Teodora Maldonado Sanchez

Expediente 60/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Campeche, con residencia en Ciudad del Carmen. 6 actuaciones registradas, la última del 4 de octubre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
60/2023
Año
2023
Actuaciones
6
Última actuación
04/10/2023

Partes del expediente

  • Teodora Maldonado Sanchez
  • Junta Especial Numero dos de Conciliación Y Arbitraje En Ciudad del Carmen

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Ciudad del Carmen, Campeche, cuatro de octubre de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta, se advierte que el plazo de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la quejosa *******, interpusiera recurso de revisión contra el auto de diez de marzo de dos mil veintitrés, transcurrió del veintitrés de marzo al diez de abril del presente año, con exclusión de los días veinticinco, 09/11/23 08:28:34 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.90.d0 JESUS ALBERTO FLORES FLORES 2 veintiséis de marzo, uno, dos, ocho y nueve de abril de dos mil veintitrés, por ser inhábiles en términos de artículo 19 de la Ley de Amparo; así como cinco, seis y siete de abril del año en curso, por oficio SEPLE/GEN./007/678/2023, sin que dentro de dicho plazo interpusiera el aludido medio de impugnación. En consecuencia, con fundamento en los artículos 355 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, se declara que el auto de diez de marzo de dos mil veintitrés, que sobreseyó el presente juicio de amparo fuera de audiencia, HA CAUSADO ESTADO para todos los efectos legales procedentes. Por otro lado, de la certificación secretarial de cuenta se desprende que en este juicio de amparo no obran documentos originales exhibidos por las partes, por tanto, remítase al archivo definitivo como asunto concluido. En razón de lo anterior, con fundamento en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio del dos mil veintitrés, se determina que este juicio de amparo no es considerado de relevancia documental. Asimismo, transcurrido el plazo de tres años contados a partir de la fecha en que se dicta este proveído, procédase a su destrucción, conforme a los artículos 20, fracción I del referido Acuerdo General. Realícense las anotaciones en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. De igual forma, hágase constar la valoración documental en la carátula del expediente, mediante la leyenda "destruible", de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del citado Acuerdo General. 09/11/23 08:28:34 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.90.d0 JESUS ALBERTO FLORES FLORES Juicio de Amparo 60/2023-II 3 ??????????????? Notifíquese.

  2. Principal

    MESA II "... Ciudad del Carmen, Campeche, dieciséis de marzo de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos la razón actuarial de trece de marzo del año en curso, realizada por el fedatario de la adscripción, mediante la cual, informa la imposibilidad que tuvo para notificar personalmente a la quejosa ***, el auto de diez de marzo del dos mil veintitrés, toda vez que la quejosa autorizó para oír y recibir notificaciones la vía electrónica a través del Portal de Servicios en Línea, mediante el esquema de "juicio en línea", proporcionando el usuario ***. En consecuencia, se instruye al actuario judicial para que de inmediato notifique de manera electrónica el acuerdo de diez de marzo de dos mil veintitrés, a la parte quejosa ***. Notifíquese electrónicamente a la quejosa. Así lo proveyó y firma José Elías Pacheco Martínez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Campeche, con residencia en Ciudad del Carmen, asistido de Joel Moisés Estañol González, Secretario del Juzgado con quien actúa y da fe.

  3. Principal

    MESA I "... Ciudad del Carmen, Campeche, diez de marzo de dos mil veintitrés. Agréguense a los autos los oficios *** *** de la Presidenta y el Actuario adscritos a la Junta Especial Número Dos de Conciliación y Arbitraje en Carmen, con residencia en Ciudad del Carmen, Campeche, mediante el cual, mediante el cual, rinden su informe justificado, en el sentido de que es cierto el acto reclamado por el quejoso. Como justificación de su informe remite copia de diversas constancias del expediente laboral ***. En consecuencia, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene a la autoridad responsable rindiendo su informe justificado y por exhibidas las constancias que adjuntó a su oficio de cuenta. Ahora bien, el artículo 62 de la Ley de Amparo, establece que las causas de improcedencia deben analizarse de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo. Mientras que, el numeral 63, fracción V, de la Ley de Amparo, establece que el sobreseimiento en el juicio de amparo procede, entre otros supuestos, cuando durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el artículo 61 de ese mismo ordenamiento. Por su parte, el precepto 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, dispone que el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. A partir de lo anterior, se concluye que si de las constancias de autos se advierte que cesaron los efectos del acto reclamado, debe decretarse el sobreseimiento en el juicio de amparo, sin necesidad de esperar hasta la celebración de la audiencia constitucional. Estimar lo contrario, traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que iría contra el espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Bajo ese contexto, cabe precisar que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver los amparos en revisión 3387/97, 393/98, 363/98, 2685/98 y 348/99, sostuvo que para que exista cesación de efectos del acto reclamado, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque el acto reclamado, sino que es necesario, además, que sus efectos queden destruidos de manera absoluta, completa e incondicional, como si se hubiese otorgado el amparo, es decir, como si se hubiese restituido al quejoso en el pleno goce del derecho violado, de tal manera que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Ejecutorias que dieron lugar a la jurisprudencia 2a./J. 59/99, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo IX, junio de 1999, página 38, Novena Época, intitulada: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En el caso que nos ocupa, Teodora Maldonado Sánchez, mediante escrito presentado el veintitrés de enero de dos mil veintitrés, en la Oficialía de Partes de este órgano jurisdiccional, promovió demanda de amparo contra la omisión de la Junta Especial Número Dos de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Campeche, con sede en Ciudad del Carmen, de tramitar el procedimiento laboral ***, dentro de los plazos y términos señalados por la Ley Federal del Trabajo, derivado de que en auto de diez de enero de dos mil veintitrés, señaló el catorce de septiembre de dos mil veintitrés, para la celebración de la continuación de la audiencia de desahogo de pruebas, así como la omisión del Actuario adscrito a dicha Junta de notificar a las partes el acuerdo para la celebración de la continuación de la audiencia de desahogo de pruebas, dentro del expediente laboral ***. Por su parte, la Presidenta y Actuario adscrito a la Junta responsable en su informe justificado manifestaron que era cierto el acto reclamado por la quejosa, sin embargo, la Presidenta de la Junta en proveído de dieciséis de febrero de dos mil veintitrés, dictado en el juicio laboral ***, en vía de regularización del procedimiento fijó el tres y cuatro de abril de dos mil veintitrés, para el desahogo de diversas pruebas confesional, testimoniales y de inspección, además, giró los oficios a las dependencias Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Instituto de Fondo Nacional para la vivienda de los Trabajadores (INFONAVIT), mismos que corresponden a las pruebas documentales en vía de informe (foja 25). Como justificación de su informe remitió copia certificada del proveído de dieciséis de febrero de dos mil veintitrés de dos mil veintitrés y de las constancias de notificación practicadas a las partes (foja 26 a 35). Documentales a las que se les confiere valor aprobatorio pleno de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, ya que tienen la naturaleza de documentos públicos en razón de que fueron expedidos servidor público en ejercicios de sus funciones, cuentan con signos exteriores que les da esa calidad, como son el nombre, cargo y firma del servidor público que las expidió, así como el sello de la Junta Especial Número Dos de Conciliación y Arbitraje en Ciudad del Carmen. Bajo ese contexto, al haber regularizado del procedimiento y fijado una diversa fecha más próxima (tres y cuatro de abril de dos mil veintitrés) para el desahogo de dichas pruebas confesional testimoniales y de inspección, además, haber girado los oficios a las dependencias Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Instituto de Fondo Nacional para la vivienda de los Trabajadores (INFONAVIT), mismos que corresponden a las pruebas documentales en vía de informe y de haber notificado a las partes. Resulta evidente que han cesado los efectos de los actos reclamados, pues desaparecieron los motivos que concreta y específicamente originaron la solicitud del amparo y protección de la justicia federal, porque las cosas volvieron a constituirse en una situación idéntica a la que imperaba antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto reclamado no hubiera invadido la esfera jurídica del particular, ya que resultaría ocioso examinar la constitucionalidad de un acto que ya no surte sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Por las razones expuestas, por haber sobrevenido causa notoria, manifiesta e indudable de improcedencia, con fundamento en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 63, fracción V, de ese mismo ordenamiento legal, se decreta el SOBRESEIMIENTO fuera de audiencia en este juicio de amparo. Derivado de lo anterior, se deja sin efectos la celebración de la constitucional, programada para las nueve horas con cinco minutos del treinta de marzo de dos mil veintitrés. Notifíquese personalmente al quejoso y a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; y por oficio a las autoridades responsables. Así lo proveyó y firma José Elías Pacheco Martínez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Campeche, con residencia en Ciudad del Carmen, asistido de Pedro Gonzalo Collantes Gutiérrez, Secretario del Juzgado con quien actúa y da fe

  4. Principal

    EN CUMPLIMIENTO AL CITATORIO DE VEINTISIETE DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTITRÉS, SE NOTIFICA A LA AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITA AL JUZGADO TERCERO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE CAMPECHE, CON RESIDENCIA EN CIUDAD DEL CARMEN, POR MEDIO DE LISTA, EL SIGUIENTE PROVEÍDO, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: Ciudad del Carmen Campeche, diez de febrero de dos mil veintitrés. CUMPLIMIENTO DE PREVENCIÓN. Agréguese a los autos el escrito de José Martín Mata Lara, apoderado de la parte quejosa, mediante el cual, desahoga en tiempo la prevención realizada en proveído de veinticinco de enero de dos mil veintitrés. ADMISIÓN. 27/04/24 20:00:02 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.7f.77 Joel Moisés Estañol González 2 Con fundamento en los artículos 103, fracción I, y 107, fracciones I y VII de la Constitución Federal, 1, fracción I, 2, 3, 6, 10, 20, 33, fracción IV, 35, 37, 107, 108, 112, 115 y 117 de la Ley de Amparo, se admite la demanda de amparo promovida por Teodora Maldonado Sánchez, contra actos atribuidos a la Junta Especial Número Dos de Conciliación y Arbitraje en Carmen y de otra autoridad. INFORME JUSTIFICADO. Con fundamento en los artículos 115 y 117, párrafo primero, de la Ley de Amparo, pídase a las autoridades responsables su informe justificado, que deberán rendir por escrito dentro plazo de quince días contados a partir del siguiente al en que reciban el oficio en el que se pide dicho informe. Informes justificados en el que con fundamento en el artículo 117, párrafo quinto, de la Ley de Amparo, expondrán las razones y fundamentos que estimen pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado y acompañarán copias certificadas de las constancias necesarias para apoyarlo. Se apercibe a las autoridades responsables que de no rendir sus informes justificados dentro del plazo concedido en los términos indicados, con fundamento en el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo, se le impondrá, a la omisa, una multa de cien Unidades de Medida y Actualización, equivalentes a la cantidad de $10,374.00 (diez mil trescientos setenta y cuatro pesos, moneda nacional), que resulta de multiplicar por cien el valor diario de dicha unidad de medida, esto es, $103.74 (ciento tres pesos, setenta y cuatro centavos, moneda nacional) determinada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el diez de enero de dos mil veintitrés, en términos de los artículos 4 y 5 de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, 27/04/24 20:00:02 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.7f.77 Joel Moisés Estañol González Juicio de amparo 60/2023-II 3 publicada en ese medio de difusión el treinta de diciembre de dos mil dieciséis. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Con fundamento en el artículo 115, párrafo primero, de la Ley de Amparo, se señalan las NUEVE HORAS CON CINCO MINUTOS DEL TREINTA DE MARZO DE DOS MIL VEINTITRÉS, para la celebración de la audiencia constitucional. Fecha que se fija atendiendo a las cargas de trabajo de este Juzgado de Distrito y porque cuenta con una plantilla limitada de personal para la tramitación de los asuntos. INTERVENCIÓN A LA AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN ADSCRITA. Con fundamento en el artículo 5, fracción IV, de la Ley de Amparo, dese a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención que le corresponde. PRUEBAS Con fundamento en el artículo 119 de la Ley Amparo, se tienen por ofrecidas las pruebas instrumental de actuaciones y la presuncional legal y humana, mismas que se desahogan dada su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de relacionarlas en la audiencia constitucional y en ese acto se tengan por recibidas, aunque no exista gestión expresa del interesado, toda vez que la instrumental de actuaciones se conformará con el cúmulo de actuaciones que obrarán en este expediente, mientras que la presuncional legal se constituye cuando expresamente así lo establece la ley, en cambio, la presuncional humana se integra cuando de un hecho debidamente probado se deduce otro que es consecuencia ordinaria de aquél. Sirve de apoyo a lo expuesto, la tesis aislada XX. 305 K del Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, publicada en el 27/04/24 20:00:02 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.7f.77 Joel Moisés Estañol González 4 Semanario Judicial de la Federación, Tomo XV, enero de 1995, página 291, Octava Época, intitulada: "PRUEBAS INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES Y PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA. NO TIENEN VIDA PROPIA LAS. Las pruebas instrumental de actuaciones y la presuncional legal y humana, prácticamente no tienen desahogo, es decir que no tienen vida propia, pues no es más que el nombre que en la práctica se ha dado a la totalidad de las pruebas recabadas en el juicio, por lo que respecta a la primera y por lo que corresponde a la segunda, ésta se deriva de las mismas pruebas que existen en las constancias de autos." SUSPENSIÓN. No se tramita incidente de suspensión de los actos reclamados, por no haberlo solicitado expresamente el quejoso. TERCEROS INTERESADOS. En el caso, la parte quejosa manifestó bajo protesta de decir verdad que no existe el tercero interesado, no obstante, en caso que de las constancias que remita como apoyo a su informe justificado la autoridad responsable se advierta la existencia de persona alguna que le revista tal carácter, se acordará lo que corresponda. Notifíquese personalmente a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; por lista a la parte quejosa; y por oficio a las autoridades responsables.

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