Teobaldo Leal Osuna

Expediente 549/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 3 actuaciones registradas, la última del 24 de junio de 2019.

Datos del expediente

Expediente
549/2019
Año
2019
Actuaciones
3
Última actuación
24/06/2019

Partes del expediente

  • Teobaldo Leal Osuna

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede y el estado procesal de autos, se advierte que dentro del término legal de diez días a que se refiere el numeral 86 de la Ley de Amparo, ninguna de las partes interpuso recurso de revisión contra la resolución dictada el veintinueve de enero de dos mil diecinueve, por la cual se sobreseyó en el presente juicio de amparo; en consecuencia, de conformidad con lo dispuesto por los numerales 356 fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos de ley. Consecuentemente, se ordena archivar el presente juicio como asunto totalmente concluido, así como realizar las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Luego, en atención a los artículos décimo primero y vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre del dos mil nueve, pronunciado por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación vigente a partir del veintiséis de noviembre de ese mismo año, este asunto no se considera de relevancia documental, pues no se ventiló algún tema relacionado con el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente, la gestión ambiental, entre otros, que tenga algún tópico de especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Ahora bien, de conformidad con la fracción II del punto vigésimo primero del citado Acuerdo General, tomando en consideración que se decretó el sobreseimiento en el juicio, éste se considera susceptible de DESTRUCCIÓN, una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo. Hágase del conocimiento de las partes que a partir del día uno de junio de dos mil diecinueve, la Juez Luz Elba de la Torre Orozco, funge como Titular del Juzgado Primero de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, de conformidad con lo estipulado en el oficio SEADS/653/2019, de fecha veintidós de mayo de dos mil diecinueve, emitido por el Secretario Ejecutivo de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, lo anterior, para los efectos legales consiguientes. Tiene sustento a lo anterior, la Jurisprudencia 104/2010 emitida en sesión de treinta de junio de dos mil diez, por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis número 119/2010, misma que señala: "SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO. EL CAMBIO DE TITULAR DEL ÓRGANO QUE LA DICTARÁ DEBE NOTIFICARSE A LAS PARTES, PUES DE LO CONTRARIO SE ACTUALIZA UNA VIOLACIÓN PROCESAL QUE AMERITA REPONER EL PROCEDIMIENTO, SIEMPRE QUE SE HAGA VALER EN LOS AGRAVIOS DEL RECURSO DE REVISIÓN EL ARGUMENTO REFERENTE AL IMPEDIMENTO DEL JUEZ A QUO PARA CONOCER DEL ASUNTO. Del primer párrafo del artículo 66 de la Ley de Amparo se advierte que los juzgadores federales no son recusables; sin embargo, están obligados a manifestar su impedimento para conocer del juicio de actualizarse alguna de las causas previstas en las diversas fracciones del propio precepto. Por su parte, el primer párrafo del artículo 70 del indicado ordenamiento establece que las partes podrán alegar el impedimento de los juzgadores federales, por lo que para formularlo deben conocer quién es el titular del órgano jurisdiccional que dictará la sentencia o resolución correspondiente, para lo cual en caso de cambio de titular, debe notificarse, por regla general, mediante lista al quejoso y al tercero perjudicado, y por oficio a las autoridades responsables, en términos del artículo 28, fracciones I y III, de la Ley, salvo que el Juez del conocimiento, con fundamento en el artículo 30 de la referida legislación, ordene que se haga personalmente. Ahora bien, la violación procesal consistente en la falta de notificación a las partes del cambio de titular trasciende al resultado del fallo y, por ende, con fundamento en el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, debe reponerse el procedimiento; lo anterior siempre que la recurrente haga valer en los agravios el argumento referente al impedimento del Juez, pues de no hacerlo así, aun cuando exista dicha violación al procedimiento, no trasciende al resultado del fallo, siendo innecesario ordenar la reposición del procedimiento, pues ello a nada práctico lleva y, por el contrario, dilataría la impartición de justicia en contravención del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos."

  2. Principal

    Visto lo de cuenta, se advierte que ninguna de las partes interpuso recurso de revisión dentro del término legal en contra de la sentencia dictada el cinco de septiembre de dos mil dieciocho, en la que por una parte se sobreseyó y por la otra se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal; por tanto, con apoyo en los numerales 354, 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a su artículo 2º; se decreta que ha causado ejecutoria, para todos los efectos de ley. Ahora bien, el amparo y protección de la Justicia Federal se concedió para los efectos siguientes: "(.) a) Desincorpore de la esfera jurídica de la quejosa la aplicación del artículo 16, fracción I, inciso a) de la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco, para el ejercicio fiscal de dos mil dieciocho, siendo lo correcto que se le aplique la cuota mínima que establece el dispositivo legal referido por concepto de registro de actos, contratos o resoluciones judiciales, a saber: la cantidad de $148.00 (ciento cuarenta y ocho pesos moneda nacional), ya que esa suma es igual para todos los contribuyentes, sin considerar el valor pecuniario representado en el documento a registrar ni la procedencia del mismo; lo anterior, toda vez que el objeto de la concesión no tiene por efecto exentar a la quejosa del pago de los derechos correspondientes a tales servicios en su totalidad, sino sólo el de desincorporar de su esfera jurídica la obligación tributaria en la parte declarada contraria a la Constitución General; considerar lo contrario, implicaría poner a la promovente en un estado privilegiado y, además, se desatendería el mandato constitucional previsto en el artículo 31, fracción IV, de la Carta Magna, respecto a la obligación de contribuir al gasto público en forma proporcional y equitativa. Ahora bien, toda vez que los motivos que llevaron a esta juzgadora a otorgar la protección constitucional solicitada están específicamente referido al artículo 16, fracción I, inciso a), de la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho, que establece que para determinar el monto de los derechos por el registro de actos, contratos o resoluciones judiciales, incluidos fideicomisos o hipotecas, por cada uno, no obstante se encuentren en un solo documento, escritura, acta o póliza mercantil, se aplica sobre el valor que resulte mayor entre el catastral, el comercial o el que se desprenda del contenido del documento a registrar, por el 0.50% (cero punto cincuenta por ciento); al respecto, el objeto de la concesión no tiene por efecto exentar al quejoso del pago de los derechos correspondientes a tales servicios en su totalidad, sino sólo el de desincorporar de su esfera jurídica la obligación tributaria en la parte declarada contraria a la constitución general; en consecuencia: a) La concesión otorgada implica que se deje insubsistente el pago realizado bajo los recibos oficiales A38481176 y A38481175 emitidos a nombre del aquí quejoso, por la Oficina de Recaudación Fiscal ubicada en Ocotlán, Jalisco, de la Secretaría de Planeación Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Jalisco, debiendo únicamente cobrarle la cuota mínima que establece el precepto impugnado, por concepto de registro de actos, contratos o resoluciones judiciales, a saber: la cantidad de $148.00 (ciento cuarenta y ocho pesos moneda nacional) por cada acto realizado y no la contenida en el inciso a), fracción I, del artículo 16 de la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho; reintegrando a éste el numerario que exceda de la tarifa que se indica por concepto de la contribución analizada en este asunto, y en su lugar se emitan otros recibos por el pago de derechos por el mismo concepto, pero absteniéndose de aplicar la hipótesis que establece el artículo declarado inconstitucional (16, fracción I, inciso a), de la ley reclamada)". En esas condiciones, no es dable requerir a las responsables Congreso y Gobernador, ambos del Estado de Jalisco, por el cumplimiento del fallo protector, habida cuenta que su intervención en los actos reclamados únicamente versó sobre su participación en el proceso de creación de la norma declarada inconstitucional, por lo que tales autoridades no pueden dar cumplimiento a dicha ejecutoria, conforme lo establece la siguiente tesis número 2a. CXV/97 que dice: "INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. NO PUEDEN INCURRIR EN ELLA LAS AUTORIDADES QUE SOLAMENTE EJERCIERON FACULTADES LEGISLATIVAS O REGLAMENTARIAS.- En atención a que en nuestro régimen constitucional la creación de normas jurídicas puede provenir principalmente del Congreso de la Unión y la reglamentaria del presidente de la República, las normas y principios rectores del juicio de amparo son igualmente aplicables en ambos casos, independientemente de la denominación que se les dé, tales como acuerdos o decretos, si cumplen el requisito de ser de carácter general y reúnen los demás atributos materiales configuradores de la ley, tales como la abstracción e impersonalidad. En tal virtud, en aplicación del principio de relatividad de las sentencias de amparo, contenido en el artículo 107, fracción II, de la Constitución Federal, que señala que los efectos de las mismas sólo pueden comprender a individuos particulares, limitándose a ampararlos y protegerlos en el caso especial sobre el que verse la queja, sin hacer una declaración general respecto de la ley que motivó el juicio, resulta ocioso pretender el cumplimiento de la sentencia por parte de las autoridades que participaron en el proceso de creación de la ley, reglamento o decreto, hasta su entrada en vigor (refrendo y publicación), porque el juicio de amparo carece de fuerza vinculatoria para obligar a dichas autoridades a derogar o dejar sin efectos sus actos, aun parcialmente, sino que el efecto de la ejecutoria es que las normas declaradas inconstitucionales no se apliquen en perjuicio del quejoso, con la salvedad de que las autoridades que hubieran realizado actos materiales de aplicación de la norma, en acatamiento del amparo, tendrán que dejar insubsistentes sus actos, lo que hace evidente que la sentencia que declare la inconstitucionalidad de esa ley no resulte inocua; en la inteligencia de que todo nuevo acto de aplicación de la norma general declarada inconstitucional, que afecte a dicho quejoso, constituirá la repetición del reclamado, susceptible de ser impugnada conforme al diverso 108 de la Ley de Amparo." Ahora bien, toda vez que este órgano de control constitucional tiene la facultad y la obligación de precisar y determinar qué autoridades se encuentran vinculadas y en qué medida, para lograr el eficaz y pleno cumplimiento de la sentencia de amparo, y una vez analizados los efectos para los que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal, se concluye que las siguientes autoridades, en el ámbito de su respectiva competencia, deben realizar lo siguiente: La Secretaria de la Hacienda Pública del Estado de Jalisco: a) Desincorpore de la esfera jurídica de la quejosa la aplicación del artículo 16, fracción I, inciso a) de la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco, para el ejercicio fiscal de dos mil dieciocho, siendo lo correcto que se le aplique la cuota mínima que establece el dispositivo legal referido por concepto de registro de actos, contratos o resoluciones judiciales, a saber: la cantidad de $148.00 (ciento cuarenta y ocho pesos moneda nacional), ya que esa suma es igual para todos los contribuyentes, sin considerar el valor pecuniario representado en el documento a registrar ni la procedencia del mismo; lo anterior, toda vez que el objeto de la concesión no tiene por efecto exentar a la quejosa del pago de los derechos correspondientes a tales servicios en su totalidad, sino sólo el de desincorporar de su esfera jurídica la obligación tributaria en la parte declarada contraria a la Constitución General; considerar lo contrario, implicaría poner a la promovente en un estado privilegiado y, además, se desatendería el mandato constitucional previsto en el artículo 31, fracción IV, de la Carta Magna, respecto a la obligación de contribuir al gasto público en forma proporcional y equitativa. b) La concesión otorgada implica que se deje insubsistente el pago realizado bajo los recibos oficiales A38481176 y A38481175 emitidos a nombre del aquí quejoso, por la Oficina de Recaudación Fiscal ubicada en Ocotlán, Jalisco, de la Secretaría de Planeación Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Jalisco, debiendo únicamente cobrarle la cuota mínima que establece el precepto impugnado, por concepto de registro de actos, contratos o resoluciones judiciales, a saber: la cantidad de $148.00 (ciento cuarenta y ocho pesos moneda nacional) por cada acto realizado y no la contenida en el inciso a), fracción I, del artículo 16 de la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho; reintegrando a éste el numerario que exceda de la tarifa que se indica por concepto de la contribución analizada en este asunto, y en su lugar se emitan otros recibos por el pago de derechos por el mismo concepto, pero absteniéndose de aplicar la hipótesis que establece el artículo declarado inconstitucional (16, fracción I, inciso a), de la ley reclamada). En ese orden de ideas, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable, para que dentro del término de cinco días contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, acrediten a este Órgano Jurisdiccional, haber dado cumplimiento a la sentencia de amparo en los términos señalados en los incisos precedentes. En el entendido de que el plazo concedido se establece en función de la complejidad de las actuaciones que deben ser realizadas por la autoridad a fin de cumplir en su totalidad los lineamientos planteados en el fallo protector. Se le apercibe que de no cumplir en lapso antes indicado, en términos de lo que disponen los artículos 192, 193 y 258 de la Ley de Amparo, se hará acreedor a una multa por la cantidad de cien veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización que equivale a la cantidad $8,449.00 (ocho mil cuatrocientos cuarenta y nueve pesos moneda nacional), tomando como base el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización que es de $84.49 (ochenta y cuatro pesos con cuarenta y nueve centavos moneda nacional); así como a la substanciación del incidente de inejecución que pudiera culminar con la separación de su puesto y su consignación. Por otra parte, se tiene por recibido el oficio remitido por el Administrador de Correos Sección Administrativa de Ocotlán, Jalisco, por medio del cual, cumple con el requerimiento efectuado en autos y al efecto, informa el tratamiento dado a la pieza postal relativa al oficio 59889/2018, entregado el tres de diciembre de dos mil dieciocho a la autoridad responsable Jefe de la Oficina de Recaudación Fiscal número 60 de Ocotlán, Jalisco; lo cual se ordena glosar a los presentes autos para que obre como constancia. Finalmente, hágase del conocimiento de las partes que a partir del día diecisiete de abril de dos mil diecinueve, la licenciada Elisa Georgina Álvarez Maldonado, funge como Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, en funciones de Juez de Distrito, de conformidad con lo estipulado en el oficio CCJ/ST/1513/2019, de fecha dieciséis de abril de dos mil diecinueve, emitido por la Secretaría Técnica de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, con apoyo además en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el artículo 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y para los efectos legales consiguientes.

  3. Principal

    Se tiene por recibido el oficio signado por el Presidente de la Junta Especial Número Dieciocho de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Jalisco, a través del cual remite copia certificada del auto de cinco de marzo del presente año, dictada dentro del expediente laboral 1854/2009; resérvese acordar lo correspondiente una vez que cause ejecutoria la sentencia definitiva dictada en autos.

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