Teodora Nájera Tiburcio
Expediente 16/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guerrero. 3 actuaciones registradas, la última del 7 de octubre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 16/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 07/10/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Teodora Nájera Tiburcio
- Inmuebles Comerciales del Centro, S.A.
Actuaciones
- Principal
Amparo indirecto auxiliar 16/2022 Iguala de la Independencia, Guerrero, siete de octubre de dos mil veintidós. V I S T O S, para resolver los autos del juicio de amparo indirecto ****************; y R E S U L T A N D O I. ************************************************************* por propio derecho y en representación de *************************** e ****************, por escrito recibido el once de febrero de dos mil veintidós, en el Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa en el Estado de Nuevo León, con sede en Monterrey, demandó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra los actos del Gobernador del Estado de Nuevo León y otras autoridades. II. En auto del veinticuatro de febrero de dos mil veintidós, el referido órgano de control registró la demanda como el juicio de amparo ************** y la admitió a trámite; solicitó los informes con justificación a las autoridades responsables; dio la intervención legal al Representante Social de la Federación adscrito y señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se llevó a cabo a las once horas con diez minutos del tres de agosto de dos mil veintidós; y, III. Mediante oficio SECNO/STCCNO/962/2022 del trece de septiembre de dos mil veintidós, el Secretario Técnico de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal informó que la aludida Comisión determinó que este Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Iguala de la Independencia, apoyara en el dictado de sentencias al Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa en el Estado de Nuevo León. IV. Con motivo de lo anterior, el veintisiete de septiembre de dos mil veintidós, este órgano de control integró el cuaderno auxiliar 16/2022 al que vinculó el juicio de amparo ******************, del juzgado de origen mediante el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, para el dictado de la sentencia correspondiente. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. El Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Iguala de la Independencia, es legalmente competente para resolver este juicio de amparo de conformidad con la sesión celebrada el siete de septiembre de dos mil veintidós, comunicada mediante circular SECNO/STCCNO/962/2022 de la Secretaría Técnica de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos, al aprobar el punto de acuerdo 145/2022 relativo a la propuesta de equilibrio de los asuntos en los Juzgados de Distrito en Materias Administrativa en el Estado de Nuevo León, con residencia en Monterrey; y auxilio en el dictado de sentencias a los referidos Juzgados de Distrito, así como la cantidad y temporalidad de los expedientes que las integran, modalidad de resolución y reenvío en términos del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. También debe tomarse en cuenta que se reclaman actos de naturaleza administrativa atribuibles a autoridades del Estado de Nuevo León; de ahí que, por razón de materia y territorio, se surte competencia a favor del Juzgado de Distrito de origen de conformidad con lo dispuesto en el artículo 57 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación en concordancia con el artículo 37, tercer párrafo, de la Ley de Amparo. Finalmente, resulta oportuno señalar que la competencia de este órgano de control constitucional se encuentra restringida para dictar sentencia en los juicios de amparo que, por disposición del Consejo de la Judicatura Federal, son enviados para ese efecto; de ahí que éste asunto se resuelve con base en las constancias que existen en el expediente electrónico y conforme lo integró el Juzgado de Distrito auxiliado. Así lo estableció la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al emitir la jurisprudencia publicada en la página 440, tomo XXXII, agosto de 2010, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro digital 163998, de rubro: "ÓRGANOS JURISDICCIONALES AUXILIARES. SU COMPETENCIA". SEGUNDO. De conformidad con la fracción I, del artículo 74, de la Ley de Amparo, se destaca que del análisis integral de la demanda se obtiene que la impetrante reclama: 1. Al Congreso del Estado de Nuevo León, Gobernador del Estado de Nuevo León, Secretario General de Gobierno del Estado de Nuevo León, Secretario de Finanzas y Tesorería del Estado de Nuevo León. 1.1. La aprobación, expedición, sanción, promulgación y firma del Decreto 069, en el que se aprueban los valores unitarios de suelo del Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León. 1.2. La aprobación, expedición, sanción, promulgación y firma del Decreto 085, en el que se aprueban los valores unitarios de suelo del Municipio de Monterrey, Nuevo León. 1.3. Los artículos 21 bis al artículo 21 bis 21 de la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado. 1.4. La ley del Catastro por lo que respecta a sus artículos 3, 6, 7, 17, 18, 20, 23 y 24. 1.5. La expedición del Reglamento de la Ley de Catastro específicamente los artículos 9, 17, 18 y 19. 2. Del responsable de la Junta Catastral del Estado de Nuevo León y Junta Municipal de San Pedro Garza García. 2.1. La determinación del valor catastral de los bienes inmuebles propiedad de los quejosos y la opinión emitida de los valores unitarios de suelo resultantes de los estudios de valuación practicados a las colonias y/o zonas que conforman los municipios de San Pedro Garza García y Monterrey. 3. De la secretaría del Ayuntamiento del Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León. 3.1. La determinación del valor catastral de los bienes inmuebles propiedad de los quejosos, así como la publicación del dictamen CHPM 2021-2024/002-2021/Valores Catastrales Actualización, aprobado en sesión extraordinaria del Ayuntamiento de San Pedro Garza García, el cinco de octubre de dos mil veintiuno. 4. Del Ayuntamiento y Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal del Ayuntamiento, ambas del Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León. 4.1. La aprobación del dictamen CHPM 2021- 2024/002-2021/Valores Catastrales Actualización, en sesión del cinco de octubre de dos mil veintiuno. 5. Del Presidente Municipal, Secretario del Ayuntamiento, Síndico Segundo y Secretario de Finanzas y Tesorería Municipal, todos de San Pedro Garza García, Nuevo León. 5.1. El acto mediante el cual remiten los valores unitarios de suelo para el 2022, al Congreso del Estado de Nuevo León. 6. De la Dirección de Ingresos de la Secretaría de Finanzas y Tesorería de San Pedro Garza García, Nuevo León. 6.1. El cobro del impuesto predial de las partes quejosas, de ese municipio. 7. De todas las autoridades del municipio de Monterrey. 7.1. La determinación del valor catastral de las propiedades inmobiliarias de los quejosos. 8. De la Dirección de Ingresos de la Secretaría de Finanzas y Tesorería Municipal del Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León así como de la Dirección de Ingresos de la Tesorería Municipal de Monterrey. 8.1. La determinación y cuantificación del valor catastral. 8.2. La determinación, cuantificación, cobro y liquidación del impuesto predial. 8.3. La recepción del pago del impuesto predial. 9. Los actos anteriores se impugnan a las responsables sobre todas las consecuencias directas o indirectas, mediatas o inmediatas que de hecho o por derecho, derivan o resultan de las normas y cuyos actos de invalidez reclaman y que se encuentran su aplicación respecto de los expedientes catastrales siguientes: Reynaldo Cantú López: ****************************; Inmuebles Comerciales del Centro: *************. Inmobiliaria 4R: *********************************; Rodrigo Cantú López: ***********************; Ricardo Cantú López: *************************; María del Carmen Cantú López: ***************; y Patricia Cantú López: ************. 10. Responsable del periódico oficial del Estado de Nuevo León. 10.1. La publicación de los decretos 069 y 085 de los cuales forman parte los actos reclamados así como las leyes que contienen los artículos que tilda de inconstitucionales. TERCERO. Al rendir su respectivo informe justificado, el Ayuntamiento, Secretario del Ayuntamiento, Síndico Segundo, Secretario de Finanzas del Municipio de Monterrey y Dirección de Ingresos de la Secretaria de Finanzas, todos del Municipio de Monterrey, negaron los actos que se les atribuyen, únicamente aceptaron respecto a la expedición de los recibos del pago predial; la Junta Municipal del Ayuntamiento de San Pedro Garza García, negó el acto consistente en la determinación del valor catastral de los bienes inmuebles propiedad de los quejosos, y la opinión emitida de los valores unitarios de suelo resultantes de los estudios de valuación practicados a las colonias y/o zonas que conforman los municipios de San Pedro Garza García y Monterrey; la Secretaría del Ayuntamiento de San Pedro Garza García, negó por lo que hace a la determinación del valor catastral de los bienes inmuebles propiedad de los quejosos, así como la publicación del dictamen CHPM 2021-2024/002/2021 Valores Catastrales Actualización, aprobado en sesión extraordinaria del Ayuntamiento de San Pedro Garza García, el cinco de octubre de dos mil veintiuno; la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal del Ayuntamiento de San Pedro Garza García, negó el acto relativo a la aprobación del dictamen antes mencionado, la Dirección de Ingresos de la Secretaría de Finanzas y Tesorería del Municipio de San Pedro Garza García, negó los actos que se le atribuyen consistentes en la determinación, cuantificación del valor catastral, así como cuantificación y liquidación del impuesto predial. Bajo esas condiciones, ante la negativa de los actos reclamados de dichas autoridades y lo expuesto en el párrafo que antecede, deben tenerse por inexistentes los actos reclamados precisados con antelación por cuanto hace a las aludidas autoridades. Es aplicable la jurisprudencia 310, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 209, del Tomo VI, del Apéndice de 1995, primera parte, Sexta Época, materia común, con número de registro 394266, que establece: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo." Máxime que los quejosos no exhibieron pruebas idóneas para acreditar las omisiones antes enunciadas, pues las aportadas por éste, a saber dos escrituras notariales, expedidas por el Notario Público número ochenta con las que se acredita la constitución de las sociedades anónimas "Inmuebles Comerciales del Centro" e "Inmobiliaria 4R", además de las credenciales para votar expedidas por el entonces Instituto Federal Electoral y por el Instituto Nacional Electoral a favor de los quejosos ****************** y ***********, todos de apellidos ******************, así como cuarenta y ocho recibos del pago del predial de diversos inmuebles; sin embargo, dichos documentos no prueban la existencia de los actos reclamados en cita, ya que en todo caso de ellas únicamente se constata la constitución de dos sociedades anónimas, la identidad de los promoventes, y el pago del impuesto predial de cuarenta y ocho inmuebles. Por consiguiente, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, se sobresee respecto a los actos atribuidos a las referidas autoridades. Es aplicable la tesis aislada, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 6673, del Tomo LXXIX, del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, materia común, con número de registro 324127, que establece: "ACTO RECLAMADO, INEXISTENCIA DEL. De acuerdo con el artículo 74, fracción IV de la Ley de Amparo, procede el sobreseimiento en el juicio de garantías, cuando de las constancias de autos apareciese claramente que no existe el acto reclamado, y también cuando no se prueba su existencia en la audiencia a que se refiere el artículo 155 de la propia Ley." CUARTO. Al rendir su respectivo informe justificado, el Responsable del Periódico Oficial del Estado de Nuevo León, Presidente de la Junta Central Catastral del Estado de Nuevo León, Dirección de Ingresos de la Secretaría de Finanzas del Municipio de Monterrey, respecto al recibo de pago del impuesto predial que realizaron los quejosos; Gobernador Constitucional del Estado de Nuevo León, Secretario General de Gobierno del Estado de Nuevo León, Presidenta de la Diputación Permanente de la LXXVI Legislatura del Congreso del Estado de Nuevo León, Secretaría de Finanzas y Tesorería del Estado de Nuevo León, Ayuntamiento del Municipio San Pedro Garza García, relativo a la aprobación del dictamen CHPM 2021-2024/002/2021/Valores Catastrales Actualización y el acto mediante el cual remite los valores unitarios del suelo para el 2022, al Congreso del Estado de Nuevo León; Secretario del Ayuntamiento, Síndico Segundo; Secretario de Finanzas y Tesorería Municipal del Municipio de San Pedro Garza García, el acto mediante el cual remite los valores unitarios del suelo para el 2022, al Congreso del Estado de Nuevo León, de la Dirección de Ingresos de la Secretaría de Finanzas y Tesorería de San Pedro Garza García, el cobro del impuesto predial de las partes quejosas, de ese municipio; aceptaron dichos actos; por tanto, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo se tienen por ciertos los actos reclamados. QUINTO. Las causas de improcedencia que el este órgano jurisdiccional advierta de oficio o que se hagan valer por las partes, deben examinarse preferentemente por ser de orden público, atento a lo dispuesto en el artículo 62, de la Ley de Amparo y en la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación1, que establece: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías." 1 Registro: 395571, Quinta Época, Instancia: Pleno, Jurisprudencia, Fuente: Apéndice de 1985, Parte VIII, Materia(s): Común, Tesis: 158, Página: 262. Ahora bien, respecto al inmueble con número de expediente catastral ***************, del cual la parte quejosa aduce ser representante, así como de los actos que reclaman al Presidente de la Junta Central del Estado de Nuevo León, Dirección de Ingresos de la Secretaría de Finanzas del Municipio de Monterrey, al Gobernador Constitucional del Estado de Nuevo León, Secretario General de Gobierno del Estado de Nuevo León, Presidenta de la Diputación Permanente de la LXXVI Legislatura del Congreso del Estado de Nuevo León, Secretaría de Finanzas y Tesorería del Estado de Nuevo León, el acto que reclama a las Dirección de Ingresos de la Secretaría de Finanzas y Tesorería Municipal del Municipio de San Pedro Garza García y Dirección de Ingresos de la Tesorería Municipal de Monterrey, consistente en la recepción del pago del impuesto predial; se advierte que se actualizan las causales de improcedencia previstas en los artículos 61, fracciones XII y XXIII, en relación con los artículos 1, fracción I, y 5, fracción II, de la Ley de Amparo. Por principio de cuentas, cobra especial relevancia acotar que la parte quejosa acude a este juicio de amparo a defender un derecho de la sociedad anónima que representa "*****************" (carácter con el que se ostenta), toda vez que se duele de la inconstitucionalidad de los actos antes mencionados. Una vez sentado lo anterior, conviene precisar que la fracción I del artículo 107 Constitucional, establece que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Por su parte, el artículo 5, fracción I, de la Ley de Amparo, dispone que el quejoso es parte en el juicio de amparo, y que tiene tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1° de esa ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. En ese orden de ideas, el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, estatuye la improcedencia del juicio constitucional cuando se intenta contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5 de ese ordenamiento, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia. Lo anterior evidencia que cuando el particular promueve el juicio de amparo por considerar vulnerada su esfera de derechos, de manera personal y directa, que es lo que la jurisprudencia ha denominado como interés jurídico, resulta necesario que acredite la titularidad del derecho cuya protección pretende. Al respecto, tiene aplicación la jurisprudencia 168/20075 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra dispone: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. El artículo 4o. de la Ley de Amparo contempla, para la procedencia del juicio de garantías, que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional. Así, como la tutela del derecho sólo comprende a bienes jurídicos reales y objetivos, las afectaciones deben igualmente ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, teniendo en cuenta que el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; de modo que la naturaleza intrínseca de ese acto o ley reclamados es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera normativa del particular, sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados." Ahora bien, tratándose de leyes y de ordenamientos generales, el interés jurídico para efectos del juicio de amparo no puede acreditarse únicamente con la expedición y, en su caso, con la presumible aplicación respectiva de tales leyes, sino que debe demostrarse plenamente que la disposición legal reclamada ha causado un agravio en la esfera de derechos de la parte quejosa, por virtud de encontrarse en los supuestos hipotéticos de la norma de observancia general (ley autoaplicativa), o con motivo de un acto de aplicación que lo actualice (ley heteroaplicativa). Así lo ha sostenido el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al emitir la jurisprudencia6 número 55/97, del siguiente contexto: "LEYES AUTOAPLICATIVAS Y HETEROAPLICATIVAS. DISTINCIÓN BASADA EN EL CONCEPTO DE INDIVIDUALIZACIÓN INCONDICIONADA. Para distinguir las leyes autoaplicativas de las heteroaplicativas conviene acudir al concepto de individualización incondicionada de las mismas, consustancial a las normas que admiten la procedencia del juicio de amparo desde el momento que entran en vigor, ya que se trata de disposiciones que, acorde con el imperativo en ellas contenido, vinculan al gobernado a su cumplimiento desde el inicio de su vigencia, en virtud de que crean, transforman o extinguen situaciones concretas de derecho. El concepto de individualización constituye un elemento de referencia objetivo para determinar la procedencia del juicio constitucional, porque permite conocer, en cada caso concreto, si los efectos de la disposición legal impugnada ocurren en forma condicionada o incondicionada; así, la condición consiste en la realización del acto necesario para que la ley adquiera individualización, que bien puede revestir el carácter de administrativo o jurisdiccional, e incluso comprende al acto jurídico emanado de la voluntad del propio particular y al hecho jurídico, ajeno a la voluntad humana, que lo sitúan dentro de la hipótesis legal. De esta manera, cuando las obligaciones derivadas de la ley nacen con ella misma, independientemente de que no se actualice condición alguna, se estará en presencia de una ley autoaplicativa o de individualización incondicionada; en cambio, cuando las obligaciones de hacer o de no hacer que impone la ley, no surgen en forma automática con su sola entrada en vigor, sino que se requiere para actualizar el perjuicio de un acto diverso que condicione su aplicación, se tratará de una disposición heteroaplicativa o de individualización condicionada, pues la aplicación jurídica o material de la norma, en un caso concreto, se halla sometida a la realización de ese evento." En el caso concreto, se observa que la parte quejosa reclama diversos actos relativos al pago del impuesto predial generado en el expediente catastral con número **************, del cual menciona ha realizado el pago correspondiente y se encuentra al día de la presentación de la demanda libre de adeudo, lo que manifiesta corrobora con la constancia de pago que le fue generada por la autoridad recaudadora. Sin embargo, como se adelantó, la parte quejosa no demuestra la afectación a su interés jurídico para la promoción del presente juicio de amparo instado, atinente al inmueble con expediente catastral *************, ello, en virtud de que de las constancias que adjuntó a su demanda de amparo, no exhibió prueba alguna con la que se acredite la afectación jurídica que le generan las normas combatidas en el bien inmueble que menciona. De igual forma, dicha causal de improcedencia se actualiza respecto a los actos atribuidos al Gobernador Constitucional del Estado de Nuevo León, al Secretario General de Gobierno del Estado de Nuevo León, a la Presidenta de la Diputación Permanente de la LXXVI Legislatura del Congreso del Estado de Nuevo León y Secretaría de Finanzas y Tesorería del Estado de Nuevo León, por lo que hace a los actos siguientes: - Aprobación, expedición, sanción, promulgación, firma y refrende del decreto 069, en el que se aprueban los valores unitarios de suelo del municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León. - Aprobación, expedición, sanción, promulgación, firma y refrende del decreto 085, en el que se aprueban los valores unitarios de suelo del municipio de Monterrey, Nuevo León. - Los artículos 21 bis al 21 bis-21 de la Ley de Hacienda para los municipios del Estado. - Ley de Catastro del Estado, por lo que respecta a sus artículos 3, 6, 7, 17, 18, 20, 23 y 24. En razón de que los quejosos exponen que las afectaciones que resienten con las citadas normas, se pueden advertir de los cuarenta y ocho recibos de pago del predial que adjuntaron a su demanda, identificados con los números ******************************************************, correspondientes a los expedientes catastrales *****************************, respectivamente, los que son valorados de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la materia. Por tanto, debe decirse que los recibos de pago exhibidos no son suficientes por sí solos para demostrar que los bienes inmuebles de los que dichas constancias amparan el pago del predial respectivo, hayan sido sujetos a las leyes que tildan de inconstitucionales; en otras palabras, únicamente muestran el pago realizado con motivo del impuesto predial, no así de que a dichas erogaciones se les haya aplicado alguna tasa adicional o bien la forma en que fueron catalogados esos inmuebles es decir, si como predios baldíos o edificaciones comerciales, ni tampoco la determinación de la categorías en las que se encuentran los mencionados predios, o la actualización que sufrieron con motivo del aumento a los valores unitarios de suelo. De ahí que se insiste que los documentos que adjuntaron los quejosos a su demanda, son insuficientes para considerar la afectación que dicen sufrieron con los actos reclamados y por ende carecen de interés jurídico para acudir a esta instancias a combatir los actos que tildan de inconstitucionales Por ende, lo que procede es sobreseer en el juicio respecto de dicho decreto en términos del artículo 61, fracción XII, en relación con el numeral 63, fracción V, de dicho cuerpo legal en consulta. No se pasa por alto que en su escrito de demanda los quejosos hayan solicitado que este juzgador realizara los cálculos aritméticos a fin de determinar los elementos que componen el impuesto predial que se les aplicó, toda vez que en términos del artículo 108 de la Ley Amparo, le corresponde a esa parte procesal la carga probatoria y si no aportaron los medios de prueba idóneos con los que se hayan precisado esas circunstancias, lo que imposibilita al suscrito a analizar la constitucionalidad de los actos reclamados, pues estuvieron en oportunidad de ofrecerlos sin que así lo hayan hecho, como en el caso lo pudieron haber acreditado con una pericial en materia de contabilidad. En otra guisa, este juzgador advierte de oficio que respecto a los actos reclamados a la Dirección de Ingresos de la Secretaría de Finanzas del Municipio de Monterrey, consistente en la recepción del pago del impuesto predial, se estima que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los artículos 1, fracción I, y 5, fracción II, de la Ley de Amparo. En razón de que de dichos numerales se obtiene que el juicio de amparo sólo será procedente contra actos de autoridad, por lo que de no ser el caso el juicio constitucional es improcedente. Así, se tiene que la autoridad para los efectos del juicio de amparo es todo aquel ente que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria. Así, como ya se precisó con antelación, se destaca que los quejosos les reclama a las referidas autoridades la recepción del pago del impuesto predial; no obstante conviene agregar que para la procedencia del amparo, el acto reclamado consiste en cualquier hecho voluntario, intencional, negativo o positivo imputable a un órgano del Estado, que se traduzca en una abstención, omisión o una ejecución que produzcan una afectación en situaciones jurídicas de derecho. En ese sentido, el acto reclamado al que se ha hecho mención que le atribuye a la Dirección de Ingresos de la Secretaría de Finanzas del Municipio de Monterrey, no le otorga la calidad de autoridad responsable en el juicio de amparo porque no dicta, ni ordena un acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, sino que dichos actos no provienen de la voluntad de ésta, ya que con ello solamente se acredita la existencia de un acto de autoaplicación de ley. De modo que la intervención de las citada autoridad, de recibir el pago, no realiza actos propios de autoridad, ya que ese acto no proviene de la voluntad sino de la del contribuyente que acude a ante ellas a llevar a cabo el pago ante la dependencia fiscal correspondiente. Sirve de apoyo por analogía la tesis jurisprudencial 2a./J. 182/2008, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: "TENENCIA O USO DE VEHÍCULOS. EL RECIBO DE PAGO RELATIVO NO CONSTITUYE UN ACTO DE AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que el recibo de pago de un tributo no constituye un acto de autoridad para los efectos del juicio de amparo, pues lo único que acredita es la existencia de un acto de autoaplicación de la ley relativa. Asimismo, ha precisado que el recibo de pago del impuesto sobre tenencia o uso de vehículos solamente constituye el medio idóneo para acreditar el cumplimiento de la obligación correspondiente, pero no un acto de autoridad imputable a la autoridad fiscal. Conforme a lo anterior, las circunstancias particulares que hayan provocado el pago del impuesto indicado, consistentes en que al contribuyente, al acudir ante la autoridad a realizar algún trámite administrativo vinculado con la circulación del automóvil, se le haya determinado un adeudo por concepto de tenencia o uso de vehículos condicionando la prestación del servicio administrativo al pago correspondiente, en cumplimiento de la Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos, no desnaturaliza al recibo de pago en sí mismo, convirtiéndolo en esas circunstancias en un acto de autoridad para los efectos del juicio de amparo, sino que éste sigue conservando la naturaleza de un mero medio para acreditar el cumplimiento de la obligación tributaria. Lo anterior no implica desconocer que la negativa de la autoridad de proporcionar los servicios administrativos vinculados con la circulación de vehículos, por existir un adeudo relacionado con el impuesto aludido, así como la determinación del monto a pagar, son actos de autoridad para efectos del juicio de amparo."2 En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los artículos 1, fracción I, y 5, fracción II, de la Ley de Amparo, lo que procede es decretar el sobreseimiento respecto del acto reclamado a la Dirección de Ingresos de la Secretaría de Finanzas del Municipio de Monterrey, de conformidad con la fracción V del diverso 63 de la Ley de Amparo. En otro tenor, por lo que hace al Responsable del 2 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXVIII, Diciembre de 2008, página 294. Registro digital: 168248. Periódico Oficial del Estado de Nuevo León, Presidente de la Junta Central del Estado de Nuevo León, Ayuntamiento del Municipio San Pedro Garza García, relativo a la aprobación del dictamen CHPM 2021- 2024/002/2021/Valores Catastrales Actualización y el acto mediante el cual remite los valores unitarios del suelo para el 2022 al Congreso del Estado de Nuevo León; Secretario del Ayuntamiento, Sindico Segundo; Secretario de Finanzas y Tesorería Municipal del Municipio de San Pedro Garza García, el acto mediante el cual remite los valores unitarios del suelo para el 2022, al Congreso del Estado de Nuevo León, de la Dirección de Ingresos de la Secretaría de Finanzas y Tesorería de San Pedro Garza García, el cobro del impuesto predial de las partes quejosas, de ese municipio; se actualiza la causa de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 63 fracción V, y 108, fracciones III, y VII de la Ley de Amparo. En ese orden, el artículo de referencia establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: (.) III. La autoridad o autoridades responsables. En caso de que se impugnen normas generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación. En el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, el quejoso deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios; (.) VII. Si el amparo se promueve con fundamento en la fracción II del artículo 1o de esta Ley, deberá precisarse la facultad reservada a los estados u otorgada al Distrito Federal que haya sido invadida por la autoridad federal; si el amparo se promueve con apoyo en la fracción III de dicho artículo, se señalará el precepto de la Constitución General de la República que contenga la facultad de la autoridad federal que haya sido vulnerada o restringida; y (.)." Pues se estima en ese sentido ya que la parte quejosa no realiza razonamiento alguno a partir del cual pueda considerarse que realice verdaderos conceptos de violación en contra de los actos que les atribuye, no obstante que uno de los requisitos para la procedencia está constituido por el señalamiento que el promovente debe hacer respecto de las causas y motivos por los cuales considera que son actos reclamados, así como de las autoridades responsables, pues no impugnó por vicios propios los actos reclamados; además, de que no expreso argumentos que permitan afirmar que los mismos transgreden sus derechos o le causa un agravio a su esfera jurídica. De lo anterior se sigue que el artículo 108 de la Ley de Amparo establece cuáles son los requisitos que debe contener el escrito de la demanda de amparo; uno de ellos está regulado en su fracción VIII, que señala que se deberán expresar los conceptos de violación. En ese tenor, si se omite en la demanda de amparo expresar los conceptos de violación, o sólo se combate el acto reclamado diciendo que es incorrecto, infundado, inmotivado, o utilizando otras expresiones semejantes, pero sin razonar por qué se considera así, tales afirmaciones tan generales e imprecisas, no constituyen la expresión de conceptos de violación requerida por la fracción VIII transcrita, y el Juez de Distrito, salvo el caso de suplencia de la queja deficiente, no puede juzgar sobre la constitucionalidad de los actos reclamados sin la existencia de conceptos de violación. Por consiguiente, si del análisis integral de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa no planteó argumento tendente a evidenciar la inconstitucionalidad de los actos que les reclama a las autoridades antes precisadas; es inconcuso que esa circunstancia trae consigo que este resolutor federal no pueda juzgar sobre la constitucionalidad de esas normas reclamadas, sin que se advierte motivo por el cual suplir esa deficiencia; por ende, se actualiza de manera patente la causa de improcedencia en estudio. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia3 de la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: 3 Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Núm. 72, Diciembre de 1993, página 38. Tipo: Jurisprudencia. Tesis: 3a./J. 28/93. Materias(s): Común. Octava Época. Instancia: Tercera Sala. Registro digital 206659. "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN EN DEMANDAS DE AMPARO INDIRECTO, CUANDO NO EXISTEN DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO Y NO NEGAR EL AMPARO. Si se omite en la demanda de amparo expresar los conceptos de violación, o sólo se combate el acto reclamado diciendo que es incorrecto, infundado, inmotivado, o utilizando otras expresiones semejantes, pero sin razonar por qué se considera así, tales afirmaciones tan generales e imprecisas, no constituyen la expresión de conceptos de violación requerida por la fracción V del artículo 116 de la Ley de Amparo, y el Juez de Distrito, salvo el caso de suplencia de la queja deficiente, no puede juzgar sobre la constitucionalidad de los actos reclamados sin la existencia de conceptos de violación, lo cual determina la improcedencia del juicio, de conformidad con la fracción XVIII del artículo 73, en relación al artículo 116, fracción V, de la Ley de Amparo, y con apoyo en el artículo 74, fracción III, de dicha ley, debiéndose sobreseer en el juicio y no negar el amparo". En consecuencia, al actualizarse la diversa causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 108, fracción VIII, todos de la Ley de Amparo, lo que procede es decretar el sobreseimiento respecto de los actos y autoridades precisadas en líneas que anteceden, al tenor de lo establecido en la fracción V del diverso 63 de la Ley de Amparo. Por los fundamentos y motivos expuestos, se RESUELVE: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por ********************************** por propio derecho y en representación de **********************************, contra los actos y las autoridades responsables que quedaron precisadas, por los motivos, causas y fundamentos expuestos en el considerando quinto de esta sentencia. Notifíquese en términos de ley; por conducto del Juzgado auxiliado. Así lo resolvió y firma José Álvaro Vargas Ornelas, Juez Quinto de Distrito en el Estado de Guerrero, en unión con el secretario Mariano Villanueva Araujo, con quien actúa y da fe. Doy fe.
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Iguala de la Independencia, Guerrero, ocho de febrero de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal de este juicio, se advierte que ha transcurrido el plazo de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de amparo, sin que se haya interpuesto recurso de queja en contra del proveído del veinticuatro de enero de dos mil veintidós, en el que se desechó la demanda de amparo promovida por *****, por derecho propio, y en representación de su hija menor de identidad reservada con iniciales *****. Por tanto, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 2° de la legislación citada, en relación con el diverso 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la normativa de la materia, se declara que el mencionado acuerdo ha causado estado. En consecuencia, toda vez que la resolución de que se trata no requiere ejecución material, en su oportunidad archívese el expediente como concluido. En las relatadas condiciones, en términos del artículo 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se provee lo siguiente: a) Este expediente es susceptible de destrucción, toda vez que no es de relevancia documental. b) Lo cual podrá efectuarse una vez transcurrido el plazo de tres años a que se refiere el artículo 21 del citado acuerdo. c) Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo y colóquese en la carátula una tarjeta informativa en la que se asiente la fecha de este proveído, así como la data en que se remita materialmente al archivo. Notifíquese por lista electrónica y por vía electrónica a la promovente. Lo proveyó y firma electrónicamente José Álvaro Vargas Ornelas, Juez Quinto de Distrito en el Estado de Guerrero, en unión de Carlos Rene Hernandez Maza, secretario quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron este acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporados al expediente electrónico. Doy fe.
- Principal
Iguala de la Independencia, Guerrero, veinticuatro de enero de dos mil veintidós. Vista la demanda de amparo promovida por *****, por derecho propio, y en representación de su hija menor de identidad reservada con iniciales *****, contra actos del Agente Titular del Ministerio Público del Fuero Común (sector central) del Distrito Judicial de Hidalgo, de la Fiscalía General del Estado de Guerrero, residente en esta ciudad, y otras autoridades; realícense las anotaciones respectivas bajo el número 16/2022-II. Al respecto, se actualiza de manera notoria y manifiesta la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 5o., fracción I, y 63, fracción IV, todos de la Ley de Amparo. De una interpretación conjunta de los preceptos invocados, se desprende que el juicio de amparo es improcedente contra los actos que no producen una afectación real y actual en la esfera jurídica de la promovente, al ser inexistente al momento de la presentación de la demanda de amparo. Sobre este tema, el Máximo Tribunal del País estableció que la afectación al quejoso debe ser real y no subjetiva, recaer en una persona determinada, concretarse en ésta, y ser de realización pasada, presente o inminente. De ahí, que la exigencia de una afectación real y actual implica un requisito de procedencia del juicio de amparo en que se exige que con el acto reclamado se cause afectación al interesado en el aspecto más amplio de tutela de derechos, el que puede haberse producido en el momento de la promoción del juicio, no simplemente eventual, aleatorio o hipotético. En el caso que nos ocupa, de los antecedentes que la accionante narra bajo protesta de decir verdad, se advierte que refiere, recibió una llamada telefónica de una persona de sexo femenino, quien le hizo saber que era del Ministerio Público, requiriéndole que presentara a su menor hija en las instalaciones de la agencia, ya que había una carpeta de investigación en su contra. De esta forma, es evidente que a la fecha de la presentación de la demanda no se está produciendo una afectación real y actual en contra de la promovente, sino que se está en presencia de un hecho hipotético e inexistente al momento de la promoción de amparo al observase conjeturas sobre un posible requerimiento y privación de la libertad y no así un acto real, actual e inminente que se pretenda materializar en su contra. Además, la Primera Sala del Máximo Tribunal, al resolver la contradicción de tesis 57/95, que dio origen a la jurisprudencia con el rubro: "ACTO RECLAMADO DE CARÁCTER POSITIVO. SU EXISTENCIA DEBE ANALIZARSE DE ACUERDO CON LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA, AUN EN EL CASO DE ÓRDENES DE APREHENSIÓN", en la ejecutoria estableció, en resumen, que la demanda de amparo tiene como finalidad obtener la protección de la Justicia Federal a efecto de que se restituya al quejoso en el goce del derecho vulnerado, y no prevenir actos que en lo futuro pudieran generar esa afectación, como podría suceder en la hipótesis en que el perjuicio no exista al momento de ejercer la acción, sin durante la tramitación del juicio. En tal virtud, con apoyo en el artículo 113 de la legislación aplicable se desecha la demanda de amparo. Por otra parte, se tiene como autorizada a la persona que menciona la promovente para los efectos que precisa, en el entendido que para el caso de ser en amplios términos, deberá contar con su cédula registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Órganos Jurisdiccionales. Asimismo, se tiene por autorizado al usuario que proporciona para la consulta del expediente electrónico de este juicio y recibir notificaciones por la vía que propone, en virtud de que cuenta con el registro correspondiente, por lo que se instruye a la Oficial Judicial "A", encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes a efecto de que realice las anotaciones conducentes. De conformidad en el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020 y el diverso 3o. de la Ley de Amparo, se exhorta a las partes a que, de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ellos, para una mayor agilidad del asunto, continúen la tramitación del presente juicio mediante el esquema de "juicio en línea", a través del Portal de Servicios en Línea desarrollado y aprobado por el Consejo de la Judicatura ingresando para tal efecto a la liga virtual https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/Home/Ayuda. Hágase del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y V y 113, fracción V, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y sobre todo conforme a lo estipulado en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Notifíquese por lista electrónica y por vía electrónica a la promovente. Lo proveyó y firma electrónicamente Wendali Montserrat Navarro Ramírez, Secretaria del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guerrero, Encargada del Despacho conforme a lo dispuesto por el artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación del veintiséis de mayo de mil novecientos noventa y cinco, durante las vacaciones del titular, autorizado en sesión de trece de diciembre de dos mil veintiuno, por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, según consta en el oficio CCJ/ST/5354/2021, suscrito electrónicamente por la Secretaria Técnica de dicha comisión, en unión de M. Rubén Marroquín Serrano, Secretario quien certifica que las promociones que en su caso generaron este acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporados al expediente electrónico. Doy fe.
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