Telésforo Trujillo Sotelo

Expediente 56/2022 tramitado ante el Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 17 de febrero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
56/2022
Año
2022
Actuaciones
2
Última actuación
17/02/2022

Partes del expediente

  • Telésforo Trujillo Sotelo

Actuaciones

  1. Principal

    V... Vista la certificación de cuenta, se advierte que feneció el término de cinco días establecido en el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se interpusiera recurso de queja contra el auto que desechó la demanda; en consecuencia, con apoyo en los preceptos 356, fracción II, y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedites (SISE), y archívese el presente sumario como asunto concluido. En cumplimiento al artículo 21, inciso b), del acuerdo general del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transparencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales Generados por los Órganos Jurisdiccionales, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, este expediente se considera susceptible de destrucción.

  2. Principal

    V... Naucalpan de Juárez, Estado de México; veinticuatro de enero de dos mil veintidós. Vista la demanda de amparo promovida por Telesforo ..., por propio derecho, contra actos de la Sala Unitaria Civil del Distrito Judicial de Tlalnepantla del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, y otra autoridad, regístrese su ingreso en el libro de gobierno bajo el número 56/2022-V. Previo a realizar algún pronunciamiento respecto a la admisión de la demanda de que se trata, es menester verificar si existe algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia, en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo. En ese orden, de la lectura integral de la demanda se advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el dispositivo 61, fracción XXIII, con relación al artículo 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo a contrario sensu. Al respecto, la parte quejosa reclama la sentencia se diez de diciembre de dos mil veintiuno, dictada en el en el toca 715/2021, de la Sala Unitaria Civil de Tlalnepantla, recurso de apelación interpuesto contra el auto de veintiuno de octubre de ese mismo año donde no se admitieron diversos medios de convicción ofrecidos por el quejoso en el expediente 419/2021, del Juzgado Tercero de lo Civil del Distrito Judicial de Tlalnepantla, ambas autoridades del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México. Ahora, es preciso destacar que para efectos de la procedencia de la acción constitucional, los actos dentro de juicio a que refiere el numeral en comento, han sido precisados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación como aquellos que afectan de modo directo e inmediato los derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y no en los casos en que sólo afecten derechos adjetivos o procesales. Por lo que, la distinción entre un derecho sustantivo y un adjetivo, para determinar cuándo se está en presencia de un acto de imposible reparación, versa en la afectación sufrida por el gobernado en relación con sus derechos fundamentales y los actos procesales que se dicten dentro del procedimiento respectivo. Los numerales 107 Constitucional, fracción III, inciso b), y 107 fracción V, de la Ley de Amparo, disponen que cuando se reclamen actos dentro del juicio, el amparo sólo procederá contra aquéllos cuya ejecución sea de imposible reparación, los cuales han sido precisados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como aquellos que afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución y no en los casos en que se refieran a aquellos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto respecto de actos dentro del juicio. Es decir, procede el juicio de amparo solamente en contra de actos autoritarios que lesionen de manera directa derechos sustantivos de las partes y trasciendan del ámbito puramente procesal para incidir en la esfera de derechos materiales de los gobernados, resultando improcedente el que se promueva en contra de los que únicamente producen violaciones de carácter formal dentro del proceso, que atañen a las posiciones que las partes van adquiriendo, con vista a la obtención de un fallo favorable, pues cuando este objetivo se obtiene, se extinguen aquéllas, sin vulnerar los derechos fundamentales. De modo tal, que el concepto de irreparabilidad no consiste en la imposibilidad jurídica de que la violación pueda ser analizada nuevamente al dictar la resolución final, sino que con motivo de una sentencia favorable, no se actualice el daño o perjuicio, pues de acuerdo con los principios procesales de preclusión y firmeza de las resoluciones judiciales, no todas las actuaciones del procedimiento son reclamables en el amparo indirecto, ya que de otro modo, se contravendría la regla del inciso b), fracción III, del artículo 107 Constitucional. Ahora, del escrito de demanda se desprende que se reclama la sentencia dictada en el toca 715/2021, la cual declaró inoperantes los agravios hechos valer contra el acuerdo que no admitió diversas pruebas en el juicio de origen. En ese orden de ideas, se actualiza la causal de improcedencia advertida, en razón que dicho acto no reviste el carácter de imposible reparación para considerar procedente el juicio constitucional, pues conforme a la regla de procedencia del juicio de amparo indirecto, establecida en el artículo 107, fracción III, inciso b) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con relación al artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, dicha actuación tiene el carácter de intraprocesal y no trae como consecuencia una ejecución irreparable hacia la parte quejosa, en virtud que dicho acto, es de naturaleza procesal que no afecta directamente alguno de los derechos sustantivos de los gobernados como la vida, la libertad, la propiedad, entre otros, y que tutela la Constitución General de la República Mexicana. De ahí que, en el caso a estudio, la determinación reclamada no deja sin defensa a la parte quejosa, ni afecta sus derechos sustantivos, por lo que, de considerarlo violatorio deberá reclamarse como violación procesal mediante el juicio de amparo directo que se interponga en contra de la sentencia definitiva, si es contraria a sus intereses. Lo anterior es así, ya que los artículos 170 y 172 de la Ley de Amparo se apoyan en el principio de economía procesal, pues se evita la proliferación o una cadena interminable de juicios de amparo con motivo de diversas actuaciones procesales; es decir, el legislador ha pretendido evitar que las partes contendientes en un procedimiento seguido ante tribunales judiciales, laborales o administrativos puedan agotar el juicio constitucional tantas veces como violaciones se cometan en el procedimiento, pues con ello se ocasionaría, por un lado, una constante interposición de juicios y, por otro, una injustificada demora en la resolución del conflicto. Con lo anterior, se pretende que continúe el procedimiento sin mayores trabas y, que la parte afectada con el fallo correspondiente, al impugnarlo, pueda hacer valer al mismo tiempo las violaciones de fondo y tantas violaciones al procedimiento como estimara le hubieran sido cometidas. Por tanto, es evidente que el acto reclamado, no debe considerarse como emitido dentro de un procedimiento que tenga sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, ya que no afecta directamente alguno de los derechos sustantivos de los gobernados, protegidos por las garantías individuales consagradas en la Carta Magna; que deba impugnarse a través del amparo indirecto, de conformidad con lo establecido por la fracción V, del ordinal 107, de la ley reglamentaria del juicio de garantías, interpretado a contrario sensu, sino que en todo caso, se combatirán hasta que se dicte la sentencia correspondiente en la hipótesis que éste sea desfavorable al solicitante de amparo, mediante el juicio de amparo directo, a través del cual se podrá subsanar tal violación. Máxime que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido como regla excepcional para la procedencia del amparo indirecto, tratándose de algunas violaciones formales, adjetivas o procesales que ordinariamente deben ser combatidas en amparo directo, cuando se reclame la sentencia definitiva o el laudo correspondiente; aquellos que por sus consecuencias, afectan de manera directa e inmediata alguno de los derechos sustantivos previstos en la Constitución Federal, y que la afectación no podría repararse aun obteniendo una sentencia favorable en el juicio de origen, por haberse consumado irreparablemente la violación a la garantía individual de que se trate; o aquellos actos procesales o formales, cuando afecten a las partes en grado predominante o superior, cuya violación sea de tal trascendencia y magnitud que justifique la procedencia del juicio de amparo biinstancial por tratarse de una acto de ejecución irreparable, hipótesis que en el caso a estudio tampoco se actualiza, de ahí la notoria improcedencia de la presente demanda de garantías, en relación con dicho acto que se analiza. En consecuencia, al actualizarse de un modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia advertida, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo en relación con el 61, fracción XXIII, y 107, fracción V, aplicado a contrario sensu, del mismo ordenamiento, se desecha de plano la demanda. Se autoriza en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Laura ..., Mario Cesar ... y Juan Manuel ..., en virtud de que su cédula profesional se encuentra registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales de Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; por lo que hace a las restantes personas, únicamente en términos de la última parte del párrafo segundo del citado numeral, en relación con el diverso 24, párrafo segundo, de la misma norma, toda vez que no acreditan encontrarse legalmente facultados para ejercer la profesión de abogado, o tener registradas sus cédulas profesionales en el sistema mencionado, por lo que una vez que realicen lo anterior y lo informen a este juzgado, en su momento se acordará lo conducente. Continuando, de conformidad con el numeral 3º de la Ley de Amparo, que reglamenta la posibilidad para enviar y recibir promociones, documentos, comunicaciones y notificaciones oficiales, así como consultar acuerdos, resoluciones y sentencias relacionadas con los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales, sea de forma impresa o electrónica, mediante el empleo de las tecnologías de la información, y en virtud de que se encuentran registrados en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, a los usuarios OUML721019MDFLRR01 y REMM721002HGRNYR07, se les autoriza consultar vía internet las actuaciones del presente juicio. Asimismo, en términos de lo dispuesto en los artículos 26, fracción IV, 30, fracción II, 31, fracciones II y III, de la ley de la materia, en relación con el artículo 9 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, las notificaciones consideradas de carácter personal se practicarán vía electrónica cualquiera de los usuarios que autoriza, en el entendido que el promovente queda obligado a ingresar al Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación todos los días y obtener la constancia a que se refiere la fracción III del artículo 31 de la ley de la materia, en un plazo máximo de dos días a partir de que este juzgado la envíe; de no hacerlo así se tendrá por hecha la notificación. De conformidad con la Circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, desde este momento queda autorizada la toma de fotografías de constancias que obren en el sumario, siempre y cuando no se trate de aquellas que por su naturaleza sean de carácter confidencial o reservadas, debiéndose asentar la razón de recibo respecto de la actuación que se desea fotografiar, por persona previamente autorizada para ello; en el entendido de que el uso de dichas fotografías será responsabilidad de quien las obtenga, así como de la persona que otorgue la autorización; por lo que queda expedito el derecho de las partes para oponerse o limitar esta permisión. Finalmente, en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, toda la información gubernamental es pública y los particulares tendrán acceso a ella y consecuentemente el Poder Judicial de la Federación como órgano del Estado está obligado a publicar las sentencias que emita una vez que hayan causado ejecutoria, hágase saber a las partes el derecho que tienen para oponerse a que se incluyan sus datos personales cuando se realice la publicación de que se habla; comuníquese que para la aplicación de la norma citada, en caso de que llegaren a oponerse a la inclusión de sus datos personales, tal solicitud será calificada por la unidad administrativa que los tenga bajo su resguardo, quien determinará si es procedente o no, por contener información que se considere reservada, y en el primer supuesto, la versión pública de la sentencia aparecerá sólo con sus nombres sin incluir sus datos personales; y finalmente, infórmese que en caso de que la sentencia pudiera afectar de algún modo la dignidad personal o causar un daño irreparable a los interesados al publicarse la sentencia ejecutoria únicamente se insertarán sus nombres sin sus datos personales, y en tal caso, no se requiere de su oposición expresa.

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