Telma Yael Gonzalez Gonzalez
Expediente 1278/2022 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 3 actuaciones registradas, la última del 14 de noviembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1278/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 14/11/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- Telma Yael Gonzalez Gonzalez
Actuaciones
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, catorce de noviembre de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido el proveído por el que se tuvo por no presentada la demanda de amparo; en consecuencia, con fundamento en la fracción II, del numeral 356 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado; háganse las anotaciones correspondientes en el libro respectivo. En virtud de lo anterior, toda vez que no hay promociones pendientes por acordar, ni actuaciones que practicar, archívese el presente expediente como asunto concluido previa anotación que se haga en el libro correspondiente. Acorde a lo establecido en el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, debido a que se tuvo por no presentada la demanda constitucional, lo cual causó estado en esta fecha, este expediente es susceptible de destrucción, lo que deberá hacerse constar en la carátula del expediente, como lo estipula el artículo 35, párrafo segundo del Acuerdo General en cita; destrucción que deberá llevarse a cabo una vez cumplido el plazo de tres años contado a partir del dictado del presente proveído y realizarse dentro de los treinta días siguientes de que haya transcurrido el término referido, debiendo remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Sin que en el caso obre algún documento original presentado por las partes que por sus características deba ser devuelto. En la inteligencia de que en el caso, no se trata de un asunto que por su valor jurídico, histórico o de relevancia documental deba conservarse; lo que se precisa para los efectos a que se contrae el artículo 3º fracción II del citado Acuerdo General. Notifíquese.
- Principal
Razón. En la misma fecha, la secretaria da cuenta a la Juez, con el estado de los autos, particularmente con la certificación que antecede. Conste.San Luis Potosí, San Luis Potosí, veinticuatro de octubre de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que este órgano jurisdiccional ordenó prevenir a la parte quejosa para que aclarara la demanda de amparo dentro del término de cinco días, bajo el apercibimiento que de no hacerlo, se tendría por no presentada. Consecuentemente, toda vez que no dio cumplimiento al requerimiento mencionado en el término indicado, se hace efectivo el apercibimiento con el que fue conminada y con fundamento en el segundo párrafo, del artículo 114 de la ley de la materia, se tiene por no presentada la demanda constitucional de que se trata. Notifíquese; hágase personalmente a la parte quejosa.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, cinco de octubre de dos mil veintidós. Vista la demanda de amparo promovida por Telma Yael González González, por sí y en representación de su menor hija de iniciales C.O.G.G., personería que se le reconoce en términos del artículo 10 de la Ley de Amparo, al tenor del anexo que para tal efecto acompaña; fórmese el expediente respectivo y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado bajo el consecutivo 1278/2022-VIII. Ahora, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 114, fracción I, en relación con el diverso 108, de la Ley de Amparo, prevéngase a la parte quejosa para que dentro del término de cinco días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, por escrito se sirva aclarar su demanda de amparo conforme a lo siguiente: I. Precise de forma clara la autoridad que pretende señalar como responsable, toda vez que en el capítulo respectivo señala al Juez Tercero de lo Familiar de esta ciudad; mientras que de los antecedentes se desprende al Juez Cuarto de lo Familiar de esta ciudad. II. Aclare el acto o los actos que tilda de inconstitucionales. Lo anterior, toda vez que en el capítulo correspondiente, la parte promovente señala en primer lugar como acto reclamado: la injerencia arbitraria en el proyecto de vida de la menor C.O.G.G. y de la quejosa; posteriormente, lo dictado en el acuerdo de fecha veintisiete de septiembre de dos mil veintidós; y finalmente a lo largo de su escrito señala que reclama el acuerdo de cinco de septiembre de dos mi vientos; por lo que, debido a esa imprecisión, no resulta factible establecer la pretensión de la parte promovente, dado que no se advierte con claridad cuál es el acto que desea combatir en la presente instancia constitucional, por lo cual, como se dijo, deberá de aclarar tal circunstancia. III. Amplíe bajo protesta de decir verdad, los antecedentes de los actos reclamados. En este punto, deberá señalar, en forma cronológica, ordenada, correcta y clara, todos y cada uno de los hechos o abstenciones que le consten y que constituyen los antecedentes del acto reclamado, en virtud de que a lo largo de su escrito de demanda hace diversas manifestaciones, empero, las mismas no hacen referencia a los antecedentes directamente relacionados con los actos que señala; Circunstancias las anteriores que motivan sendas imprecisiones que, a su vez, constituyen irregularidades que deben ser subsanadas en sus términos, a fin de establecer la litis constitucional, la procedencia de la acción de amparo, así como los efectos por los cuales, en su caso, habrá de concederse la suspensión del acto que por esta vía se reclama. En la inteligencia que de afirmar hechos falsos u omitir los que le consten en relación con el acto reclamado, podría configurar una conducta delictiva prevista por el artículo 261, fracción I1 , de la Ley de Amparo y esta juzgadora estaría obligada a dar vista al agente del Ministerio 1 1 Artículo 261. Se impondrá una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días: I. Al quejoso, a su abogado autorizado o a ambos, si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el acto reclamado, siempre que no se reclamen actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; y [.] Público de la Federación de conformidad con la jurisprudencia P./J. 13/2017 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "VISTA AL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL. LOS JUZGADORES DE AMPARO DEBEN ORDENARLA ANTE EL CONOCIMIENTO DE ACTOS REALIZADOS DURANTE LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO CONSTITUCIONAL QUE PODRÍAN RESULTAR CONSTITUTIVOS DE ALGUNO DE LOS DELITOS ESPECIALES TIPIFICADOS EN EL ARTÍCULO 261 DE LA LEY DE LA MATERIA". Resulta aplicable, la tesis XX.57 K, emitida por el entonces Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo III, marzo de 1996, página 871, Novena Época, registro digital 202853, de rubro y texto siguientes: ACTO RECLAMADO. SI ES OBSCURO E IMPRECISO, DEBE REQUERIRSE AL QUEJOSO PARA QUE CUMPLA CON ESOS REQUISITOS APERCIBIDO QUE DE NO HACERLO SE TENDRA POR NO INTERPUESTA LA DEMANDA DE GARANTIAS. De conformidad con la naturaleza y fines del juicio de amparo, el acto reclamado a las autoridades, debe señalarse con claridad y precisión, en virtud, de que, a través del mismo sólo puede juzgarse sobre la legalidad o no de lo reclamado en los términos en que se hace la reclamación y se acredita ante la responsable, toda vez que esto resulta indispensable para establecer la relación procesal en los juicios de garantías; por tanto, ante la falta de precisión y claridad de los actos reclamados debe requerirse al quejoso que dé cumplimiento a esos requisitos apercibido que de no hacerlo se tendrá por no interpuesta la demanda, sin que sea válido considerar que ante la obscuridad de la misma debe desecharse ésta, en razón que de conformidad con el artículo 146 de la Ley de Amparo, ante omisiones de tal naturaleza, se concede al peticionario de garantías la oportunidad de corregirlos mediante un escrito aclaratorio, siendo categórico el contenido del numeral en cita, en el sentido de que si no se cumple con el requerimiento, el Juez Federal deberá tener por no interpuesta la demanda. También es de aplicación a lo antepuesto, la tesis número P./J.35/2001, visible a fojas 79, Tomo XIII, abril de 2001, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto son los siguientes: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO, EL ESCRITO INICIAL Y SU ACLARACIÓN NO PUEDEN DESVINCULARSE NI ANALIZARSE POR SEPARADO YA QUE AMBOS INTEGRAN AQUELLA. Al tener el escrito aclaratorio de una demanda de amparo indirecto su origen en una irregularidad del escrito inicial, ya sea por que éste no cumplió con todos los requisitos previstos en el artículo 116 de la Ley de Amparo, o bien, porque con él no se exhibió el número de copias a que se refiere el artículo 120 de tal ordenamiento legal, y que su propósito es el de subsanar tales vicios, puede concluirse que no pueden desvincularse, analizarse o considerarse por separado, pues ambos escritos integran la demanda de amparo y, consecuentemente, deben ser considerados indefectiblemente como un solo documento." Apercíbase a la parte quejosa que de no cumplir con lo anterior en el término indicado, con fundamento en el segundo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo, se tendrá por no presentada la demanda de amparo de que se trata. Téngase como su autorizada en términos amplios del artículo 12, del ordenamiento legal en cita, a María Fabiola Quintanilla Reynoso, quien cuenta con su cédula profesional registrada en el sistema computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. En otro aspecto, de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa señala domicilio físico para recibir notificaciones, y además solicita que aquéllas se le realicen vía electrónica, para lo cual proporciona un usuario; en consecuencia, requiérase a la parte promovente para que dentro del término de tres días, aclare cuál es el medio por el que efectivamente desea que se le realicen las notificaciones personales en este asunto, con el apercibimiento que de no cumplir con lo que aquí se ordena, se entenderá que desea que se hagan por vía electrónica. Sustenta lo expuesto, por las consideraciones que contiene, la tesis aislada I.1o.P.35 K (10a.) del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, localizable en la página 2366 del libro 58, septiembre de 2018, tomo III, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, de rubro siguiente: "NOTIFICACIONES EN EL JUICIO DE AMPARO. SI EL AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS SOLICITA QUE SE LE PRACTIQUEN VÍA ELECTRÓNICA, PERO DEL ESCRITO DE DEMANDA O DEL APERSONAMIENTO A JUICIO, SE ADVIERTE QUE SU AUTORIZANTE (QUEJOSO O TERCERO INTERESADO) INDICÓ UN DOMICILIO CONVENCIONAL PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE REQUERIRLO PARA QUE PRECISE CUÁL ES LA VÍA QUE ELIGE PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR." Sin perjuicio de lo anterior, con fundamento en el artículo 8° constitucional, así como en lo dispuesto por el Acuerdo General Conjunto 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico, en su artículo 12, inciso I), se autoriza la consulta electrónica de este asunto, por medio del usuario "LIC.MARYREY", que proporciona. Asimismo, se toma nota de la cuenta de correo electrónico y número telefónico proporcionados, a través de las cuales se podrán entablar comunicaciones no procesales. Por otra parte, con apoyo en la Circular 12/2009 emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a la parte quejosa el uso de medios electrónicos para imponerse de las presentes actuaciones, previa razón que de tal acto se deje en el presente expediente, para constancia legal, sin necesidad de promoción posterior. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 17 constitucional y 21, último párrafo, de la citada legislación, atendiendo a la carga de trabajo, al principio de expeditez en la administración de justicia y por economía procesal, se habilitan desde este momento, días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales, a cualquiera de las partes en el juicio y que no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente para ello la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal. Notifíquese a la parte quejosa vía electrónica.
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