Teodora Vargas Rivera

Expediente 917/2019 tramitado ante el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito. 2 actuaciones registradas, la última del 16 de octubre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
917/2019
Año
2019
Actuaciones
2
Última actuación
16/10/2020

Partes del expediente

  • Teodora Vargas Rivera

Actuaciones

  1. Juicio de Amparo Directo

    Visto; el oficio suscrito por el Presidente del Tribunal de Arbitraje en el Estado de Hidalgo; en atención a su contenido, téngasele acusando recibo de lo que indica, lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Finalmente, al haberse sobreseído el presente juicio de amparo directo, mediante ejecutoria dictada en el expediente en que se provee, ARCHÍVESE el presente asunto como totalmente concluido, previas las anotaciones en el libro correspondiente, luego, al no existir documento original que devolver, con fundamento en los artículos 12, 14, y 21 inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, el expediente en que se actúa es DESTRUIBLE y carece de relevancia documental.

  2. Juicio de Amparo Directo

    Visto el oficio suscrito por el Presidente del Tribunal de Arbitraje del Estado de Hidalgo, con el cual remite original y copia del escrito de presentación así como de la demanda de amparo promovida por Teodora Vargas Rivera, asimismo anexo certificado, diverso escrito de María Patricia Garrido Olvera, apoderada legal del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familiar del Estado de Hidalgo, con anexo simple en tres fojas, dos copias de lo anterior, y el expediente laboral 389/2017; regístrese, fórmese expediente y acúsese recibo. Ahora bien, de las constancias remitidas por la autoridad responsable, constante del expediente laboral 389/2017, se advierte a foja seiscientos setenta y uno, que el veinticinco de octubre de dos mil diecinueve, comparecieron ante el Tribunal de Arbitraje del Estado de Hidalgo, la hoy impetrante de garantías Teodora Vargas Rivera, así como María Patricia Garrido Olvera, apoderada legal del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familiar del Estado de Hidalgo, quienes celebraron un convenio en virtud de haber llegado a un arreglo conciliatorio, en el que se advierte en la clausula TERCERA que Teodora Vargas Rivera manifiesta lo siguiente: "por convenir a mis intereses me desisto lisa y llanamente del amparo interpuesto ante esta autoridad el cual quedó registrado bajo el número: AMPARO DIRECTO TA/D/83/2019", por lo tanto, a efecto de estar en posibilidad de acordar lo conducente, requiérase a la quejosa citada por conducto de cualquiera de los actuarios adscritos a este órgano colegiado, para que dentro del término de TRES DÍAS, contados a partir de la notificación del presente acuerdo, comparezca ante el personal actuante de este tribunal con la finalidad de ratificar el desistimiento de la demanda de amparo realizado en el convenio de veinticinco de octubre de dos mil diecinueve, en el expediente laboral 389/2017 del índice del Tribunal de Arbitraje del Estado de Hidalgo, con el apercibimiento que de ser omisa a lo anterior, se continuará con el procedimiento del juicio. Ilustra lo anterior la tesis 923, del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 650, del Apéndice 2000, Materia Civil, Tomo IV, cuyo rubro y texto son los siguientes: "DESISTIMIENTO EN ESCRITO PRIVADO. DEBE RATIFICARSE O "PERFECCIONARSE POR OTROS MEDIOS. Las autoridades jurisdiccionales civiles tienen la obligación de dar vista a las partes de un proceso, con los ocursos de desistimiento formulados mediante simple escrito firmado, a fin de que la persona a quien se atribuyen los ratifique o desconozca, o las otras partes interesadas alleguen elementos para justificar la autenticidad del documento; obligación que resulta de la interpretación jurídica y lógica del sistema legal imperante al respecto, como se demuestra a continuación: Los actos de desistimiento, sea de acción, de una instancia, de medios de prueba, de un incidente, de un recurso, de la intervención en una diligencia, etcétera, implican indudablemente renuncia de derechos, según se acepta generalmente por la doctrina, para lo cual basta citar, como mera ilustración, a Giuseppe Chiovenda, Hugo Alsina y Hernando Devis Echandia. La renuncia de derechos, según lo dispuesto en el artículo 7o. del Código Civil para el Distrito Federal, debe hacerse en términos claros y precisos, de tal suerte que no quede duda del derecho que se renuncia, para que pueda producir efectos. Para la satisfacción de estos requisitos, se torna indispensable que la renuncia conste en un medio indubitable y fehaciente, ya que sólo así se conseguirá la claridad y precisión de sus términos y la ausencia de dudas sobre el derecho renunciado. Los documentos privados son medios de prueba imperfectos, que para acreditar plenamente los hechos consignados en ellos, requieren estar adminiculados con otros elementos que, al perfeccionar la probanza, acrediten plenamente su autenticidad, y por tanto, la concordancia total de la voluntad de los suscriptores con el contenido del instrumento. Las promociones escritas son documentos privados, cuando provienen de personas particulares, y por tanto, están sujetas a las reglas de éstos en lo general, en cuanto a su valor probatorio. Sin embargo, la naturaleza de los procedimientos judiciales, la finalidad perseguida con ellos, el sentido lógico de las cosas, y el resultado de la experiencia, han llevado a que se dé un tratamiento específico propio a las promociones escritas, consistente en reconocerles autenticidad mientras no se aduzca y demuestre lo contrario en una incidencia. Este trato especial obedece a la concurrencia de las razones lógicas siguientes: a) La presunción general de buena fe de que gozan los actos jurídicos; b) La "máxima de experiencia, de que ordinariamente las promociones pertenecen a quien "figura como suscriptor, y lo extraordinario es que no exista esa pertenencia; y c) lo "común lógicamente es que las promociones sean acordes con la posición del suscriptor "en el procedimiento, es decir, que lo pedido o manifestado en el escrito tienda a contribuir a la consecución de las pretensiones de quien figura como ocursante, porque no es común ni parece lógico que las personas actúen contra su interés. Cuando no se da la concurrencia de esas tres bases lógicas, sustentatorias del reconocimiento de autenticidad a las promociones, estas se mantienen regidas por las reglas para la valoración de su género, que son los documentos privados; esto es, constituyen meros indicios que requieren su fortalecimiento con otros elementos, entre los cuales destacan, por más sencillos y contundentes, el reconocimiento del autor mediante la ratificación, tácita o expresa, ante la autoridad judicial, en términos del artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles, o bien, ante algún fedatario público, sin que esto impida que se puedan presentar otros medios para cumplir ese mismo fin. En el desistimiento hecho en la forma indicada no concurren los citados elementos lógicos, pues falta la concordancia entre la posición asumida por la parte y el contenido de la promoción, ya que esta se opone a aquella, por lo cual no se le puede reconocer autenticidad y valor pleno con su sola presentación, sino que requiere la satisfacción de los requisitos mencionados para los documentos privados. Para que las partes queden en posibilidad de satisfacer los indicados requisitos, el desistente de ratificar o desconocer el documento y las otras partes interesadas de aportar lo conducente para esclarecer la autenticidad del escrito, resulta indispensable como medio, que el juzgador les dé vista con el escrito y les confiera el plazo que corresponda para los objetivos indicados, pues si no se hace así, el desistimiento sólo sería válido cuando se asentara directamente o se ratificara ante un fedatario público, con lo que se establecería un requisito en contravención al artículo 56 del Código de Procedimientos Civiles citado, el cual sólo prevé como formalidades para los ocursos, que se escriban en castellano, y que las fechas y cantidades se anoten con letra. No obsta para lo anterior, la falta de preceptos legales expresos, en el sentido indicado, porque los procedimientos civiles no sólo se rigen por disposiciones de ese tipo, sino también por el conjunto de principios jurídicos y lógicos que sean acordes al sistema adoptado por el legislador sin entrar en oposición con los directamente aceptados, sobre todo cuando se trata de integrar o Interpretar la ley como se hizo en el caso." Como lo solicita la quejosa, con fundamento en el artículo 24 de la Ley de Amparo, téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el indicado, y como sus autorizados para tales efectos, en términos amplios del artículo 12 de la ley en cita, a las personas que señala. Luego, en atención al diverso escrito de María Patricia Garrido Olvera, apoderada legal del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familiar del Estado de Hidalgo, parte tercera interesada en el presente expediente, personalidad que se tiene por acreditada en términos del artículo 11 de la ley de la materia, por así estar reconocida ante la autoridad responsable, con fundamento en el artículo 24 de la Ley de Amparo, téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el indicado, y como sus autorizados para tales efectos, en términos del párrafo segundo, última parte del arábigo 12 de la ley mencionada, a las personas que señala, y en atención a lo que manifiesta, estese a lo aquí ordenado. Finalmente, con fundamento en los artículos 1, 3, 9, 68, 113 y 117 y demás relativos a cada caso específico de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, difundida en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo dos mil dieciséis, y que entró en vigor al día siguiente, se hace del conocimiento de las partes que, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 3° referido, la información en el presente asunto es pública y accesible a cualquier persona, siempre y cuando se cumpla con los requisitos que establece la propia ley, así como la normatividad que emita en su momento el Consejo de la Judicatura Federal. Además, la información confidencial que proporcionen en el presente asunto no estará sujeta a temporalidad alguna, sólo podrán tener acceso a ella sus titulares, representantes y servidores públicos facultados para ello; y para permitir el acceso a dicha información, se deberá obtener el consentimiento de los particulares titulares de la misma. NOTIFICACIÓN PERSONAL A LA PÁRTE QUEJOSA.

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