Teodora Silva Galván
Expediente 1515/2017 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 7 actuaciones registradas, la última del 22 de diciembre de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 1515/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 22/12/2017
Partes del expediente
- Teodora Silva Galván
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
V I S T O el estado que guardan los autos se advierte que a la fecha ha transcurrido el término que con apoyo concede el artículo 98 de la Ley de Amparo Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el dos de abril de dos mil trece, para que se interpusiera recurso de queja previsto por el precepto 97 fracción I, inciso a) de la Ley en cita, en contra del auto de siete de diciembre de dos mil diecisiete, por el cual se desechó la demanda de amparo promovida por la parte quejosa; en consecuencia, se declara que ha causado estado para todos los efectos legales, por lo que háganse las anotaciones pertinentes en el libro de gobierno, del conocimiento de las partes y archívese el presente asunto como totalmente concluido. Por tanto y toda vez que ya se ordenó el archivo en el párrafo que antecede, con fundamento en el punto décimo primero, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los Expedientes Generados en los Juzgados de Distrito, remítase dentro del término de tres años el presente juicio al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por conducto de la Administración Regional, con sede en esta ciudad, para efectos de su DESTRUCCIÓN, con fundamento en el artículo vigésimo primero fracción l del citado acuerdo por haberse desechado la demanda de amparo. En tal virtud, hágase saber a las partes que deberán comparecer a este juzgado dentro del término de noventa días a recoger los documentos originales que hayan aportado al procedimiento, con el apercibimiento de que de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos. En la inteligencia de que el expediente en que se actúa, NO SE CONSIDERA DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, al no ubicarse en ninguno de los supuestos que se señalan en el último párrafo del artículo Vigésimo Primero del Acuerdo de mérito....i
- Principal
Visto; agréguese a los presentes autos, para que obre como legalmente corresponda, la diligencia de ratificación de seis de diciembre de dos mil diecisiete, mediante el cual la parte quejosa ratifica el escrito presentado en la oficialía de partes de este Juzgado el veintiuno de noviembre de dos mil diecisiete; en consecuencia, se acuerda: DESECHAMIENTO Ahora, en primer término debe decirse que el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece que el Juez de Distrito examinará ante todo, el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Por lo que, en el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que a la letra: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; De la anterior transcripción legal se desprende que el juicio de amparo indirecto es improcedente cuando la ley ordinaria que regula el procedimiento conceda algún recurso mediante el cual se pueda modificar, revocar o nulificar el acto reclamado. ACTO RECLAMADO En el caso que nos ocupa, la parte quejosa hace consistir como acto reclamado la negativa del Juez Segundo en Ejecución de Sanciones Penales en el Estado de Querétaro de hacer entrega a la aquí quejosa de la cantidad depositada por concepto de reparación de daño dentro de la carpeta de ejecución número 186/2017. ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO Para dar claridad al sentido del presente proveído conviene citar los hechos que relató la parte quejosa como antecedentes del acto reclamado. Que la parte quejosa es parte ofendida dentro de los autos de la causa penal número 183/2012 del índice del Juzgado Octavo de Primera Instancia Penal de Querétaro, seguida en contra de Gabriela Escamilla Díaz, por el delito de fraude especifico. Que una vez girada y cumplimentada la orden de aprehensión correspondiente, se constituyó como fiador carcelario de la referida acusada, José Antonio Escamilla Pérez, el cual depositó las cantidades correspondientes a la fianza, garantía de multa y garantía de reparación del daño, ésta última por la cantidad de $70,000.00 (SETENTA MIL PESOS 00/100 M.N.). Seguidas las etapas procesales dentro de la causa antes citada, se decretó la responsabilidad de la procesada y se le impuso pena privativa de libertad, multa y se le condenó al pago de reparación de daño a favor de la quejosa. La autoridad responsable condicionó la entrega de reparación del daño al informe rendido por parte del Juzgado Octavo de Primera Instancia Penal para conocer quien realizó dicho depósito. Una vez rendida la información solicitada por la autoridad responsable, la quejosa solicitó la entrega de la cantidad por concepto de reparación del daño, solicitud que la autoridad responsable negó. Siendo éste el acto que se combate a través de esta vía de amparo Ahora, el acto que combate la parte quejosa a criterio de este resolutor, previo al juicio de amparo, debe agotarse el recurso ordinario de defensa que para tal efecto contempla la ley procesal de la materia, que en el caso lo es el recurso de revocación que establece el artículo 130 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, que dice lo siguiente: "Artículo 130. Revocación El recurso de revocación se interpondrá ante el Juez de Ejecución en contra de las determinaciones de mero trámite y en los casos previstos en esta Ley. El objeto de este recurso será que el mismo Juez de Ejecución que dictó la resolución impugnada, la examine de nueva cuenta y dicte la resolución que corresponda. Si el recurso se hace valer contra las resoluciones pronunciadas durante la audiencia, se dará el uso de la palabra a las demás partes, para que manifiesten lo que a su derecho corresponda y en la misma audiencia se dictará la resolución respectiva. Si el recurso se hace valer contra resoluciones pronunciadas fuera de audiencia, se interpondrá al día siguiente de notificada la determinación, se dará traslado a las demás partes por el término de dos días para que manifiesten lo que a su derecho corresponda, y se resolverá al día siguiente, bien de desahogada la audiencia conforme al Código, o de haber transcurrido el término concedido." En ese contexto, se concluye que respecto del acto reclamado consistente en la negativa del Juez Segundo en Ejecución de Sanciones Penales en el Estado de Querétaro de hacer entrega a la aquí quejosa de la cantidad depositada por concepto de reparación de daño dentro de la carpeta de ejecución número 186/2017, sí procede el recurso de revocación, previsto en el artículo 130 de la citada Ley Nacional de Ejecución Penal, previo a la instauración del juicio de amparo; pues es incuestionable que el objeto de dicho medio de defensa, consiste en que el Juez Segundo de Ejecución de Sanciones Penales de Querétaro a quien se reclama el acto impugnado, reconsidere otorgar a la aquí quejosa la cantidad por concepto de reparación de daño que solicita; por ende, también es claro, que la amparista estaba obligado a agotar el recurso de revocación aludido, antes de promover el juicio de amparo. Es aplicable, la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, en la tesis aislada XX.2o.16 P, visible en la página 1122, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XIII, mayo de 2001, Novena Época, que a la letra dice: "DEFINITIVIDAD, PRINCIPIO DE, EN MATERIA PENAL FEDERAL. DEBE AGOTARSE EL RECURSO DE REVOCACIÓN CONTRA EL PROVEÍDO QUE DESECHA EL INCIDENTE NO ESPECIFICADO DE CONDENA CONDICIONAL, PREVIAMENTE A LA INTERPOSICIÓN DEL JUICIO DE AMPARO. El acuerdo dictado por un Juez de Distrito en el que desecha el incidente no especificado de condena condicional, debe impugnarse a través del recurso de revocación, previsto en el artículo 361 del Código Federal de Procedimientos Penales, por medio del cual puede ser modificado, revocado o nulificado, porque el hecho de que el quejoso se encuentre privado de su libertad y el acto reclamado sea de naturaleza penal, no significa que se actualice alguno de los casos de excepción a que se refiere el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, pues no se trata de un acto que importe peligro de privación de la vida, deportación, destierro o cualesquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 del Carta Magna, en virtud de que la afectación de su libertad deriva de la sentencia emitida en el procedimiento respectivo y orden de reaprehensión, no del desechamiento del incidente que es un aspecto de carácter procesal; por tanto, al no haberse agotado el principio de definitividad previsto en el citado precepto de la ley de la materia, debe sobreseerse en el juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto por la fracción III del artículo 74 del mismo ordenamiento legal". En la inteligencia de que la quejosa no se encuentra en ninguno de los casos de excepción, para no agotar el recurso, al ser parte en la diligencia de remate, y no se encontraba en ninguna de las hipótesis a que se contrae los incisos a), b) y c), fracción XVIII, del artículo 61 de la ley de la materia, es decir, no se trata de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzosa de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Es aplicable a lo anterior, en lo conducente, la tesis 2a./J. 103/2004 de la Novena Época, sustentada por la Segunda Sala, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta en agosto de 2004, visible en la página 417, con número de registro 180802, la cual textualmente indica: "REMATE EN EJECUCIÓN DE LAUDOS. EL POSTOR NO PUEDE CONSIDERARSE PERSONA EXTRAÑA PARA LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO, POR LO QUE DEBE AGOTAR EL RECURSO DE REVISIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 849 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO. De la interpretación de los artículos 967, 968, 970 y 971 de la Ley Federal del Trabajo, se advierte que el postor en el remate que se celebre en ejecución de un laudo pronunciado por una Junta de Conciliación y Arbitraje tiene carácter de parte en dicha diligencia por el hecho de presentar una postura por escrito y exhibir el billete de depósito respectivo, independientemente de que dicha postura sea calificada de legal o no. Por tanto, al incorporarse a la relación procesal y someterse a la dirección del presidente de la Junta durante el desarrollo del remate, es inconcuso que no puede considerársele como persona extraña al procedimiento en términos de los artículos 107, fracción III, inciso c), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 114, fracción V, de la Ley de Amparo, por lo que el amparo que promueva contra actos que le causen perjuicio dentro de la diligencia de remate se rige por el artículo 114, fracción III, del último ordenamiento citado, hipótesis en la que necesariamente debe atenderse al principio de definitividad y, por ende, debe agotar previamente el recurso de revisión a que se refiere el artículo 849 de la Ley Federal del Trabajo, el cual prevé su procedencia contra actos de los Presidentes en ejecución del laudo." De lo expuesto, se deja en evidencia que el peticionario de amparo, previo a la interposición del juicio de amparo indirecto, debió de agotar el principio de definitividad que rige el juicio de amparo, esto es, debió interponer RECURSO DE REVOCACIÓN respecto de los actos de que se trata, como medio ordinario de defensa que la Ley le confiere, previsto en el artículo 130 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, al ser parte en el juicio natural. Motivo por el cual, si la parte quejosa se duele de la negativa del Juez Segundo en Ejecución de Sanciones Penales en el Estado de Querétaro de hacer entrega a la aquí quejosa de la cantidad depositada por concepto de reparación de daño dentro de la carpeta de ejecución número 186/2017; y derivado de esa medida insiste en las violaciones cometidas; luego, válidamente se concluye que en contra de dicha negativa, previo al juicio de amparo, debe ser combatido a través del recurso de revocación. Es aplicable, la jurisprudencia VI.2o.C. J/239, Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, Novena Época, con número de registro 182901, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XVIII, noviembre de 2003, visible en la página 765, que a la letra dice: "ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. DEBE AGOTARSE EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD PARA PROMOVER AMPARO EN SU CONTRA. El hecho de que un acto de autoridad tenga sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación que afecte directa e inmediatamente derechos sustantivos del gobernado, de ninguna manera constituye una excepción al principio de definitividad que rige en materia de amparo, consistente en agotar los medios de defensa o recursos ordinarios previstos en la ley que rige el acto, antes de acudir a la acción constitucional, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 73, fracción XIII, de la ley de la materia y 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." En consecuencia, al actualizarse la citada causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO la demanda de que se trata, en términos del artículo 113 ibídem....I NP
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SIENDO LA PRIMER HORA HÁBIL DEL DÍA DE LA FECHA. . .SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO DECRETADO MEDIANTE AVISO JUDICIAL DE 08/12/2017 Y SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA AL QUEJOSO TEODORA SILVA GALVAN EL AUTO DE 07/12/2017, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: Visto; agréguese a los presentes autos, para que obre como legalmente corresponda, la diligencia de ratificación de seis de diciembre de dos mil diecisiete, mediante el cual la parte quejosa ratifica el escrito presentado en la oficialía de partes de este Juzgado el veintiuno de noviembre de dos mil diecisiete; en consecuencia, se acuerda: DESECHAMIENTO Ahora, en primer término debe decirse que el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece que el Juez de Distrito examinará ante todo, el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Por lo que, en el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que a la letra: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; De la anterior transcripción legal se desprende que el juicio de amparo indirecto es improcedente cuando la ley ordinaria que regula el procedimiento conceda algún recurso mediante el cual se pueda modificar, revocar o nulificar el acto reclamado. ACTO RECLAMADO En el caso que nos ocupa, la parte quejosa hace consistir como acto reclamado la negativa del Juez Segundo en Ejecución de Sanciones Penales en el Estado de Querétaro de hacer entrega a la aquí quejosa de la cantidad depositada por concepto de reparación de daño dentro de la carpeta de ejecución número 186/2017. ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO Para dar claridad al sentido del presente proveído conviene citar los hechos que relató la parte quejosa como antecedentes del acto reclamado. Que la parte quejosa es parte ofendida dentro de los autos de la causa penal número 183/2012 del índice del Juzgado Octavo de Primera Instancia Penal de Querétaro, seguida en contra de Gabriela Escamilla Díaz, por el delito de fraude especifico. Que una vez girada y cumplimentada la orden de aprehensión correspondiente, se constituyó como fiador carcelario de la referida acusada, José Antonio Escamilla Pérez, el cual depositó las cantidades correspondientes a la fianza, garantía de multa y garantía de reparación del daño, ésta última por la cantidad de $70,000.00 (SETENTA MIL PESOS 00/100 M.N.). Seguidas las etapas procesales dentro de la causa antes citada, se decretó la responsabilidad de la procesada y se le impuso pena privativa de libertad, multa y se le condenó al pago de reparación de daño a favor de la quejosa. La autoridad responsable condicionó la entrega de reparación del daño al informe rendido por parte del Juzgado Octavo de Primera Instancia Penal para conocer quien realizó dicho depósito. Una vez rendida la información solicitada por la autoridad responsable, la quejosa solicitó la entrega de la cantidad por concepto de reparación del daño, solicitud que la autoridad responsable negó. Siendo éste el acto que se combate a través de esta vía de amparo Ahora, el acto que combate la parte quejosa a criterio de este resolutor, previo al juicio de amparo, debe agotarse el recurso ordinario de defensa que para tal efecto contempla la ley procesal de la materia, que en el caso lo es el recurso de revocación que establece el artículo 130 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, que dice lo siguiente: "Artículo 130. Revocación El recurso de revocación se interpondrá ante el Juez de Ejecución en contra de las determinaciones de mero trámite y en los casos previstos en esta Ley. El objeto de este recurso será que el mismo Juez de Ejecución que dictó la resolución impugnada, la examine de nueva cuenta y dicte la resolución que corresponda. Si el recurso se hace valer contra las resoluciones pronunciadas durante la audiencia, se dará el uso de la palabra a las demás partes, para que manifiesten lo que a su derecho corresponda y en la misma audiencia se dictará la resolución respectiva. Si el recurso se hace valer contra resoluciones pronunciadas fuera de audiencia, se interpondrá al día siguiente de notificada la determinación, se dará traslado a las demás partes por el término de dos días para que manifiesten lo que a su derecho corresponda, y se resolverá al día siguiente, bien de desahogada la audiencia conforme al Código, o de haber transcurrido el término concedido." En ese contexto, se concluye que respecto del acto reclamado consistente en la negativa del Juez Segundo en Ejecución de Sanciones Penales en el Estado de Querétaro de hacer entrega a la aquí quejosa de la cantidad depositada por concepto de reparación de daño dentro de la carpeta de ejecución número 186/2017, sí procede el recurso de revocación, previsto en el artículo 130 de la citada Ley Nacional de Ejecución Penal, previo a la instauración del juicio de amparo; pues es incuestionable que el objeto de dicho medio de defensa, consiste en que el Juez Segundo de Ejecución de Sanciones Penales de Querétaro a quien se reclama el acto impugnado, reconsidere otorgar a la aquí quejosa la cantidad por concepto de reparación de daño que solicita; por ende, también es claro, que la amparista estaba obligado a agotar el recurso de revocación aludido, antes de promover el juicio de amparo. Es aplicable, la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, en la tesis aislada XX.2o.16 P, visible en la página 1122, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XIII, mayo de 2001, Novena Época, que a la letra dice: "DEFINITIVIDAD, PRINCIPIO DE, EN MATERIA PENAL FEDERAL. DEBE AGOTARSE EL RECURSO DE REVOCACIÓN CONTRA EL PROVEÍDO QUE DESECHA EL INCIDENTE NO ESPECIFICADO DE CONDENA CONDICIONAL, PREVIAMENTE A LA INTERPOSICIÓN DEL JUICIO DE AMPARO. El acuerdo dictado por un Juez de Distrito en el que desecha el incidente no especificado de condena condicional, debe impugnarse a través del recurso de revocación, previsto en el artículo 361 del Código Federal de Procedimientos Penales, por medio del cual puede ser modificado, revocado o nulificado, porque el hecho de que el quejoso se encuentre privado de su libertad y el acto reclamado sea de naturaleza penal, no significa que se actualice alguno de los casos de excepción a que se refiere el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, pues no se trata de un acto que importe peligro de privación de la vida, deportación, destierro o cualesquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 del Carta Magna, en virtud de que la afectación de su libertad deriva de la sentencia emitida en el procedimiento respectivo y orden de reaprehensión, no del desechamiento del incidente que es un aspecto de carácter procesal; por tanto, al no haberse agotado el principio de definitividad previsto en el citado precepto de la ley de la materia, debe sobreseerse en el juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto por la fracción III del artículo 74 del mismo ordenamiento legal". En la inteligencia de que la quejosa no se encuentra en ninguno de los casos de excepción, para no agotar el recurso, al ser parte en la diligencia de remate, y no se encontraba en ninguna de las hipótesis a que se contrae los incisos a), b) y c), fracción XVIII, del artículo 61 de la ley de la materia, es decir, no se trata de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzosa de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Es aplicable a lo anterior, en lo conducente, la tesis 2a./J. 103/2004 de la Novena Época, sustentada por la Segunda Sala, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta en agosto de 2004, visible en la página 417, con número de registro 180802, la cual textualmente indica: "REMATE EN EJECUCIÓN DE LAUDOS. EL POSTOR NO PUEDE CONSIDERARSE PERSONA EXTRAÑA PARA LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO, POR LO QUE DEBE AGOTAR EL RECURSO DE REVISIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 849 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO. De la interpretación de los artículos 967, 968, 970 y 971 de la Ley Federal del Trabajo, se advierte que el postor en el remate que se celebre en ejecución de un laudo pronunciado por una Junta de Conciliación y Arbitraje tiene carácter de parte en dicha diligencia por el hecho de presentar una postura por escrito y exhibir el billete de depósito respectivo, independientemente de que dicha postura sea calificada de legal o no. Por tanto, al incorporarse a la relación procesal y someterse a la dirección del presidente de la Junta durante el desarrollo del remate, es inconcuso que no puede considerársele como persona extraña al procedimiento en términos de los artículos 107, fracción III, inciso c), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 114, fracción V, de la Ley de Amparo, por lo que el amparo que promueva contra actos que le causen perjuicio dentro de la diligencia de remate se rige por el artículo 114, fracción III, del último ordenamiento citado, hipótesis en la que necesariamente debe atenderse al principio de definitividad y, por ende, debe agotar previamente el recurso de revisión a que se refiere el artículo 849 de la Ley Federal del Trabajo, el cual prevé su procedencia contra actos de los Presidentes en ejecución del laudo." De lo expuesto, se deja en evidencia que el peticionario de amparo, previo a la interposición del juicio de amparo indirecto, debió de agotar el principio de definitividad que rige el juicio de amparo, esto es, debió interponer RECURSO DE REVOCACIÓN respecto de los actos de que se trata, como medio ordinario de defensa que la Ley le confiere, previsto en el artículo 130 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, al ser parte en el juicio natural. Motivo por el cual, si la parte quejosa se duele de la negativa del Juez Segundo en Ejecución de Sanciones Penales en el Estado de Querétaro de hacer entrega a la aquí quejosa de la cantidad depositada por concepto de reparación de daño dentro de la carpeta de ejecución número 186/2017; y derivado de esa medida insiste en las violaciones cometidas; luego, válidamente se concluye que en contra de dicha negativa, previo al juicio de amparo, debe ser combatido a través del recurso de revocación. Es aplicable, la jurisprudencia VI.2o.C. J/239, Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, Novena Época, con número de registro 182901, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XVIII, noviembre de 2003, visible en la página 765, que a la letra dice: "ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. DEBE AGOTARSE EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD PARA PROMOVER AMPARO EN SU CONTRA. El hecho de que un acto de autoridad tenga sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación que afecte directa e inmediatamente derechos sustantivos del gobernado, de ninguna manera constituye una excepción al principio de definitividad que rige en materia de amparo, consistente en agotar los medios de defensa o recursos ordinarios previstos en la ley que rige el acto, antes de acudir a la acción constitucional, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 73, fracción XIII, de la ley de la materia y 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." En consecuencia, al actualizarse la citada causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO la demanda de que se trata, en términos del artículo 113 ibídem
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SIENDO LA PRIMER HORA HÁBIL DEL DÍA DE LA FECHA. . .SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO DECRETADO MEDIANTE AVISO JUDICIAL DE 01/12/2017 Y SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA AL QUEJOSO TEODORA SILVA GALVÁN EL AUTO DE 28/11/2017, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: Agréguese a los autos el escrito signado por **** , por medio del cual pretende dar cumplimiento a lo requerido en auto de veintidós de noviembre de dos mil diecisiete, manifestando bajo protesta de decir verdad que Teodora Silva Galván y/o María Teodora Silva Galván, son la misma persona; empero, no ha lugar a tener por desahogado el citado requerimiento, en virtud de que para que sea así la parte quejosa deberá de comparecer personalmente ante este órgano jurisdiccional a ratificar el escrito presentado en este juzgado el veintiuno de noviembre del actual, tal como fue indicado en el precitado auto; y en caso de dar cumplimiento a ello, de igual forma, deberá dar cumplimiento a lo requerido en el último párrafo del referido auto. En virtud de lo anterior, subsiste la prevención efectuada en autos y, por ende, el requerimiento decretado en auto de veintidós de noviembre del presente año, por lo que, hágase del conocimiento de la parte quejosa que aún cuenta con el termino de cinco días contado a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído para dar cumplimiento a lo solicitado; bajo apercibimiento que de no hacerlo en dicho término se hará efectivo el apercibimiento decretado en la citada prevención
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