Teodora Jimenez Moreno

Expediente 1083/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Morelos. 9 actuaciones registradas, la última del 22 de abril de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1083/2021
Año
2021
Actuaciones
9
Última actuación
22/04/2022

Partes del expediente

  • Teodora Jimenez Moreno

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, veintidós de abril de dos mil veintidós. Se estima que EL FALLO PROTECTOR HA QUEDADO CUMPLIDO, restituyéndose a la parte quejosa en el goce de sus derechos violados, conforme a lo dispuesto por el artículo 77 de la Ley de Amparo. No se tramitó incidencia de suspensión. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo y en su oportunidad, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, ARCHÍVESE EL PRESENTE EXPEDIENTE COMO ASUNTO TOTALMENTE CONCLUIDO. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos; veintitrés de febrero de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta, téngase por recibido y agréguese en autos para que obre como corresponda, el oficio de la autoridad responsable Secretario de Administración del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, por el cual remite copia certificada de las constancias con las que refiere acredita el cumplimiento del fallo protector, mismas que se tienen por exhibidas para los efectos legales conducentes. Vista. Al respecto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, con las documentales exhibidas y las demás obrantes en autos, relativas al cumplimiento, dése vista a las partes por el plazo de tres días, contado a partir de la legal notificación de este proveído, para que si lo consideran pertinente, manifiesten lo que a su derecho corresponda, con el apercibimiento que transcurrido el mismo sin que realicen manifestación alguna, este Juzgado de Distrito resolverá lo conducente tomando en consideración las constancias existentes en autos. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos; once de febrero de dos mil veintidós. Declaración de ejecutoria. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, específicamente la certificación que antecede, se advierte que las partes no recurrieron la sentencia dictada por este juzgado el diecisiete de enero de dos mil veintidós, en la que se concedió a la parte quejosa, el amparo y protección solicitado; por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria para todos sus efectos legales; háganse las anotaciones relativas en el libro de gobierno respectivo. Se requiere cumplimiento. Con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo vigente, requiérase a la autoridad responsable para que dentro del plazo de tres días, siguiente a la notificación de este proveído, cumpla con la ejecutoria aludida, apercibida que en caso de no hacerlo o no informar el impedimento legal que tenga para ello, se le impondrá una multa equivalente a cien unidades de medida y actualización, conforme al artículo tercero transitorio del decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el Diario Oficial de la Federación, conforme a lo dispuesto por el artículo 258 de la ley en cita, sin perjuicio de proceder como lo disponen los ordinales 192 y 193 de la misma, cuyo segundo numeral dispone: "Artículo 193. Si la ejecutoria no quedó cumplida en el plazo fijado y se trata de amparo indirecto, el órgano judicial de amparo hará el pronunciamiento respectivo, impondrá las multas que procedan y remitirá los autos al tribunal colegiado de circuito, lo cual será notificado a la autoridad responsable y, en su caso, a su superior jerárquico, cuyos titulares seguirán teniendo responsabilidad aunque dejen el cargo". Notifíquese.

  4. Principal

    VISTOS, para dictar sentencia en los autos del juicio de amparo 1083/2021, y; R E S U L T A N D O : PRIMERO. Presentación de la demanda de amparo Por escrito recibido el uno de septiembre de dos mil veintiuno, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, y remitido al siguiente día hábil por razón de turno a este órgano jurisdiccional, ********, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra la autoridad y por el acto que precisó en su ocurso de demanda. SEGUNDO. Trámite del juicio de amparo Mediante proveído de veintiocho de septiembre de dos mil veintiuno, se ordenó registrar la demanda con el número 1083/2021, y previo desahogo de prevención el veintiocho de septiembre de dos mil veintiuno se admitió la demanda de amparo, se ordenó dar a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención legal que le compete; se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado y se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, previo diferimiento tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. TERCERO.- Mediante proveído de nueve de noviembre de dos mil veintiuno, se dio vista a la parte quejosa para que dentro del plazo de quince días ampliara su demanda de amparo respecto de una nueva autoridad, apercibida que no hacerlo sin mayor trámite se resolvería el juicio únicamente con la que fue señalada en el ocurso de demanda; no obstante, la quejosa fue omisa en realizar tal ampliación. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia Este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Morelos, es competente para resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con los artículos 103 y 107 constitucionales, 35 y 107, de la Ley de Amparo, 48 y 52 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el Acuerdo General 3/2013, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en virtud de que, el acto reclamado, es atribuido a autoridad que tiene su residencia oficial dentro del ámbito territorial donde este juzgado federal ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado Previo a analizar la certeza de las leyes y actos reclamados, debe precisarse cuáles son éstos, atenta por lineamiento jurisprudencial, al análisis integral de la demanda de garantías. Así, conforme a las líneas de interpretación de la demanda de amparo y de las constancias que obran en autos, se advierte que, la quejosa en esencia reclama: La omisión por parte de la Secretaría de Administración del Municipio de Cuernavaca, Morelos, de dar contestación a la petición que le fue formulada el quince de julio de dos mil veintiuno, por el que solicitó el incremento de su pensión correspondiente al citado año. TERCERO. Existencia del acto reclamado Por razón de método, en toda sentencia de amparo, sea directo o indirecto, primero se analizará y determinará la certeza o inexistencia de los actos reclamados, y sólo en el primer caso, lo aleguen o no las partes, se estudiaran las causas de improcedencia aducidas o sin serlo, se actualicen, y finalmente, de ser procedente el juicio, se analizará el fondo del asunto. Lo anterior es así, entre otras razones, porque de no existir los actos combatidos, resultaría ocioso, por razones lógicas, ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia y en el evento de ser fundada alguna de éstas, sería legalmente imposible analizar las cuestiones de fondo; en otras palabras, el estudio de alguna causa de improcedencia o de fondo del asunto, implica, en el primer caso, que los actos reclamados sean ciertos y, en el segundo, que además de ser ciertos, el juicio sea procedente. La autoridad responsable niega el acto reclamado, sin embargo realiza diversas manifestaciones que evidencian su existencia, por lo que se tiene por cierto el mismo. Aunado a que la quejosa exhibió el acuse de recibo por parte de la Secretaría de Administración del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, de treinta de julio de dos mil veintiuno, con lo cual se acredita la petición efectuada por la quejosa. CUARTO. Causales de Improcedencia Conforme a la técnica del juicio de amparo y de acuerdo con el artículo 62 de la ley de la materia, en principio, corresponde a este Juzgado Federal analizar oficiosamente si en la especie se actualiza alguna causal que lo torne improcedente, dado que así lo exige el orden público; y, de no advertir que así suceda, se procederá entonces a analizar las razones y fundamentos legales que las partes hubiesen expuesto para evidenciar la improcedencia. Cobra aplicación la tesis Jurisprudencial 11.10.J/5, del Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible en la página 95, del Tomo VII, mayo de 1991, del Semanario Judicial de la Federación, correspondiente a la Octava Época, consultable en la Red Jurídica Nacional, con el número de registro 222780, que a la letra dice: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." Al respecto, se advierte que la autoridad responsable, hizo valer la causal de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XII, de la Ley de Ampro, sin embargo, no expone los motivos por los cuales estiman que se actualiza dicha improcedencia, por lo que se desestima la misma. Aunado a que el interés jurídico de la parte quejosa, se acredita con el escrito suscrito por la parte quejosa, dirigido a la Secretaría de Administración del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, en el cual consta el acuse de treinta de julio de dos mil veintiuno, por parte de dicha dependencia. Al no advertirse de oficio causal de improcedencia que se actualice, ni tampoco se aprecia alguna otra hecha valer por las partes, por lo que se procederá al análisis de los conceptos de violación esgrimidos por la parte quejosa. QUINTO. Conceptos de violación Los conceptos de violación están identificados en el juicio de amparo, cuya reproducción se omite en esta sentencia por no ser indispensable para la resolución del asunto y no existir obligación de realizarla para esta Juzgadora. Al efecto, cabe citar la tesis de jurisprudencia mil trescientos cuarenta, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página mil quinientos dos del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2011, Tomo II. Procesal Constitucional, 1. Común, 1a. Parte-SCJN, Décima Primera Sección, que es del tenor literal siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." SEXTO. Estudio de los conceptos de violación Es fundado el concepto de violación, consistente en la falta de contestación a su escrito presentado el treinta de julio de dos mil veintiuno, por el cual solicitó el incremento de su pensión correspondiente al año dos mil veintiuno, no obstante que ha transcurrido en exceso el tiempo para ello. A efecto de evidenciar lo fundado del concepto de violación, en estudio, se precisa que el artículo 8º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone: "Artículo 8o. Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa; pero en materia política sólo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la República. A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario." Dicho numeral que consagra el derecho de petición, establece la obligatoriedad de que a toda petición de los gobernados planteada de manera correcta y respetuosa ante los funcionarios y empleados públicos, debe recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se dirige, la que además deberá comunicar al interesado en breve término su respuesta conforme a las disposiciones de la ley aplicable que rige el acto. En efecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que el derecho de petición es la potestad que tiene el individuo de acudir a las autoridades del Estado con el fin de que éstas intervengan en su favor para hacer cumplir la ley en su beneficio o para constreñir a su coobligado a cumplir con los compromisos contraídos válidamente. El titular del derecho subjetivo público individual de petición, consagrado como garantía individual en el artículo 8° Constitucional es el gobernado en general, es decir, todo individuo que habite en territorio nacional, aunque está limitado en materia política a los ciudadanos de la República; por consiguiente, cualquier extranjero o mexicano no ciudadano que eleve a cualquier autoridad una solicitud de índole política, no puede exigir que a su instancia recaiga un acuerdo escrito en los términos del segundo párrafo del artículo 8° de la Constitución. En tal virtud, con la excepción antes apuntada, todo gobernado tiene la facultad de ocurrir a cualquier autoridad, formulando una solicitud o instancia escritas que puede tener el carácter de simple petición administrativa, acción, recurso o de cualquier índole; y ante ese escrito que el gobernado les eleve, el Estado y sus autoridades, en virtud de la relación jurídica consignada en el artículo 8° constitucional, tienen como obligación el dictar un acuerdo escrito que sea congruente con dicha solicitud y darlo a conocer en breve término al peticionario. Ese acuerdo constituye el parecer del órgano estatal sobre la petición formulada, más no implica necesariamente que deba resolver de conformidad con los términos de la instancia. Circunstancia que ha sido corroborada, por la jurisprudencia 2a./J. 1/2001 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XIII, enero de 2001, página 203, que dice: "INCONFORMIDAD. SI EL AMPARO SE CONCEDIÓ POR VIOLACIÓN AL DERECHO DE PETICIÓN, NO DEBE EXAMINARSE LA LEGALIDAD DE LA RESPUESTA EMITIDA POR LA AUTORIDAD RESPONSABLE EN CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA DE AMPARO. La anterior integración de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sostuvo reiteradamente el criterio de que la garantía contenida en el artículo 8o. constitucional no sólo implica que la autoridad ante quien se eleve una petición debe emitir una respuesta en breve término, sino también que el acuerdo respectivo sea congruente con lo solicitado, advirtiendo, sin embargo, que la concesión del amparo no la vincula en forma alguna a que la respuesta deba ser favorable a los intereses del peticionario. Por tanto, los alcances de la ejecutoria de amparo correspondiente impiden que el Juez de Distrito y la Suprema Corte, en el procedimiento de ejecución del fallo protector o en la inconformidad en contra de la resolución que tenga por cumplida la ejecutoria, puedan examinar los motivos o fundamentos que sustenten la respuesta, los que, en su caso, deberán ser materia de estudio a través de los medios de defensa que procedan en contra de la decisión emitida por la autoridad. En consecuencia, deberán quedar sin efecto las consideraciones que respecto de la legalidad de la respuesta hubiese externado el Juez de Distrito en el auto que tuvo por cumplida la sentencia." Por ende, una autoridad cumple con la obligación que le impone el mencionado precepto constitucional al dictar un acuerdo congruente, el cual atienda a todo lo peticionado por el solicitante, expresado por escrito, respecto de la solicitud que se le haya elevado independientemente del sentido y términos en que esté concebido. Además, la obligación impuesta a la autoridad de dictar el acuerdo correspondiente a esa petición, el artículo 8° constitucional también le impone la obligación de hacerlo conocer en breve término a la parte peticionaria, entendiéndose por éste el que racionalmente se requiera para estudiar la petición y acordarla. Al particular es aplicable, la tesis aislada sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Tercera Parte, CXXIII, Página: 39, Materia Constitucional, Sexta Época, que es como sigue: "PETICION, DERECHO DE. CONCEPTO DE BREVE TÉRMINO. La expresión "breve término" a que se refiere el artículo 8 constitucional, es aquél en que racionalmente puede estudiarse una petición y acordarse". De todo lo anterior, puede concluirse que el denominado "derecho de petición", acorde con los criterios de los Tribunales del Poder Judicial de la Federación, es la garantía individual consagrada en el artículo 8° constitucional, en función de la cual cualquier gobernado que presente una petición ante una autoridad, tiene derecho a recibir una respuesta." Su ejercicio por el particular y la correlativa obligación de la autoridad de producirla se caracterizan por los siguientes elementos: 1.- La petición: debe formularse de manera pacífica y respetuosa; ser dirigida a una autoridad, y recabarse la constancia de que fue entregada; además de que el peticionario ha de proporcionar el domicilio para recibir la respuesta. 2.- La respuesta: la autoridad debe emitir un acuerdo en breve término, congruente con la petición, el cual atienda a todo lo solicitado; notificarse el acuerdo recaído al gobernado; resolver en sentido congruente, esto es, que al proveer no necesariamente debe ser de acuerdo con lo solicitado por el promovente, sino de conformidad con los ordenamientos legales que resulten aplicables al caso. Tiene sustento a lo anterior, la jurisprudencia sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXXIII, Marzo de 2011, Novena Época, registro número 162603, página: 2167 de rubro y texto: "DERECHO DE PETICIÓN. SUS ELEMENTOS. El denominado "derecho de petición", acorde con los criterios de los tribunales del Poder Judicial de la Federación, es la garantía individual consagrada en el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en función de la cual cualquier gobernado que presente una petición ante una autoridad, tiene derecho a recibir una respuesta. Así, su ejercicio por el particular y la correlativa obligación de la autoridad de producir una respuesta, se caracterizan por los elementos siguientes: A. La petición: debe formularse de manera pacífica y respetuosa, dirigirse a una autoridad y recabarse la constancia de que fue entregada; además de que el peticionario ha de proporcionar el domicilio para recibir la respuesta. La respuesta: la autoridad debe emitir un acuerdo en breve término, entendiéndose por éste el que racionalmente se requiera para estudiar la petición y acordarla, que tendrá que ser congruente con la petición y la autoridad debe notificar el acuerdo recaído a la petición en forma personal al gobernado en el domicilio que señaló para tales efectos, sin que exista obligación de resolver en determinado sentido, esto es, el ejercicio del derecho de petición no constriñe a la autoridad ante quien se formuló, a que provea de conformidad lo solicitado por el promovente, sino que está en libertad de resolver de conformidad con los ordenamientos que resulten aplicables al caso, y la respuesta o trámite que se dé a la petición debe ser comunicada precisamente por la autoridad ante quien se ejercitó el derecho, y no por otra diversa." En el caso, de las constancias que integran el presente juicio de amparo, se advierte que mediante escrito presentado el treinta de julio de dos mil veintiuno, la parte quejosa solicitó a la autoridad responsable en lo que aquí interesa, incremento de su pensión correspondiente al año dos mil veintiuno, siendo que a la fecha en que se emite la presente sentencia, no ha dado contestación en ningún sentido a lo peticionado por la parte amparista. De lo que se concluye, que no se dio respuesta a lo solicitado por la parte quejosa en el escrito de mérito, pues para respetar el derecho de petición de la impetrante, la autoridad debe responder la petición que se le haga, de manera completa y congruente, para que el gobernado pueda conocer plenamente su sentido y alcance, así como para manifestar su conformidad o inconformidad con ella y, en su caso, impugnarla. Por tanto, si la respuesta no existe o es insuficiente, el derecho de petición se quebranta. Así, la omisión de dar respuesta a la solicitud realizada, incide desfavorablemente y de forma unilateral en la situación jurídica de la parte quejosa, con independencia de lo que se llegue a responder. Lo que antecede, con independencia de que su acatamiento no implica que la autoridad emita su resolución en el sentido en que la parte quejosa lo desea. De lo que se tiene que es patente la violación en su perjuicio el artículo 8º de la Constitución General de la República, al no haber dado respuesta en breve término a la petición que elevó mediante escrito presentado ante la responsable el treinta de julio de dos mil veintiuno, como lo exige la norma constitucional, ya que desde su presentación y a la fecha ha transcurrido más de cinco meses, sin que se haya hecho pronunciamiento en relación al escrito por el que solicitó incremento de pensión respecto del año dos mil veintiuno. Es así, ya que si bien es cierto que la autoridad responsable en su informe justificado refirió que el ocurso del quejoso cuya omisión acordar se duele lo remitió a la Subsecretaría de Recursos Humanos, por ser esta la autoridad competente para pronunciarse en relación a la petición efectuada en el sentido de que se le realice el incremento de su pensión respecto al año dos mil veintiuno; lo cierto es que, tal cuestión no libera a la responsable de dar respuesta a la petición que le fue realizada; por lo que de conformidad con el artículo 8 de la Constitución, debió emitir la respuesta correspondiente y notificársela en el domicilio proporcionado. Aunado a lo anterior, no se advierte que la autoridad responsable haya enviado la petición comentada a la Subsecretaria de Recursos Humanos, a fin de que esta de respuesta a la misma, de ahí que evidentemente se transgrede en perjuicio del quejoso el derecho de petición consagrado en su favor. Apoya a lo anterior, la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 55, volumen CV, tercera parte, del Semanario Judicial de la Federación, sexta época, con número de registro 265693, de rubro y texto: "PETICION, DERECHO DE. INCOMPETENCIA DE LA AUTORIDAD. La falta de competencia de una autoridad para resolver la solicitud de un particular, no la exime de la obligación de contestar la instancia, aun cuando sea para darle a conocer su incapacidad legal para proveer en la materia de la petición". De igual manera, la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 93, Volumen LIII, tercera parte, página 93, sexta época, del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro electrónico 267226, de rubro y texto: "PETICION, DERECHO DE. INCOMPETENCIA DE LA AUTORIDAD. El artículo 8o. constitucional establece la obligación de las autoridades de dar contestación dentro de breve término a todas las peticiones que se les formulen en forma pacífica y respetuosa; y el hecho de que alguna autoridad se crea incompetente para conocer de la petición que se le formuló, no la libera de la obligación que tiene de dar contestación, en la forma en que proceda, a la petición que se le formuló". Finalmente, en lo conducente la Jurisprudencia perteneciente a la Época y Semanario indicados, Instancia: Pleno, Tomo: XIII, Abril de 2001, tesis: P./J. 42/2001, visible en la página: 126, que indica: "PETICIÓN. LA EXISTENCIA DE ESTE DERECHO COMO GARANTÍA INDIVIDUAL PARA SU SALVAGUARDA A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO REQUIERE QUE SE FORMULE AL FUNCIONARIO O SERVIDOR PÚBLICO EN SU CALIDAD DE AUTORIDAD". En consecuencia, lo procedente es conceder el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado por la parte quejosa, para los efectos precisados en el siguiente considerando. Efectos del amparo. Una vez demostrada la inconstitucionalidad del acto reclamado, procede conceder el amparo y protección de la Justicia Federal a favor de la parte quejosa Teodora Jiménez Moreno, para el efecto de que una vez que cause ejecutoria esta sentencia, en términos de lo dispuesto por el artículo 77 de la Ley de Amparo: La autoridad responsable Secretaría de Administración del Municipio de Cuernavaca, emita una respuesta completa y congruente respecto del escrito presentado por la parte quejosa el treinta de julio de dos mil veintiuno, en el que solicitó le fuera otorgada una pensión por jubilación. Hecho lo anterior, notifique personalmente la respuesta correspondiente a la parte quejosa. En el entendido que la concesión del amparo no implica que la autoridad responsable emita su resolución en el sentido en que la parte quejosa lo desea. Finalmente, cabe decir que las jurisprudencias citadas en esta sentencia y que fueron integradas conforme a la anterior Ley de Amparo, se estima que continúan vigentes en términos del artículo sexto transitorio, toda vez que no se oponen a lo dispuesto en la nueva ley de la materia. Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 76 al 79 y demás relativos de la Ley de Amparo, se resuelve: R E S U E L V E ÚNICO. La justicia de la Unión AMPARA y PROTEGE a ******, contra el acto y la autoridad señalada en el resultando primero, por las razones contenidas en el considerando sexto de esta sentencia y para los efectos expuestos en la última parte del mismo. Notifíquese personalmente

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