Teodora Hernández Contreras

Expediente 823/2013 tramitado ante el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito. 5 actuaciones registradas, la última del 23 de septiembre de 2013.

Datos del expediente

Expediente
823/2013
Año
2013
Actuaciones
5
Última actuación
23/09/2013

Partes del expediente

  • Teodora Hernández Contreras

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Juicio de Amparo Directo

    AGREGUESE EL OFICIO DE CUENTA SIGNADO POR EL JUEZ CUARTO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE HIDALGO, MEDIANTE EL CUAL ACUSA RECIBO DE LO QUE REFIERE, PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR. ASIMISMO, AL NO EXISTIR DOCUMENTO ORIGINAL QUE DEVOLVER, ARCHIVESE EL PRESENTE ASUNTO COMO CONCLUIDO, PREVIAS LAS ANOTACIONES EN EL LIBRO DE GOBIERNO CORRESPONDIENTE. POR OTRA PARTE, EL EXPEDIENTE EN QUE SE ACTUA ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCION Y CARECE DE RELEVANCIA DOCUMENTAL.

  2. Juicio de Amparo Directo

    Visto el estado que guardan los presentes autos, de los cuales se advierte que anexos al oficio 6540, de cinco de septiembre del año en curso, se remitieron, por incompetencia legal, el oficio 1623/2013, del Magistrado Presidente de la Segunda Sala Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo; escrito de demanda; tres copias de la misma; emplazamiento en tres fojas; testimonio de apelación 938/2007; toca civil 172/2013-II; así como copia certificada de la resolución de veintitrés de agosto de dos mil trece, del índice de esta potestad federal, solicitándole a su vez acusara recibo, sin que a la fecha obre en este tribunal el mismo; en consecuencia, y toda vez que de la papeleta de cuenta se desprende que correspondió conocer del asunto en comento, al Juez Cuarto de Distrito en el Estado de Hidalgo, gíresele oficio para que acuse recibo a la brevedad, toda vez que es necesario para archivar el presente expediente.

  3. Juicio de Amparo Directo

    VISTO EL ESTADO PROCESAL QUE GUARDAN LOS PRESENTES AUTOS Y LA CERTIFICACIÓN DE CUENTA, DE LOS CUALES SE ADVIERTE QUE EL TERMINO DE TRES DÍAS PREVISTO EN EL PARRAFO SEGUNDO, DEL ARTICULO 104, DE LA LEY DE AMPARO, HA TRANSCURRIDO SIN QUE LA PARTE QUEJOSA, HAYA IMPUGNADO LA RESOLUCIÓN POR LA CUAL ESTE TRIBUNAL DECLARO SU LEGAL INCOMPETENCIA, PARA CONOCER DE LA DEMANDA DE AMPARO PROMOVIDA, EN CONTRA DE ACTOS DE LA SEGUNDA SALA CIVIL Y FAMILIAR DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE HIDALGO, EN CONSECUENCIA; SE TIENE POR CONSENTIDA DICHA RESOLUCIÓN. AHORA BIEN, EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO POR RESOLUCIÓN DICTADA POR ESTE ORGANO COLEGIADO, REMITASE AL JUEZ DE DISTRITO EN TURNO, CON RESIDENCIA EN ESTA CIUDAD, LA DEMANDA DE AMPARO Y SUS ANEXOS, ASI COMO LA COPIA CERTIFICADA DE LA RESOLUCION DICTADA POR ESTE TRIBUNAL COLEGIADO, A FIN DE QUE SE AVOQUE A SU CONOCIMIENTO Y ACUERDE LO QUE CONFORME A DERECHO PROCEDA, SOLICITANDOLE EL ACUSE DE RECIBO CORRESPONDIENTE.

  4. Juicio de Amparo Directo

    EN CUMPLIMIENTO A LA RAZON ACTUARIAL DE VEINTINUEVE DE AGOSTO DE DOS MIL TRECE, SE NOTIFICA POR LISTA DE ACUERDOS A LA PARTE QUEJOSA PRECISADA EN EL CITATORIO QUE SE AGRAGA A LOS PRESENTES AUTOS, EL ACUERDO DE VEINTITRES DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO, EL CUAL ES DEL TENOR SIGUIENTE: Pachuca de Soto, Hidalgo, veintitrés de agosto de dos mil trece. Visto el oficio 1623/2013, del Magistrado Presidente de la Segunda Sala Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo, registrado en oficialía de partes con el número 4935/2013, con el que rinde informe justificado y remite el original en ocho fojas, de la demanda de garantías promovida por ***, en su carácter de representante común de la parte actora, al cual acompaña tres copias de la misma; emplazamiento en tres fojas; así como testimonio de apelación 938/2007 y toca civil 172/2013-II; en consecuencia, regístrese, fórmese expediente y acúsese recibo. Ahora bien, en el caso a estudio este tribunal colegiado estima carecer de competencia legal, por razón de la vía, para conocer y resolver sobre el juicio constitucional intentado. Para evidenciar lo antes afirmado es menester precisar que la solicitante del amparo, ***, en su carácter de representante común de la parte actora, señaló como autoridad responsable y acto reclamado, las siguientes: "III.- AUTORIDADES RESPONSABLES:__ Segunda Sala Civil y Familiar del H. Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo.__ IV.- ACTO RECLAMADO.- Lo constituye en su generalidad la Resolución dictada el día 3 tres de Julio del año 2013, por la Segunda Sala Civil y Familiar del H. Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo, en el Toca Civil número 172/2013-II, relativo al recurso de apelación interpuesto por la suscrita representante común, en contra del auto de fecha 10 diez de Enero del año 2013, deducido del juicio Ordinario Civil promovido por *** y la suscrita en contra de LUZ ÁBREGO ARIAS, expediente número 938/2007, del Juzgado Tercero de lo Civil del Distrito Judicial de Pachuca, Hidalgo."(sic). Luego, de las constancias remitidas por la autoridad responsable anexas a su informe justificado y deducidas del juicio generador del acto reclamado, las cuales por ser documentos públicos merecen pleno valor probatorio de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al 2° de la Ley de Amparo vigente, se advierte que Teodora Hernández Contreras, en su carácter de representante común de la parte actora, interpuso recurso de apelación en contra del auto de diez de enero de dos mil trece, dictado por el Juez Tercero Civil del Distrito Judicial de Pachuca, Hidalgo, dentro del juicio ordinario civil 938/2007, promovido por *** y ***, en contra de ***, en el cual se requirió a la parte actora para que en el término de cinco días consignara la cantidad de cuarenta y cinco mil pesos a que fue condenada a devolver a la demandada, apercibiéndolos que en caso de no hacerlo, se procedería en la vía de apremio. Luego, el tres de julio de dos mil trece, la Sala responsable emitió resolución en el recurso de apelación, dentro del toca civil 172/2013-II, en el sentido de confirmar el citado auto de diez de enero del año en curso. Inconforme con dicha resolución, Teodora Hernández Contreras, con el carácter ya indicado, promueve juicio constitucional en la vía directa, cuyo conocimiento por razón de turno correspondió a este órgano colegiado. Por su parte, los artículos 107, fracción V, inciso c), de la Constitución General de la República, 34, 35, 45 y 170 de la Ley de Amparo vigente, establecen que el juicio de amparo directo procede de manera categórica, en dos casos: a) Cuando el acto reclamado es una sentencia definitiva o un laudo; y b) Cuando el acto reclamado es una resolución que pone fin al juicio. Luego, el artículo 170 dispone, que se entenderán por sentencias definitivas las que decidan el juicio en lo principal, y respecto de las cuales las leyes comunes no concedan ningún recurso ordinario por virtud del cual puedan ser modificadas o revocadas, además, las dictadas en primera instancia en asuntos judiciales del orden civil, cuando los interesados hubieren renunciado expresamente a la interposición de los recursos ordinarios que procedan, si las leyes comunes permiten la renuncia de referencia; y, por resoluciones que ponen fin al juicio, aquellas que sin decidirlo en lo principal, lo dan por concluido y respecto de las cuales las leyes comunes no concedan ningún recurso ordinario por virtud del cual puedan ser modificadas o revocadas. En ese orden de ideas, se deduce que la resolución de tres de julio de dos mil trece, dictada por la Segunda Sala Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo, en el toca civil 172/2013-II, no puede ser considerada como sentencia definitiva para la procedencia del juicio de amparo directo, al haberse dictado en la etapa procesal de ejecución, tal y como se aprecia de la lectura de los documentos remitidos por la autoridad responsable. De ahí que si el acto reclamado no reúne los requisitos previstos por el ya apuntado precepto legal 170 de la Ley Reglamentaria vigente de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; es inconcuso que los Tribunales Colegiados de Circuito no son legalmente competentes para conocer del asunto; razón por la cual, es incuestionable por exclusión, que respecto de la resolución impugnada, por no tratarse de una sentencia definitiva, ni una resolución que pone fin al juicio, pues no decide el juicio en lo principal resolviendo sobre la procedencia o improcedencia de las acciones o excepciones que dieron origen a la litis, ni lo da por concluido en forma tal, que ya no se pueda seguir actuando en el mismo; en consecuencia, al no reunir las características exigidas en el numeral en cita como tampoco actualizarse las hipótesis ahí contenidas y, como del diverso 37 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación se advierte, es claro que por falta de competencia legal el tribunal colegiado no puede decidir al respecto, y su actuación se debe limitar a hacer la declaratoria correspondiente; por lo tanto, una vez que cause estado la presente resolución, envíense las constancias respectivas al Juez de Distrito en turno en el Estado, a fin de que se avoque a su conocimiento y acuerde lo que conforme a derecho proceda, solicitando el acuse de recibo correspondiente. Al respecto, es aplicable la tesis jurisprudencial por contradicción de tesis 16/2003, sustentada por el Tribunal Pleno de la Honorable Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 10, Tomo XVIII, Julio de 2003, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "AMPARO DIRECTO. SI EL ACTO QUE SE RECLAMA NO ES UNA SENTENCIA DEFINITIVA, EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEBERÁ DECLARARSE INCOMPETENTE Y REMITIR LA DEMANDA AL JUEZ DE DISTRITO QUE CORRESPONDA.- De la interpretación sistemática de los artículos 46, 47 y 158 de la Ley de Amparo, se desprende la definición de cuándo se está ante una sentencia definitiva para los efectos del juicio de amparo, cuál es el órgano competente para conocer de éste y cuál es la determinación que debe tomar cuando le es presentada una demanda de la que no puede conocer. Ahora bien, con base en que los supuestos de procedencia del juicio de amparo y la competencia del órgano jurisdiccional que debe conocerlo están estrechamente relacionados, de tal manera que no es posible explicar la procedencia sin aludir a la competencia, cuando en una demanda de amparo directo, el acto reclamado se hace consistir en una sentencia de primer grado, debe analizarse, en primer lugar, lo relativo a la competencia del órgano jurisdiccional y después lo conducente a la procedencia del juicio, toda vez que un tribunal incompetente no está facultado para decidir sobre la procedencia del juicio de garantías, ni siquiera por economía procesal, de conformidad con lo sostenido por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis de jurisprudencia P./J. 40/97, de rubro: DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDA ANTE UN TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO. ÉSTE, EN NINGÚN CASO, DEBE DESECHARLA, SINO DECLARAR SU INCOMPETENCIA Y REMITIRLA AL JUZGADO DE DISTRITO CORRESPONDIENTE. Lo anterior resulta congruente con lo dispuesto en el tercer párrafo del artículo 47 de la Ley de Amparo, dado que no es jurídicamente correcto que un tribunal deseche la demanda de amparo, cuando es el Juez de Distrito el que debe conocer y resolver lo relativo a la procedencia del juicio de garantías.". Obténgase copia certificada de las constancias necesarias para formar el cuaderno de antecedentes, y en su oportunidad, archívese como totalmente concluido, previa anotación en el libro de gobierno correspondiente. Para el solo efecto de notificar la presente resolución, se tiene como domicilio y autorizados para oír y recibir notificaciones los indicados en el escrito de demanda. De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, que entró en vigor al día siguiente de su publicación, que en términos de su artículo cuarto transitorio derogó los Acuerdos Generales 9/2003 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y 30/2003 del Consejo de la Judicatura Federal, así como las demás disposiciones derivadas de esos Acuerdos; en concordancia, con lo preceptuado en el artículo octavo de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, se indica a las partes que el Poder Judicial de la Federación, debe hacer públicas las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria; también deberán hacerse públicas las resoluciones intermedias que pongan fin a una instancia o algún incidente de previo y especial pronunciamiento y las que recaigan a un recurso intraprocesal; asimismo, que de conformidad con lo dispuesto por los numerales 1º , 3º , 5º , 6º , 7º y 8º del citado reglamento, toda la información que tienen en resguardo los órganos jurisdiccionales es pública y, por ende, los expedientes en que obren, podrán ser consultados por cualquier persona, tanto aquellos de asuntos concluidos, como los relativos a las demás resoluciones una vez que se emitan, no obstante no haber causado ejecutoria, con las salvedades a que se refiere tal disposición; es así que las determinaciones que se dicten en el presente asunto, estarán a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten conforme al procedimiento de acceso a la información; finalmente, hágase del conocimiento de las partes que tienen derecho a oponerse, en relación con terceros, a la publicación de sus datos personales, cuando la información contenida en las constancias procesales esté clasificada, de conformidad con los artículos 13, 14 y 18 de la citada ley federal, como reservada o confidencial. Igualmente, sólo podrán considerarse reservadas o confidenciales las pruebas aportadas por las partes, cuando se les hayan atribuido tal carácter al momento de ser allegadas al juicio y tal calificación se base en lo dispuesto en algún tratado internacional, ley federal o local.

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