Telesfora Ayala Guadarrama

Expediente 193/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 58 actuaciones registradas, la última del 9 de diciembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
193/2019
Año
2019
Actuaciones
58
Última actuación
09/12/2021

Partes del expediente

  • Telesfora Ayala Guadarrama
  • Jefe de Departamento de Pensiones Seguridad e Higiene en el Trabajo de la Delegación Estatal en Morelos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado

Actuaciones

Las 4 más recientes de 58.

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, nueve de diciembre de dos mil veintiuno. Vista la razón secretarial, de conformidad con los artículos 62, 219 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en apoyo a su artículo 2°, se ordena agregar a los autos la razón actuarial asentada por el fedatario público adscrito a este juzgado, mediante la cual manifiesta su imposibilidad de entregar el oficio 27994/2021, dirigido al Delegado del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado Delegación Estatal Morelos; en virtud, que dicha autoridad ya no existe; por lo anterior, gírese oficio al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en el Estado de Morelos (por ser la denominación correcta), al cual deberá de adjuntarse el oficio 27994/2021, con el fin de notificar el auto de veintiocho de octubre de la presente anualidad. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, ante Jaime César Pereyra Román, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos, ocho de diciembre de dos mil veintiuno. Vista la razón secretarial, de conformidad con los artículos 62, 219 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en apoyo a su artículo 2°, se ordena agregar a los autos el oficio signado por Claudia Angélica Nogales Gaona, Consejera Adjunta de Control Constitucional y de lo Contencioso, de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, mediante el cual realiza diversas manifestaciones en relación al presente juicio de amparo; al respecto, se tienen por hechas las mismas para los efectos legales a que haya lugar, sin realizar mayor pronunciamiento al ocurso de cuenta, toda vez que por auto de veintiocho de octubre del presente año, se tuvo por cumplida la ejecutoria de amparo. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, ante Jaime César Pereyra Román, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    Transcurrido el término que establece el artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo, se notifica la determinación de veintiocho de octubre de dos mil veintiuno, a la parte quejosa, por medio de lista que se fija en el exterior de la sede del Poder Judicial Federal, Delegación Morelos, por la situación de pandemia que se vive actualmente, así como en la lista electrónica publicada en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 29, de la Ley de Amparo: Cuernavaca, Morelos, veintiocho de octubre de dos mil veintiuno Vista la certificación de cuenta y el estado actual que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido el término de tres días concedido a las partes por auto de treinta de septiembre de dos mil veintiuno, para que manifestaran lo que a su interés convinieran sobre el cumplimiento que la autoridad responsable ha dado a la ejecutoria de amparo, sin que a la fecha ninguna de las partes ejerciera ese derecho; en consecuencia, este órgano de control constitucional procede al análisis de dicho cumplimiento con base en los elementos que obran en el juicio; ello, atendiendo a que como ya lo determinó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cumplimiento de las sentencias dictadas en los juicios de amparo, constituye una cuestión de orden público. Así, se tiene que se celebró la audiencia constitucional y se dictó sentencia en el presente juicio de amparo, en la que se determinó conceder a la parte quejosa para el efecto de que la autoridad responsable realizara lo siguiente: ".EFECTOS DE LA CONCESIÓN DEL AMPARO. En términos de los artículos 74, fracción V y 77, fracción I, de la Ley de Amparo, la concesión del amparo es a efecto de que el Delegado Estatal y Jefe del Departamento de Pensiones Seguridad e Higiene en el Trabajo, ambos adscritos al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Morelos: 1. Que no se le aplique el artículo 51, segundo párrafo, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (derogado), en virtud de ya haber sido declarado inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 2. Dejen insubsistentes los recibos de pago correspondientes a los meses de enero y febrero, de dos mil diecinueve, expedidos a nombre de la quejosa, y deje de aplicar, en el caso concreto y para el futuro, en perjuicio de la peticionaria de amparo Telesfora Ayala Guadarrama, lo dispuesto en los artículos 51 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, vigente hasta el treinta y uno de marzo de dos mil siete; y 3. Determine: I.- Las cantidades que se le deben a la quejosa Telesfora Ayala Guadarrama, con motivo de los descuentos realizados; II.- Las cantidades correctas a pagar de la pensión por viudez; y III.- Entregue a la quejosa, en forma de restitución, de manera íntegra las cantidades que por la pensión de viudez le corresponden y le han sido descontadas, esto, sin aplicar las limitantes previstas en los preceptos declarados inconstitucionales. ..". Dicha sentencia constitucional causó ejecutoria, y se requirió a las autoridades responsables el cumplimiento a la concesión del amparo. A fin de dar cumplimiento a la ejecutoria protectora, la autoridades, mediante oficio recibido el siete de octubre de dos mil veinte, remitió copia certificada del oficio SP/DPSHT/0087/2020 de dieciséis de enero de dos mil veinte, donde se desprende las gestiones que realizó a los oficios reclamados atendiendo a la ejecutoria de amparo, y la diversa diligencia de veinte de febrero de dos mil veinte donde se procedió hacer la entrega-recepción de un cheque expedido en favor de la quejosa en cumplimiento a la ejecutoria; así también, obra en autos el diverso oficio de veintiocho de septiembre de dos mil veintiuno donde la responsable adjuntó la diversa diligencia de veintiuno de septiembre de dos mil veintiuno, donde se hace constar la entrega a la parte quejosa un cheque expedido a su favor en cumplimiento a la ejecutoria protectora; constancias con las cuales se dio vista y corrió traslado a la quejosa para que manifestara lo que a su derecho conviniera. Por lo anterior, este órgano de control constitucional considera que la citada autoridad responsable, con las documentales mencionadas en los párrafos que anteceden, demostró haber dado cumplimiento a la sentencia ejecutoriada dictada en el presente juicio de amparo, restituyendo al promovente de la acción constitucional en el pleno goce de sus derechos violados, al tenor de lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. En efecto, se concluye que la autoridad responsable dio cumplimiento a los lineamientos vertidos en la ejecutoria de amparo, ya que acreditó efectuar mediante oficio SP/DPSHT/0087/2020 de dieciséis de enero de dos mil veinte, las gestiones que realizó a los oficios reclamados atendiendo a la ejecutoria de amparo, y la diversa diligencia de veinte de febrero de dos mil veinte donde se procedió hacer la entrega-recepción de un cheque expedido en favor de la quejosa en cumplimiento a la ejecutoria; así también, obra en autos el diverso oficio de veintiocho de septiembre de dos mil veintiuno donde la responsable adjuntó la diversa diligencia de veintiuno de septiembre de dos mil veintiuno, donde se hace constar la entrega a la parte quejosa un cheque expedido a su favor en cumplimiento a la ejecutoria protectora, tal como se desprende de autos. En consecuencia, este Juzgado Federal considera que ha sido cumplida la ejecutoria de amparo por parte de la autoridad responsable, pues se siguió en sus términos el fallo protector. Una vez determinado lo anterior, se procede a determinar si existe exceso o defecto en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, entendiéndose por lo primero, que la autoridad responsable no se ajusta al tenor exacto de la ejecutoria, extralimitándose en su actuar respecto de los efectos para los que fue concedida la protección constitucional y por lo segundo, cuando se deja de acatar en su integridad la totalidad de los aspectos ordenados en la ejecutoria, esto es, omite realizar o abstenerse de hacer algo conforme a lo ordenado por el juzgador de amparo. Se reitera que el amparo y protección de la Justicia Federal se concedió para que la autoridad responsable Delegado Estatal y Jefe del Departamento de Pensiones Seguridad e Higiene en el Trabajo, ambos adscritos al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Morelos: ".1. Que no se le aplique el artículo 51, segundo párrafo, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (derogado), en virtud de ya haber sido declarado inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 2. Dejen insubsistentes los recibos de pago correspondientes a los meses de enero y febrero, de dos mil diecinueve, expedidos a nombre de la quejosa, y deje de aplicar, en el caso concreto y para el futuro, en perjuicio de la peticionaria de amparo Telesfora Ayala Guadarrama, lo dispuesto en los artículos 51 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, vigente hasta el treinta y uno de marzo de dos mil siete; y 3. Determine: I.- Las cantidades que se le deben a la quejosa Telesfora Ayala Guadarrama, con motivo de los descuentos realizados; II.- Las cantidades correctas a pagar de la pensión por viudez; y III.- Entregue a la quejosa, en forma de restitución, de manera íntegra las cantidades que por la pensión de viudez le corresponden y le han sido descontadas, esto, sin aplicar las limitantes previstas en los preceptos declarados inconstitucionales.". En ese sentido este juzgado federal estima que la autoridad responsable no incurrió en exceso o defecto en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, pues de las constancias remitidas por la autoridad responsable, a las que se concede valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición expresa del dispositivo 2°, se advierte mediante oficio SP/DPSHT/0087/2020 de dieciséis de enero de dos mil veinte, atendió los oficios reclamados en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, y la diversa diligencia de veinte de febrero de dos mil veinte donde se procedió hacer la entrega-recepción de un cheque expedido en favor de la quejosa en cumplimiento a la ejecutoria; así también, obra en autos el diverso oficio de veintiocho de septiembre de dos mil veintiuno donde la responsable adjuntó la diversa diligencia de veintiuno de septiembre de dos mil veintiuno, donde se hace constar la entrega a la parte quejosa un cheque expedido a su favor en cumplimiento a la ejecutoria protectora, tal como se desprende de autos, conforme a lo ordenado en la ejecutoria de amparo; tan es así que, atendiendo a diversos escritos presentados por la quejosa en ejecución de sentencia, se acredita que la responsable si hace entrega de la cantidad que refería la quejosa hacía falta para tener cumplida la ejecutoria de amparo. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 214 de la Ley de Amparo, en su oportunidad, archívese el presente juicio de amparo, previas anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, carátulas, así como la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, y del Expediente electrónico, esto último con fundamento en el artículo 35 del Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. En acatamiento a lo ordenado en dicho Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales publicado en el diario oficial de la federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; en términos de lo establecido en el Capítulo Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo, Octavo, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni generado por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia, ni versa sobre materia agraria; ni relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito; ni se trata a conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Por otra parte, por encuadrar dentro de las hipótesis contempladas en el artículo 18, fracción I, inciso b) del Acuerdo General en cita, el expediente en que se actúa es susceptible de depurarse, toda vez que se concedió la Protección de la Justicia de la Unión, lo que significa que en este caso deberá conservarse únicamente la demanda de amparo, la sentencia definitiva, y determinaciones emitidas por la Superioridad y/o las que determina el Titular de los autos, esto último en términos de lo dispuesto en el numeral 18 párrafo tercero del citado Acuerdo General. Asimismo, en términos del precepto 18, segundo párrafo del Acuerdo General en comento, hágase saber a las partes que cuentan con el término de noventa días, contados a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación de este proveído, para que se presenten debidamente identificados en día y horas hábiles, en las oficinas que ocupa este órgano de control constitucional, con el objeto de que se le haga entrega de los documentos originales exhibidos en la presente contienda constitucional; en la inteligencia que de no hacerlo dentro de dicho lapso, los mismos seguirán la suerte de éste. Ahora bien, tomando en consideración que en el presente asunto se formó por duplicado y cuerda separado el incidente de suspensión, en esas condiciones, una vez que transcurra seis meses a esta fecha, previo cumplimiento del requisito antes citados y con fundamento en el artículo 20, fracción II inciso a) del Acuerdo General mencionado en párrafos que anteceden, procédase a la destrucción del duplicado guardar únicamente el original. Lo que significa que dentro del plazo señalado por dicho artículo una vez que transcurra la temporalidad señalada, y en atención que dicho duplicado incidental carecen de valor jurídico, valor histórico o de relevancia documental, por lo que pueden ser destruidos en términos de lo dispuesto en la Ley General de Bienes Nacionales, y demás disposiciones jurídicas aplicables, además en observancia y cumplimiento a lo dispuesto por los 22, 23 y 24 del Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Por otra parte, con apoyo en el artículo 18 fracción I inciso a) del multicitado Acuerdo General, el original del incidente de suspensión es susceptible de ser depurado, toda vez que, la suspensión provisional y definitiva se determinó concederla. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, ante Jacobo Jaimes Brito, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  4. Principal

    Cuernavaca, Morelos, veintiocho de octubre de dos mil veintiuno Vista la certificación de cuenta y el estado actual que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido el término de tres días concedido a las partes por auto de treinta de septiembre de dos mil veintiuno, para que manifestaran lo que a su interés convinieran sobre el cumplimiento que la autoridad responsable ha dado a la ejecutoria de amparo, sin que a la fecha ninguna de las partes ejerciera ese derecho; en consecuencia, este órgano de control constitucional procede al análisis de dicho cumplimiento con base en los elementos que obran en el juicio; ello, atendiendo a que como ya lo determinó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cumplimiento de las sentencias dictadas en los juicios de amparo, constituye una cuestión de orden público. Así, se tiene que se celebró la audiencia constitucional y se dictó sentencia en el presente juicio de amparo, en la que se determinó conceder a la parte quejosa para el efecto de que la autoridad responsable realizara lo siguiente: ".EFECTOS DE LA CONCESIÓN DEL AMPARO. En términos de los artículos 74, fracción V y 77, fracción I, de la Ley de Amparo, la concesión del amparo es a efecto de que el Delegado Estatal y Jefe del Departamento de Pensiones Seguridad e Higiene en el Trabajo, ambos adscritos al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Morelos: 1. Que no se le aplique el artículo 51, segundo párrafo, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (derogado), en virtud de ya haber sido declarado inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 2. Dejen insubsistentes los recibos de pago correspondientes a los meses de enero y febrero, de dos mil diecinueve, expedidos a nombre de la quejosa, y deje de aplicar, en el caso concreto y para el futuro, en perjuicio de la peticionaria de amparo Telesfora Ayala Guadarrama, lo dispuesto en los artículos 51 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, vigente hasta el treinta y uno de marzo de dos mil siete; y 3. Determine: I.- Las cantidades que se le deben a la quejosa Telesfora Ayala Guadarrama, con motivo de los descuentos realizados; II.- Las cantidades correctas a pagar de la pensión por viudez; y III.- Entregue a la quejosa, en forma de restitución, de manera íntegra las cantidades que por la pensión de viudez le corresponden y le han sido descontadas, esto, sin aplicar las limitantes previstas en los preceptos declarados inconstitucionales. ..". Dicha sentencia constitucional causó ejecutoria, y se requirió a las autoridades responsables el cumplimiento a la concesión del amparo. A fin de dar cumplimiento a la ejecutoria protectora, la autoridades, mediante oficio recibido el siete de octubre de dos mil veinte, remitió copia certificada del oficio SP/DPSHT/0087/2020 de dieciséis de enero de dos mil veinte, donde se desprende las gestiones que realizó a los oficios reclamados atendiendo a la ejecutoria de amparo, y la diversa diligencia de veinte de febrero de dos mil veinte donde se procedió hacer la entrega-recepción de un cheque expedido en favor de la quejosa en cumplimiento a la ejecutoria; así también, obra en autos el diverso oficio de veintiocho de septiembre de dos mil veintiuno donde la responsable adjuntó la diversa diligencia de veintiuno de septiembre de dos mil veintiuno, donde se hace constar la entrega a la parte quejosa un cheque expedido a su favor en cumplimiento a la ejecutoria protectora; constancias con las cuales se dio vista y corrió traslado a la quejosa para que manifestara lo que a su derecho conviniera. Por lo anterior, este órgano de control constitucional considera que la citada autoridad responsable, con las documentales mencionadas en los párrafos que anteceden, demostró haber dado cumplimiento a la sentencia ejecutoriada dictada en el presente juicio de amparo, restituyendo al promovente de la acción constitucional en el pleno goce de sus derechos violados, al tenor de lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. En efecto, se concluye que la autoridad responsable dio cumplimiento a los lineamientos vertidos en la ejecutoria de amparo, ya que acreditó efectuar mediante oficio SP/DPSHT/0087/2020 de dieciséis de enero de dos mil veinte, las gestiones que realizó a los oficios reclamados atendiendo a la ejecutoria de amparo, y la diversa diligencia de veinte de febrero de dos mil veinte donde se procedió hacer la entrega-recepción de un cheque expedido en favor de la quejosa en cumplimiento a la ejecutoria; así también, obra en autos el diverso oficio de veintiocho de septiembre de dos mil veintiuno donde la responsable adjuntó la diversa diligencia de veintiuno de septiembre de dos mil veintiuno, donde se hace constar la entrega a la parte quejosa un cheque expedido a su favor en cumplimiento a la ejecutoria protectora, tal como se desprende de autos. En consecuencia, este Juzgado Federal considera que ha sido cumplida la ejecutoria de amparo por parte de la autoridad responsable, pues se siguió en sus términos el fallo protector. Una vez determinado lo anterior, se procede a determinar si existe exceso o defecto en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, entendiéndose por lo primero, que la autoridad responsable no se ajusta al tenor exacto de la ejecutoria, extralimitándose en su actuar respecto de los efectos para los que fue concedida la protección constitucional y por lo segundo, cuando se deja de acatar en su integridad la totalidad de los aspectos ordenados en la ejecutoria, esto es, omite realizar o abstenerse de hacer algo conforme a lo ordenado por el juzgador de amparo. Se reitera que el amparo y protección de la Justicia Federal se concedió para que la autoridad responsable Delegado Estatal y Jefe del Departamento de Pensiones Seguridad e Higiene en el Trabajo, ambos adscritos al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Morelos: ".1. Que no se le aplique el artículo 51, segundo párrafo, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (derogado), en virtud de ya haber sido declarado inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 2. Dejen insubsistentes los recibos de pago correspondientes a los meses de enero y febrero, de dos mil diecinueve, expedidos a nombre de la quejosa, y deje de aplicar, en el caso concreto y para el futuro, en perjuicio de la peticionaria de amparo Telesfora Ayala Guadarrama, lo dispuesto en los artículos 51 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, vigente hasta el treinta y uno de marzo de dos mil siete; y 3. Determine: I.- Las cantidades que se le deben a la quejosa Telesfora Ayala Guadarrama, con motivo de los descuentos realizados; II.- Las cantidades correctas a pagar de la pensión por viudez; y III.- Entregue a la quejosa, en forma de restitución, de manera íntegra las cantidades que por la pensión de viudez le corresponden y le han sido descontadas, esto, sin aplicar las limitantes previstas en los preceptos declarados inconstitucionales.". En ese sentido este juzgado federal estima que la autoridad responsable no incurrió en exceso o defecto en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, pues de las constancias remitidas por la autoridad responsable, a las que se concede valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición expresa del dispositivo 2°, se advierte mediante oficio SP/DPSHT/0087/2020 de dieciséis de enero de dos mil veinte, atendió los oficios reclamados en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, y la diversa diligencia de veinte de febrero de dos mil veinte donde se procedió hacer la entrega-recepción de un cheque expedido en favor de la quejosa en cumplimiento a la ejecutoria; así también, obra en autos el diverso oficio de veintiocho de septiembre de dos mil veintiuno donde la responsable adjuntó la diversa diligencia de veintiuno de septiembre de dos mil veintiuno, donde se hace constar la entrega a la parte quejosa un cheque expedido a su favor en cumplimiento a la ejecutoria protectora, tal como se desprende de autos, conforme a lo ordenado en la ejecutoria de amparo; tan es así que, atendiendo a diversos escritos presentados por la quejosa en ejecución de sentencia, se acredita que la responsable si hace entrega de la cantidad que refería la quejosa hacía falta para tener cumplida la ejecutoria de amparo. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 214 de la Ley de Amparo, en su oportunidad, archívese el presente juicio de amparo, previas anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, carátulas, así como la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, y del Expediente electrónico, esto último con fundamento en el artículo 35 del Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. En acatamiento a lo ordenado en dicho Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales publicado en el diario oficial de la federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; en términos de lo establecido en el Capítulo Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo, Octavo, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni generado por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia, ni versa sobre materia agraria; ni relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito; ni se trata a conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Por otra parte, por encuadrar dentro de las hipótesis contempladas en el artículo 18, fracción I, inciso b) del Acuerdo General en cita, el expediente en que se actúa es susceptible de depurarse, toda vez que se concedió la Protección de la Justicia de la Unión, lo que significa que en este caso deberá conservarse únicamente la demanda de amparo, la sentencia definitiva, y determinaciones emitidas por la Superioridad y/o las que determina el Titular de los autos, esto último en términos de lo dispuesto en el numeral 18 párrafo tercero del citado Acuerdo General. Asimismo, en términos del precepto 18, segundo párrafo del Acuerdo General en comento, hágase saber a las partes que cuentan con el término de noventa días, contados a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación de este proveído, para que se presenten debidamente identificados en día y horas hábiles, en las oficinas que ocupa este órgano de control constitucional, con el objeto de que se le haga entrega de los documentos originales exhibidos en la presente contienda constitucional; en la inteligencia que de no hacerlo dentro de dicho lapso, los mismos seguirán la suerte de éste. Ahora bien, tomando en consideración que en el presente asunto se formó por duplicado y cuerda separado el incidente de suspensión, en esas condiciones, una vez que transcurra seis meses a esta fecha, previo cumplimiento del requisito antes citados y con fundamento en el artículo 20, fracción II inciso a) del Acuerdo General mencionado en párrafos que anteceden, procédase a la destrucción del duplicado guardar únicamente el original. Lo que significa que dentro del plazo señalado por dicho artículo una vez que transcurra la temporalidad señalada, y en atención que dicho duplicado incidental carecen de valor jurídico, valor histórico o de relevancia documental, por lo que pueden ser destruidos en términos de lo dispuesto en la Ley General de Bienes Nacionales, y demás disposiciones jurídicas aplicables, además en observancia y cumplimiento a lo dispuesto por los 22, 23 y 24 del Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Por otra parte, con apoyo en el artículo 18 fracción I inciso a) del multicitado Acuerdo General, el original del incidente de suspensión es susceptible de ser depurado, toda vez que, la suspensión provisional y definitiva se determinó concederla. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, ante Jacobo Jaimes Brito, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

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