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Expediente 841/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Quintana Roo. 11 actuaciones registradas, la última del 22 de marzo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
841/2021
Año
2021
Actuaciones
11
Última actuación
22/03/2022

Partes del expediente

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Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Incidental

    II-Visto el estado procesal que guardan los presentes autos incidentales, toda vez que con esta propia fecha causó estado el acuerdo en el que se sobreseyó fuera de audiencia en el juicio de amparo del que deriva este incidente de suspensión, ordenándose el archivo del mismo y que en los presentes autos se negó tanto la suspensión provisional, como la suspensión definitiva solicitada; en tal virtud, de conformidad con el artículo 20, II, inciso a) del Acuerdo General sin número, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se indica que el DUPLICADO de este incidente de suspensión es susceptible de destrucción después de los SEIS MESES siguientes a partir del presente acuerdo, toda vez que existe el cuaderno original. Ahora bien, por lo que ve al expediente ORIGINAL de este incidente de suspensión, conforme al artículo 21, inciso c) del citado Acuerdo General, deberá conservarse hasta por tres años en el archivo de este órgano jurisdiccional, al término de los cuales deberá realizarse su destrucción, en virtud de que no se considera de relevancia documental, no contiene documentos originales que deban ser recogidos por las partes. Finalmente, en cuanto al valor jurídico no lo tiene el incidente de suspensión derivado del presente expediente. Notifíquese.

  2. Principal

    II-Vista la certificación secretarial que antecede y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiese interpuesto recurso de revisión contra el auto de veinticuatro de febrero de dos mil veintidós, con el que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo promovido por Teléfonos de México, Sociedad Anónima Bursátil de Capital Variablle por conducto de su apoderado legal Rafael Antonio Rosales Baca, respecto del acto que reclamó de las autoridades responsables. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicha resolución, ha causado estado, para todos los efectos legales correspondientes. Por tanto, en cumplimiento al artículo 21, inciso a) del Capítulo Octavo, del Acuerdo General sin número, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se indica que el presente expediente es susceptible de destrucción después de los tres años siguientes a partir del presente acuerdo. Asimismo, se establece que el presente asunto, atendiendo a sus particularidades carece de valor jurídico o histórico y al no considerarse de relevancia documental, por no ubicarse en alguno de los supuestos a que se refiere el artículo 15 del Capítulo Quinto, del citado acuerdo. Hágase constar lo anterior en la carátula de este expediente y realícense las anotaciones respectivas en el libro de gobierno correspondiente, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y en su oportunidad archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Por otra parte, vista la certificación de cuenta, se advierte que el presente expediente no contiene documentos originales que deban ser recogidos por las partes. Finalmente, por lo que hace a los autos incidentales que derivan del presente juicio de amparo provéase a lo que corresponda, conforme a lo dispuesto en el Acuerdo General de que se trata. Notifíquese y por oficio a las autoridades responsables.

  3. Principal

    II-Vista la certificación que antecede, así como el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que la audiencia constitucional se encuentra señalada para tener verificativo a las once horas con treinta y cinco minutos del dos de marzo de dos mil veintidós. Ahora, de la demanda de amparo de Teléfonos de México, S.A.B. de C.V., por conducto de su apoderado legal Rafael Antonio Rosales Baca, se advierte que reclamó de la magistrada del Tribunal Unitario Agrario del Distrito Cuarenta y Cuatro del Estado de Quintana Roo, con sede en esta ciudad y actuario de su adscripción, la resolución interlocutoria de cuatro de octubre de dos mil veintiuno, dictada en el incidente de liquidación derivado del juicio ordinario agrario 1038/2011 y, como violaciones procesales en ese incidente, los acuerdos de siete de agosto de dos mil dieciocho, veintitrés de mayo, veintiuno de agosto, ocho de octubre y cinco de noviembre, todos de dos mil diecinueve. Al respecto, este juzgado estima que se actualiza una causa de improcedencia, cuyo análisis es de orden público y de estudio preferente, en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo. Por ello, procede entrar de oficio al estudio de la causal de improcedencia que se actualiza en el caso, esto es, la prevista en el artículo 61, fracción XXl, de la Ley de Amparo, que dispone: (.) Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;". Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha resuelto que, para considerar que los efectos del acto reclamado han cesado, es necesario que se demuestre que éste dejó de afectar la esfera jurídica del quejoso. Ello no implica sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, pues conlleva asimismo a la desaparición total de los efectos del acto, pues el motivo o razón que justifica la improcedencia en mención no es sólo paralización del acto de autoridad, sino también la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la justicia federal. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 59/99 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38 del tomo IX-Junio de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a la Novena Época, del rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiere otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiese invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá y que no dejo huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". Para corroborar la actualización de improcedencia anunciada, es necesario destacar que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en los términos del artículo 2° de la Ley de Amparo, es un hecho notorio para el suscrito resolutor la existencia del diverso juicio de amparo 765/2016-I, del índice de este juzgado, promovido por Teléfonos de México, sociedad anónima bursátil de capital variable, contra los actos que hizo consistir en: a) La sentencia interlocutoria de fecha 4 de julio de 2014 dictada en el juicio agrario radicado bajo el número de expediente 1038/2011, en relación al razonamiento contenido en dicho acto de autoridad mediante el cual resolvió condenar a mi representada a pagar la cantidad de $53,665,600.00 (cincuenta y tres millones seiscientos sesenta y cinco mil seiscientos pesos 00/100 M.N.) al Ejido Aarón Merino Fernández, bajo el supuesto de que es la cantidad que dejó de percibir por carecer de la posesión del bien inmueble objeto de la litis en el juicio natural, por cuanto que dicha resolución no se dictó conforme a la letra de la ley aplicable al caso concreto, ni a su interpretación jurídica, ni se fundaron en los principios generales del derecho y mucho menos conforme a las constancias que integran el referido juicio agrario, y porque constituye una denegación de administración de justicia en contravención directa de los derechos sustantivos y derechos humanos contenidos en los artículos 14 y 16 constitucionales, lo que ha provocado que se coloque a la quejosa en notorio estado de indefensión. - - - b) Las violaciones procesales del procedimiento incidental que dio lugar a la emisión de la sentencia interlocutoria de fecha 4 de julio de 2014, dictada en el juicio agrario radicado bajo el número de expediente 1038/2011, en relación al razonamiento contenido en dicho acto de autoridad mediante el cual resolvió condenar a mi representada a pagar la cantidad de $53,665,600.00 (cincuenta y tres millones seiscientos sesenta y cinco mil seiscientos pesos 00/100 M.N.) al Ejido Aarón Merino Fernández, bajo el supuesto de que es la cantidad que dejó de percibir por carecer de la posesión del bien inmueble objeto de la Litis en el juicio natural, por cuanto que durante el procedimiento correspondiente al incidente de liquidación de sentencia se emitieron diversas resoluciones que violan las formalidades esenciales del procedimiento incidental, impidiendo a TELMEX ofrecer pruebas y alegar lo que a su derecho correspondía, impidiendo con ello que la quejosa tuviera una adecuada y oportuna defensa y a final de cuentas ocasionando con ello dejarla en estado de indefensión, lo que constituye una denegación de administración de justicia en contravención directa de los derechos sustantivos y derechos humanos contenidos en los artículos 14 y 16 constitucionales.- - - c) El auto de fecha 5 de septiembre de 2016, mediante el cual la mencionada Autoridad responsable se declaró competente para conocer del juicio natural y en consecuencia declaró que continuaba con el conocimiento del juicio agrario 1038/2011, lo que ocasiona agravio a mi representada pues con la emisión de dicho acto se tiene como emitida de nueva cuenta la sentencia interlocutoria de cuatro de julio de dos mil catorce, que determinó la cantidad que en concepto de indemnización, mi representada supuestamente debe pagar a la aquí tercera interesada, por cuanto que dicha resolución no se dictó conforme a la letra de la ley aplicable al caso concreto, ni a su interpretación jurídica, ni se fundaron en los principios generales de derecho y mucho menos conforme a las constancias que integran el referido juicio agrario, y porque constituye una denegación de administración de justicia en contravención directa de los derechos sustantivos y derechos humanos contenidos en los artículos 14 y 16 constitucionales, lo que ha provocado que se coloque a la quejosa en notorio estado de indefensión.- - - c) Todos los efectos y consecuencias que deriven de los actos reclamados. - - - 2.- Del C. Actuario adscrito al H. Tribunal Unitario Agrario Distrito 44 de la ciudad de Chetumal, Municipio de Othón P. Blanco, Estado de Quintana Roo. - - - a) Todos los actos que llevó o lleve a cabo, en ejecución de la sentencia interlocutoria de fecha 4 de julio de 2014 que dictó el C. Magistrado del H. Tribunal Unitario Agrario Distrito 44 de la ciudad de Chetumal, Municipio de Othón P. Blanco, Estado de Quintana Roo, por los que tienda a cumplimentar o tratar de ejecutar la referida sentencia interlocutoria dictada en el juicio agrario 1038/2011 y/o el auto de fecha 5 de septiembre de 2016, ya que tienen una repercusión directa y personal en la esfera de derechos de la quejosa. - - - b) Todos los efectos y consecuencias que deriven de los actos que se reclaman." Respecto de lo cual, mediante ejecutoria dictada en el amparo en revisión 538/2017, del índice del Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, se concedió la protección constitucional a la citada parte quejosa para los siguientes efectos: -el Magistrado del Tribunal Unitario Agrario Distrito 44, responsable, deje insubsistente la resolución de liquidación de cuatro de julio de dos mil catorce y reponga el procedimiento desde el inicio de esa etapa, esto es, deje insubsistente el auto de veintiocho de enero del citado año y emita otro en el que corra traslado a la persona jurídica quejosa Teléfonos de México, con el escrito y dictamen pericial anexo por medio del cual el ejido actor solicitó la apertura del incidente de liquidación, otorgándole el término de cinco días. Lo anterior, con el propósito de que la referida persona jurídica quejosa tenga oportunidad de manifestar lo que a su derecho convenga respecto de dicho escrito y de su anexo, y ofrezca las pruebas que estime pertinentes para desvirtuarlo, integre debidamente la prueba pericial, y en su caso, continúe con la secuela del procedimiento respectivo y en su oportunidad dicte en la resolución que en derecho corresponda. Previas actuaciones tendentes al cumplimiento, el Tribunal Unitario Agrario del Distrito Cuarenta y Cuatro del Estado de Quintana Roo, con sede en esta ciudad, remitió copia certificada de la resolución interlocutoria de cuatro de octubre de dos mil veintiuno dictada en el juicio ordinario agrario 1038/2011. Así, por acuerdo de quince de febrero del año en curso, dictado en el referido juicio 765/2016, este Juzgado de Distrito determinó que la ejecutoria de amparo no se encontraba cumplida, por lo que se ordenó al Tribunal Unitario Agrario del Distrito 44 en el Estado de Quintana Roo, con residencia en esta ciudad, para que dejara insubsistente la resolución de cuatro de octubre de dos mil veintiuno y en su lugar dictara una nueva resolución en la que se abstenga de condicionar o relacionar el cumplimiento de la liquidación de la sentencia dictada en el controvertido original, con los actos que quedaron inválidos con motivo de la concesión del amparo, entre ellos, los que tienen que ver con el embargo trabado y el billete de depósito entregado a la parte actora. Por tal motivo, por acuerdo de veintiuno de febrero de dos mil veintidós, la responsable remitió copia certificada de la resolución interlocutoria de diecisiete de febrero actual, con la que dejó insubsistente la resolución de cuatro de octubre de dos mil veintiuno. Lo anterior, se reitera es un hecho notorio para este resolutor federal, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo; toda vez que ese tipo de hechos lo constituyen la totalidad de los asuntos sometidos a su conocimiento, por lo que se tienen como tal, las constancias que integran el aludido juicio de amparo 765/2016-I, para todos los efectos legales procedentes, siendo innecesario agregar a los autos copias certificadas de las constancias del referido juicio de amparo, las cuales se consideran como un hecho notorio, pues se hace constar que se tienen a la vista puesto que obran en el citado expediente de este órgano jurisdiccional. Por consiguiente, si la autoridad responsable mediante resolución interlocutoria de diecisiete de febrero de dos mil veintidós, dejó insubsistente la diversa de cuatro de octubre de dos mil veintiuno, dictada en el juicio agrario 1038/2011, aquí reclamada, posterior a la presentación de la demanda de amparo (cinco de noviembre de dos mil veintiuno); resulta evidente que en el caso, se ha actualizado la causal de improcedencia en cita, pues ya se dejó insubsistente la resolución que reclama la parte quejosa en este asunto, como se desprende de las constancias que integran el diverso juicio de amparo 765/2016-I del índice de este órgano jurisdiccional. En ese contexto, se encuentra plenamente demostrado que el acto reclamado dejó de existir, por tanto, las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación constitucional que se alegó por esta vía; en consecuencia, cesaron los efectos del acto reclamado. Apoya esta consideración, por identidad de razón, la jurisprudencia: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO DIRECTO. SE ACTUALIZA LA CAUSA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XVI, DE LA LEY DE LA MATERIA, SI SE PROMUEVE JUICIO DE GARANTÍAS CONTRA EL LAUDO QUE SE DEJÓ INSUBSISTENTE POR LA DETERMINACIÓN DEL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO EN EL SENTIDO DE QUE AQUÉL INCUMPLIÓ CON LA SENTENCIA DE AMPARO. De conformidad con la jurisprudencia 2a./J. 9/2001, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIV, octubre de 2001, página 366, de rubro: "CUMPLIMIENTO DE EJECUTORIAS DE AMPARO. PRINCIPIOS QUE HA ESTABLECIDO LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN EN RELACIÓN CON LOS TRÁMITES, DETERMINACIONES Y MEDIOS PROCEDENTES DE DEFENSA.", si el Tribunal Colegiado de Circuito que emitió la sentencia de amparo considera, en términos del artículo 105 de la Ley de Amparo, que el nuevo laudo incumple con aquélla, la autoridad responsable, está constreñida a dejar insubsistente ese nuevo laudo y a emitir otro en el que cumpla con los efectos del fallo protector; en consecuencia, al haber cesado los efectos del laudo con el que se pretendió cumplir la ejecutoria de amparo, el juicio de garantías que en su contra se promueva debe ser sobreseído por actualizarse la hipótesis prevista en el artículo 73, fracción XVI, en relación con el numeral 74, fracción III, ambos de la Ley de Amparo". En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, con fundamento en el numeral 63, fracción V, de dicho ordenamiento, lo procedente es sobreseer el presente juicio fuera de audiencia constitucional. Como consecuencia del sobreseimiento fuera de audiencia, se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada para las once horas con treinta y cinco minutos del dos de marzo de dos mil veintidós. Sin que obste a lo anterior, que no hayan transcurrido los ocho días a la parte quejosa, que refiere el artículo 117 de la Ley de Amparo, con la vista de los informes justificados recibidos en auto de dieciséis de los corrientes, pues si bien es cierto ello acontece, en el caso, como se dijo, existe una causal de improcedencia manifiesta e indudable, sin que exista prueba en contrario que pueda desvirtuar tal improcedencia. Asimismo, no es óbice a lo anterior el hecho de que no se haya realizado el emplazamiento de la parte tercera interesada, pues es evidente que el sentido de la presente resolución no le causa agravio a su interés, al haberse sobreseído en el juicio de amparo por actualizarse una causal de improcedencia manifiesta e indudable, por lo que a ningún fin práctico conllevaría agotar los medios para su emplazamiento, dado que no cambiaría el sentido de la resolución. Sirven de apoyo lo anterior, el criterio sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, de la Octava Época, visible en el Semanario Judicial de la Federación XIV, Julio de 1994, a foja 575, cuyo rubro y texto señalan: "EMPLAZAMIENTO, FALTA DE. REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO IMPROCEDENTE CUANDO SE SOBRESEE EN EL JUICIO. La finalidad perseguida por el artículo 91, en su fracción IV, de la Ley de Amparo, de reponer el procedimiento al advertirse que en forma indebida no fue oída alguna de las partes que tuviera derecho de intervenir conforme a la ley, como lo es el tercero perjudicado, debe entenderse en el sentido de que en un juicio constitucional no queden firmes las irregularidades procesales que pudieran lesionar los intereses de alguna de las partes, lo que no sucedería en el caso de sobreseimiento decretado por el juez federal pues no perjudica a dicho tercero y, por ende, no puede producirle beneficio alguno la reposición del procedimiento.". Lo anterior es así, sin que se desconozca que por regla general, los Jueces de Distrito no están facultados para dejar de practicar el emplazamiento a la parte tercera interesada, y que es una atribución discrecional de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o de los Tribunales Colegiados omitir la reposición del procedimiento, cuando conozca del recurso de revisión y advierta que la parte tercero interesada no fue legalmente emplazada, ello en casos excepcionales donde sea notorio que la resolución que deba dictarse no le ocasionará perjuicio. Sin embargo, quien esto resuelve considera que atendiendo a lo dispuesto por el artículo 17 Constitucional y principalmente al sentido de la determinación que en este acto se emite, resultaría ocioso realizar en el emplazamiento de la parte tercera interesada, ya que es claro que en el caso se surte de manera notoria, manifiesta e indudable la causal de improcedencia invocada; lo cual, se reitera, no le irroga perjuicio alguno. Toda vez que no existió oposición expresa de las partes para manifestar su inconformidad con relación a la publicación de sus datos personales en las resoluciones dictadas por este órgano de control constitucional, con fundamento en los párrafos segundo y tercero del artículo 21 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, se les tiene consintiendo tácitamente esa publicación. En el entendido que la versión pública de la resolución correspondiente se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, de conformidad con el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, entre los cuales se encuentren datos clasificados como confidenciales. Asimismo, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, Título Cuarto, "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)", Capítulo Cuarto, "Sentencias y Tesis", captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública, y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que acredite su registro. Con apoyo en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al numeral 2º de la Ley de Amparo, deberá entregarse copia autorizada de esta resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Notifíquese personalmente a la parte quejosa y por oficio a las autoridades responsables.

  4. Principal

    II-Agréguense a los presentes autos los oficios signados por la magistrada del Tribunal Unitario Agrario Distrito 44 y el actuario de su adscripción, mediante los cuales rinden su informe justificado; al respecto, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, ténganse por rendidos los informes de las autoridades responsables señaladas, para ser tomados en consideración en su oportunidad como en derecho proceda; con su contenido dese vista a las partes, para los efectos legales conducentes. De igual forma, se tiene a las aludidas autoridades responsables, señalando domicilio para oír y recibir notificaciones el que manifiestan en su informe. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidas y admitidas las documentales que exhibe la primera autoridad oficiante, las cuales se tomarán en consideración en el momento procesal oportuno, sin perjuicio de relacionarlas de nueva cuenta al momento de celebrarse la audiencia constitucional. Por otra parte, agréguese el oficio signado por la secretaria de acuerdos del Tribunal Unitario Agrario Distrito 44, con residencia en esta ciudad, mediante el cual solicita una ampliación de término para remitir las constancias que integran el juicio ordinario agrario 1038/2011. Al respecto, se tiene como referencia que la interlocutoria materia de reclamo fue emitida en cumplimiento al diverso juicio de amparo 765/2016-I-B del índice de este Juzgado de Distrito; por tanto, indíquese a la autoridad responsable que de momento no remita las constancias aludidas hasta en tanto sea notificada de la calificación dada al fallo protector. Notifíquese personalmente a la parte quejosa y por oficio a las autoridades responsables.

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