamente se encuentra comprendido el trámite ante el tribunal que deba resolver el recurso, sino también el que se hubiese hecho valer ante la autoridad de primera instancia en la que ésta deba acordar sobre su admisión o desechamiento; de manera que en ambos casos, se estima que el recurso interpuesto se está tramitando "ante los tribunales ordinarios" y por tanto pendiente de resolución, lo que constituye un obstáculo procesal que impide entrar al estudio de los conceptos de violación hechos valer en la demanda, actualizándose por ello la causa de improcedencia preindicada." Por lo anterior, al actualizarse la causal de improcedencia aludida, lo procedente es SOBRESEER en el presente juicio de amparo respecto de los actos y autoridades referidas, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 61, fracción XIX, en relación con el 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Cabe precisar que aun cuando el referido incidente de nulidad de actuaciones se hubiese resuelto por el juez de origen, tornaría improcedente también el presente juicio de amparo, toda vez que una resolución impugnada queda sustituida procesalmente por la determinación que resuelve un recurso idóneo (que tiende a modificar o revocar la resolución impugnada) interpuesto en su contra; por ello, en caso de que estuviera sustituida procesalmente la diligencia reclamada en esta vía de amparo, con motivo de lo resuelto en la comentada incidencia, dejaría de tener efectos legales propios, por lo que de reclamarse en un juicio de amparo, se actualizaría la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la ley de la materia. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia localizable en la Décima Época, con registro 2002188, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XIV, Noviembre de 2012, Tomo 1, en Materia Común, Tesis 1a./J. 77/2012 (10a.), de rubro: "RECURSO IDÓNEO. SU DESECHAMIENTO Y EL EFECTO QUE ÉSTE GENERA PROVOCAN QUE LA RESOLUCIÓN QUE PRETENDE RECURRIR QUEDE FIRME, SUSTITUYA PROCESALMENTE A LA IMPUGNADA Y, POR ENDE, QUE SE ACTUALICE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XVI, DE LA LEY DE AMPARO, SI SE RECLAMA EN UN JUICIO DE GARANTÍAS." Por lo expuesto y fundado, se: R E S U E L V E: ÚNICO. SE SOBRESEE EN EL JUICIO DE AMPARO promovido por Teodoro Ávila Anzures por propio derecho y en representación de su menor hijo Luis Ángel Ávila Gómez, de acuerdo a lo expuesto en la parte considerativa de esta sentencia. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo resolvió y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de la secretaria Aletia González Huerta, que autoriza y da fe hasta hoy ocho de julio de dos mil diecinueve, en que las labores del juzgado lo permitieron.

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