Teodora Mimila Hurtado

Expediente 663/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo. 2 actuaciones registradas, la última del 2 de julio de 2018.

Datos del expediente

Expediente
663/2018
Año
2018
Actuaciones
2
Última actuación
02/07/2018

Partes del expediente

  • Teodora Mimila Hurtado

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado que guardan los autos y la certificación secretarial que antecede, se advierte que no se recurrió la determinación dictada el diecinueve de junio de dos mil dieciocho, dentro del término de cinco días, como lo refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que HA CAUSADO ESTADO la determinación por la cual se desechó la demanda de amparo promovida por********, contra actos que reclamó del H. Ayuntamiento de Tulancingo de bravo, Hidalgo y otra autoridad; para todos los efectos legales correspondientes. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente asunto como concluido. En cumplimiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto 01/2009 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgado de Distrito, se determina que el presente expediente carece de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción. Notifíquese.

  2. Principal

    Visto el escrito de demanda signado por ********************, contra actos del Ayuntamiento de Tulancingo de Bravo, Hidalgo, en específico del departamento de licencias y permisos de construcción. DESECHAMIENTO Ahora bien, por ser preferente su estudio, se analiza primero la procedencia del juicio de derechos, pues las causales previstas en el artículo 61, en relación con el 62, ambos de la Ley de Amparo, son de examen preferente y deben analizarse aún de oficio, lo aleguen o no las partes, por lo que, de actualizarse alguna de ellas deberá desecharse de plano la demanda en cuestión. Asimismo, de conformidad con el artículo 113, de la ley en cita, es obligatorio examinar el escrito de demanda y de encontrarse motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se debe desechar de plano. Lo anterior es así, si se toma en cuenta como punto de partida que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito; y, lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiere la demanda y se substanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes, situación que en el caso a estudio acontecen. Se afirma lo anterior, toda vez que se advierte que en contra de los actos reclamados, sustancialmente se aduce que conculcan lo dispuesto en los numerales 14 y 16 constitucionales, cuyos preceptos garantizan a los gobernados que la materialización en sus bienes patrimoniales de órdenes emanadas de la autoridad, provengan de procedimientos en los que sean parte hubiesen sido oídos en defensa de sus intereses. Empero, el impetrante de amparo señala también que se pretende suspender un permiso de construcción que le fue otorgado por las autoridades responsables, previo a la emisión del acto reclamado, así como que se pasó por alto la existencia de diversos ordenamientos, para llevar a cabo un procedimiento donde se le diera la oportunidad de defenderse y ofrecer pruebas. De ahí que, tales aspectos denotan que en la demanda de derechos, no sólo se expusieron cuestiones relacionadas con la violación directa a normas constitucionales; sino que, también se expusieron aspectos que, para su análisis, precisan del estudio del marco legal aplicable a las autorizaciones que aduce el impetrante de amparo. En este orden de ideas, no puede considerarse actualizada la excepción a la causa de improcedencia en comento, pues las violaciones que se alegan podrían ser reparadas con el juicio de nulidad porque, se insiste, no constituyen violaciones propiamente de constitucionalidad, sino de legalidad, al hacerse depender de la actuación de la autoridad responsable (Ayuntamiento de Tulancingo de Bravo, Hidalgo, en específico el departamento de licencias y permisos de construcción) con su marco legal. Asimismo, el inciso 7) consistente en eximir al promovente de agotar el juicio ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Hidalgo, cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia, tampoco se actualiza, toda vez que el juicio de nulidad local está debidamente contemplado en los artículos 82 y 83 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Hidalgo, y su tramitación en el numeral 32 de la Ley del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Hidalgo. Tampoco se actualiza una diversa excepción al principio de definitividad, porque no se reclamó de manera destacada alguna de las disposiciones legales que fundamentan el acto reclamado. En las relatadas condiciones, al haberse demostrado que los numerales 112, 126, 128 y 130 la Ley de Amparo vigente y el artículo 36 de la Ley del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Hidalgo, en esencia, son coincidentes respecto a los requisitos para conceder la suspensión de los actos reclamados; luego, debe concluirse que la parte interesada en obtenerla se encuentra obligada a observar el principio de definitividad consagrado en los artículos 107, fracción IV, de la Constitución General de la República y 61, fracción XX, de la Ley de Amparo en vigor, agotando el juicio de nulidad, dado que en este medio de defensa no se prevén mayores requisitos para conceder la suspensión de los efectos de los actos impugnados en esa instancia contenciosa, que los enunciados en la Ley de Amparo vigente, como se explicó en los párrafos anteriores, máxime que tiene por efecto nulificar los actos emitidos por autoridades administrativas. Por ello, se sostiene que contra los actos que señala la parte quejosa, es procedente el juicio de nulidad ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Hidalgo, por las razones antes indicadas; de ahí que, quien juzga, haya determinado que el presente juicio de derechos sea improcedente contra los actos reclamados. En efecto, al quedar demostrado que dichos actos reclamados, carecen de definitividad y que no se actualiza ninguna excepción al principio aludido, es inconcuso que opera la causa de improcedencia prevista en la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo. Por tanto, al encontrarse acreditada la causal de improcedencia anteriormente señalada, con fundamento en lo dispuesto por el numeral 63, fracción V de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO, la presente de demanda promovida por ********************. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa, el domicilio que indica en su escrito de demanda.. SE HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES Por otro lado, con fundamento en el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, desde este momento y por economía procesal se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de las notificaciones que de manera personal deban realizarse a las partes en el juicio de amparo en que se actúa. Notifíquese personalmente.

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