Teodomiro Arriaga Magaña

Expediente 710/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán. 7 actuaciones registradas, la última del 2 de marzo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
710/2021
Año
2021
Actuaciones
7
Última actuación
02/03/2022

Partes del expediente

  • Teodomiro Arriaga Magaña

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Uruapan, Michoacán de Ocampo, dos de marzo de dos mil veintidós. FIRME FALLO. Visto el estado de los autos, así como de la certificación de cuenta, de la que se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de revisión contra la sentencia que SOBRESEYÓ en el presente juicio de amparo; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que la misma queda firme, para los efectos legales procedentes. Hágase las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo. ARCHIVO. En consecuencia, una vez hechas las notificaciones respectivas, archívese el expediente como asunto concluido. DEPURACIÓN DEL EXPEDIENTE. Por lo tanto, se hace constar que el presente expediente es susceptible de DEPURACIÓN, en términos del apartado siete punto cuatro, del capítulo siete del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, aprobado por el Pleno, a través del oficio SEPLE./ADM./004/2598/2020, toda vez que fue concedida la suspensión de plano de los actos reclamados dentro del presente juicio de amparo; depuración que ocurrirá después de haber transcurrido el plazo a que se hace mención en dicho manual, conservando las respectivas documentales. Hágase la anotación en la carátula. Así, una vez que transcurra el plazo de tres años indicado en el Acuerdo de referencia, sin necesidad de ulterior proveído y siguiendo las directrices ahí detalladas, realizada la depuración del mismo, solicítese la transferencia del presente expediente a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General del Archivo y Documentación. En la inteligencia de que el expediente en que se actúa, NO SE CONSIDERA DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, al no ubicarse en ninguno de los supuestos que señala el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. FIRMA ELECTRÓNICA. Finalmente, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo General 18/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus SARS-CoV-2 causante de la enfermedad COVID-19, en su artículo 1°, fracción I, en relación con la circular SECNO/7/2020, de la Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos, en los numerales 3, párrafo primero y 7, se ordena que la firma de este asunto se realice a través de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), al tener ésta el mismo valor que la autógrafa. NOTIFÍQUESE A LA PARTES POR CUALQUIER MEDIO ELECTRÓNICO AUTORIZADO CONFORME AL ACUERDO GENERAL 21/2020 EMITIDO POR EL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL.

  2. Principal

    A lo que la Jueza acuerda: Téngase por efectuada la relación de constancias existentes en actuaciones y con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, por rendido en conjunto el informe con justificación de las autoridades responsables. Abierto el periodo probatorio, el Secretario hace constar que la parte quejosa con su escrito inicial de demanda y las autoridades responsables, ofertaron pruebas documentales. A lo anterior la Jueza acuerda: con fundamento en el artículo 119, de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogadas las pruebas que se relacionan; sin existir prueba pendiente de desahogo, se cierra el periodo probatorio. Abierto el periodo de alegatos, el Secretario hace constar que no fueron formulados por las partes, ni el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito presentó pedimento. Se cierta la fase de alegatos. Con lo anterior, se da por terminada la presente audiencia y se pasan los autos para el dictado de la sentencia que corresponda. VISTOS, para resolver en definitiva, los autos del juicio de amparo 710/2021-V, promovido por Teodomiro Arriaga Magaña, por propio derecho; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito que se recibió el dieciséis de diciembre pasado, en el buzón judicial de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, con sede en esta ciudad, y para registro turnado a este Juzgado Quinto de Distrito Teodomiro Arriaga Magaña, por su propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra las autoridades y actos siguientes: AUTORIDADES RESPONSABLES: DIRECTOR DEL HOSPITAL GENERAL "DR. RAMÓN PONCE ÁLVAREZ" DE APATZINGÁN, PERTENECIENTE A LA SECRETARÍA DE SALUD DE MICHOACÁN; y ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SERVICIOS DE SALUD DE MICHOACÁN. SECRETARÍA DE SALUD DEL ESTADO DE MICHOACÁN. ACTO RECLAMADO: "ACTOS RECLAMADOS: de todas y cada una de las autoridades señaladas como responsables, reclamo la falta de tratamiento, medicamentos y atención médica necesaria para el debido tratamiento que requiero para vivir, ya que fui diagnosticado de insuficiencia renal crónica, enfermedad renal hipertensiva con insuficiencia renal, hipertensión esencial primaria; por tal motivo recibo dos sesiones de hemodiálisis los días lunes y jueves, a las 11:00 horas en la clínica particular denominado Unidad Renal Ambulatoria, toda vez que las autoridades que señalo como responsable me han negado el tratamiento de hemodiálisis que requiero para vivir, argumentando que no cuentan con las maquinas que se requieren para realizar las sesiones dialíticas, así como médico especialista, es decir, un Nefrólogo que de manera puntual me brinde atención médica que requiero respecto de mi padecimiento de insuficiencia renal crónica, por tal motivo y a fin de preservar mi salud y por ende la vida me eh visto en la necesidad de acudir al medio privado para que se me brinde el tratamiento de hemodiálisis que requiero por semana para poder vivir, sin embargo a la fecha me es imposible seguir realizando los pagos a dicha clínica privada para que se me siga proporcionando el tratamiento en cita, esto en razón de que soy una persona de la tercera edad por lo que prácticamente me veo imposibilitado a trabajar y con ello obtener los recursos económicos para realizar el pago de las sesiones de hemodiálisis, ante tal situación mi vida se encuentra en grave peligro, por ello acudo ante esta órgano jurisdiccional. No obstante a lo anterior, resulta necesario informar a ese tribunal constitucional que durante las citadas sesiones es indispensable la aplicación de los medicamentos de hierro y eritropoyetina en cada una de las sesiones de hemodiálisis que se me realiza por semana, así como estudios de manera mensual para guiar la terapéutica médica.". El quejoso señaló como derechos fundamentales violados, los contenidos en los artículos 1° y 4°, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Trámite del juicio de amparo. Mediante proveído de dieciséis de diciembre del año en curso, se admitió a trámite la demanda de amparo, la que se registró con el número de juicio 710/2021-V; se proveyó lo relativo a la suspensión de plano de los actos reclamados, solicitaron los informes justificados a las autoridades responsables; asimismo, se dio la intervención que legalmente le compete al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; y finalmente, se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual después de diferirse tuvo verificativo al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, con sede en Uruapan, es legal y constitucionalmente competente para conocer y resolver el juicio de amparo, lo anterior, con fundamento en los artículos 17, 94, 103, fracción I, y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107, ambos de la Ley de Amparo; 48, 49 y 52, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la 'determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito'; por tratarse de un amparo en materia administrativa y reclamarse actos omisivos (falta de atención médica) atribuidos a una autoridad residente en la jurisdicción donde ejerce competencia territorial este juzgado de Distrito (Uruapan, Michoacán). SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. El artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, dispone que toda sentencia debe contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados. En cumplimiento a tal disposición, se atenderá al escrito de demanda de amparo, así como a los demás datos que se desprendan de las constancias del expediente, a fin de determinar cuál fue la intención del quejoso al promover el juicio de amparo y estar en condiciones de resolver la cuestión efectivamente planteada. Lo anterior encuentra apoyo en la tesis P. VI/2004, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIX, abril de dos mil cuatro, Novena Época, página 255, rubro: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." El quejoso Teodomiro Arriaga Magaña, reclama de las autoridades responsables: La omisión de proporcionarle atención médica y el tratamiento adecuado para las enfermedades de insuficiencia renal crónica, renal hipertensiva con insuficiencia renal, hipertensión esencial primaria que padece. TERCERO. Certeza de los actos reclamados. Las autoridades responsables Noé Díaz Munguía, en cuanto apoderado jurídico de la Secretaría de Salud de Michoacán de Ocampo y del Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud de Michoacán, por sí y en cuanto superior jerárquico, por ende representante Legal del Director del Hospital General de Apatzingán, Michoacán de Ocampo; al rendir su informe justificado en conjunto, negaron la existencia de los actos reclamados consistente medularmente, en la falta de proporcionar la atención médica integral conforme a los padecimientos que presenta el quejoso. Sin embargo, al tratarse de un acto de naturaleza negativa, la carga de la prueba recae en las autoridades responsables, de ahí que no sea dable aceptar la negativa propuesta. Resulta aplicable a lo anterior, la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, página 27, volumen 60, primera parte Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, rubro y texto: "ACTO RECLAMADO NEGATIVO. LA AUTORIDAD RESPONSABLE DEBE COMPROBAR QUE CUMPLIÓ LOS REQUISITOS QUE SE LE RECLAMAN. Advirtiéndose que los actos reclamados consisten en omisiones o hechos negativos de las autoridades responsables, debe entenderse que la carga de la prueba de esas omisiones o de los hechos negativos, no corresponde a la parte quejosa, sino que es a las responsables a las que toca demostrar que no incurrieron en ellos." CUARTO. Análisis de las causales de improcedencia. Previamente al estudio de los aspectos de fondo del acto reclamado, deben analizarse las causas de improcedencia por ser esa una cuestión de orden público y de estudio preferente en el juicio de amparo, ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. En el caso, esta juzgadora considera que de las documentales remitidas por las autoridades responsables Noé Díaz Munguía, en cuanto apoderado jurídico de la Secretaría de Salud de Michoacán de Ocampo y del Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud de Michoacán, por sí y en cuanto superior jerárquico, por ende representante Legal del Director del Hospital General de Apatzingán, Michoacán de Ocampo, se determina que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo; en virtud de las siguientes consideraciones. Es de precisar, que la cesación a que se refiere el artículo y fracción invocados se da por revocación o por sustitución; la primera implica la desaparición o destrucción del acto reclamado en forma inmediata, total e incondicional, de tal forma que las cosas hayan vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí huella alguna y, la segunda se presenta al sobrevenir un acto nuevo que incide en la vigencia o ejecutividad del primero. Sirve de sustento a lo anterior la tesis aislada I.3o.C.92 K, del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil, consultable en la página mil cuatrocientos noventa y uno, Tomo XXX, Diciembre de 2009, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro es: "CESACIÓN DE EFECTOS EN EL JUICIO DE AMPARO. HIPÓTESIS DE LA FRACCIÓN XVI DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO". En mérito de lo anterior, la hipótesis que en el presente se actualiza es la primera, en virtud de que, como ya se indicó, el acto combatido por el quejoso consiste en: La omisión de proporcionarle atención médica y el tratamiento adecuado para las enfermedades de insuficiencia renal crónica, renal hipertensiva con insuficiencia renal, hipertensión esencial primaria que padece. Sin embargo, como se anotó se considera que efectivamente tal acto reclamado cesó en sus efectos, habida cuenta que las autoridades responsables, en lo que aquí interesa, mediante proveído de siete de enero de dos mil veintidós, por ocurso con registro 298, informaron lo siguiente: "[.] . [.]" Asimismo, mediante auto de diecisiete de enero de dos mil veintidós, se tuvo por recibido el registro 719 en el cual las autoridades responsables señalaron lo siguiente: Para demostrarlo, es suficiente indicar que después de la presentación de la demanda de amparo (dieciséis de diciembre de dos mil veintiuno), el promovente ha recibido diversas sesiones de atención médica, por lo que válidamente puede afirmarse que se le ha dado el tratamiento para combatir sus padecimientos (insuficiencia renal crónica, renal hipertensiva con insuficiencia renal, hipertensión esencial primaria); por lo que es inconcuso que la omisión inicialmente reclamada, ha dejado de surtir sus efectos a partir de que se ha llevado a la atención médica especializada. Para acreditar lo anterior, las referidas autoridades responsables Noé Díaz Munguía, en cuanto apoderado jurídico de la Secretaría de Salud de Michoacán de Ocampo y del Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud de Michoacán, por sí y en cuanto superior jerárquico, por ende representante Legal del Director del Hospital General de Apatzingán, Michoacán de Ocampo, exhibieron la documental consistente en: Factura con folio fiscal AD66B516-E3C2-402F-B010-7483B17ABE18, expedida el veintitrés de diciembre pasado, por Servicios Salud Michoacán, por los conceptos de las sesiones de hemodiálisis por la cantidad de $129,310.35 (ciento veintinueve mil trecientos diez pesos M.N. 35/100). De ahí que, se advierte que las responsables han hecho lo que está en el ámbito de su competencia para continuar con el tratamiento del peticionario Teodomiro Arriaga Magaña. En las relatadas condiciones, se encuentra evidenciada la hipótesis de improcedencia en estudio (cesación de efectos), toda vez que se le ha dado oportuno, adecuado y constante tratamiento clínico respecto de las enfermedades que padece (insuficiencia renal crónica, renal hipertensiva con insuficiencia renal, hipertensión esencial primaria); fecha que desde luego es posterior a la presentación de la demanda de amparo, esto es, dieciséis de diciembre de dos mil veintiuno. En consecuencia, toda vez que el acto reclamado en esta instancia constitucional cesó en su efectos y con ello dejó de afectar la esfera jurídica del quejoso, resulta ocioso examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal; de ahí que, al actualizarse la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, en su fracción XXI de la Ley de Amparo, con apoyo en el artículo 63, fracción V de la propia Ley en cita, se sobresee en este juicio de amparo. Lo anterior, encuentra sustento en la tesis P.CL/97, aprobada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 71, del Semanario Judicial de la federación y su Gaceta, Novena Época, tomo VI, noviembre de mil novecientos noventa y siete, registro 197367, de rubro: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL." Asimismo, resulta aplicable al caso la jurisprudencia 2ª/J 59/1999, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL". PRECISIÓN A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES. En tales condiciones, tomando en consideración que en el presente asunto, el acto reclamado por el quejoso Teodomiro Arriaga Magaña, vulnera el derecho a la salud contemplado en el artículo 4° constitucional, y probablemente ESTANDO EN RIESGO SU VIDA, se exhorta a las autoridades responsables Secretaría de Salud de Michoacán de Ocampo, Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud de Michoacán y Director del Hospital General de Apatzingán, Michoacán de Ocampo, a continuar realizando lo siguiente: 1. Dicten cuanta medida sea necesaria, a fin de salvaguardar la vida del quejoso; esto es, deberán seguir girando las instrucciones, a efecto de que se le proporcione el tratamiento de hemodiálisis, relativo al padecimiento de insuficiencia renal crónica, renal hipertensiva con insuficiencia renal, hipertensión esencial primaria que padece, y la institución de salud a su cargo brinde la adecuada atención médica del mismo, tanto en el nivel de especialidad médica, como hospitalaria y por cuanto insumo material o recurso humano requiera. 2. De igual forma deberán suministrar todas las prestaciones en especie y en dinero previstas hasta ahora proporcionadas que requiera para el tratamiento, cuidados o las medidas que requiera para efecto de seguir practicando los procedimientos de hemodiálisis o que requiera; 3. Para que el personal médico y de enfermería, se conduzcan tanto con el paciente, como con los familiares, acorde a los estándares éticos de su profesión, en estricto respeto de los derechos del paciente, evitando cualquier conducta que atente contra la dignidad humana del hoy quejoso. 4. Y en general, para que dicten cuanta medida administrativa, económica y de prestación de servicios se requiera, a fin de seguir brindando la atención médica necesaria tanto en cantidad como en calidad, necesarios para preservar la vida del quejoso, hasta su total recuperación. De ahí que, en el ámbito de sus responsabilidades, la autoridad responsable Secretaría de Salud de Michoacán de Ocampo queda obligada a que se realicen los actos necesarios para que se brinden las prestaciones en especie y en dinero previstas en los reglamentos o disposición que le sean aplicables, para atender de manera urgente, debida y adecuada, la atención médica que requiera el quejoso Teodomiro Arriaga Magaña. Sirve de apoyo la tesis 1a. LXV/2008, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 457 del Tomo XXVIII del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Julio de 2008, Novena Época, bajo la voz: "DERECHO A LA SALUD. SU REGULACIÓN EN EL ARTÍCULO 4o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y SU COMPLEMENTARIEDAD CON LOS TRATADOS INTERNACIONALES EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS.". Bajo el apercibimiento que en caso de no dar cumplimiento a lo anterior, se harán acreedoras a una multa por el equivalente a QUINIENTAS UNIDADES DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN, de conformidad con el numeral 237, fracción I, de la Ley de Amparo. Además, dichas medidas deberán ser acatadas por dichas responsables, bajo apercibimiento de que en caso de desobediencia, se procedería conforme al artículo 262, fracción III, de la Ley de Amparo. Asimismo, esta juzgadora no inadvierte que el padecimiento del quejoso, posteriormente pueda necesitar diversas y múltiples atenciones médicas diversas a la materia de la litis constitucional aquí estudiada; sin embargo, en caso de que no se le brinden oportuna o adecuadamente, ello podrá ser materia de estudio en un diverso juicio de amparo que plantee el justiciable; toda vez que no es factible que con la promoción del presente sumario de derechos humanos, el agraviado pueda hacer uso de manera excesiva o indefinida, de la suspensión de plano decretada, a efecto de que se le otorguen prerrogativas por encima de las demás personas que también requieren el servicio de salud, más aun en los tiempos de contingencia por los que atraviesa al país. Es decir, el hecho de que el peticionario acuda a la presente instancia constitucional, no le otorga derechos prioritarios para que al respaldo de la suspensión de plano decretada a su favor, sea valorada clínicamente primero o antes que todos y cada uno de los pacientes que se encuentren programados para consulta médica, sino que debe atenerse exclusivamente a las omisiones médicas que aquí se reclamaron (las cuales han dejado de surtir sus efectos); a fin de respetar el derecho humano a la salud de los demás gobernados y atender, en la medida de las posibilidades, las estrategias que se han implementado en dicha institución para hacer frente a la pandemia ocasionada por el virus COVID-19; a menos que la atención médica que necesite sea catalogada como prioritaria por su urgencia o emergencia, caso en que -se insiste- puede promoverse un diverso juicio de amparo, en el que se reclamen las omisiones médicas que se susciten, pues al efecto es factible que se otorgue una nueva suspensión de plano para que sea atendido a la brevedad. En el entendido de que los diversos criterios antes reproducidos resultan aplicables al caso en términos de lo establecido en el artículo Sexto Transitorio del Decreto por el cual se expidió la Ley de Amparo, reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, en vigor a partir del día siguiente, el cual dispone: "La jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior continuará en vigor en lo que no se oponga a la presente ley". QUINTO. Acuerdo de Transparencia. Con fundamento en los artículos 113, 118, 119 y 120, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos. SEXTO. Se requieren acuses de recibo. Para los efectos legales a que haya lugar, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, requiérase a las autoridades responsables para que dentro del término de tres días hábiles, contado a partir de la fecha en que reciban el oficio que derive de la presente determinación, informen a esta autoridad federal al correo electrónico 5jdo11cto@correo.cjf.gob.mx, la fecha en que quedaron debidamente notificados de esta sentencia. Apercibimiento. Se apercibe a dichas autoridades que de no cumplir con el presente requerimiento, con apoyo en los artículos 237 fracción I y 259, ambos de la Ley de Amparo se les impondrá una multa por el equivalente a cincuenta valores diarios de la unidad de medida y actualización (UMA), conforme al cálculo que realice el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), de conformidad con los artículos 4 y 5 de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización. SÉPTIMO. Firma Electrónica. Finalmente, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo General 18/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus SARS-CoV-2 causante de la enfermedad COVID-19, en su artículo 1°, fracción I, en relación con la circular SECNO/7/2020, de la Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos, en los numerales 3, párrafo primero y 7, se ordena que la firma de este asunto se realice a través de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), al tener ésta el mismo valor que la autógrafa. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo, además, en los artículos 73 a 75, y demás relativos de la Ley de Amparo en vigor, se R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo, promovido por el quejoso Teodomiro Arriaga Magaña, por las razones expuestas en el considerando cuarto de este fallo. SEGUNDO. En términos del último considerando de la presente resolución, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial. NOTIFÍQUESE, MEDIANTE OFICIO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES.

  3. Principal

    Uruapan, Michoacán de Ocampo, diecisiete de enero de dos mil veintidós. AGREGA OFICIO. Agréguese a los autos el oficio enviado por ********************, en cuanto apoderado jurídico de la Secretaría de Salud de Michoacán de Ocampo y del Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud de Michoacán, por sí y en cuanto superior jerárquico, por ende representante Legal del Director del Hospital General de Apatzingán, Michoacán de Ocampo, mediante el cual remite copia del depósito monetario hechos al nosocomio UNIDAD RENAL AMBULATORIA, para que brinde la atención médica al quejoso ********************, respecto del tratamiento de hemodiálisis. PRUEBAS. Por otro lado, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 119 de la Ley de Amparo, téngase como pruebas de la citada autoridad responsable, las documentales que exhibe, mismas que se admiten y desahogan por su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de relacionarlas en la audiencia constitucional. SE DA VISTA. Con fundamento en el numeral 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, dese vista al promovente del amparo con el comunicado de cuenta y anexos, para que dentro del término de tres días, computados legalmente, manifieste lo que a su interés legal convenga. En el entendido que de no realizar manifestación alguna al respecto, se entenderá que está de acuerdo con lo manifestado por la autoridad responsable; lo anterior, para los efectos legales correspondientes. DIFIERE AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Por tanto, para dar margen a lo anterior, la audiencia constitucional señalada para esta fecha, se difiere y en su lugar se programan las NUEVE HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL VEINTIOCHO DE ENERO DE DOS MIL VEINTIDÓS, para su celebración. SIN MAYOR TRÁMITE. Por otra parte, agréguese sin mayor trámite el oficio enviado por Vicente Zarco Suayd, apoderado jurídico de las autoridades responsables, por medio del cual informa la imposibilidad que tiene para remitir las documentales que les fueron solicitadas; lo anterior, toda vez que en párrafos que anteceden se tuvo por recibida copia del depósito monetario hecho al nosocomio UNIDAD RENAL AMBULATORIA, para que brinde la atención médica al quejoso ********************, respecto del tratamiento de hemodiálisis. NOTIFÍQUESE; personalmente a la parte quejosa.

  4. Principal

    Uruapan, Michoacán de Ocampo, siete de enero de dos mil veintidós. INFORME A LA SUSPENSIÓN DE PLANO. Con fundamento en el artículo 126 de la Ley de Amparo, téngase a Noé Díaz Munguía, en cuanto apoderado jurídico de la Secretaría de Salud de Michoacán de Ocampo y del Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud de Michoacán de Ocampo, por sí y en cuanto superior jerárquico, por ende representante Legal del Director del Hospital General de Apatzingán, Michoacán de Ocampo, rindiendo su informe complementario sobre la suspensión de plano de los actos reclamados, decretada en favor del quejoso Teodomiro Arriaga Magaña, con vista a las partes. INFORME JUSTIFICADO. Asimismo, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, téngase a dicha autoridad responsable rindiendo su informe justificado, con vista a las partes. CONOCIMIENTO A LA QUEJOSA. Ahora bien, toda vez que la referida autoridad responsable, informa que se ha determinado ofrecerle el tratamiento al quejoso en mención de manera subrogada en la Clínica Particular (Unidad Renal Ambulatoria), en la que se le aplicará como parte del tratamiento dialítico Hierro y Eritroproyectina; asimismo, destaca que en caso de que el quejoso requiera algún medicamento diverso deberá comparecer al nosocomio demandado, para que un medico valore si lo requiere o no, de ser ser el caso le genere la receta, para que pase al área de farmacia a recoger el medicamento prescrito, además, aduce que se puso en contacto con dicha clínica a fin de que reciba dos sesiones dialíticas semanales o las que medicamente requiera, los días en que habitualmente viene recibiendo su tratamiento, para que se presente de manera puntual a recibir su tratamiento dialítico. Consecuentemente, con copia del presente proveído y del comunicado de cuenta, hágase lo anterior del conocimiento del peticionario de amparo, con la finalidad de que comparezca a la clínica en cuestión para los efectos pretendidos, quedando bajo su entera responsabilidad su inasistencia. REQUERIMIENTO. Sin perjuicio de lo anterior, requiérase a la citada autoridad responsable oficiante, para que dentro del término de veinticuatro horas, remita copia certificada de las constancias relativas a la asistencia o no de la comparecencia del quejoso a dicha clínica; y las relativas a las sesiones de hemodiálisis otorgadas para el padecimiento que le aqueja, entre ellas, copia del depósito monetario que se realice al nosocomio Clínica Particular Unidad Renal Ambulatoria, para que brinde la atención médica al quejoso Teodomiro Arriaga Magaña; de lo cual deberá informar al correo electrónico de este Juzgado de Distrito, a la dirección 5jdo11cto@correo.cjf.gob.mx. APERCIBIMIENTO. Lo anterior, bajo los mismos apercibimientos decretados en el auto admisorio en que se concedió la suspensión de plano. SE DA VISTA PARTE QUEJOSA. Con fundamento en el numeral 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, dese vista al promovente del amparo con el comunicado de cuenta, para que dentro del término de tres días, computados legalmente, manifieste lo que a su interés legal convenga. En el entendido que de no realizar manifestación alguna al respecto, se entenderá que está de acuerdo con lo manifestado por la autoridad responsable; lo anterior, para los efectos legales correspondientes. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa y por oficio a las autoridades responsables que se indica.

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