Telma Cristina Romero Sales

Expediente 1431/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Baja California. 5 actuaciones registradas, la última del 13 de octubre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1431/2022
Año
2022
Actuaciones
5
Última actuación
13/10/2022

Partes del expediente

  • Telma Cristina Romero Sales

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Vista la certificación de cuenta, de la que se advierte que ha transcurrido el término de cinco días, a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera interpuesto recurso de queja en contra del proveído de veintiuno de septiembre de dos mil veintidós; en consecuencia, se declara que dicho proveído en el que se tuvo por no presentada la demanda de amparo presentada por ****, queda firme para los efectos legales a que haya lugar. Hágase las anotaciones correspondientes en el Libro Uno de Juzgado, Juicios de Amparo y en la carátula de este expediente y en su oportunidad remítase el presente expediente al archivo definitivo de este juzgado, como asunto totalmente concluido.

  2. Principal

    Mexicali, Baja California, veintiuno de septiembre de dos mil veintidós. Agréguense a los autos el oficio y anexo remitidos vía electrónica por el Secretario General del Tribunal de Arbitraje del Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, mediante el cual se acompaña copia certificada del proveído de nueve de septiembre en curso, en el que se hace constar que se deja insubsistente la resolución de cuatro de noviembre de dos mil veintiuno, asimismo se turnan los autos del juicio laboral 410/2016-VII, para efectos de que se dicte la resolución interlocutoria; de igual forma, indica que el citado expediente se encuentra enlistado en la sesión del pleno del treinta de septiembre de dos mil veintidós, para ser discutida y votada la resolución incidental respectiva. En consecuencia, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable, para que dentro del plazo de tres días, contados a partir del treinta de septiembre en curso, remita copia certificada de la resolución incidental en autos del autos del juicio laboral 410/2016-VII, así como todas aquellas constancias con las que acredite que se encuentra realizando las gestiones necesarias para el cumplimiento del fallo protector. Apercibido que de no cumplir dentro del plazo antes señalado, se le impondrá una multa de cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, equivalente a $9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós pesos 00/100 moneda nacional), conforme lo establecido en el artículo 258 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 26, apartado B, párrafo séptimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en términos del artículo quinto del Decreto por el que se expide la Ley para determinar el valor de la Unidad y Medida y Actualización publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de dos mil veintidós. Aunado a lo anterior, en caso de incumplimiento se remitirá el presente asunto al Tribunal Colegiado en turno, a fin de que resuelva el trámite del incidente de inejecución de sentencia, mismo que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación, en términos de los dispositivos 192 y 193 de la ley en comento. Asimismo, se le informa que el cumplimiento extemporáneo de la ejecutoria de amparo, si es injustificado, no exime de responsabilidad a la autoridad responsable al cumplimiento de la ejecutoria de amparo dictada en autos, pero se tomará en consideración como atenuante al imponerse la sanción penal correspondiente según lo establece el artículo 195 de la Ley de Amparo. Los artículos 192, 193 y 195, medularmente establecen: "Articulo 192. Las ejecutorias de amparo deben ser puntualmente cumplidas." [.] "En la notificación que se haga a la autoridad responsable se le requerirá para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa que se determinará desde luego y que, asimismo se remitirá el expediente al tribunal colegiado de circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación".

  3. Principal

    Mexicali, Baja California, doce de septiembre de dos mil veintidós. Agréguense a los presentes autos el oficio y anexo de cuenta que remite el Presidente de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje de Mexicali, Baja California, al que adjunta copia certificada de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones celebrada el veinticinco de agosto del año en curso, dentro del juicio de laboral 26/2022-4A de su índice, de la que advierte que se señaló fecha para la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas. Con lo anterior, dése vista a la parte quejosa para que dentro del término de tres días contados a partir de que surta efectos la notificación correspondiente, manifieste lo que a su interés convenga; con el apercibimiento que de no hacerlo así dentro de dicho término este tribunal resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base a los elementos que obren en el expediente y los demás aportados por las autoridades; lo anterior, de conformidad con el artículo 196 de la Ley de Amparo. Se cita al respecto, la Jurisprudencia 2a./J. 26/2000, visible en la página 243, del Tomo XI, marzo de dos mil, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que a la letra dice: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." Notifíquese y personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma electrónicamente María del Socorro López Villarreal, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali, ante Karina Campas Serrano, Secretaria que autoriza y da fe, asimismo, certifica que la promoción y el presente acuerdo se encuentran debidamente incorporados al expediente físico y electrónico del Juicio de Amparo 593/2022-5. Doy fe.MSLV/KCS/laura

  4. Principal

    Mexicali, Baja California, nueve de septiembre de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que en auto de veintiuno de abril de dos mil veintidós, se agregó oficio que remitió el Subrepresentante Local en Los Algodones, en representación del Subrepresentante Federal del Instituto Nacional de Migración, en el que informó que otorgó documento provisional de visitante con permiso para realizar actividades remuneradas a los quejosos 1) Bekzod Ismoilov Ravshanovich, 2) Shakhram Khushvaktov Akramovich y 3) Pakhlavon Abduganiev Kakhramonovich, lo anterior, hasta en tanto regularizaran su situación migratoria, para acreditar lo anterior, remite copia certificada de dichos documentos. En el citado auto se le dio vista a la parte quejosa, a fin de que manifestara lo que a derecho corresponda, proveído que le fue notificado el veintidós de abril del presente año, sin que haya hecho manifestación alguna; de ahí que se les tenga por conforme con lo expresado por la autoridad, pues no realizaron manifestación en contrario en el plazo concedido. -Cesación de efectos - Ahora bien, al realizar un examen acucioso de las referidas constancias y al estar completas, por ende, suficientes para su estudio, esta juzgadora advierte de manera notoria, manifiesta e indudable, la existencia de una causa de improcedencia que determina el sobreseimiento del presente juicio fuera de audiencia, con apoyo en el precepto 63, fracción V, en relación con el 61, fracción XXI, ambos de la Ley de Amparo, que se invoca de oficio. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio jurisprudencial 814 que se localiza en la página 553 del Tomo VI de la materia común, del Apéndice al Semanario Judicial de la federación de 1917 a 1995, de la Octava Época, con registro 394770, instancia Tribunales Colegiados de Circuito, que a la letra dice: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." Asimismo, la contradicción de tesis 26/200-PL, con registro 184572 que derivo la jurisprudencia 2ª./J.10/2003, visible en la página 386, del Tomo XVII, marzo de 2003, del semanario Judicial de la Federación, Novena Época, de rubro y texto: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Se afirma que se actualiza una causal de improcedencia, toda vez que de la demanda de amparo se desprende que la parte quejosa señaló como acto reclamado: ". IV.- ACTOS Y/U OMISIONES RECLAMADOS a) La privación y/o ataques de la libertad personal fuera de procedimiento, cualquiera que sea su forma de denominación, es decir, aseguramiento o presentación o alojamiento o restricción de la libertad personal sin que existiera una orden previa de autoridad dirigida específicamente a los hoy quejosos, con eminente posibilidad de ser deportados y/o expulsados y/o retornados de manera asistida y/o repatriados y/o traslado a cualquier otra ubicación o recinto o Estación Provisional Migratoria o del Instituto Nacional de Migración. b) Incomunicación; negativa de la autoridad migratoria a que mis representados se comunique o avise o informe su situación jurídica. c) Ausencia de la determinación sobre la situación jurídica correspondiente a la detención por más de 36 (treinta y seis) horas. d) Omisión y/o negativa ficta sobre la representación legal a que tienen derecho dentro del Procedimiento Administrativo Migratorio. e) Carencia de traductor y/o interprete a que tienen derecho. f) Negativa de la autoridad a determinar medidas alternativas a la detención, alojamiento y/o privación de la libertad.". Sin embargo, en auto de veintiuno de abril de dos mil veintidós, se agregó oficio que remitió el Subrepresentante Local en Los Algodones, en representación del Subrepresentante Federal del Instituto Nacional de Migración, en el que informó que otorgó documento provisional de visitante con permiso para realizar actividades remuneradas a los quejosos 1) Bekzod Ismoilov Ravshanovich, 2) Shakhram Khushvaktov Akramovich y 3) Pakhlavon Abduganiev Kakhramonovich, lo anterior, hasta en tanto regularizaran su situación migratoria, para acreditar lo anterior, remite copia certificada de dichos documentos. En el citado auto se le dio vista a la parte quejosa, a fin de que manifestaran lo que a derecho corresponda, proveído que les fue notificado el veintidós de abril del presente año, sin que hayan hecho manifestación alguna; de ahí que se les tenga por conforme con lo expresado por la autoridad, pues no realizaron manifestación en contrario en el plazo concedido. De lo que se desprende que cesaron los efectos del acto reclamado, por lo que, como ya se dijo, se debe sobreseer en el presente juicio fuera de audiencia, de conformidad con el artículo 61, fracción XXI, en relación con el 63, fracción V, ambos de la Ley de Amparo. En efecto, el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo vigente, dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." [.] En sustento de lo anterior, es pertinente citar que, desde el punto de vista del juicio de amparo, el efecto del acto reclamado es la producción de consecuencias jurídicas que, fundada o infundadamente, supone la parte quejosa que son violatorias de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y que consecuentemente, impugna mediante el juicio de amparo. Por ello, si cesa la producción de dichas consecuencias jurídicas y la supuesta violación cuya impugnación originó el juicio de amparo, aparece la imposibilidad de lograr el objeto perseguido por éste, señalado en el artículo 77 de la Ley de Amparo. Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, al cesar su actuación, lo que debe entenderse no sólo como la detención definitiva de los actos de autoridad, sino también como la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Es patente que de la interpretación relacionada de lo dispuesto por el numeral 61, fracción XXI y 77 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que la causa de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante la insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo. Al respecto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó el criterio en el que interpretó un numeral y fracción de idéntica redacción correspondiente a la derogada Ley de Amparo, que está plasmado en la jurisprudencia 2a./J. 59/99, compilada en la página 38, Tomo IX, Junio de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". Se afirma que se actualiza dicha causal de improcedencia, en virtud de que la parte quejosa hace consistir sustancialmente los actos reclamados en: La privación de la libertad, la orden de aseguramiento, alojamiento, detención, deportación y traslado. Omisión sobre la representación de los quejosos dentro del procedimiento administrativo migratorio. Sin embargo, se advierte que en auto de veintiuno de abril de dos mil veintidós, se agregó oficio que remitió el Subrepresentante Local en Los Algodones, en representación del Subrepresentante Federal del Instituto Nacional de Migración, en el que informó que otorgó documento provisional de visitante con permiso para realizar actividades remuneradas a los quejosos 1) Bekzod Ismoilov Ravshanovich, 2) Shakhram Khushvaktov Akramovich y 3) Pakhlavon Abduganiev Kakhramonovich, lo anterior, hasta en tanto regularizaran su situación migratoria, para acreditar lo anterior, remite copia certificada de dichos documentos. Documentales que participan de plena eficacia demostrativa de conformidad a lo dispuesto en los artículos 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa del precepto 2 de dicho ordenamiento. En el citado auto se le dio vista a la parte quejosa, a fin de que manifestaran lo que a derecho corresponda, proveído que les fue notificado el veintidós de abril del presente año, sin que haya hecho manifestación alguna; de ahí que se le tenga por conforme con lo expresado por la autoridad, pues no realizó manifestación en contrario en el plazo concedido. Aunado a ello, en auto de ocho de abril de dos mil veintidós, se agregó oficio que remitió el Subrepresentante Local en Los Algodones, en representación del Subrepresentante Federal del Instituto Nacional de Migración, en el que informó que acata en todos sus términos la suspensión de plano decretada por este juzgado y argumentó que, dentro de las instalaciones de la Estación Migratoria Mexicali, se hizo del conocimiento a los quejosos, todos sus derechos dentro del procedimiento administrativo migratorio, entre ellos, se encuentra su derecho a solicitar asilo. Por lo que, si a la parte quejosa se le otorgó documento provisional de visitante con permiso para realizar actividades remuneradas, abandonaron las instalaciones en la que se encontraban alojado, y se hizo del conocimiento todos sus derechos dentro del procedimiento administrativo migratorio, cesaron los efectos del acto reclamado, desapareciendo del mundo fáctico y jurídico, además, desaparecieron sus consecuencias, cesación de efectos que trajo como consecuencia directa que volvieran las cosas al estado que guardaban antes de su omisión. Con lo anterior, la esfera jurídica de la parte quejosa quedó intocada como si los actos reclamados nunca se hubiesen desarrollado, de ahí la actualización de la causal de improcedencia en estudio. En estas condiciones, al evidenciarse que los efectos del acto reclamado en este juicio constitucional han desaparecido o han quedado destruidos en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es que se actualiza la referida causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del numeral 61 de la Ley de Amparo; por lo que de conformidad con lo establecido en el artículo 63, fracción V, del diverso de la misma ley, procede sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de amparo. Lo anterior se desprende de la jurisprudencia 2a./J. 10/2003, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, del Tomo XVII, Marzo de 2003, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". Apoya lo expuesto, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, febrero de 1998, tesis 2a./J. 9/98, página 210, que a la letra dice: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo". Como corolario a lo anterior, cabe indicar que el hecho de que se actualice la causal de improcedencia indicada, y que por ello no sea dable analizar el fondo del asunto planteado, deriva del establecimiento de requisitos formales o presupuestos necesarios para que las autoridades jurisdiccionales estén en aptitud de analizar el fondo de los argumentos propuestos en una demanda de amparo (causales de improcedencia), lo cual no constituye en sí mismo una violación al derecho humano al recurso efectivo reconocido tanto en la Constitución Federal como en los tratados internacionales, puesto que así lo estableció la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis CCLXXV/2012 (10a.), visible en el Semanario Judicial y su Gaceta, décima época, libro XV, diciembre de dos mil doce, tomo 1, página 525, de rubro siguiente: "DERECHO HUMANO A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL HECHO DE QUE EN EL ORDEN JURÍDICO INTERNO SE PREVEAN REQUISITOS FORMALES O PRESUPUESTOS NECESARIOS PARA QUE LAS AUTORIDADES DE AMPARO ANALICEN EL FONDO DE LOS ARGUMENTOS PROPUESTOS POR LAS PARTES, NO CONSTITUYE, EN SÍ MISMO, UNA VIOLACIÓN DE AQUÉL" El derecho humano a un recurso sencillo, rápido y efectivo, reconocido en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, implica la necesidad de que los instrumentos o medios procesales destinados a garantizar los derechos humanos sean efectivos; así, de acuerdo con este principio, la inexistencia de un recurso efectivo contra las violaciones a los derechos reconocidos por la citada Convención constituye su transgresión por el Estado parte. Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que para que exista el recurso, no basta con que esté previsto por la Constitución o la ley, o que sea admisible formalmente, sino que se requiere que sea realmente idóneo para determinar si se ha incurrido en una violación a los derechos humanos y proveer lo necesario para remediarla. Ahora bien, el simple establecimiento de requisitos o presupuestos formales necesarios para el estudio de fondo de los alegatos propuestos en el amparo no constituye, en sí mismo, una violación al derecho humano a un recurso judicial efectivo, pues en todo procedimiento o proceso existente en el orden interno de los Estados deben concurrir amplias garantías judiciales, entre ellas, las formalidades que deben observarse para garantizar el acceso a aquéllas. Además, por razones de seguridad jurídica, para la correcta y funcional administración de justicia y para la efectiva protección de los derechos de las personas, los Estados pueden y deben establecer presupuestos y criterios de admisibilidad, de carácter judicial o de cualquier otra índole, de los recursos internos; de manera que si bien es cierto que dichos recursos deben estar disponibles para el interesado y resolver efectiva y fundadamente el asunto planteado y, en su caso, proveer la reparación adecuada, también lo es que no siempre y en cualquier caso cabría considerar que los órganos y tribunales internos deban resolver el fondo del asunto que se les plantea, sin que importe verificar los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del recurso intentado. En este sentido, aun cuando resulta claro que el juicio de amparo es la materialización del derecho humano a un recurso judicial efectivo, reconocido tanto en la Constitución como en los tratados internacionales, el hecho de que el orden jurídico interno prevea requisitos formales o presupuestos necesarios para que las autoridades jurisdiccionales analicen el fondo de los argumentos propuestos por las partes no constituye, en sí mismo, una violación a dicho derecho humano". En efecto, aunque es verdad que las reformas efectuadas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de derechos humanos, implicaron un cambio en el sistema jurídico mexicano, no deja de ser menos cierto que tal circunstancia no significa que los órganos jurisdiccionales nacionales dejen de llevar a cabo sus atribuciones y facultades de impartir justicia conforme a las disposiciones que se encuentran vigentes, sino que solo tienen la obligación de aplicar los instrumentos internacionales cuando estos otorguen una protección más benéfica para la persona respecto de la institución jurídica en estudio, en cuyo caso lo plasmarán así en el fallo relativo; sin embargo, ello no conlleva a que los tribunales deban resolver invariablemente el fondo del asunto cuando no se superan los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del juicio de amparo. Sirve de apoyo a lo expuesto, la tesis LXXXII/2012 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, décima época, libro XIV, noviembre de dos mil doce, tomo 2, página 1587, de rubro siguiente: "PRINCIPIO PRO PERSONA O PRO HOMINE. FORMA EN QUE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NACIONALES DEBEN DESEMPEÑAR SUS ATRIBUCIONES Y FACULTADES A PARTIR DE LA REFORMA AL ARTÍCULO 1o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 10 DE JUNIO DE 2011" Si bien la reforma indicada implicó el cambio en el sistema jurídico mexicano en relación con los tratados de derechos humanos, así como con la interpretación más favorable a la persona al orden constitucional -principio pro persona o pro homine-, ello no implica que los órganos jurisdiccionales nacionales dejen de llevar a cabo sus atribuciones y facultades de impartir justicia en la forma en que venían desempeñándolas antes de la citada reforma, sino que dicho cambio sólo conlleva a que si en los instrumentos internacionales existe una protección más benéfica para la persona respecto de la institución jurídica que se analice, ésta se aplique, sin que tal circunstancia signifique que dejen de observarse los diversos principios constitucionales y legales que rigen su función jurisdiccional -legalidad, igualdad, seguridad jurídica, debido proceso, acceso efectivo a la justicia, cosa juzgada-, ya que de hacerlo se provocaría un estado de incertidumbre en los destinatarios de tal función". Asimismo es aplicable la jurisprudencia 1a./J. 10/2014 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 3, febrero de dos mil catorce, página 487, en cuyo rubro señala: "PRINCIPIO PRO PERSONA Y RECURSO EFECTIVO. EL GOBERNADO NO ESTÁ EXIMIDO DE RESPETAR LOS REQUISITOS DE PROCEDENCIA PREVISTOS EN LAS LEYES PARA INTERPONER UN MEDIO DE DEFENSA" Si bien la reforma al artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de 10 de junio de 2011, implicó la modificación del sistema jurídico mexicano para incorporar el denominado principio pro persona, el cual consiste en brindar la protección más amplia al gobernado, así como los tratados internacionales en materia de derechos humanos, entre ellos el derecho a un recurso efectivo, previsto en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ello no significa que en cualquier caso el órgano jurisdiccional deba resolver el fondo del asunto, sin que importe la verificación de los requisitos de procedencia previstos en las leyes nacionales para la interposición de cualquier medio de defensa, ya que las formalidades procesales son la vía que hace posible arribar a una adecuada resolución, por lo que tales aspectos, por sí mismos, son insuficientes para declarar procedente lo improcedente". En consecuencia, se sobresee fuera de audiencia el presente juicio de amparo promovido por 1) Bekzod Ismoilov Ravshanovich, 2) Shakhram Khushvaktov Akramovich y 3) Pakhlavon Abduganiev Kakhramonovich. Por tal motivo, se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada para diez horas con cincuenta y un minutos de esta data. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma electrónicamente María del Socorro López Villarreal, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali, ante Bertha Patricia Olguín Martínez, Secretaria que autoriza y da fe, asimismo, certifica que el presente acuerdo se encuentra debidamente incorporado al expediente físico y electrónico del Juicio de Amparo 446/2022-5. Doy fe.

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