Tely Melissa Perdomo Aguilar
Expediente 514/2020 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 10 actuaciones registradas, la última del 28 de febrero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 514/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 28/02/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas · Tamaulipas
Partes del expediente
- Tely Melissa Perdomo Aguilar
- Tiany Melissa Perdomo Aguilar
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
De la certificación secretarial que antecede se advierte que en cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se hizo la indicación que el presente asunto era destruible en términos del artículo 21, inciso a) del citado acuerdo, por ser un juicio de amparo sobreseído. Sin embargo, con fundamento en el artículo 58 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se regulariza el procedimiento únicamente para dejar sin efecto la indicación referida. Lo anterior, tomando en consideración que en el presente asunto SE CONCEDIÓ la SUSPENSION DE PLANO; por consiguiente, conforme al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, relacionado con el capítulo 7, puntos 7.4 y 7.6 del Manual para la Organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, este expediente es SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN, por lo que este juzgado lo conservará por el término de tres años, contados a partir de haberse ordenado su archivo como asunto concluido. Una vez concluido este plazo, dentro de los siguientes noventa días, este órgano jurisdiccional deberá depurar el expediente, conservando las constancias que se indican tanto en el acuerdo y manual en cita. Terminado el proceso de depuración, se deberá solicitar la transferencia del expediente a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Finalmente, procédase a estampar el sello de valoración correspondiente en la carátula de este expediente; hágase la anotación respectiva en el Sistema Integral de Seguimientos de Expedientes (SISE) y en el Libro de Gobierno.
- Principal
De la certificación secretarial que antecede, se advierte que las partes no interpusieron recurso de revisión en contra de la sentencia dictada en este asunto; en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales. Hágase la anotación de rigor en el Libro de Gobierno correspondiente y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo archívese este expediente como concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se hace la indicación que el presente asunto es susceptible de destrucción, debido a que encuadra en la hipótesis del inciso a), del artículo 21 del Acuerdo General antes indicado, al ser un juicio de amparo sobreseído en el que no existen documentos originales exhibidos por las partes y carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el artículo 15 del citado Acuerdo, por lo cual, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, procédase en términos del penúltimo párrafo, del artículo 21 del acuerdo normativo en consulta.
- Incidental
Del estado procesal de los autos y la certificación que antecede, se advierte que en esta fecha se ordenó el archivo del juicio principal del cual deriva este expediente; en consecuencia, debido a que no existen escritos, pruebas, ni diligencias pendientes de desahogar, se ordena el archivo del cuaderno incidental en que se actúa como asunto concluido. En razón de lo anterior, el cuaderno original del incidente de suspensión es susceptible de depuración, pues se concedió la suspensión provisional y definitiva solicitadas y no fue exhibida garantía alguna acorde con lo dispuesto en el artículo 18, inciso a), del Acuerdo General que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; por lo cual, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberán transferirse el cuaderno original, a la Dirección General de Archivo y Documentación, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone los artículos 27, 28 y 29, del acuerdo normativo. En términos de lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo mencionado, se ordena que una vez que transcurran seis meses a esta fecha, se proceda a la destrucción del duplicado de los cuadernos incidentales, y deberá procederse en términos del penúltimo párrafo del citado numeral, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido.
- Principal
ISTOS los autos para resolver el juicio de amparo número 514/2020-V-3; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Presentación de la demanda. Por escrito presentado en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, turnado al Juzgado Décimo de Distrito, con sede en esta ciudad, Tiany Melissa Perdomo Aguilar, por si y en representación del menor E.J.H.P., promovió juicio de amparo contra las autoridades Instituto Nacional de Migración, Director General de la Agencia Federal de Migración de la Estación Local Migratoria de Traslados, esta última quien resultó ser únicamente la primera mencionada, con sede en esta ciudad; y Titular de la Oficina de Representación Local del Instituto Nacional de Migración en Ciudad Reynosa, Tamaulipas. ACTO RECLAMADO Será precisado en el considerando segundo de esta sentencia. SEGUNDO. Trámite dado a la demanda de amparo. Por razón de turno, correspondió a este Juzgado el conocimiento del asunto, lo admitió a trámite; requirió informe justificado a las autoridades señaladas como responsables; dio intervención al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; asimismo, fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado, es competente para resolver este juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el Acuerdo 3/2013, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. El artículo 74, fracción I, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, prevé que las sentencias que se dicten en los juicios de garantías deben contener: ".La fijación clara y precisa del acto o actos reclamados.", para lo cual debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda, armonizando los datos que de ella emanen, así como sus anexos, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos e, incluso, con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, para lograr congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. En ese sentido, de un estudio minucioso de las manifestaciones que esgrime la parte quejosa en su demanda de garantías, en relación con las constancias que obran en autos, se puede advertir que los actos reclamados consisten en la privación de su libertad, y por consiguiente su traslado a Tampico el día veinte de agosto de dos mil veinte, junto con su menor hijo, así como su posible traslado de México y retorno a Honduras. TERCERO. Existencia de los actos reclamados. Del contenido del informe rendido por las autoridades responsables Instituto Nacional de Migración, con sede en esta ciudad, y Titular de la Oficina de Representación Local del Instituto Nacional de Migración en Ciudad Reynosa, Tamaulipas, se advierte la existencia del acto reclamado (fojas 31, 32 y 71), lo que se corrobora con las documentales que acompañaron las autoridades mencionadas, principalmente con las copias certificadas del expediente de origen, a las cuales se concede valor probatorio pleno, en términos de lo dispuesto por los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, al encontrarse certificadas por un funcionario en ejercicio de sus funciones. CUARTO. Estudio de causales de improcedencia. Previo al estudio del fondo del asunto, procede analizar las causales de improcedencia que hagan valer las partes o que de oficio advierta este órgano constitucional, por ser un aspecto de orden público y de estudio preferente, en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo. El dispositivo legal antes invocado contempla: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 ó 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente; Efectivamente, de las constancias que obran en autos, se advierte que el cuatro de septiembre de dos mil veinte, la autoridad responsable Instituto Nacional de Migración, con sede en esta ciudad, mediante oficio número INM/ORTAM/ORLTAM/DCMAJ/3945/2020, trasladó y puso a disposición de la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración en Sonora a la quejosa y su menor hijo (fojas 78); en consecuencia, la privación de su libertad, y por consiguiente su traslado a Tampico el día veinte de agosto de dos mil veinte, junto con su menor hijo, así como su posible traslado de México y retorno a Honduras que atribuye a las autoridades responsables, se encuentran consumadas, ya que no puede decidirse sobre ellas sin afectar la nueva situación jurídica. Lo anterior es así, en virtud que si bien pudo, existir la privación de la libertad de la parte quejosa por parte de las autoridades responsables, y por consiguiente su traslado a Tampico el día veinte de agosto de dos mil veinte, junto con su menor hijo, así como su posible traslado de México y retorno a Honduras; también cierto es, que mediante oficio número INM/ORTAM/ORLTAM/DCMAJ/3945/2020 de fecha cuatro de septiembre de dos mil veinte la quejosa Tiany Melissa Perdomo Aguilar y su menor hijo E.J.H.P., fueron trasladados y puestos a disposición de la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración en Sonora. Por lo que, si el acto reclamado se hizo consistir en la privación de la libertad de la parte quejosa por parte de las autoridades responsables, y por consiguiente su traslado a Tampico el día veinte de agosto de dos mil veinte, junto con su menor hijo, así como su posible traslado de México y retorno a Honduras, aquellos actos se encuentran consumados irreparablemente en sus efectos por cambio de situación jurídica, lo que hace improcedente la acción constitucional, de conformidad con la fracción X del artículo 73 de la Ley de Amparo, habida cuenta que no podría decidirse sobre la inconstitucionalidad de los actos reclamados sin afectar la nueva situación, que consiste en que ya se encuentran a disposición de diversa autoridad administrativa. Tiene aplicación a lo anterior la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 145, Tomo VIII, Septiembre de 1991, del Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, de rubro y texto siguiente: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO, POR CAMBIO DE SITUACION JURIDICA. CUANDO SE ACTUALIZA. Del texto del artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo vigente, se desprende que la acción constitucional es improcedente, cuando se esté en presencia de un acto dictado dentro de un procedimiento, sea éste judicial o administrativo, y con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se produce un acto que trae por resultado el cambio de situación jurídica, de tal manera que no sea posible analizar el acto reclamado sin que al hacerlo se afecte la situación creada por el nuevo acto que no fue reclamado en el juicio, resultando por lo tanto irreparablemente consumadas las violaciones cometidas por el acto reclamado. Esta causa de improcedencia se refiere a la irreparabilidad jurídica, no a la física que hace imposible la restauración de las cosas al estado en que se encontraban con anterioridad a la consumación del acto reclamado. En efecto, tratándose de esta causa de improcedencia, no existe imposibilidad física para reparar las violaciones que hubiera ocasionado el acto reclamado, pero existe un impedimento jurídico para ello, toda vez que, el permitir la destrucción de actos de autoridad que escapan a la litis planteada en el juicio constitucional, cuyo sustento legal no puede valorarse, por no formar parte de la litis en el juicio, y que quizá justifican legalmente la existencia o subsistencia del acto que se reclamó en el amparo, constituiría una extralimitación de la sentencia constitucional al conocer el amparo invalidando como consecuencia, un acto de autoridad cuya legalidad o constitucionalidad no ha sido ni controvertida ni resuelta conforme a derecho, esta es la razón que justifica plenamente la existencia de la causal que analizamos. Es muy importante observar que el elemento principal de este motivo de improcedencia de la acción de amparo, es el cambio de situación jurídica, es decir, la posición de la quejosa frente al orden jurídico derivado de la realización de ciertos actos y de la aplicación de ciertos preceptos a su caso en particular. Ese cambio de situación jurídica, para ser causa de improcedencia debe efectuarse dentro de un procedimiento, judicial o administrativo. Se ha entendido en términos genéricos como una sucesión de actos ligados por un nexo de causalidad, cada uno de los cuales es consecuencia del anterior y presupuesto del siguiente, y aunque usualmente la ilegalidad de uno de ellos produce la insubsistencia de todos los posteriores, esto no sucede cuando se dictan actos, que por su existencia o validez, gozan de autonomía frente a los anteriores, de modo que pueden subsistir con independencia de que los anteriores sean abiertamente ilegales, por lo cual se dice que estos actos con autonomía han cambiado la situación jurídica que existía, produciendo la irreparabilidad jurídica de las violaciones constitucionales que se hayan realizado con anterioridad. También es necesario para que se actualice la causal de improcedencia en estudio, que no pueden examinarse las violaciones alegadas por el quejoso respecto al acto que reclama, sin que al hacerlo se afecte la nueva situación jurídica creada por el acto sobrevenido, esto es, si el tribunal de amparo analiza el acto reclamado y declara fundadas las objeciones del quejoso, tendría que anularlo por efecto de la sentencia protectora, dejando inexistente una parte del procedimiento y subsistiendo el acto autónomo posterior y sus consecuencias, lo que sería lógica y jurídicamente inadmisible, y contrario a la finalidad del juicio de garantías, pues la sentencia de amparo no podría restituir al quejoso en el goce de sus garantías individuales violadas, debiendo en tal caso considerar consumadas en forma irreparable las violaciones sufridas por el quejoso." fondo afecta, necesariamente, no obstante que no se encuentra a debate, la nueva situación jurídica." En consecuencia, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, procede SOBRESEER en este juicio de garantías, en términos de lo dispuesto en la fracción V del numeral 63 del ordenamiento invocado, respecto de los actos reclamados al Instituto Nacional de Migración, con sede en esta ciudad, y Titular de la Oficina de Representación Local del Instituto Nacional de Migración en Ciudad Reynosa, Tamaulipas. QUINTO. Expedición de copias. Con apoyo en los artículos 278 y 279, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al artículo 2° de la Ley de Amparo, deberán entregarse copia autorizada de esta sentencia a la parte que lo solicite. SEXTO. Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. En virtud que las partes en este asunto no realizaron manifestación alguna dentro del término concedido, en relación con su oposición para que se publiquen o den a conocer sus datos personales; en consecuencia, acorde con lo establecido en los artículos 18, 23, 24, fracción VI, 68, 73, fracciones II y V, 111, 113, fracción V, 116 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; en relación con los diversos 1, 9, 16, 110, fracción V, 113, fracción I, 117, 118, 123, 124, 125 y demás relativos de la de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; así como lo señalado en los artículos 1, 2, 3, 6, 14, 15, 19, 25, 26 y demás relativos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública en el Consejo, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince, nueve de mayo de dos mil dieciséis y nueve de septiembre de dos mil diecinueve, respectivamente, la presente sentencia se pondrá a disposición del público en la versión respectiva con la supresión de tales datos. SÉPTIMO. REANUDACION DE PLAZOS Y TÉRMINOS. Finalmente, visto el estado procesal que guardan los autos, hágase saber de manera personal a todas las partes que mediante circular CAP/3/2020 de la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal, de data veinte de diciembre de dos mil veinte, se determinó adoptar medidas especiales en cuanto a las actividades jurisdiccionales regresándose al esquema de trabajo comprendido en el Acuerdo 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, durante el periodo comprendido del veintiuno de diciembre de dos mil veinte al once de enero de dos mil veintiuno, tiempo en el cual quedarían suspendidos los plazos y términos procesales, con las salvedades indicadas; y en el punto 17, se estipuló que una vez concluido dicho período, éstos se reanudarían conforme a las condiciones previstas en los artículos 2 y 32 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; por tanto, se reanudan los plazos y términos procesales en este asunto. Asimismo, que acorde con la Circular SECNO/1/2021, de la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal, de ocho de enero de dos mil veintiuno, el ordenamiento aplicable para la operación de este órgano jurisdiccional es el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, cuya vigencia fue ampliada por los diversos Acuerdos Generales 25/2020 y 37/2020, esto es, del tres de agosto de dos mil veinte al veintiocho de febrero de dos mil veintiuno, con las limitantes impuestas en dichos acuerdos. Se exhorta a las partes continúen la actuación dentro del presente juicio mediante el esquema de "Juicio en Línea", conforme a lo establecido en los artículos 22 y 28 del referido Acuerdo General. Por lo expuesto y fundado, se R E S U E L V E: PRIMERO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por Tiany Melissa Perdomo Aguilar, por si y en representación del menor E.J.H.P., en contra de los actos reclamados a las autoridades precisadas en el resultando primero, por los motivos expuestos en el considerando cuarto de esta resolución. SEGUNDO. Como está ordenado en el considerando quinto, entréguese copia autorizada de esta resolución a la parte que lo solicite. TERCERO. Cúmplase lo establecido en el considerando séptimo de esta sentencia. Notifíquese; y personalmente a las partes.
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