Telesforo Carrera Bacilio

Expediente 836/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 34 actuaciones registradas, la última del 16 de agosto de 2023.

Datos del expediente

Expediente
836/2022
Año
2022
Actuaciones
34
Última actuación
16/08/2023

Partes del expediente

  • Telesforo Carrera Bacilio
  • Lic. Israel González Zurita Juez de Garantía en San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca

Actuaciones

Las 4 más recientes de 34.

  1. Incidental

    "San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dieciséis de agosto de dos mil veintitrés. Vistos los autos y la certificación de cuenta, se advierte que en proveído dictado el veintidós de febrero del año en curso en el juicio principal de donde deriva esta incidencia, causó estado la determinación de treinta y uno de enero de dos mil veintitrés. Por tanto, no existiendo asunto pendiente de diligenciar, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, vigente a partir del ocho de junio de dos mil veintitrés, se ordena el archivo de este expediente como definitivamente concluido. Destino Conforme el artículo 17, fracción III, inciso b) del Acuerdo General citado, se determina que este incidente de suspensión es conservable íntegramente; y en su oportunidad, una vez transcurrido el plazo de tres años, solicítese la transferencia de este expediente a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivos y Documental del Consejo de la Judicatura Federal. En tanto que, con fundamento en el artículo 19 fracción II, inciso a), de ese Acuerdo General, transcurridos más de seis meses, contados a partir de la fecha en que se dicta este acuerdo, procédase a la destrucción del duplicado de este incidente de suspensión. Anotaciones. Háganse las anotaciones relativas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y verifíquese el correcto contenido generado en el libro electrónico. Notifíquese por lista electrónica."

  2. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintidós de febrero de dos mil veintitrés. Ejecutoria Vistos los autos y la certificación de cuenta, se desprende que ha transcurrido el plazo que concede el artículo 86, párrafo primero, de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa haya interpuesto recurso de revisión en contra del auto emitido el treinta y uno de enero de dos mil veintitrés, en el que se sobreseyó fuera de audiencia el juicio de amparo; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los numerales 356, fracción II, y, en lo conducente, 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del precepto 2, de la ley de la materia, SE DECLARA QUE DICHA RESOLUCIÓN HA CAUSADO ESTADO; lo anterior, hágase del conocimiento de las partes, para los efectos a que haya lugar. Publicación de datos personales. Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 6, segundo párrafo, fracción II, y 16 de la Constitución Federal, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase del conocimiento de las partes que se considera información confidencial sus datos personales, los cuales los hacen identificados o identificables, por lo que, si desea que sean divulgados, se requiere su consentimiento. Archivo. Ahora, toda vez que no existe asunto pendiente de diligenciar, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, vigente a partir del veintiséis de marzo de dos mil veinte, se ordena el archivo de este expediente como definitivamente concluido. Relevancia documental. Se estima que este asunto carece de relevancia documental, porque no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo General citado en último término. Destino. De acuerdo a la interpretación de la fracción I, inciso a), del artículo 18 del citado Acuerdo General, dado que en el presente asunto se concedió la suspensión de plano a la parte quejosa, este expediente resulta DEPURABLE, por lo que, en su oportunidad, remítase el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. Por tanto, conforme al numeral 18 del Acuerdo General en cita, se conservará por el término de tres años, contados a partir de la fecha en que se emite este proveído. Una vez concluido este plazo, dentro de los siguientes noventa días, se depurará el expediente conforme a lo señalado en el referido Acuerdo. Hágase la anotación en la carátula del expediente, en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese por lista electrónica y por oficio a las autoridades responsables.

  3. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dos de febrero de dos mil veintitrés. Vista la razón actuarial de cuenta, realizada por el Actuario Judicial adscrito a este órgano judicial, mediante la cual manifiesta la imposibilidad notificar a la parte quejosa, el auto de treinta y uno de enero del año en curso, dados los motivos que expone. Ahora bien, de la ampliación de demanda se advierte que el autorizado en términos amplios de la parte quejosa, señaló un diverso domicilio para oír y recibir notificaciones, por lo que se provee lo siguiente: Con fundamento en el artículo 58 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se regulariza este asunto, y se tiene como nuevo domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en la calle ********************. Por tanto, se comisiona al Actuario Judicial llevador del presente expediente, para que se constituya en el domicilio mencionado en el párrafo anterior, y notifique de manera personal el proveído de treinta y uno de enero del año en curso, a los autorizados de la parte quejosa. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

  4. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, treinta y uno de enero de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los autos, se advierte lo siguiente: 1. Por escrito presentado el quince de julio de dos mil veintidós, el quejoso * * * * * * * presentó demanda de amparo, respecto de los jueces de Garantía del Centro de Justicia de San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca y otras autoridades, a quienes reclamó lo siguiente: "A) De los JUECES DE GARANTÍA DE LOS JUZGADOS DE PROCESO Y PROCEDIMIENTO PENAL ORAL DE la región Cuenca del Papalopan con sede en el municipio de TUXTEPEC OAXACA, anteriormente señalados, como autoridades ordenadoras, se reclama la emisión, consecuencia y efectos de la ilegal e inconstitucional ORDEN DE APREHENSIÓN y/o PRESENTACIÓN y/o COMPARECENCIA que pudo ser emitida y que se sigue en contra del hoy quejoso, * * * * * * * B) DEL VICEFISCAL Y MINISTERIO PUBLICO antes mencionado en la presente demanda de amparo, como autoridad ordenadora.- Se reclama las violaciones en la solicitud, obtención e inminente ejecución de la orden de aprehensión y/o comparecencia que hoy se tilda de ilegal e inconstitucional por haberse ejecutado al margen y por encima de las formalidades del procedimiento en perjuicio del derechos del hoy quejoso. C) De las demás autoridades (señaladas en el apartado de AUTORIDADES RESPONSABLES EJECUTORAS BAJO LOS ARÁBIGOS 1, 2, 3, 4, 5, Y 6), el cual antecede al presente) ADSCRITOS A LA SUD DIRECCIÓN REGIONAL DE LA AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN DE LA REGIÓN Cuenca, reclamo la inminente ejecución de la citada orden de aprehensión y/o comparecencia que hoy se tilda de inconstitucional, en agravio de los hoy quejosos". Demanda que se admitió a trámite en proveído de dieciocho de julio de dos mil veintidós. 2. En escrito presentado el veintiuno de julio de dos mil veintidós el quejoso amplio su demanda respecto de actos que atribuyó al Juez de Control o de Garantía del Circuito Judicial de la Cuenca, sede San Juan Bautista Tuxtepec, Fiscal adscrito a dicho Juzgado, y Fiscal General del Estado de Oaxaca, consistentes en la tortura, azotes y destierro, así como la omisión de designar y/o proponer abogado particular, y la omisión de inscribirlo en el Registro Nacional de Detenciones. 3. En proveído de veinticinco de enero del año en curso, se decretó de oficio y de plano la separación de autos, por el cual se determinó que el presente juicio de amparo se resolvería solo en relación del acto reclamado consistente en la orden de aprehensión dictada por el Juez de Control del Circuito Judicial de la Cuenca, sede San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca, así como su ejecución. Precisado lo anterior, este juzgador considera la materialización de la hipótesis de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XVII de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 ó 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente;" El análisis sistemático de dicha norma, permite concluir que, para que se actualice en un juicio de amparo la causal de improcedencia por virtud de un cambio de situación jurídica, es necesario que concurran los siguientes supuestos: a) Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio; b) Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo con motivo de la emisión de un nuevo acto cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso, en relación con el reclamo inicial; y, c) Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo. En el caso, tomando en consideración que quejoso señaló como acto reclamado la orden de aprehensión en su contra y su ejecución, y que el Juez responsable mediante oficio * * * * * * * informó que siendo las cero horas con treinta minutos del diecinueve de julio del dos mil veintidós, el Agente del Ministerio Público ejecutó la orden de aprehensión librada al imputado (aquí quejoso) * * * * * * * por lo cual siendo las quince horas del diecinueve de julio del dos mil veintidós, inició la audiencia de formulación de imputación en cumplimiento a la orden de aprehensión. Audiencia en la cual, se calificó de legal la detención y, la representación social solicitó la vinculación a proceso del imputado, por lo cual, el imputado y su defensa acogieron a la ampliación del término constitucional. Así, en la audiencia de ampliación del término constitucional celebrada el veintidós de julio del dos mil veintidós, el imputado (aquí quejoso) * * * * * * * fue vinculado a proceso por el delito de lesiones calificadas con ventaja y le fue impuesta la prisión preventiva oficiosa. Aunado a lo expuesto, se debe destacar que por oficio * * * * * * * signado por el Juez responsable, hizo del conocimiento que en audiencia de dieciocho de noviembre de dos mil veintidós, se concedió al quejoso * * * * * * * el beneficio de la suspensión condicional del proceso, por el plazo de seis meses, suspensión que fenecerá el dieciocho de mayo del dos mil veintitrés, dejando en inmediata libertad al imputado. De lo anterior, se advierte que el acto reclamado en este juicio de amparo emana de la causa penal * * * * * * * seguida en contra del quejoso por el delito de lesiones calificadas con ventaja en agravio de * * * * * * * que con fecha posterior a la presentación de la demanda se ejecutó la orden de aprehensión, y se emitió auto de vinculación al imputado, y se concedió al imputado el beneficio de la suspensión condicional, motivo por el cual, surgió un cambio de situación jurídica, pues el acto reclamado en este asunto lo es una orden de aprehensión y al haberse dictado auto de vinculación a proceso, y posteriormente decretado a favor del quejoso el beneficio de la suspensión condicional, por parte de la autoridad ordenadora que aceptó tal acto, las violaciones reclamadas deben considerarse consumadas irreparablemente, por no poder decidirse sin afectar la nueva situación jurídica; por tal motivo, se actualiza la causa de improcedencia contemplada en el numeral 61, fracción XVII de la Ley de Amparo. En efecto, las determinaciones posteriores a la orden de aprehensión auto de vinculación a proceso y beneficio de suspensión condicional, son actos que sin duda sustituyen jurídica y procesalmente la orden reclamada. Así dicho cambio de situación jurídica hace que se consideren consumadas de modo irreparable las violaciones atribuidas a la orden de aprehensión; y por ende, no puede analizarse su constitucionalidad sin afectar las determinaciones señaladas. Sirve de apoyo a lo anterior, en lo conducente, la Jurisprudencia 1 a . / J . 95 / 2007, con número de registro 171841, visible en la página cincuenta del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVI, Agosto de dos mil siete, Novena Época, Materia Penal, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. SE ACTUALIZA ESA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN X, DE LA LEY DE AMPARO, CUANDO EL ACTO RECLAMADO CONSISTIÓ EN UNA ORDEN DE APREHENSIÓN Y CON POSTERIORIDAD SE ACREDITA QUE EL ÓRGANO JURISDICCIONAL DICTÓ AUTO DE LIBERTAD POR FALTA DE ELEMENTOS O MÉRITOS PARA PROCESAR. Si en el juicio de amparo en que se reclama la orden de aprehensión prevista en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se acredita que posteriormente el órgano jurisdiccional dictó auto de libertad por falta de elementos o méritos para procesar, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, por cambio de la situación jurídica del inculpado, en virtud de que la detención motivada por dicha orden se sustituye jurídica y procesalmente por el indicado auto, quedando tanto su nueva situación como el asunto, supeditados a las facultades que los artículos 21 y 102 constitucionales le confieren al Agente del Ministerio Público dentro de la averiguación previa, y no a las del órgano jurisdiccional. Así, dicho cambio de situación jurídica hace que se consideren consumadas de modo irreparable las violaciones atribuidas a la orden de aprehensión y, por ende, no puede analizarse su constitucionalidad sin afectar el auto de libertad por falta de elementos o méritos para procesar, pues en el supuesto de declarar la inconstitucionalidad de aquélla para dejarla sin efectos, se soslayaría la nueva situación jurídica del quejoso. Además, en el caso no se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVI, de la Ley citada, ya que el auto de libertad por falta de elementos o méritos para procesar no pone fin al proceso penal, pues conforme al artículo 167 del Código Federal de Procedimientos Penales el Ministerio Público puede allegarse de datos nuevos y suficientes para proceder contra el inculpado y reanudar el proceso en su contra, de manera que si los efectos de la orden de aprehensión reclamada en el juicio de amparo no son destruidos en forma total e incondicional, no opera la causa de improcedencia por cesación de efectos.". De igual forma, es ilustrativa la tesis XVII.1o.P.A. J/18 (10a.), consultable en la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 57, Agosto de 2018, Tomo III, página 2482, de rubro y texto siguientes: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO POR CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. SE ACTUALIZA LA CAUSA RELATIVA SI EL ACTO RECLAMADO CONSISTE EN LA ORDEN DE APREHENSIÓN Y LA AUTORIDAD RESPONSABLE INFORMA QUE SE VINCULÓ A PROCESO AL IMPUTADO, CON INDEPENDENCIA DE LA MEDIDA PREVENTIVA DECRETADA RESPECTO DE SU LIBERTAD PERSONAL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA). El Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, entre ellas, los artículos 16 y 19, se encuentra vigente para el Estado de Chihuahua, de acuerdo con el artículo tercero transitorio de dicho decreto. Ahora bien, de las modificaciones que éste generó en el sistema de justicia penal, se advierte una discrepancia de carácter conceptual entre el antes denominado "auto de formal prisión" y el actual "auto de vinculación a proceso"; sin embargo, si el juzgador libra una orden de aprehensión y después vincula al imputado a proceso penal, al igual que como acontecía con el auto de formal prisión, ese acontecimiento origina un cambio de situación jurídica, porque a pesar de la diferencia conceptual, ambas figuras jurídicas son semejantes en cuanto al fondo y efectos que producen para el imputado, en virtud del cúmulo de medidas cautelares que actualmente pueden decretarse en su contra, inclusive la prisión preventiva. En este sentido, cuando el acto reclamado consista en una orden de aprehensión y la autoridad responsable informe que se vinculó a proceso al inculpado, resulta inconcuso que la autoridad federal no puede decidir sobre el caso sin afectar la nueva situación a la que se sujeta el quejoso, cualquiera que haya sido la medida preventiva decretada respecto de su libertad personal, toda vez que la condición particular que guardaba antes de la ejecución de dicho mandamiento judicial motiva que queden consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas que asevera se cometieron al librarse la orden de captura y, por tanto, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo (artículo 73, fracción X, de la ley abrogada)". Por ende, lo procedente es sobreseer fuera de audiencia el presente juicio constitucional, en términos del precepto 63, fracción V, de la Ley de Amparo, al actualizarse la causa de improcedencia contenida en la fracción XVII del artículo 61 de la Ley de Amparo. Lo anterior se resuelve así, sin que sea necesario esperar a la celebración de la audiencia constitucional, pues no cambiaría el sentido de la presente determinación, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, y con total abstracción de lo que en un futuro pudiera probarse, ya que estimar lo contrario traería consigo el retardo de la impartición de Justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Sirve de sustento a lo antes expuesto, la jurisprudencia por contradicción de tesis 2a./J. 10/2003, localizable en la página 386, Tomo XVII, Marzo de 2003, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". El sobreseimiento es extensivo respecto de las autoridades ejecutoras, pues ya no es viable el examen de constitucionalidad sobre la ejecución de la orden privativa de la libertad reclamada, dada su dependencia del acto de autoridad emitido por la ordenadora. Aplica a lo anterior la tesis del Tribunal Colegiado del Décimo Circuito, publicado en el Tomo 91-96, sexta parte, página 286, del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "AUTORIDAD EJECUTORA. SOBRESEIMIENTO. LE ES EXTENSIVO EL RELATIVO A LA ORDENADORA. Si en un juicio de garantías se sobresee respecto de la autoridad ordenadora del acto reclamado, en el mismo sentido debe de fallarse en lo que toca a la señalada como ejecutora, cuando a ésta no se atribuyen vicios propios de ejecución, porque debiendo sobreseerse en cuanto al acto emanado de la primera, es inconcuso que no puede examinarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los procedimientos de ejecución." Consecuentemente, se deja sin efectos la fecha y hora señalada para la celebración de la audiencia constitucional la cual se encontraba programada para las nueve horas con treinta y dos minutos del veinte de febrero de dos mil veintitrés. Comuníquese lo anterior a las autoridades responsables para los efectos legales conducentes y háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno correspondiente. Notifíquese por lista electrónica y personalmente a la parte quejosa.

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