Teodora Adelina Morales Pintor
Expediente 82/2022 tramitado ante el Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz. 16 actuaciones registradas, la última del 16 de noviembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 82/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 16
- Última actuación
- 16/11/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Teodora Adelina Morales Pintor
Actuaciones
Las 4 más recientes de 16.
- Principal
Córdoba, Veracruz, dieciséis de noviembre de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede, y el estado procesal que guardan las actuaciones, se desprende que ha transcurrido el plazo a que se refiere el artículo 86 de la ley de amparo, sin que alguna de las partes hubiera recurrido la sentencia autorizada de diecisiete de octubre de dos mil veintidós, en la que se SOBRESEYÓ EN EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO; por tanto, con fundamento en el artículo 2º de la invocada ley, en relación con el 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, SE DECLARA QUE HA CAUSADO ESTADO para los efectos legales a que haya lugar. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Se establece que el presente expediente no encuadra en alguno de los supuestos señalados en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, por lo que se considera que no es de relevancia documental. En ese tenor, el presente expediente una vez que hayan transcurrido tres años contados a partir de la emisión de este auto es susceptible de DESTRUCCIÓN, conforme a lo dispuesto en el citado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso a), de dicho ordenamiento, por haberse POR HABERSE SOBRESEÍDO EN EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO. Sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de los documentos originales ni billete de depósito al no obrar éstos en autos. Finalmente, toda vez que resulta innecesario seguir conservando las constancias remitidas por la autoridad responsable, Magistrados integrantes de la Octava Sala Especializada en Materia de Familia del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con residencia en Xalapa, Veracruz, consistente en los autos originales del toca número*** de su índice administrativo; en consecuencia, devuélvanse a su lugar de origen, solicitándole el acuse de recibo respectivo. Notifíquese.
- Principal
Córdoba, Veracruz, ocho de noviembre de dos mil veintidós. Agréguese a sus autos el telegrama remitido por el Secretario de Acuerdos de la Octava Sala Especializada en Materia de Familia del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz, con sede en Xalapa; en atención a su contenido, se le tiene acusando recibo del oficio 28403/2022, del índice de este órgano de control constitucional, por medio del cual se hizo de su conocimiento la sentencia autorizada de diecisiete de octubre de dos mil veintidós. Cúmplase.
- Principal
SEGUNDO. PREVENCIÓN, ADMISIÓN DE LA DEMANDA Y TRÁMITE DEL JUICIO. Por auto de veintidós de marzo de dos mil veintidós,2 este Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado, con residencia en Córdoba, previo cumplimiento a la prevención formulada, admitió la demanda bajo el número 82/2022; por ende, se solicitó a las autoridades responsables su informe justificado, dio al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención legal que le compete, ordenó emplazar a la tercera interesada y, finalmente, citó a las partes a la audiencia constitucional. TERCERO. EMPLAZAMIENTO DE LA TERCERA INTERESADA. En proveído de veintinueve de abril del presente año, se tuvo por emplazada a la tercera interesada*** CUARTO. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Seguido que fue el trámite, se celebró la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede*** PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Córdoba, es competente para resolver el presente juicio, de conformidad con lo dispuesto en los artículos*** de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ya que el acto reclamado tiene ejecución dentro de la jurisdicción de este Juzgado de Distrito, en términos del Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Por cuestión de técnica jurídica, en este considerando se delimitará el acto reclamado por la parte quejosa, en acato a lo dispuesto por la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo; y de la lectura integral de la demanda y de los informes justificados rendidos por las autoridades responsables, se precisa que aquél consiste en*** Tal noción nos ayuda a determinar la existencia o no del acto reclamado en esta vía constitucional. TERCERO. CERTEZA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Son ciertos los actos reclamados de las autoridades responsables denominadas 1. Octava Sala Especializada en Materia de Familia del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz, con sede en Xalapa, y 2. Juez Sexto de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar del Distrito Judicial de Orizaba, Veracruz, por así advertirse de la lectura de sus respectivos informes con justificación. Lo que además, se corrobora con las constancias deducidas del toca*** remitidas por las citadas responsables en apoyo a su informe, las cuales tienen pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, de conformidad con lo que dispone esta ley, en su ordinal 2°, ya que se trata de documentos públicos expedidos por funcionario en ejercicio de las atribuciones que le asigna la ley. CUARTO. ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO. Para mejor comprensión del asunto resulta pertinente reseñar algunos antecedentes relevantes del acto reclamado, que se desprenden de las constancias remitidas por las responsables en vía de informe, cuyo valor probatorio se estableció en el considerando anterior, a saber*** QUINTO. IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. Las causas que generan la improcedencia del juicio de amparo son de orden público y de estudio preferente, con independencia de que las invoquen o no las partes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. En el caso, este Juzgado de Distrito advierte de oficio que en relación con el acto reclamado de la Octava Sala Especializada en Materia de Familia del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz, con sede en Xalapa, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, toda vez que la parte quejosa, previo a acudir a esta vía constitucional, no agotó el medio ordinario de defensa previsto en el artículo 508 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Veracruz, con el que podía obtener la revocación del acto que aquí reclama. En efecto, el artículo 61, fracción XVIII, de la citada Ley de Amparo, dispone*** En el precepto transcrito se encuentra inmerso el principio de definitividad que rige el juicio de amparo, el cual ordena que antes de promoverlo se deben agotar todos los recursos ordinarios o medios de defensa legales que procedan contra el acto que se estime ilegal y que tengan el efecto de revocarlo, modificarlo o nulificarlo, ya que de lo contrario, se actualizaría su improcedencia, en virtud de que a esta vía deberá acudirse sólo cuando la actuación que se impugna no pueda remediarse ante las propias autoridades de instancia. Asimismo, la disposición normativa de mérito prevé las excepciones a dicho principio, esto es, los casos en que el gobernado no estará obligado a agotar el recurso o medio ordinario de defensa respectivo, antes de acudir al juicio de amparo. Ahora, para demostrar la tesis sustentada es pertinente invocar los artículos 56, 506, 507 y 508, del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Veracruz, que disponen*** De la interpretación armónica de los últimos tres preceptos en cita, se advierte que contra los autos y decretos emitidos por un Tribunal de segunda instancia procede el recurso de reposición, a través del cual se puede obtener la revocación de la resolución impugnada. Asimismo, la primera disposición normativa clasifica las resoluciones judiciales en sentencias, autos y decretos, identificando a estos últimos con base en la exclusión. De ello se obtiene, en lo que trasciende, que decretos son: todas aquéllas resoluciones que no deciden el asunto en lo principal, no entrañan un mandamiento de pago, de entrega, de hacer o de no hacer, ni deciden sobre personalidad, competencia o cualquiera otra excepción dilatoria, procedencia de demanda, reconvención, compensación, denegación de pruebas y tampoco resuelvan un incidente. En el asunto que nos ocupa, se reclama la resolución de catorce de enero de dos mil veintidós, dictada por los Magistrados responsables, en los autos del toca*** en la que declararon inadmisible por improcedente el recurso de apelación interpuesto por la aquí quejosa contra el auto de cuatro de octubre de dos mil veintiuno, emitido en el juicio sucesorio*** de la estadística del Juzgado Sexto de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar del Distrito Judicial de Orizaba, Veracruz. Tal resolución, acorde a la clasificación que establece el artículo 56 del Código de Procedimientos Civiles de la entidad federativa, es un decreto, por exclusión, ya que no tiene como contenido material alguno de los supuestos precisados en las fracciones I y II, del citado precepto. Además, dicho decreto fue emitido por un Tribunal de segunda instancia, como lo son los Magistrados que integran la Octava Sala Especializada en Materia de Familia del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz, con sede en Xalapa; luego, contra el acto que aquí se reclama procedía el recurso de reposición previsto en el artículo 508 del Código de Procedimientos Civiles del Estado; y no existe constancia de que la parte quejosa, previamente a acudir a este juicio de amparo haya agotado el indicado medio de impugnación, con el que podía obtener la revocación de tal resolución, esto es, no observó el principio de definitividad que establece la fracción XVIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo. Cabe destacar que en el caso no se actualiza alguna de las excepciones al principio de definitividad que prevé el mencionado precepto, pues el acto reclamado no es de los que importan peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ni la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Tampoco consiste en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso. Por otro lado, la quejosa no es tercero extraña al procedimiento, y además, la procedencia del recurso de reposición antes aludido, no está sujeto a interpretación adicional ni su fundamento legal es insuficiente para determinarlo, pues es claro y patente que se encuentra regulado por los numerales a los que se hizo referencia. En consecuencia, con fundamento en la fracción V, del artículo 63 de la Ley de Amparo, se decreta el sobreseimiento en el presente juicio, al actualizarse la causa de improcedencia invocada, lo que impide analizar el fondo del asunto. Sobreseimiento que se hace extensivo al acto de ejecución reclamado del 2. Juez Sexto de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar del Distrito Judicial de Orizaba, Veracruz, dado que no se reclamó por vicios propios, sino en vía de consecuencia. SEXTO. FORMA DE PUBLICACIÓN DE LA SENTENCIA. Cabe señalar que en el auto admisorio del presente controvertido, se hizo del conocimiento de las partes que el contenido de las resoluciones que se emitieran en el juicio constituirían información reservada hasta en tanto se dictara sentencia definitiva, otorgándoles el derecho a oponerse a la publicación de sus datos personales, con la prevención en el sentido de que si no hacían manifestación alguna se les tendría por inconformes con la divulgación de dicha información. Por tanto, de conformidad con lo previsto en los artículos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente, y al no existir manifestación alguna de las partes, en el sentido de permitir el acceso a la información confidencial, se les tiene por inconformes con la divulgación de dicha información. Por lo expuesto y fundado, se*** ÚNICO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo número 82/2022, promovido por*** contra los actos reclamados de las autoridades responsables, 1. Octava Sala Especializada en Materia de Familia del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz, con sede en Xalapa, y 2. Juez Sexto de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar del Distrito Judicial de Orizaba, Veracruz, por los motivos y fundamentos expuestos en el considerando quinto de esta resolución. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el último considerando de este fallo. Notifíquese, personalmente a la parte quejosa y por lista a la tercera interesada.
- Principal
NO ACUDIO AL AVISO SE NOTIFICA POR LISTA ELECTRÓNICA Y DE ESTRADOS A LA PARTE QUEJOSA LA SENTENCIA QUE DICE SEGUNDO. PREVENCIÓN, ADMISIÓN DE LA DEMANDA Y TRÁMITE DEL JUICIO. Por auto de veintidós de marzo de dos mil veintidós,2 este Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado, con residencia en Córdoba, previo cumplimiento a la prevención formulada, admitió la demanda bajo el número 82/2022; por ende, se solicitó a las autoridades responsables su informe justificado, dio al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención legal que le compete, ordenó emplazar a la tercera interesada y, finalmente, citó a las partes a la audiencia constitucional. TERCERO. EMPLAZAMIENTO DE LA TERCERA INTERESADA. En proveído de veintinueve de abril del presente año, se tuvo por emplazada a la tercera interesada*** CUARTO. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Seguido que fue el trámite, se celebró la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede*** PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Córdoba, es competente para resolver el presente juicio, de conformidad con lo dispuesto en los artículos*** de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ya que el acto reclamado tiene ejecución dentro de la jurisdicción de este Juzgado de Distrito, en términos del Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Por cuestión de técnica jurídica, en este considerando se delimitará el acto reclamado por la parte quejosa, en acato a lo dispuesto por la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo; y de la lectura integral de la demanda y de los informes justificados rendidos por las autoridades responsables, se precisa que aquél consiste en*** Tal noción nos ayuda a determinar la existencia o no del acto reclamado en esta vía constitucional. TERCERO. CERTEZA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Son ciertos los actos reclamados de las autoridades responsables denominadas 1. Octava Sala Especializada en Materia de Familia del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz, con sede en Xalapa, y 2. Juez Sexto de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar del Distrito Judicial de Orizaba, Veracruz, por así advertirse de la lectura de sus respectivos informes con justificación. Lo que además, se corrobora con las constancias deducidas del toca*** remitidas por las citadas responsables en apoyo a su informe, las cuales tienen pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, de conformidad con lo que dispone esta ley, en su ordinal 2°, ya que se trata de documentos públicos expedidos por funcionario en ejercicio de las atribuciones que le asigna la ley. CUARTO. ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO. Para mejor comprensión del asunto resulta pertinente reseñar algunos antecedentes relevantes del acto reclamado, que se desprenden de las constancias remitidas por las responsables en vía de informe, cuyo valor probatorio se estableció en el considerando anterior, a saber*** QUINTO. IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. Las causas que generan la improcedencia del juicio de amparo son de orden público y de estudio preferente, con independencia de que las invoquen o no las partes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. En el caso, este Juzgado de Distrito advierte de oficio que en relación con el acto reclamado de la Octava Sala Especializada en Materia de Familia del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz, con sede en Xalapa, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, toda vez que la parte quejosa, previo a acudir a esta vía constitucional, no agotó el medio ordinario de defensa previsto en el artículo 508 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Veracruz, con el que podía obtener la revocación del acto que aquí reclama. En efecto, el artículo 61, fracción XVIII, de la citada Ley de Amparo, dispone*** En el precepto transcrito se encuentra inmerso el principio de definitividad que rige el juicio de amparo, el cual ordena que antes de promoverlo se deben agotar todos los recursos ordinarios o medios de defensa legales que procedan contra el acto que se estime ilegal y que tengan el efecto de revocarlo, modificarlo o nulificarlo, ya que de lo contrario, se actualizaría su improcedencia, en virtud de que a esta vía deberá acudirse sólo cuando la actuación que se impugna no pueda remediarse ante las propias autoridades de instancia. Asimismo, la disposición normativa de mérito prevé las excepciones a dicho principio, esto es, los casos en que el gobernado no estará obligado a agotar el recurso o medio ordinario de defensa respectivo, antes de acudir al juicio de amparo. Ahora, para demostrar la tesis sustentada es pertinente invocar los artículos 56, 506, 507 y 508, del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Veracruz, que disponen*** De la interpretación armónica de los últimos tres preceptos en cita, se advierte que contra los autos y decretos emitidos por un Tribunal de segunda instancia procede el recurso de reposición, a través del cual se puede obtener la revocación de la resolución impugnada. Asimismo, la primera disposición normativa clasifica las resoluciones judiciales en sentencias, autos y decretos, identificando a estos últimos con base en la exclusión. De ello se obtiene, en lo que trasciende, que decretos son: todas aquéllas resoluciones que no deciden el asunto en lo principal, no entrañan un mandamiento de pago, de entrega, de hacer o de no hacer, ni deciden sobre personalidad, competencia o cualquiera otra excepción dilatoria, procedencia de demanda, reconvención, compensación, denegación de pruebas y tampoco resuelvan un incidente. En el asunto que nos ocupa, se reclama la resolución de catorce de enero de dos mil veintidós, dictada por los Magistrados responsables, en los autos del toca*** en la que declararon inadmisible por improcedente el recurso de apelación interpuesto por la aquí quejosa contra el auto de cuatro de octubre de dos mil veintiuno, emitido en el juicio sucesorio*** de la estadística del Juzgado Sexto de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar del Distrito Judicial de Orizaba, Veracruz. Tal resolución, acorde a la clasificación que establece el artículo 56 del Código de Procedimientos Civiles de la entidad federativa, es un decreto, por exclusión, ya que no tiene como contenido material alguno de los supuestos precisados en las fracciones I y II, del citado precepto. Además, dicho decreto fue emitido por un Tribunal de segunda instancia, como lo son los Magistrados que integran la Octava Sala Especializada en Materia de Familia del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz, con sede en Xalapa; luego, contra el acto que aquí se reclama procedía el recurso de reposición previsto en el artículo 508 del Código de Procedimientos Civiles del Estado; y no existe constancia de que la parte quejosa, previamente a acudir a este juicio de amparo haya agotado el indicado medio de impugnación, con el que podía obtener la revocación de tal resolución, esto es, no observó el principio de definitividad que establece la fracción XVIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo. Cabe destacar que en el caso no se actualiza alguna de las excepciones al principio de definitividad que prevé el mencionado precepto, pues el acto reclamado no es de los que importan peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ni la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Tampoco consiste en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso. Por otro lado, la quejosa no es tercero extraña al procedimiento, y además, la procedencia del recurso de reposición antes aludido, no está sujeto a interpretación adicional ni su fundamento legal es insuficiente para determinarlo, pues es claro y patente que se encuentra regulado por los numerales a los que se hizo referencia. En consecuencia, con fundamento en la fracción V, del artículo 63 de la Ley de Amparo, se decreta el sobreseimiento en el presente juicio, al actualizarse la causa de improcedencia invocada, lo que impide analizar el fondo del asunto. Sobreseimiento que se hace extensivo al acto de ejecución reclamado del 2. Juez Sexto de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar del Distrito Judicial de Orizaba, Veracruz, dado que no se reclamó por vicios propios, sino en vía de consecuencia. SEXTO. FORMA DE PUBLICACIÓN DE LA SENTENCIA. Cabe señalar que en el auto admisorio del presente controvertido, se hizo del conocimiento de las partes que el contenido de las resoluciones que se emitieran en el juicio constituirían información reservada hasta en tanto se dictara sentencia definitiva, otorgándoles el derecho a oponerse a la publicación de sus datos personales, con la prevención en el sentido de que si no hacían manifestación alguna se les tendría por inconformes con la divulgación de dicha información. Por tanto, de conformidad con lo previsto en los artículos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente, y al no existir manifestación alguna de las partes, en el sentido de permitir el acceso a la información confidencial, se les tiene por inconformes con la divulgación de dicha información. Por lo expuesto y fundado, se*** ÚNICO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo número 82/2022, promovido por*** contra los actos reclamados de las autoridades responsables, 1. Octava Sala Especializada en Materia de Familia del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz, con sede en Xalapa, y 2. Juez Sexto de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar del Distrito Judicial de Orizaba, Veracruz, por los motivos y fundamentos expuestos en el considerando quinto de esta resolución. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el último considerando de este fallo. Notifíquese, personalmente a la parte quejosa y por lista a la tercera interesada.
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