Teodolindo Zapata Ángel

Expediente 762/2019 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Tabasco. 3 actuaciones registradas, la última del 11 de junio de 2019.

Datos del expediente

Expediente
762/2019
Año
2019
Actuaciones
3
Última actuación
11/06/2019

Partes del expediente

  • Teodolindo Zapata Ángel

Actuaciones

  1. Principal

    Causa estado, archivo y destruible...

  2. Principal

    Notifíquese personalmente...

  3. Principal

    Con fundamento en el artículo 27 fracción I inciso C de la Ley de Amparo notifico por medio de lista a la parte quejosa ********************** el proveído de 27 de mayo de 2019, que a la letra dice: Se tiene por recibida la demanda de amparo promovida por Teodolindo Zapata Ángel, contra actos de la Junta Especial Número 36 de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Tabasco, con residencia en esta ciudad; regístrese en el libro de gobierno con el índice 762/2019-III-5, fórmese expediente y captúrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). ANÁLISIS DE LA DEMANDA Ahora, de acuerdo al artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar ante todo, el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; lo que es así, porque, en atención al principio de impartición de Justicia pronta y expedita que consagra el precepto 17 de nuestra Constitución, no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que, desde un inicio se advierte que resultará indudablemente el sobreseimiento. Al respecto, el numeral en comento dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Proceder que tiene como base constitucional lo preceptuado en el artículo 17 Constitucional, que consagra el derecho fundamental a la administración de justicia e impone como taxativa a los órganos jurisdiccionales el cumplir con ello de manera pronta y expedita, pues no sería lógico ni razonable admitir a trámite una demanda pese a tener plena convicción de que a la postre la misma no será procedente, con demérito de los recursos humanos y materiales que tal acción genera. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO Al analizar la demanda de amparo presentada por el quejoso, en términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de la Materia, se destaca que el acto reclamado es el siguiente:  La omisión de la responsable de dictar el laudo correspondiente en la contienda laboral 1524/2016 de su índice; ello, no obstante haber declarado el cierre de instrucción el once de marzo del presente año. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA Así las cosas, de oficio advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.]" En efecto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 294/2018 , sostuvo que si bien a través de la jurisprudencia de rubro "AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS.", se estableció que el juicio de amparo indirecto resulta improcedente contra dilaciones intraprocesales que no afectan derechos sustantivos, a excepción que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o paralización total del mismo, pues en tal caso el juicio será procedente. Sin embargo, dicha Sala también expuso que dada la complejidad para fijar un lapso genérico de duración de la demora reclamada a la autoridad responsable, para determinar si ha incurrido en una dilación abierta del procedimiento o la paralización total del mismo y, con el fin de establecer un estándar mínimo objetivo que ofrezca seguridad jurídica a las partes; determinó que para la promoción del juicio de amparo indirecto contra dilaciones presuntivamente excesivas en el dictado de proveídos, laudos o en la realización de cualquier otra diligencia, el juicio de derechos fundamentales procederá cuando hayan transcurrido más de cuarenta y cinco días naturales, contados a partir de la conclusión del plazo en que legalmente debieron pronunciarse o realizarse los actos procesales respectivos, por ser ese el período máximo que el artículo 772 de la Ley Federal del Trabajo, tolera para que el controvertido laboral permanezca inmóvil, cuando sea necesaria alguna promoción del trabajador. Contradicción de tesis citada en párrafos que anteceden, que dio origen a la Jurisprudencia 2a./J. 33/2019 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto rezan: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONTRA LAS DILACIONES PRESUNTAMENTE EXCESIVAS DE LAS JUNTAS EN EL DICTADO DE PROVEÍDOS, LAUDOS O EN LA REALIZACIÓN DE CUALQUIER OTRA DILIGENCIA, SI TRANSCURREN MÁS DE 45 DÍAS NATURALES DESDE LA FECHA EN LA QUE CONCLUYÓ EL PLAZO EN EL QUE LEGALMENTE DEBIERON PRONUNCIARSE O DILIGENCIARSE LOS ACTOS PROCESALES RESPECTIVOS. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a.), sostuvo que, por regla general, el juicio de amparo indirecto es improcedente contra dilaciones procesales, a menos que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta demora del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso deberá darse cauce legal a la demanda, aunque en principio se trate de violaciones de naturaleza adjetiva. Ahora bien, si se toma en cuenta que resulta difícil fijar un lapso genérico de la duración de la demora que pueda establecerse de manera uniforme e indiscutible, para saber si se ha configurado o no una dilación excesiva que se traduzca en una auténtica paralización del procedimiento que haga procedente el juicio de amparo indirecto, debe complementarse ese criterio -por lo que hace a la materia laboral- a fin de proporcionar un estándar mínimo objetivo que ofrezca seguridad jurídica a las partes en el juicio y, por ello, se determina que para efectos de la promoción del juicio de amparo indirecto contra dilaciones presuntamente excesivas en el dictado de proveídos, laudos o en la realización de cualquier otra diligencia, el juicio de amparo procede cuando transcurren más de 45 días naturales, contados a partir de la fecha en la que concluyó el plazo en que legalmente debieron pronunciarse o realizarse los actos procesales respectivos, si se toma en cuenta que es precisamente ese periodo el máximo que el artículo 772 de la Ley Federal del Trabajo tolera para que el juicio permanezca inmóvil, cuando sea necesaria alguna promoción del trabajador." En esa tesitura, este Juzgado Federal estima que el acto omisivo en esta vía reclamado, no constituye una abierta dilación del procedimiento laboral de origen o paralización del mismo, que haga procedente el juicio de derechos humanos por la afectación material a derechos sustantivos, pues atento a la narrativa bajo protesta de decir verdad de la parte quejosa en su demanda manifiesta que la responsable desde el once de marzo del año en curso, en que declaró el cierre de instrucción en el juicio laboral 1524/2016, no ha dictado el laudo correspondiente. Por su parte, los artículos 885, 886, 887, 888 y 889 de la Ley Federal del Trabajo, en su parte conducente establecen que en los diez días posteriores a la fecha del cierre de instrucción se formulara por escrito el proyecto de laudo, una vez realizado se entregara copia del mismo a los miembros de la junta quienes gozaran de un período de cinco días para solicitar las diligencias que consideren pertinentes para el esclarecimiento de la verdad y un período de ocho días para señalar fecha y hora para el desahogo de las mismas; y, posteriormente diez días para la discusión y votación del mismo. En ese contexto al efectuar el cómputo correspondiente, atendiendo a lo que la parte quejosa manifestó bajo protesta de decir verdad en el sentido que el once de marzo del año en curso, la autoridad responsable declaró el cierre de instrucción, se obtiene que el término de la responsable para emitir el laudo en comento, feneció el tres de mayo siguiente. Motivo por el cual, el plazo de cuarenta y cinco días naturales que establece la jurisprudencia 2a./J. 33/2019 (10a.) transcrita en retro líneas, transcurre del cuatro de mayo al diecisiete de junio del año en curso; por tanto, si la parte quejosa acudió al amparo el veintitrés de mayo de dos mil diecinueve (según la constancia de registro que emite la Oficina de Correspondencia Común), es válido jurídicamente establecer que la autoridad responsable no ha incurrido en una dilación abierta del procedimiento o paralización total del mismo, cuyos datos fácticos que se sintetizan en el siguiente cuadro: TIPO DE JUICIO Y No. DE EXPEDIENTE SINTESIS DE ACTO FECHA DE CONCLUSIÓN DE PLAZO LEGAL (33 DÍAS HÁBILES) FECHA DE CONCLUSIÓN (45 DÍAS NATURALES) FECHA SEÑALADA PARA LA ACTUACIÓN Laboral 1524/2016 Omisión de dictar laudo. 03/05/2019 17/06/2019 N/A En consecuencia, LO PROCEDENTE ES DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, al haberse actualizado la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, aplicado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Por otro lado, tomando en cuenta la carga de trabajo de este Tribunal, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se faculta al Actuario judicial de esta adscripción para que las notificaciones que se practiquen a cualesquiera de las partes y que sean de carácter personal incluyendo el emplazamiento, en caso de ser necesario se realicen en días y horas inhábiles; ello, en cumplimiento al principio de celeridad procesal que rige al juicio de amparo. DOMICILIO Y AUTORIZACIÓN Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones, el que señala en su escrito inicial de demanda, y con fundamento en los artículos 12 y 24 de la Ley de Amparo, téngase a quienes menciona como autorizados en términos amplios, por tratarse de un asunto en materia laboral, promovido por la parte trabajadora. MEDIOS DIGITALES. Este Juzgado autoriza la toma de las actuaciones mediante cámaras, grabadoras o lectores ópticos, ello con fundamento en la Circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve, emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Para dicha práctica podrán intervenir únicamente el promovente y sus autorizados siempre y cuando no se contraríe la función jurisdiccional de este Juzgado y con el cuidado de que las herramientas sean utilizadas preservando la integridad del expediente. En el entendido de que las reproducciones se autorizan con el fin de que se impongan de los autos, tal y como lo dispone el artículo 12 de la Ley de Amparo, por lo que el uso y reproducción posterior de las citadas imágenes será bajo su más estricta responsabilidad, en términos de la legislación aplicable en materia de protección de datos personales e información pública. TRANSPARENCIA, AVISO DE PRIVACIDAD Y DATOS PERSONALES. De conformidad con los artículos 6, inciso A, fracciones I, II y III de la Carta Magna; 1, 3, 9, 68, 113 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; y, 1, 3, fracción II, 20, 21, 26 y 27 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; hágase del conocimiento de las partes, que los datos personales que proporcionen en este asunto podrán ser utilizados para la tramitación y resolución del presente juicio hasta su total conclusión. Asimismo, que la sentencia que eventualmente sea dictada, estará a disposición del público para su consulta, cuando así sea solicitado, conforme al procedimiento de acceso a la información, a excepción de la información confidencial, definida en el ordenamiento legal citado en segundo término, pues la misma será suprimida de la versión pública de las sentencias, ejecutorias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, aun cuando no exista oposición de las partes para su publicación, procurándose que tal supresión no impida el conocimiento del criterio sustentado por este Juzgado. En el entendido que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales (los cuales serán resguardados); ello, amén de que, cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, la unidad administrativa que lo tenga bajo su resguardo determine si tal oposición puede o no surtir sus efectos, tomando en cuenta para ello si la resolución solicitada, las pruebas o demás constancias contiene información considerada como reservada o confidencial. Además, conforme lo dispuesto en los artículos 1, 54, 55, 56, 57 y 65 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, se instruye a la Secretaria de este Juzgado encargada del trámite del presente expediente, a fin de que elabore la versión pública del mismo, siguiendo los lineamientos que al efecto establecen los ordenamientos citados, con la subsecuente captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Igualmente, se exhorta a los Servidores Públicos adscritos a este órgano jurisdiccional que tengan acceso al presente expediente con motivo de sus funciones, a tratar los datos personales que resulten estrictamente necesario para el ejercicio de sus atribuciones con la debida administración y custodia, así como para que vigilen que esos datos que tengan en posesión sean exactos, completos, pertinentes, correctos y actualizados, ya que tal información será resguardada para su protección; lo anterior, con apoyo en los artículos 1, 2, 4, 5, 6 y 7, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de Protección de Datos Personales. EXPEDIENTE ELECTRÓNICO. Finalmente, atento a lo establecido en el artículo 3º de la Ley de Amparo, así como en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; se ordena la integración del sumario y la digitalización de constancias para que coincidan íntegramente el expediente impreso con el electrónico...

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