Teodora Márquez Reyes
Expediente 451/2022 tramitado ante el Juzgado Décimo Primero de Distrito en el Estado de Veracruz. 15 actuaciones registradas, la última del 10 de abril de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 451/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 15
- Última actuación
- 10/04/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo Primero de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Teodora Márquez Reyes
Actuaciones
Las 4 más recientes de 15.
- Principal
Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, a diez de abril de dos mil veintitrés. Vista la certificación secretarial de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, al haber transcurrido el término de diez días a que alude el artículo 86 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de revisión en contra de la sentencia pronunciada en este asunto, sin que las partes interesadas hubieren ejercido ese derecho; en tal virtud, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la sentencia de mérito HA CAUSADO EJECUTORIA. Háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno correspondiente y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 214 de la ley de la materia, archívese el presente asunto como concluido. En términos de los artículos 6 y 12 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo, de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación; se hace la indicación que el presente asunto es susceptible de DESTRUCCIÓN, toda vez que encuadra en la hipótesis establecida en el artículo 21, inciso a), del citado Acuerdo General, al ser un juicio de amparo sobreseído en sentencia respecto del acto reclamado. En virtud de lo anterior, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha y dentro de los treinta días siguientes, deberá destruirse este expediente y remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación; acorde a lo dispuesto en el citado artículo 21 del mismo ordenamiento legal. En cambio, se hace la indicación que el cuaderno original del incidente de suspensión que deriva del presente juicio es susceptible de DEPURACIÓN, pues se concedió la medida cautelar solicitada, acorde con lo dispuesto en el inciso a), fracción I, del artículo 18 del Acuerdo General relativo. Por lo que, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha y dentro de los siguientes noventa días, se realizará el proceso de depuración de dicho cuaderno original y se transferirá a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación; por lo que, agréguesele una impresión electrónica con evidencia criptográfica de este proveído y manténgase por separado en el archivo de este juzgado federal. Por otra parte, en términos del artículo 20, fracción II, inciso a), de la multicitada norma, se ordena que una vez que transcurran seis meses a esta fecha, dentro de los treinta días siguientes, se proceda a la DESTRUCCIÓN del duplicado de los cuadernos incidentales, debiéndose remitir el acta de baja documental a la Dirección General de Archivo y Documentación, tal y como lo dispone penúltimo párrafo del referido artículo; por lo que, de igual forma, glósesele una impresión electrónica con evidencia criptográfica de este proveído y manténgase por separado en el archivo de este juzgado federal. Se precisa que en el presente juicio carece de relevancia documental, habida cuenta que no versó respecto de algún supuesto de los previstos en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación. Toda vez que en el sumario obran documentos originales exhibidos por la quejosa; de conformidad con el antepenúltimo párrafo del artículo 21 del multicitado Acuerdo General, requiérasele para que dentro del plazo de noventa días hábiles comparezca a recuperarlos; bajo el apercibimiento que de no hacerlo así, sin previo acuerdo, serán destruidos con el expediente. Sin que pase inadvertido para la suscrita juzgadora, que en el sumario no obran las constancias de notificación de los oficios con los que se hizo del conocimiento de las autoridades responsables, la sentencia dictada en el presente asunto; empero, en el caso, aquéllas carecen de legitimación para interponer recurso de revisión, al haberse sobreseído en el juicio. De lo que se colige que no les ocasiona ningún agravio, pues es inconcuso que dicha resolución únicamente es desfavorable para la impetrante del amparo, quien es la que tiene el agravio personal y directo, al verse afectada por el sobreseimiento decretado. En virtud de lo expuesto, una vez que obren los acuses de notificación de las autoridades responsables, relativos a la sentencia dictada en el presente asunto, así como de este proveído, glósense al sumario para que surtan sus efectos legales procedentes. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa. Así, lo proveyó y firma electrónicamente la Jueza Natividad Regina Martínez Ramírez, Titular del Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Veracruz, ante la secretaria Karina Esther Santiago Espinoza, que autoriza y da fe.
- Principal
Aviso, se notifica por lista de acuerdos a la parte quejosa. Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, a diez de abril de dos mil veintitrés. Vista la certificación secretarial de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, al haber transcurrido el término de diez días a que alude el artículo 86 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de revisión en contra de la sentencia pronunciada en este asunto, sin que las partes interesadas hubieren ejercido ese derecho; en tal virtud, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la sentencia de mérito HA CAUSADO EJECUTORIA. Háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno correspondiente y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 214 de la ley de la materia, archívese el presente asunto como concluido. En términos de los artículos 6 y 12 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo, de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación; se hace la indicación que el presente asunto es susceptible de DESTRUCCIÓN, toda vez que encuadra en la hipótesis establecida en el artículo 21, inciso a), del citado Acuerdo General, al ser un juicio de amparo sobreseído en sentencia respecto del acto reclamado. En virtud de lo anterior, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha y dentro de los treinta días siguientes, deberá destruirse este expediente y remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación; acorde a lo dispuesto en el citado artículo 21 del mismo ordenamiento legal. En cambio, se hace la indicación que el cuaderno original del incidente de suspensión que deriva del presente juicio es susceptible de DEPURACIÓN, pues se concedió la medida cautelar solicitada, acorde con lo dispuesto en el inciso a), fracción I, del artículo 18 del Acuerdo General relativo. Por lo que, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha y dentro de los siguientes noventa días, se realizará el proceso de depuración de dicho cuaderno original y se transferirá a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación; por lo que, agréguesele una impresión electrónica con evidencia criptográfica de este proveído y manténgase por separado en el archivo de este juzgado federal. Por otra parte, en términos del artículo 20, fracción II, inciso a), de la multicitada norma, se ordena que una vez que transcurran seis meses a esta fecha, dentro de los treinta días siguientes, se proceda a la DESTRUCCIÓN del duplicado de los cuadernos incidentales, debiéndose remitir el acta de baja documental a la Dirección General de Archivo y Documentación, tal y como lo dispone penúltimo párrafo del referido artículo; por lo que, de igual forma, glósesele una impresión electrónica con evidencia criptográfica de este proveído y manténgase por separado en el archivo de este juzgado federal. Se precisa que en el presente juicio carece de relevancia documental, habida cuenta que no versó respecto de algún supuesto de los previstos en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación. Toda vez que en el sumario obran documentos originales exhibidos por la quejosa; de conformidad con el antepenúltimo párrafo del artículo 21 del multicitado Acuerdo General, requiérasele para que dentro del plazo de noventa días hábiles comparezca a recuperarlos; bajo el apercibimiento que de no hacerlo así, sin previo acuerdo, serán destruidos con el expediente. Sin que pase inadvertido para la suscrita juzgadora, que en el sumario no obran las constancias de notificación de los oficios con los que se hizo del conocimiento de las autoridades responsables, la sentencia dictada en el presente asunto; empero, en el caso, aquéllas carecen de legitimación para interponer recurso de revisión, al haberse sobreseído en el juicio. De lo que se colige que no les ocasiona ningún agravio, pues es inconcuso que dicha resolución únicamente es desfavorable para la impetrante del amparo, quien es la que tiene el agravio personal y directo, al verse afectada por el sobreseimiento decretado. En virtud de lo expuesto, una vez que obren los acuses de notificación de las autoridades responsables, relativos a la sentencia dictada en el presente asunto, así como de este proveído, glósense al sumario para que surtan sus efectos legales procedentes. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa. Así, lo proveyó y firma electrónicamente la Jueza Natividad Regina Martínez Ramírez, Titular del Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Veracruz, ante la secretaria Karina Esther Santiago Espinoza, que autoriza y da fe.
- Principal
Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, a dieciocho de noviembre de dos mil veintidós. Visto; el oficio del Apoderado y Representante legal del Ayuntamiento de Tihuatlán, Veracruz; agréguese a los presentes autos para que surta sus efectos legales correspondientes y téngasele dando cumplimiento al requerimiento efectuado mediante proveído de ocho de noviembre de la presente anualidad, al remitir las constancias solicitadas; y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 119 de la Ley de Amparo, hágase relación de ello en la audiencia constitucional. Ahora bien, toda vez que las referidas constancias las remite como justificación de sus actos, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 117 de la ley de la materia, dese vista a la parte quejosa para que manifieste lo que a su interés legal convenga. Notifíquese. Así, lo proveyó y firma electrónicamente la Jueza Natividad Regina Martínez Ramírez, Titular del Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Veracruz, ante la secretaria Karina Esther Santiago Espinoza, que autoriza y da fe.
- Principal
Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, a ocho de noviembre de dos mil veintidós. Visto; el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación secretarial de cuenta, se advierte que el día de hoy se encuentra fijada la audiencia constitucional en este asunto. Sin embargo, no se está en posibilidad de celebrarla, toda vez que la responsable, remitió copia certificada del contrato de obra pública número MTI-IR-FISM-DF/2022/30/175/0063, acta constitutiva de comité de contraloría social, catálogo de conceptos, presupuesto base, análisis de precios unitarios, explosión de insumos, programa de obra, programa de montos, entre otros, sin que remitiera la acta u orden de cabildo, por la cual se esté afectando el predio de la aquí quejosa. En virtud de lo expuesto, con fundamento en los artículos 75, tercer párrafo y 117, párrafo primero, de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable Presidente Municipal y Director de Obras Públicas, ambos del Ayuntamiento de Tihuatlán, Veracruz, para que dentro del improrrogable término de TRES DÍAS, contado a partir de que surta efectos la notificación de este proveído, remita copia certificada, legible, completa y ordenada de la acta u orden de cabildo por la cual se esté afectando el predio de la aquí quejosa, y demás constancias que acrediten la existencia del acto reclamado, debidamente foliadas, rubricadas y entreselladas o en su caso informe su imposibilidad para remitirlas. Bajo el apercibimiento que de no cumplir con lo anterior, o de no manifestar el impedimento legal que tenga para hacerlo, con fundamento en los artículos 237, fracción I y 259, de la Ley de Amparo, se hará acreedor de una medida de apremio consistente en una multa por el equivalente a cincuenta días de acuerdo al valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), conforme al cálculo que realice el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). En lo conducente, cobra aplicación por su sentido y consideraciones, la jurisprudencia siguiente: Época: Novena Época Registro: 199454 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo V, Febrero de 1997 Materia(s): Común Tesis: P./J. 17/97 Página: 108 PRUEBAS Y ACTUACIONES PROCESALES. EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE ALLEGÁRSELAS CUANDO LAS ESTIME NECESARIAS PARA RESOLVER EL ASUNTO. De conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 78 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito deberá recabar oficiosamente pruebas que, habiendo sido rendidas ante la responsable, no obren en autos y estime necesarias para la resolución del asunto. De acuerdo con esta regla y atendiendo a la necesidad de encontrar la verdad material sobre la formal que tuvo en cuenta el legislador, debe estimarse que la reforma que sustituyó la palabra "podrá" por "deberá", se encaminó a atenuar el principio general contenido en el tercer párrafo del artículo 149 del citado ordenamiento, pues por virtud de la misma ya no corresponde exclusivamente a las partes aportar las pruebas tendientes a justificar las pretensiones deducidas en los juicios de garantías, sino también al Juez de Distrito para allegar de oficio todos los elementos de convicción que habiendo estado a disposición de la responsable, estime necesarios para la resolución del amparo, circunstancia de necesidad que no debe quedar al libre arbitrio del Juez, sino que debe calificarse tomando en cuenta la estrecha vinculación que la prueba o la actuación procesal tienen con el acto reclamado, de tal modo que de no tenerse a la vista aquéllas sería imposible resolver conforme a derecho sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto. Asimismo, no puede estimarse que la obligación a que se refiere el artículo 78 de la Ley de Amparo, pugne con lo dispuesto por el numeral 149, pues la aplicación de aquel precepto se actualiza cuando la autoridad reconoce en su informe la existencia del acto sosteniendo únicamente su legalidad, que es una situación diversa a la presunción de certeza que opera por la falta de informe, en cuyo caso corresponde al quejoso la carga de la prueba cuando el acto reclamado no sea violatorio de garantías en sí mismo, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad dependa de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado el propio acto. En virtud de lo expuesto, y a fin de dar margen a que la responsable cumpla con lo requerido, no ha lugar a celebrar la audiencia constitucional prevista para el día de hoy, por lo que se difiere, y como nueva fecha para que tenga verificativo se señalan las DIEZ HORAS DEL SIETE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, en que lo permiten las labores del Juzgado. Notifíquese. Así, lo proveyó y firma electrónicamente la Jueza Natividad Regina Martínez Ramírez, Titular del Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Veracruz, ante la secretaria Karina Esther Santiago Espinoza, que autoriza y da fe.
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