Teodora Gudelia Méndez Tlatelpa
Expediente 1187/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 4 actuaciones registradas, la última del 17 de enero de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 1187/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 17/01/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala · Tlaxcala
Partes del expediente
- Teodora Gudelia Méndez Tlatelpa
- Juez de lo Civil y Familiar del Distrito Judicial de Xicohténcatl, Tlaxcala
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se desprende que ha transcurrido el plazo de cinco días que establece el artículo 98, de la Ley de Amparo, sin que se hubiere interpuesto el recurso de queja en contra del proveído de cinco de enero de dos mil dieciocho, en el que se desechó la demanda de amparo promovida por Teodora Gudelia Méndez Tlatelpa; con fundamento en los numerales 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles supletorio, en términos del precepto 2°, de la Ley de Amparo, se declara que el proveído de mérito ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Se hace la indicación que el presente expediente es destruible por ubicarse en el supuesto contenido en el diverso numeral Vigésimo Primero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, una vez que transcurra el plazo de cinco años que dispone el referido artículo Vigésimo Primero. Por otra parte, dado que el presente juicio carece de relevancia histórica documental, pues no se ubica en las hipótesis previstas en el artículo Vigésimo Primero, párrafo último, del citado Acuerdo General, el expediente principal deberá transferirse al Centro Archivístico de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, una vez que transcurra el plazo de tres años que dispone el artículo Décimo Primero. Ahora bien, se deja a disposición de la parte quejosa, el documento que exhibió en su escrito de demanda, el cual podrá recoger dentro del plazo de noventa días, apercibida que de no hacerlo así, dicho documento será destruido junto con el expediente. Finalmente, dado que las partes nada manifestaron con relación a lo previsto por el artículo 8º de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, al hacerse público el auto que desecho la demanda de amparo dictado en el presente juicio, no deberán suprimirse los datos sensibles de dicha resolución y demás constancias; en la inteligencia que será facultad de la unidad administrativa correspondiente determinar lo conducente cuando se presente una solicitud de acceso de información de las constancias que obren en este asunto.
- Principal
Agréguese a los autos el escrito signado por la parte quejosa Raúl Santiago Méndez Tlatelpa; mediante el cual, pretende desistirse del juicio en que se actúa y solicita copias certificadas de los anexos que se acompañaron a la demanda de amparo instaurada. Sin embargo, dígasele que no ha lugar acordar de conformidad su solicitud, toda vez que por auto de veintiuno de diciembre de dos mil diecisiete, se desechó la demanda de amparo, únicamente respecto del citado quejoso, ello en virtud de que la misma carecía de su firma autógrafa, proveído que causó estado, el cinco de enero del año en curso. De ahí que resulte improcedente acordar de conformidad su petición, respecto a desistirse del presente juicio; además, de expedírsele copias certificadas de los anexos que refiere, ya que ni siquiera se le tuvo por apersonado en el presente juicio.
- Principal
Vista la certificación y el estado procesal de autos, del que se desprende que ha transcurrido el plazo de cinco días que establece el artículo 97, fracción I inciso a, de la Ley de Amparo, sin que el quejoso Raúl Santiago Méndez Tlatelpa, hubiere interpuesto el recurso de queja en contra del proveído de veintiuno de diciembre de dos mil diecisiete, en el que se desechó la demanda de amparo únicamente respecto de Raúl Santiago Méndez Tlatelpa, con fundamento en los numerales 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles supletorio, en términos del precepto 2° de la Ley de Amparo, se declara que el proveído de mérito ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. Se desecha demanda de amparo. Agréguese a los autos el escrito signado por la quejosa Teodora Gudelia Méndez Tlatelpa, mediante el cual da cumplimiento a la prevención formulada en auto de veintiuno de diciembre de dos mil diecisiete. Con apoyo en lo establecido por el artículo 112 de la Ley de Amparo, procede desechar la demanda de amparo por ser notoriamente improcedente, atento a las siguientes consideraciones: El artículo 113 de la Ley de Amparo autoriza al Juez de Distrito a desechar de plano una demanda de amparo, cuando de su examen se desprenda un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; en relación con este tema, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que será motivo de improcedencia manifiesto, aquel que se advierta en forma patente, notoria y absolutamente clara, mientras que el indudable será del que se tiene certeza y plena convicciónEn ese orden de ideas, tenemos que en el presente asunto se actualiza de manera indudable y manifiesta la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 17 y 18 de la misma legislación, que a la letra dicen: De la lectura de dichos preceptos legales se advierte que la demanda de amparo, fuera de la hipótesis prevista en el artículo 17, fracción IV, de la actual Ley de Amparo, puede presentarse en los plazos que prevé este último numeral, en los cuales existen tres hipótesis para el cómputo relativo, excluyentes entre sí, a saber: a) A partir del día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; b) A partir del día siguiente al en que haya tenido conocimiento de él o de su ejecución; c) A partir del día siguiente el en que se hubiese ostentado sabedor del mismo. Así, de conformidad con el artículo 18 de la ley de la materia, el juicio de amparo debe promoverse desde el día hábil siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación de la resolución o acuerdo que se reclame, al en que haya tenido conocimiento de él o de sus actos de ejecución, o incluso, al en que se haya ostentado sabedor del mismo; hipótesis que son excluyentes entre sí y no guardan orden de prelación alguno, por lo que es claro que la intención del legislador fue establecer que el inicio del cómputo del término para promover el juicio de amparo fuera a partir del día siguiente al en que se verifique cualquiera de las señaladas hipótesis. En ese contexto, si la demanda respectiva se promueve fuera de los plazos señalados en el artículo 17 de la Ley de Amparo, computados en la forma descrita, es improcedente el juicio constitucional dado que se entiende que los actos reclamados fueron consentidos tácitamente, puesto que tal conducta procesal revela la conformidad del quejoso con ellos. Ahora, conviene recordar que la quejosa, reclama la falta de emplazamiento al juicio de usucapión 975/2012 del índice del Juzgado de lo Civil y Familiar del Distrito Judicial de Xicoténcatl, Tlaxcala; así como la sentencia definitiva dictada el trece de agosto de dos mil trece, procedimiento del que manifiesta haber tenido conocimiento el quince de diciembre de dos mil diecisiete. Así es, el quejoso bajo protesta de decir verdad manifiesta en su demanda lo siguiente: "Conocí las Actuaciones del Juicio del Acto Reclamado, hasta el día quince de diciembre de 2017; en consecuencia nos encontramos dentro del término que prescribe el artículo 17 de la Ley de Amparo, PARA QUE SE DECLARE PROCEDENTE." No obstante lo anterior de conformidad con el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, constituye un hecho notorio para este Juzgador que de las constancias que integran el diverso juicio de amparo 103/2016 de este órgano jurisdiccional, las cuales se traen a la vista, por lo que se pone de manifiesto que la propia quejosa, Teodora Gudelia Méndez Tlatelpa, el cinco de febrero de dos mil dieciséis presentó demanda de amparo en la que señalo también como acto reclamado la falta de emplazamiento y como consecuencia todo lo actuado dentro del juicio 975/2012 del índice del Juzgado de lo Civil y Familiar del Distrito Judicial de Xicoténcatl, Tlaxcala; acto que resulta ser sustancialmente el mismo que reclama en la presente instancia constitucional. Sirve de apoyo de lo anterior, por su idea jurídica, la jurisprudencia 27/97 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VI, julio de 1997, página 117, que dice: "HECHO NOTORIO. LOS MINISTROS PUEDEN INVOCAR COMO TAL, LAS EJECUTORIAS EMITIDAS POR EL TRIBUNAL PLENO O POR LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA. Como los Ministros de la Suprema Corte de Justicia integran tanto el Pleno como las Salas, al resolver los juicios que a cada órgano corresponda, pueden válidamente invocar, de oficio, como hechos notorios, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, las resoluciones que emitan aquéllos, como medio probatorio para fundar la ejecutoria correspondiente, sin que resulte necesaria la certificación de la misma, bastando que se tenga a la vista dicha ejecutoria, pues se trata de una facultad que les otorga la ley y que pueden ejercitar para resolver una contienda judicial." De ahí que, contrariamente a lo que aduce la parte quejosa, tuvo conocimiento del acto reclamado en el presente juicio de amparo a partir de la data que proporciono en la diversa demanda de derechos fundamentales que dio origen al juicio de amparo 130/2016 (dieciocho de enero de dos mil dieciséis). Bajo ese tenor, debe tomarse como base para computar el plazo de quince días para promover la demanda de amparo, la fecha que proporciono en el diverso juicio de amparo 130/2016, esto es, el dieciocho de enero de dos mil dieciséis. Por tanto, el cómputo del plazo para la presentación de la demanda de amparo debe formularse a partir del día hábil siguiente al en que la parte quejosa señaló en el diverso juicio de amparo 130/2016. En tales condiciones, si la parte quejosa, señaló en el diverso juicio de amparo 130/2016 del índice de este órgano jurisdiccional, como fecha de conocimiento el dieciocho de enero de dos mil dieciséis, en términos del artículo 17 de la Ley de Amparo, el plazo para la interposición de la demanda empezó a correr a partir del diecinueve siguiente y concluyó el nueve de febrero de dos mil dieciséis, en virtud de que el veintitrés, veinticuatro, treinta, treinta y uno de enero de dos mil dieciséis, cinco, seis y siete de febrero de dos mil dieciséis fueron inhábiles por ser sábados y domingos, tal como se pone de manifiesto con el siguiente calendario:Consecuentemente, si el plazo para la presentación de la demanda de amparo transcurrió del diecinueve de enero de dos mil dieciséis y concluyó el nueve de febrero de dos mil dieciséis, y la parte quejosa presentó su demanda de amparo ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Tlaxcala hasta el diecinueve de diciembre de dos mil diecisiete, tal como lo revela el sello que consta en el escrito en comento, debe concluirse que es extemporánea la presentación del juicio de amparo, pues es inconcuso que se presentó fuera del plazo de quince días que tenía para impugnar el acto que reclama -falta de emplazamiento al juicio 975/2012 del índice del Juzgado de lo Civil y Familiar del Distrito Judicial de Xicoténcatl, Tlaxcala -. En tales condiciones, resulta manifiesto e indudable que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo; por tanto, con apoyo en el precepto 113 de la Ley de Amparo SE DESECHA por notoriamente improcedente la demanda de garantías. A lo anterior, debe decirse que atendiendo a la jurisprudencia por contradicción de tesis 13/2017, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la que estableció que los juzgadores de amparo deben ordenar dar vista al Ministerio Público Federal, ante el conocimiento de actos realizados durante la tramitación del juicio constitucional que podrían resultar constitutivos de alguno de los delitos especiales tipificados en el artículo 261 de la ley de la materia, en el caso nos encontramos ante un supuesto que pudiera encuadrar dentro de los contenidos en dicho numeral, esto es, con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, o que en la demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el acto reclamado, siempre que no se reclamen actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; y al quejoso o tercero interesado, a su abogado o a ambos, si en el juicio de amparo presenten testigos o documentos falsos. De la lectura de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa manifestó lo siguiente: "Conocí las Actuaciones del Juicio del Acto Reclamado, hasta el día quince de diciembre de 2017; en consecuencia nos encontramos dentro del término que prescribe el artículo 17 de la Ley de Amparo, PARA QUE SE DECLARE PROCEDENTE." Asimismo, en la diversa demanda dentro del expediente 130/2016, estableció que: "FECHA EN QUE TUVE CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO. El día dieciocho de Enero del año dos mil dieciséis, que fui notificada por el Ciudadano Diligenciario." Por lo anterior, ante la discrepancia de hechos manifestados bajo protesta de decir verdad, se ordena dar la vista correspondiente a la autoridad ministerial por hechos probablemente constitutivos de delito, de conformidad con el artículo 261 de la Ley de Amparo.
- Principal
Se previene demanda en relación a Teodora Gudelia Méndez Tlatelpa. Vista la demanda de amparo que promueve Teodora Gudelia Méndez Tlatelpa y Raúl Santiago Méndez Tlatelpa, contra actos del Juez de lo Familiar del Distrito Judicial de Xicohténcatl, Tlaxcala y otra autoridad. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 1187/2017-III. Con apoyo en lo establecido por el artículo 112 de la Ley de Amparo, procede desechar la demanda de garantías por ser notoriamente improcedente únicamente respecto al quejoso Raúl Santiago Méndez Tlatelpa, atento a las siguientes consideraciones: El artículo 113 de la Ley de Amparo autoriza al Juez de Distrito a desechar de plano una demanda de amparo, cuando de su examen se desprenda un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; en relación con este tema, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que será motivo de improcedencia manifiesto, aquel que se advierta en forma patente, notoria y absolutamente clara, mientras que el indudable será del que se tiene certeza y plena convicción, tal como lo corrobora el siguiente criterio: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO. El Juez de Distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En ese sentido, se concluye que un motivo manifiesto e indudable de improcedencia es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promociones, de manera que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, esto es, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda y a los anexos que se acompañen y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido, por lo que de no actualizarse esos requisitos, es decir, de no existir la causa de improcedencia manifiesta e indudable o tener duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda, pues, de lo contrario, se estaría privando al quejoso de su derecho a instar el juicio de garantías contra un acto que le causa perjuicio y, por ende, debe admitirse a trámite la demanda de amparo a fin de estudiar debidamente la cuestión planteada." (No. Registro: 186,605, Tesis aislada, Materia(s): Común, Novena Época, Instancia: Segunda Sala, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XVI, Julio de 2002, Tesis: 2ª. LXXI/2002, Página: 448.) Asimismo, el Tribunal Constitucional del país, al analizar la expresión manifiesta e indudable, contenida también en el artículo 25 de la Ley de Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ha sostenido que se estará en ese supuesto cuando la improcedencia del juicio se desprenda claramente del escrito de demanda y de las pruebas que, en su caso, se hubieren adjuntado, sin que exista duda sobre la actualización de la causa de improcedencia, de tal suerte que los actos posteriores del procedimiento sean irrelevantes para confirmar su operatividad y que, además, no exista posibilidad de que la desvirtúen. Lo anterior se confirma con el siguiente criterio del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. PARA EL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA SU IMPROCEDENCIA DEBE SER MANIFIESTA E INDUDABLE. Conforme a lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la improcedencia de la controversia constitucional que permita desechar de plano la demanda presentada, debe ser manifiesta e indudable; es decir, debe advertirse del escrito de demanda y de las pruebas que, en su caso, se hayan adjuntado, sin requerir otros elementos de juicio, de tal manera que no exista duda alguna en cuanto a la actualización de la causal invocada que evidencie en forma clara y fehaciente la improcedencia de la pretensión intentada, de tal forma que los actos posteriores del procedimiento no sean necesarios para configurarla en forma acabada y tampoco puedan, previsiblemente, desvirtuar su contenido."(Novena Época, Registro: 196923, Instancia: Pleno, Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo VII, Enero de 1998, Materia(s): Constitucional, Tesis: P./J. 9/98, Página: 898.) Además, con la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 803, Tomo XIV, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, octubre de 2001, cuyo rubro y texto dicen: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA" PARA EL EFECTO DEL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Ministro instructor podrá desechar de plano la demanda de controversia constitucional si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En este contexto, por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda, de los escritos aclaratorios o de ampliación, en su caso, y de los documentos que se anexen a tales promociones; mientras que lo "indudable" resulta de que se tenga la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento, no sería factible obtener una convicción diversa."(Novena Época, Registro: 188643, Instancia: Pleno, Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XIV, Octubre de 2001, Materia(s): Constitucional, Tesis: P./J. 128/2001, Página: 803.) Con base en estas premisas, la improcedencia notoria y manifiesta de la demanda de amparo por lo que hace al quejoso Raúl Santiago Méndez Tlatelpa, deriva del hecho que no es promovida a instancia de parte agraviada. Para corroborar tal aserto, se tiene en cuenta el contenido de los artículos 61, fracción XXIII, y 6° de la Ley de Amparo, que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley "Artículo 6°. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita." Sin embargo, del escrito de demanda se advierte que no se encuentra estampada la firma autógrafa del quejoso Raúl Santiago Méndez Tlatelpa, por lo que debe concluirse que ante la falta de firma del agraviado en el escrito inicial, no existe manifiesta su voluntad de promover el juicio constitucional y, consecuentemente, no se satisface el principio de instancia de parte agraviada, como lo exige el artículo 107, fracción I, constitucional, así como el diverso 6° de la Ley de Amparo, el cual preceptúa que el juicio de amparo únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique el acto o la ley que se reclama, y sólo podrá seguirse por el agraviado, a través de su representante legal o de su defensor; de ahí que resulta improcedente el juicio de amparo respecto de los quejosos antes mencionados. Son ilustrativos al caso los siguientes criterios: "FIRMA DE LA DEMANDA DE AMPARO, LA FALTA DE, DA LUGAR AL SOBRESEIMIENTO DEL JUICIO DE GARANTIAS. Si la demanda no fue suscrita, ni se presentó prueba alguna por el representante de la quejosa que acreditara su personalidad para promover, no se cumple con lo dispuesto por la fracción I del artículo 116 de la Ley de Amparo; además, la fracción I del artículo 107 constitucional es terminante al disponer que el juicio de garantías se seguirá siempre a instancia de parte agraviada y, en relación con ella, el artículo 4o. de la Ley de Amparo señala que el juicio de amparo únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique el acto o la ley que se reclama; por lo que, cuando no se cumple con tales requisitos, procede sobreseer el juicio de garantías, con fundamento en los preceptos mencionados, y en las fracciones XVIII del artículo 73 y III del artículo 74 de la citada Ley de Amparo."(Séptima Época, Registro: 233493, Instancia: Pleno, Tesis Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Volumen 38 Primera Parte, Materia(s): Común, Página: 27). "DEMANDA DE AMPARO, FALTA DE FIRMA DEL QUEJOSO EN LA. Si la demanda de amparo no viene firmada por uno de los quejosos que se enuncian, no puede tenerse por interpuesta a su nombre, y por lo mismo, no pueden examinarse las violaciones que a ese supuesto quejoso corresponde."(Quinta Época, Registro: 369556, Instancia: Cuarta Sala, Tesis Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Volumen CIII, Materia(s): laboral, Común, Página: 3143). "FIRMA, FALTA DE LA, EN LA DEMANDA DE AMPARO. Cuando la demanda de amparo no aparece firmada, ni tampoco sus copias, es claro que no reúne el requisito prevenido por la fracción I del artículo 166 de la Ley de Amparo que dice: "La demanda de amparo deberá formularse por escrito, en el que se expresarán: I. El nombre y domicilio del quejoso y de quien promueve en su nombre". Por tanto, el juicio debe sobreseerse."(Quinta Época, Registro: 371494, Instancia: Cuarta Sala, Tesis Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Volumen XCI, Materia(s): Común, Página: 679). "FIRMA, IMPROCEDENCIA DE AMPARO POR FALTA DE, EN LA DEMANDA DE AMPARO. De conformidad con los artículos 103 y 107 constitucionales y el artículo 4o. de la Ley de Amparo se desprende que al no estar firmada la demanda de garantías, debe entenderse que toda vez que la demanda de amparo en que se hacen valer los conceptos de violación correspondientes no está firmada, por lo que conforme a lo dispuesto por la fracción XVIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, la demanda de garantías es improcedente y debe sobreseerse en el juicio conforme a lo ordenado por la fracción III del artículo 74 de la misma ley".(Séptima Época, Registro: 244476, Instancia: Cuarta Sala, Tesis Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Volumen 39 Quinta Parte, Materia(s): Común, Página: 25). "DEMANDA, FIRMA DE LA, COMO REQUISITO. Si el juicio de amparo debe seguirse siempre a instancia de parte agraviada, como lo dispone expresamente la fracción I, del artículo 107 constitucional, no existiendo la firma en el escrito respectivo, no se aprecia la voluntad del que aparece como promovente; es decir, no hay instancia de parte, consecuentemente los actos que se contienen en él no afectan los intereses jurídicos del que aparece como promovente, lo que genera el sobreseimiento del juicio."(Séptima Época, Registro: 242775, Instancia: Cuarta Sala, Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Volumen 181-186 Quinta Parte, Materia(s): Común, Página: 71). "DEMANDA DE AMPARO, FALTA DE FIRMA EN LA. CONSTITUYE CAUSA NOTORIA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA Y NO IRREGULARIDAD EN EL ESCRITO DE DEMANDA. No puede sostenerse válidamente que la ausencia de firma en la demanda de garantías constituya una irregularidad en el escrito y que por ello sea factible que el juez de Distrito se encuentre facultado para ordenar que la misma se subsane en los términos previstos por el artículo 146 de la Ley de Amparo, supuesto que un escrito presentado en esas condiciones no obliga al órgano de control a realizar acto alguno tendiente a darle curso, en la medida en que, al no encontrarse firmado, debe estimarse como un simple papel que no incorpora expresión de voluntad de ninguna naturaleza. Por consiguiente, en esos casos procede que se deseche de plano la demanda por ser notoria e indudable su improcedencia."(Octava Época, Registro: 231247, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tesis Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Volumen I, Segunda Parte-1, Enero a Junio de 1988, Materia(s): Administrativa, Página: 241). "PROMOCIONES CARENTES DE FIRMA. EL ARTÍCULO 199 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, AL PREVER QUE SE TENDRÁN POR NO PRESENTADAS, NO VIOLA EL ARTÍCULO 14 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. El dispositivo legal referido no viola las garantías de audiencia, defensa y respeto a las formalidades esenciales del procedimiento contenidas en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en tanto que si bien prevé como consecuencia el tener por no presentada una promoción carente de firma, no por ello se priva al afectado de mecanismos de defensa, ya que el artículo 242 del propio Código Fiscal de la Federación establece la procedencia del recurso de reclamación para revertir la decisión del instructor en ese sentido, por lo que es claro que se satisfacen las mencionadas garantías constitucionales. Ello sin necesidad de que la satisfacción de éstas sea previa, mediante una prevención o requerimiento, pues el hecho de que en el artículo 14 constitucional se establezca que ninguna persona podrá ser privada de la vida, de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho, no significa que antes de tomar cualquier determinación judicial que afecte al justiciable deba necesariamente escuchársele, sino más bien que debe ser oído y vencido en juicio antes de que se dé en su contra cualquier acto de privación. Por otra parte, si bien es cierto que dentro de las formalidades esenciales del procedimiento podrían considerarse los requerimientos previos a desechar o tener por no interpuesta una promoción cuando contenga irregularidades subsanables, ello sólo operaría cuando éstas se refieran a datos de identificación, fechas, domicilios, etcétera, las cuales suponen una voluntad previa y legítima de ejercer el derecho de acción. Admitir que en el concepto de formalidades esenciales del procedimiento cabe el requerimiento de firmar una demanda, equivaldría a desequilibrar el proceso a favor del actor, aun antes de entablarse la relación jurídica procesal con el demandado."(Novena Época, Registro: 178167, Instancia: Primera Sala, Tesis Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Volumen XXI, Junio de 2005, Tesis: 1a. XLIV/2005, Materia(s): Constitucional, Administrativa, Página: 172). "RECURSO DE RECLAMACIÓN. LA FALTA DE FIRMA AUTÓGRAFA EN EL ESCRITO RELATIVO TRAE COMO CONSECUENCIA SU DESECHAMIENTO. Conforme al artículo 4o. de la Ley de Amparo, el juicio de garantías únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique el acto reclamado, pudiendo hacerlo por sí, por su representante, por su defensor, si se trata de un acto que corresponda a una causa criminal, o por medio de algún pariente o persona extraña en los casos en que la ley lo permita expresamente. Por otra parte, la firma autógrafa imprime la expresión de la voluntad a toda promoción o acto, es decir, constituye la base para tener por cierta la manifestación de voluntad del promovente, en virtud de que la finalidad de asentarla es vincular al autor con el acto jurídico contenido en el ocurso. Por tanto, si el escrito de un recurso sin firma o huella digital es un simple papel en el que no se incorpora la voluntad del recurrente de presentarlo, resulta evidente que la falta de firma autógrafa en el recurso de reclamación trae como consecuencia su desechamiento, por incumplimiento de un requisito esencial de validez de la promoción."(Novena Época, Registro: 166575, Instancia: Primera Sala, Tesis Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Volumen XXX, Agosto de 2009, Tesis: 1a. CV/2009, Materia(s): Común, Página: 70). "REVISION FISCAL, FALTA DE FIRMA EN LA. Si un escrito en el que se trata de interponer el recurso de revisión fiscal, no aparece firmado por el afectado ni por su mandante, es evidente que no podría surtir ningún efecto legal, ya que tal omisión no constituye un simple defecto de forma que pueda subsanarse, si no se indica siquiera que el interesado estaba imposibilitado para firmar, en el momento de presentarlo; por tanto, debe estimarse que no existe promoción alguna y por lo mismo, debe tenerse por no interpuesto el mencionado recurso."(Quinta Época, Registro: 319180, Instancia: Segunda Sala, Tesis Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Volumen CX, Materia(s): Administrativa, Página: 1425). En tales condiciones, resulta manifiesto e indudable que en el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, en relación con el diverso 6°, ambos de la Ley de Amparo; por tanto, con apoyo en el precepto legal 113 de la citada ley de la materia SE DESECHA por notoriamente improcedente únicamente la demanda de garantías respecto del quejoso Raúl Santiago Méndez Tlatelpa. Prevención de demanda. Por otra parte, a efecto de acordar el escrito de demanda de garantías en relación a la quejosa Teodora Gudelia Méndez Tlatelpa, debe tomarse en consideración que el artículo 108 de la Ley de Amparo prevé los requisitos que debe contener, entre los que se encuentra el previsto en la fracción V, que a la letra dicen: "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: (.) IV. La norma general, acto u omisión que de cada autoridad se reclame; Ahora, a fin de proveer lo que en derecho corresponda es conveniente hacer notar que la promovente en su demanda de amparo reclama, de manera destacada reclama lo siguiente: "..VENIMOS A INTERPONER DEMANDA DE AMPARO EN CONTRA DE LA SENTENCIA DEFINITIVA, EMITIDA POR EL JUEZ FAMILIAR Y CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE XICOHTÉNCATL, TLAXCALA. IV.- EL ACTO QUE DE CADA AUTORIDAD SE RECLAME: A las dos autoridades Responsables LES DEMANDO EL MISMO ACTO RECLAMADO" De la anterior transcripción, no se advierte con claridad cual es en específico el acto que reclama; asimismo, en el apartado denominado conceptos de violación, menciona lo siguiente: "Todos los anteriores puntos Escritos demuentran LA CONDUCTA APOCRIFA con la que se condujo la Tercera Interesada LILIA CAROLINA SALAS JUÁREZ, y ahora se entiende la RAZÓN por la que NO NOS DEMANDO EL CONCEPTO DE USUCAPIÓN, NI A LAS SUCESIONES INTESTAMENTARIAS A BIENES DE MIS PADRES; y solo lo hizo a QUIEN O QUIENES SE CREAN CON DERECHO; y fundamentalmente SE PROFANARON NUESTROS DERECHOS REALES en su amplio espectro, y que subrayo al texto: A.- NO FUIMOS EMPLAZADOS PARA COMPARECER A JUICIO PARA CONTESTAR LA DEMANDA y señalar Domicilio para oír y recibir las Notificaciones." De las anteriores transcripciones que anteceden se advierten que existe confusión respecto a que es lo que reclama la parte quejosa, por tanto, a fin de proveer lo que en derecho corresponda con fundamento en los artículos 5°, fracción III, inciso c), 108 fracción IV y 114 fracción II, de la Ley de Amparo, requiérase a la parte quejosa para que dentro del plazo de cinco días contados a partir de que surta efectos la notificación de este proveído, bajo protesta de decir verdad: Precise el acto reclamado, esto es, si señala como acto reclamado la sentencia definitiva emitida por el Juez Familiar y Civil del Distrito Judicial de Xicohtencatl, Tlaxcala dentro del expediente 975/2012, o bien, la falta o ilegal emplazamiento al mismo y como consecuencia todo lo actuado. Sustenta la anterior determinación la tesis aislada XX.57 K, de la Novena Época, emitida por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, III, Marzo de 1996, visible en la página: 871, cuyo texto y rubro son el tenor literal siguiente: "ACTO RECLAMADO. SI ES OBSCURO E IMPRECISO, DEBE REQUERIRSE AL QUEJOSO PARA QUE CUMPLA CON ESOS REQUISITOS APERCIBIDO QUE DE NO HACERLO SE TENDRÁ POR NO INTERPUESTA LA DEMANDA DE GARANTÍAS. De conformidad con la naturaleza y fines del juicio de amparo, el acto reclamado a las autoridades, debe señalarse con claridad y precisión, en virtud, de que, a través del mismo sólo puede juzgarse sobre la legalidad o no de lo reclamado en los términos en que se hace la reclamación y se acredita ante la responsable, toda vez que esto resulta indispensable para establecer la relación procesal en los juicios de garantías; por tanto, ante la falta de precisión y claridad de los actos reclamados debe requerirse al quejoso que dé cumplimiento a esos requisitos apercibido que de no hacerlo se tendrá por no interpuesta la demanda, sin que sea válido considerar que ante la obscuridad de la misma debe desecharse ésta, en razón que de conformidad con el artículo 146 de la Ley de Amparo, ante omisiones de tal naturaleza, se concede al peticionario de garantías la oportunidad de corregirlos mediante un escrito aclaratorio, siendo categórico el contenido del numeral en cita, en el sentido de que si no se cumple con el requerimiento, el Juez Federal deberá tener por no interpuesta la demanda." Por lo anterior, en caso de que reclame la falta o ilegal emplazamiento al juicio 975/2012 del índice de la responsable, y como consecuencia todo lo actuado en el mismo, deberá indicar la autoridad responsable a la que le atribuye dicho acto, en el caso, el Diligenciario adscrito, o bien, el funcionario que haya practicado tal diligencia y en su caso formule los conceptos de violación que estime pertinentes. Apoya a lo anterior la jurisprudencia 1a./J. 12/2014 sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 687 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 5, Abril de 2014, Tomo I, Décima Época, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. CUANDO SE RECLAME LA NOTIFICACIÓN O EL EMPLAZAMIENTO PRACTICADO POR EL ACTUARIO Y EL QUEJOSO OMITA SEÑALAR A ÉSTE COMO AUTORIDAD RESPONSABLE EN EL ESCRITO RELATIVO, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE PREVENIRLO PARA QUE ACLARE DICHA OMISIÓN, ANTES DE ACORDAR SOBRE SU ADMISIÓN. Del artículo 116, en relación con los numerales 145 a 147 de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, deriva que cuando de la lectura integral de la demanda relativa, el juez de distrito advierta que el acto reclamado consiste en la notificación o el emplazamiento practicado por el actuario, y no se le señale como autoridad responsable en el escrito referido, aquél deberá prevenir al quejoso para que -dentro del término de tres días- aclare si desea designarlo como tal, previamente a la admisión de la demanda, con el fin de garantizar el inicio y la conducción adecuada del proceso. Así, una vez que el promovente desahogue la prevención en la que indique si desea o no señalar como autoridad responsable al actuario ejecutor, u omita desahogar dicha prevención dentro del término referido, el juez estará en aptitud de dictar el auto de admisión, con base en la totalidad de los elementos que tenga a su alcance o, en su caso, tener o no como autoridad responsable a dicho funcionario; pero tal prevención deberá realizarse previo a la admisión de la demanda, toda vez que de los artículos 146 y 147 de referencia, no se advierte que el juzgador esté autorizado a que en el propio auto admisorio pueda prevenir para que se subsane una irregularidad como ésta." Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia de la Novena Época, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, identificada con el número P./J. 127/99, visible en la página 32, Noviembre de 1999, Tomo X, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de texto y rubro siguiente: "PROTESTA DE DECIR VERDAD. ES UN REQUISITO FORMAL QUE DEBE MANIFESTARSE DE MANERA EXPRESA EN EL ESCRITO DE DEMANDA DE AMPARO, QUE NO PUEDE SER SUSTITUIDO POR LA EXPRESIÓN FINAL "PROTESTO LO NECESARIO" Y CUYA OMISIÓN PUEDE LLEVAR AL JUZGADOR DE AMPARO A TENER POR NO INTERPUESTA LA DEMANDA. Al señalar el artículo 116, fracción IV de la Ley de Amparo, como requisito en la demanda, el relativo a que el quejoso manifieste "bajo protesta de decir verdad" los hechos o abstenciones que le consten y que constituyen los antecedentes del acto reclamado o fundamento de los conceptos de violación, estableció, con este requisito legal, que no constituye una fórmula sacramental o solemne, la obligación a cargo del quejoso de manifestar que su relato de hechos lo hace con sujeción a la verdad. Ahora bien, la omisión de esa declaración, puede llevar al juzgador a tener por no interpuesta la demanda, en caso de que el solicitante del amparo no llene ese requisito cuando sea prevenido para ello, de conformidad con el artículo 146 de la Ley de Amparo. De igual forma, el hecho de que, aun habiendo realizado la protesta de decir verdad, el quejoso incurra en falsedad, lo hace acreedor a las sanciones privativas de libertad o pecuniarias, establecidas en el artículo 211 de la Ley de Amparo. De ahí que la frase "Protesto lo necesario", que aparece comúnmente al final de una demanda, como expresión de cortesía y que deja ver que el ocursante manifiesta a la autoridad sus respetos, atenciones y consideraciones no puede ser utilizada en sustitución de la protesta de decir verdad, establecido como requisito en la demanda de amparo, ya que ambas expresiones tienen contenidos y finalidades distintas." Además, con fundamento en el artículo 110 de la ley de la materia, se le requiere para que al momento de desahogar la prevención anteriormente indicada exhiban las copias necesarias de su escrito aclaratorio, para estar en aptitud de correr traslado a cada una de las partes. Apoya a lo anterior, por su idea jurídica, la jurisprudencia del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 79, Tomo XIII, Abril de 2001, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. LA ACLARACIÓN DEL ESCRITO RELATIVO DEBE EXHIBIRSE CON EL NÚMERO DE COPIAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 120 DE LA LEY DE AMPARO. Si bien el referido precepto establece que con la demanda se exhibirán las copias necesarias para correr traslado a las partes, y para integrar el incidente de suspensión, sin hacer referencia expresa al escrito aclaratorio, también lo es que dicha disposición le resulta aplicable, pues este último, junto con el escrito inicial, integran la demanda de amparo." Apoya a lo anterior, la jurisprudencia del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable: [J]; 10a. Época; P./J. 8/2017 (10a.). Publicada: Viernes 12 de Mayo de 2017, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que señala: "COPIAS DE TRASLADO. LA CONSECUENCIA JURÍDICA DE TENER POR NO PRESENTADA LA DEMANDA DE AMPARO O LOS RECURSOS DE REVISIÓN O DE QUEJA, POR NO DESAHOGARSE EN SUS TÉRMINOS EL REQUERIMIENTO PREVIO PARA SU ENTREGA, NO VULNERA EL DERECHO DE ACCESO A LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA. El requisito de las copias de traslado no constituye un formalismo sin sentido o un obstáculo para el acceso a la justicia, toda vez que la existencia de formas concretas para acceder a ésta responde a la intención del Constituyente de facultar al legislador ordinario para establecer mecanismos que proporcionen a las partes todos los elementos para intervenir en el procedimiento, a fin de garantizar el respeto a los derechos de seguridad jurídica, legalidad e igualdad procesal. En ese sentido, la consecuencia jurídica prevista en los artículos 146 de la Ley de Amparo abrogada, así como 88 y 100 de la vigente, relativa a tener por no presentada la demanda de amparo o los recursos de revisión o de queja, por no desahogarse en sus términos el requerimiento de las copias de traslado correspondientes, no vulnera el derecho de acceso a la tutela judicial efectiva, porque dicha consecuencia no se actualiza automáticamente cuando el justiciable promueve el juicio constitucional o interpone los recursos mencionados sin las copias de traslado correspondientes, pues ante tal escenario el juzgador debe requerirlo para que en el plazo de 3 días, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación respectiva, entregue las copias faltantes, con el apercibimiento que de no hacerlo se tendrá por no presentado su medio de defensa, lo que permite al interesado corregir su omisión; al tribunal contar con los elementos suficientes para ejercer su función jurisdiccional; y a las partes preparar la defensa de sus intereses. De ahí que no haya lugar a que el tribunal de amparo requiera nuevamente al justiciable para que desahogue en sus términos el requerimiento respectivo, o que expida por su cuenta las copias faltantes, salvo que se trate de los supuestos previstos en ese sentido en los artículos 88, párrafo cuarto, 100, párrafo tercero y 110, párrafo segundo, de la Ley de Amparo vigente." Se le apercibe que en caso de no dar cumplimiento a los requerimientos antes formulados en el plazo de cinco días contados a partir de que surta sus efectos la notificación de este proveído, se tendrá por no presentada la demanda de amparo, de conformidad con el artículo 114, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo vigente. Lo anterior, para estar en condiciones de darle a la demanda el trámite legal que corresponda. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones los estrados de este Juzgado, y por autorizado en temimos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Jesús Porfirio Díaz González por contar con cédula profesional debidamente registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los órganos jurisdiccionales y únicamente para oír y recibir notificaciones a Juan Roberto Alva García, por no contar con dicho registro. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley citada, se habilitan días y horas inhábiles para practicar las notificaciones personales que se ordenen en la tramitación de este asunto, siendo que la razón de tal urgencia radica en la necesidad de que se tramite sin dilación alguna. Por otra parte, se autoriza a cualquier Secretario adscrito a este juzgado a firmar los oficios que se expidan con motivo de la tramitación del presente juicio. Finalmente, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 8° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y artículo 8° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal relativo a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, se informa a las partes el derecho que les asiste para oponerse de manera expresa a la inclusión de sus datos personales en la publicación de las actuaciones y resolución que se emitan en este asunto, en la inteligencia de que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que las mismas se publiquen sin supresión de datos.
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