Teodomiro Santiago Santiago

Expediente 29/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 44 actuaciones registradas, la última del 23 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
29/2023
Año
2023
Actuaciones
44
Última actuación
23/11/2023

Partes del expediente

  • TEODOMIRO SANTIAGO SANTIAGO y Otros.
  • Teodomiro Santiago Santiago
  • AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO FEDERAL ADSCRITA AL JUZGADO PRIMERO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE OAXACA y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 44.

  1. Principal

    MESA III B San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintitrés de noviembre de dos mil veintitrés. Estado de autos Vistos los autos, se conoce que no existe constancia que acredite que la autoridad responsable Comité de Agua Potable, ******************** ********************, San ********************, Oaxaca, haya quedado notificada del proveído de cinco de octubre del año en curso, por el que, se le requirió para que cumpla con el fallo protector; por tanto, a fin de proveer lo relativo, en términos del artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, requiérase al Jefe de Correos de México, con sede en la ciudad de Oaxaca, para que en el plazo de tres días siguiente a su legal notificación, remita a este órgano jurisdiccional el acuse de recibo relativo al registro postal MN680118911MX depositado en la oficina a su cargo el siete de octubre del presente año. Apercibimiento Apercíbasele que de incumplir con lo anterior, se le impondrá una multa de cincuenta unidades de medida y actualización vigente de conformidad con lo previsto en el artículo 237, fracción I, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 259 y 238 de la misma, esto es, la cantidad equivalente a cinco mil ciento ochenta y siete pesos, cero centavos ($5,187.00), a razón de 103.74 como valor diario. Notifíquese.

  2. Principal

    MESA III B San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, siete de noviembre de dos mil veintitrés. Glósese a los autos el oficio firmado únicamente por el Presidente, Secretario y Primer Vocal del Comité PROMEJORAS, Barrio de Cruz de Piedra, San Jerónimo Sosola, Etla, Oaxaca, sin que el Tesorero de dicho Comité, haya firmado el ocurso; al respecto, con independencia de la circunstancia señalada en cuanto a la falta de una firma en el de cuenta, se provee: Se tiene a la oficiante indicando que el periodo de funciones de dicho Comité ha fenecido y para lo cual se llevará a cabo una asamblea comunitaria para la renovación del mismo, en la que se informará a la asamblea lo conducente al presente juicio de amparo; además, hace una invitación para que se comisione al Actuario de este Juzgado para que comparezca a la asamblea citada para que de fe de la misma. Al efecto, únicamente se toma conocimiento de lo anterior, toda vez que, a dicha autoridad no se le ha requerido cumplimiento de la ejecutoria de amparo, en virtud de que únicamente se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa respecto a la autoridad responsable "Comité de Agua Potable, **********", no así de la oficiante. Lo anterior, hágasele de su conocimiento, a fin de que conozca que no tiene nada que informar a esta Juzgado, en virtud de que el presente asunto se sobreseyó por lo que hace a dicha autoridad. Notifíquese.

  3. Principal

    MESA III B San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, cinco de octubre de dos mil veintitrés. Autoridad responsable haca manifestaciones. De conformidad en el artículo 192 de la Ley de Amparo, glósese a los autos el oficio signado por los Integrantes del Comité del Agua Potable, del Barrio Cruz de Piedra, san Gerónimo Sosola Etla, Oaxaca, por el que en atención al requerimiento formulado en proveído de veintiocho de septiembre del año en curso, manifiestan lo siguiente: 1.- Que se encuentran imposibilitados para el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, toda vez que no existe solicitud previa del quejoso en la que requiera el uso del agua, aunado de que no se trata y que no está anuente como ciudadano en la comunidad desde hace tres años. 2.- Que es bien sabido que en los pueblos indígenas de México, existen mecanismos de toma de decisión y participación que resuelven los problemas internos de la comunidad, reafirmando su actuar por medio de la participación en el trabajo comunitario, el sistema de cargos y asambleas comunitarias. 3.- Que por lo anterior, no pueden obviar la participación de la asamblea comunitaria, en la toma de decisión de la restitución del servicio de agua potable al aquí quejoso, toda vez que, al no haberlo solicitado previamente, no existe una petición que se esté vulnerando, por lo que deben considerarlo y someterlo a decisión de la asamblea comunitaria para que ésta resuelva con base en los antecedentes que obran en dicha comunidad, siendo su próxima asamblea en el mes de noviembre del año en curso; lo anterior, toda vez que la citada comunidad se rige por el sistema normativo de usos y costumbres, tal y como lo establece el artículo 2ª de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Al respecto, se provee: Tomando en consideración que en la sentencia emitida en el presente asunto, se estableció que de un análisis integral de la demanda y escrito de ampliación de la misma, y constancias de autos, la parte quejosa señaló como actos reclamados, los siguientes: "Del Presidente Municipal y Síndico Municipal de San Jerónimo Sosola, Etla, Oaxaca; Comité Pro-Mejoras Barrio de ******, San Jerónimo Sosola, Etla, Oaxaca y Comité de Agua Potable, Barrio de *****, Etla, Oaxaca, reclama: Las órdenes verbales o escritas a fin de que se le prive de su servicio de agua potable en su vivienda, sino realiza los tequios, paga las cooperaciones y paga una multa." Por tanto, se ve que dicho acto, constituye una acción atribuida a la oficiante Comité de Agua Potable, Barrio de ****, Etla, Oaxaca, en su calidad de autoridad responsable, por lo que en el caso la litis del asunto no se constriñó a una petición que el quejoso haya realizado a la mencionada autoridad. Además, en los efectos concesorios, esta autoridad federal estableció lo siguiente: (..) 3. De reiterar su postura de corte del servicio indicado por usos y costumbres, deberá realizarla mediante escrito de manera fundada y motivada; sustentar su decisión en observancia a los usos y costumbres, así como en lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y demás ordenamientos legales aplicables, haciéndolo del conocimiento oportunamente a la parte quejosa. Argumento que reconoce la calidad de ciertas comunidades para regir su organización por el sistema de usos y costumbres derecho consagrado a nivel constitucional; sin embargo, esa circunstancia no exime a la autoridad de que se trata a no observar la ejecutoria de amparo pues en la misma se le permite que bajo su sistema que los rige emitan actos debidamente fundados y motivados, por lo que las razones que exponen para establecer que no pueden cumplir con la ejecutoria de amparo, no se consideran suficientes para estimar una imposibilidad material ni jurídica. Se requiere cumplimiento. Por tanto, en términos del artículo 192, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, requiérase nuevamente a la autoridad responsable Miguel Santiago Santiago, Fortino Santiago López y Emiliana Santiago Santiago, -nombres obtenidos los oficios que obran en autos-, para que en el plazo de tres días, siguiente al en que reciba el comunicado respectivo, cumplan con la ejecutoria de amparo, esto es: "5.1. Efectos del fallo protector. A fin de que se restituya al demandante del amparo en el goce de los derechos constitucionales transgredidos y se dejen las cosas en el estado en que se encontraban hasta antes de la existencia de los actos reclamados, en términos del artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, procede conceder a TEODOMIRO SANTIAGO SANTIAGO, el amparo y protección constitucional instada, para que la autoridad responsable Comité de Agua Potable, Barrio de *****, Etla, Oaxaca, realice lo siguiente: 1. De existir resolución escrita dictada en procedimiento administrativo seguido ante él en el que se decretó el corte de suministro del servicio básico de agua potable en el domicilio del quejoso, la autoridad responsable le notifique lo concerniente, a fin de que este en aptitud de hacer valer sus derechos; 2. De no ser así, ordene de inmediato por escrito, la reinstalación de ese servicio y notifique al quejoso esa resolución. 3. De reiterar su postura de corte del servicio indicado por usos y costumbres, deberá realizarla mediante escrito de manera fundada y motivada; sustentar su decisión en observancia a los usos y costumbres, así como en lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y demás ordenamientos legales aplicables, haciéndolo del conocimiento oportunamente a la parte quejosa." (..) Y remitan dentro del mismo plazo, copia certificada legible y completa de las determinaciones que al efecto adopten. La anterior precisión, se realiza en estricto acatamiento a la jurisprudencia P./J. 59/2014 (10a.), aprobada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el seis de noviembre de dos mil catorce, publicada en la página 5, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I, Décima Época, que es del tenor siguiente. "CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO. LA IMPOSICIÓN DE LAS SANCIONES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 192 DE LA LEY DE AMPARO ESTÁ CONDICIONADA A QUE EL JUEZ DE AMPARO REALICE LOS REQUERIMIENTOS CON LA PRECISIÓN NECESARIA EN CUANTO A LAS AUTORIDADES COMPETENTES PARA ACATAR EL FALLO Y A LOS ACTOS QUE LES CORRESPONDE EJECUTAR A CADA UNA DE ELLAS (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Conforme a lo dispuesto en el citado precepto legal, si la autoridad es omisa en el cumplimiento de una sentencia de amparo, ello conduciría de manera automática a la imposición de la sanción pecuniaria, y en caso de que aun impuesta la multa el cumplimiento no se acredite, ello dará lugar a continuar con el procedimiento de ejecución que, eventualmente, podría conducir a la separación del titular de la autoridad responsable y a su consignación ante el juez penal. En este escenario, resulta de especial relevancia que el juzgador de amparo requiera el cumplimiento del fallo protector con la precisión necesaria en cuanto a las autoridades competentes para acatarlo y respecto de los actos que les corresponde realizar, ya que si el debido acatamiento de la sentencia concesoria está sujeto a que diversas autoridades emitan en el ámbito de su respectiva competencia, regulado en una ley o un reglamento, diferentes actos cuya emisión jurídicamente constituye una condición indispensable para el dictado de los demás, será necesario que en el requerimiento respectivo se vincule a cada una de las autoridades competentes a emitir los actos que jurídicamente les correspondan; incluso, los apercibimientos respectivos deberán tomar en cuenta esas particularidades. En tal virtud, cuando el cumplimiento del fallo protector implique la emisión de actos de diferentes autoridades que den lugar al desarrollo de un procedimiento en el cual la falta de emisión de alguno de ellos impida la de los siguientes, antes de imponer una multa de las previstas en el párrafo segundo del artículo 192 de la Ley de Amparo deberá identificarse a la autoridad contumaz, es decir, a la responsable del incumplimiento, dado que las diversas autoridades que no ejerzan poder de mando sobre ésta, de encontrarse impedidas legalmente para emitir el acto que les corresponde, tendrán una causa justificada para no haber cumplido el fallo protector. Ante ello, si el juzgador de amparo tiene la duda fundada sobre cuáles son las autoridades que gozan de las atribuciones para realizar los actos necesarios para el cumplimiento del fallo protector atendiendo a lo previsto en el artículo 197 de la Ley de Amparo, en el primer acuerdo que dicte en el procedimiento de ejecución de la sentencia, además de requerir a la autoridad o a las autoridades responsables el cumplimiento de la sentencia concesoria deberá requerirlas para que en el plazo de tres días hábiles se pronuncien fundada y motivadamente sobre cuáles son las autoridades que cuentan con las atribuciones para acatar dicho fallo. Lo anterior, con la finalidad de que, con base en lo manifestado por las referidas autoridades y en el análisis del marco jurídico aplicable, determine si es el caso de vincular al cumplimiento de la sentencia a diversas autoridades; pronunciamiento que deberá contener las consideraciones y los fundamentos legales que sirvan de base para vincular a las autoridades respectivas, atendiendo a lo previsto en el artículo 74, fracción IV, de la Ley de Amparo, el cual contiene un principio aplicable a toda resolución emitida dentro de un juicio de amparo." Solicitud de informe sobre cambio de denominación Además, se requiere a la autoridad responsable que para el caso de que con posterioridad a este auto, cambie el titular del cargo que ostentan en la actualidad, lo informen mediante oficio a este órgano jurisdiccional, a efecto de proveer lo que en derecho proceda. Apercibimiento Apercíbase a la citada autoridad responsable que de no cumplir sin causa justificada (informar el impedimento legal o material que tenga para ello), se impondrá a los titulares de la referida autoridad una multa de cien unidades de medida y actualización vigente, equivalente a diez mil trescientos setenta y cuatro pesos, cero centavos ($10,374.00), a razón de 103.74 como valor diario, de conformidad con lo previsto en el artículo 260, fracción II, en relación con el 238 de la Ley de Amparo. Asimismo, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda para seguir el trámite de inejecución, el cual puede culminar con la separación de sus puestos y su consignación. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 54/2014 (10ª) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, el procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumplan la sentencias de amparo tiene tres excepciones: 1) se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo. [Décima Época, registro: 2007918, Pleno, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I, Materia(s): Común, página: 19]. No existe superior jerárquico. No se soslaya que el artículo 192 de la Ley de Amparo, párrafo tercero, establece que al ordenar la notificación y requerimiento a la autoridad responsable, el órgano judicial de amparo también ordenará notificar y requerir al superior jerárquico de aquella para que le ordene cumplir con la ejecutoria y el numeral 194 de la propia ley dispone que el superior jerárquico de la autoridad responsable es aquel que de conformidad con las disposiciones correspondientes ejerza sobre ella poder o mando para obligarla a actuar o dejar de actuar en la forma exigida en la sentencia de amparo, o bien para cumplir esta última por sí misma. Empero, en el caso el Comité de Agua Potable, Barrio de *****, Etla, Oaxaca, no cuenta con superior jerárquico, en virtud de que éste surge de una elección que se lleva al interior de la comunidad en la que participan todos los usuarios con derechos establecidos. Se glosa oficio. Finalmente, glósese a los autos el diverso oficio signado por los Integrantes del Comité de Promejoras, del Barrio ******, Oaxaca, por el que manifiestan su imposibilidad que tienen para cumplir con el fallo protector; al respecto, no se hace mayor pronunciamiento, toda vez que respecto de dicha autoridad responsable se sobreseyó en el juicio de amparo, por lo que no se encuentra obligada a acatar el fallo constitucional. Sin que obste que el citado oficio esté dirigido al incidente de suspensión, toda vez que del contenido del mismo se aprecia que se refiere a la ejecutoria de amparo, relativa al presente cuaderno principal. Notifíquese.

  4. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiocho de septiembre de dos mil veintitrés. Ejecutoria Toda vez que transcurrió el plazo de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes legitimadas interpusieran recurso de revisión contra el fallo protector pronunciado en autos, sin que lo hubiesen hecho; en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicho fallo ha causado ejecutoria. Se requiere cumplimiento Por lo que, en términos del artículo 192, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable Comité de Agua Potable, ******************** ********************, San ********************, Oaxaca, para que en el plazo de tres días, siguiente al en que reciba el comunicado respectivo, cumplan con la ejecutoria de amparo, esto es: "5.1. Efectos del fallo protector. A fin de que se restituya al demandante del amparo en el goce de los derechos constitucionales transgredidos y se dejen las cosas en el estado en que se encontraban hasta antes de la existencia de los actos reclamados, en términos del artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, procede conceder a ********************, el amparo y protección constitucional instada, para que la autoridad responsable Comité de Agua Potable, ******************** ********************, San ********************, Oaxaca, realice lo siguiente: 1. De existir resolución escrita dictada en procedimiento administrativo seguido ante él en el que se decretó el corte de suministro del servicio básico de agua potable en el domicilio del quejoso, la autoridad responsable le notifique lo concerniente, a fin de que este en aptitud de hacer valer sus derechos; 2. De no ser así, ordene de inmediato por escrito, la reinstalación de ese servicio y notifique al quejoso esa resolución. 3. De reiterar su postura de corte del servicio indicado por usos y costumbres, deberá realizarla mediante escrito de manera fundada y motivada; sustentar su decisión en observancia a los usos y costumbres, así como en lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y demás ordenamientos legales aplicables, haciéndolo del conocimiento oportunamente a la parte quejosa." (..) Y remitan dentro del mismo plazo, copia certificada legible y completa de las determinaciones que al efecto adopten. La anterior precisión, se realiza en estricto acatamiento a la jurisprudencia P./J. 59/2014 (10a.), aprobada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el seis de noviembre de dos mil catorce, publicada en la página 5, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I, Décima Época, que es del tenor siguiente. "CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO. LA IMPOSICIÓN DE LAS SANCIONES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 192 DE LA LEY DE AMPARO ESTÁ CONDICIONADA A QUE EL JUEZ DE AMPARO REALICE LOS REQUERIMIENTOS CON LA PRECISIÓN NECESARIA EN CUANTO A LAS AUTORIDADES COMPETENTES PARA ACATAR EL FALLO Y A LOS ACTOS QUE LES CORRESPONDE EJECUTAR A CADA UNA DE ELLAS (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Conforme a lo dispuesto en el citado precepto legal, si la autoridad es omisa en el cumplimiento de una sentencia de amparo, ello conduciría de manera automática a la imposición de la sanción pecuniaria, y en caso de que aun impuesta la multa el cumplimiento no se acredite, ello dará lugar a continuar con el procedimiento de ejecución que, eventualmente, podría conducir a la separación del titular de la autoridad responsable y a su consignación ante el juez penal. En este escenario, resulta de especial relevancia que el juzgador de amparo requiera el cumplimiento del fallo protector con la precisión necesaria en cuanto a las autoridades competentes para acatarlo y respecto de los actos que les corresponde realizar, ya que si el debido acatamiento de la sentencia concesoria está sujeto a que diversas autoridades emitan en el ámbito de su respectiva competencia, regulado en una ley o un reglamento, diferentes actos cuya emisión jurídicamente constituye una condición indispensable para el dictado de los demás, será necesario que en el requerimiento respectivo se vincule a cada una de las autoridades competentes a emitir los actos que jurídicamente les correspondan; incluso, los apercibimientos respectivos deberán tomar en cuenta esas particularidades. En tal virtud, cuando el cumplimiento del fallo protector implique la emisión de actos de diferentes autoridades que den lugar al desarrollo de un procedimiento en el cual la falta de emisión de alguno de ellos impida la de los siguientes, antes de imponer una multa de las previstas en el párrafo segundo del artículo 192 de la Ley de Amparo deberá identificarse a la autoridad contumaz, es decir, a la responsable del incumplimiento, dado que las diversas autoridades que no ejerzan poder de mando sobre ésta, de encontrarse impedidas legalmente para emitir el acto que les corresponde, tendrán una causa justificada para no haber cumplido el fallo protector. Ante ello, si el juzgador de amparo tiene la duda fundada sobre cuáles son las autoridades que gozan de las atribuciones para realizar los actos necesarios para el cumplimiento del fallo protector atendiendo a lo previsto en el artículo 197 de la Ley de Amparo, en el primer acuerdo que dicte en el procedimiento de ejecución de la sentencia, además de requerir a la autoridad o a las autoridades responsables el cumplimiento de la sentencia concesoria deberá requerirlas para que en el plazo de tres días hábiles se pronuncien fundada y motivadamente sobre cuáles son las autoridades que cuentan con las atribuciones para acatar dicho fallo. Lo anterior, con la finalidad de que, con base en lo manifestado por las referidas autoridades y en el análisis del marco jurídico aplicable, determine si es el caso de vincular al cumplimiento de la sentencia a diversas autoridades; pronunciamiento que deberá contener las consideraciones y los fundamentos legales que sirvan de base para vincular a las autoridades respectivas, atendiendo a lo previsto en el artículo 74, fracción IV, de la Ley de Amparo, el cual contiene un principio aplicable a toda resolución emitida dentro de un juicio de amparo." Solicitud de informe sobre cambio de denominación Además, se requiere a la autoridad responsable que para el caso de que con posterioridad a este auto, cambie el titular del cargo que ostentan en la actualidad, lo informen mediante oficio a este órgano jurisdiccional, a efecto de proveer lo que en derecho proceda. Apercibimiento Apercíbase a la citada autoridad responsable que de no cumplir sin causa justificada (informar el impedimento legal o material que tenga para ello), se impondrá a los titulares de la referida autoridad una multa de cien unidades de medida y actualización vigente, equivalente a diez mil trescientos setenta y cuatro pesos, cero centavos ($10,374.00), a razón de 103.74 como valor diario, de conformidad con lo previsto en el artículo 260, fracción II, en relación con el 238 de la Ley de Amparo. Asimismo, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda para seguir el trámite de inejecución, el cual puede culminar con la separación de sus puestos y su consignación. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 54/2014 (10ª) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, el procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumplan la sentencias de amparo tiene tres excepciones: 1) se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo. [Décima Época, registro: 2007918, Pleno, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I, Materia(s): Común, página: 19]. No existe superior jerárquico. No se soslaya que el artículo 192 de la Ley de Amparo, párrafo tercero, establece que al ordenar la notificación y requerimiento a la autoridad responsable, el órgano judicial de amparo también ordenará notificar y requerir al superior jerárquico de aquella para que le ordene cumplir con la ejecutoria y el numeral 194 de la propia ley dispone que el superior jerárquico de la autoridad responsable es aquel que de conformidad con las disposiciones correspondientes ejerza sobre ella poder o mando para obligarla a actuar o dejar de actuar en la forma exigida en la sentencia de amparo, o bien para cumplir esta última por sí misma. Empero, en el caso el Comité de Agua Potable, ******************** ********************, San ********************, Oaxaca, no cuenta con superior jerárquico, en virtud de que éste surge de una elección que se lleva al interior de la comunidad en la que participan todos los usuarios con derechos establecidos. Notifíquese.

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