Teléfonos De México S.A.B De C.V
Expediente 1577/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 20 de diciembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1577/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 20/12/2019
Partes del expediente
- Teléfonos De México S.A.B De C.V
Actuaciones
- Principal
Toluca, Estado de México; veinte de diciembre de dos mil diecinueve. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos para los efectos legales conducentes el oficio de cuenta remitido por el Actuario Judicial adscrito al Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, informa la determinación de dieciocho de diciembre de este año en el que se admitió a trámite el recurso de queja interpuesto contra el auto de diez de diciembre de dos mi diecinueve, dictado en el juicio de amparo 1577/2019-VI; medio de impugnación que registró con el número 346/2019. Atento a lo anterior, estése en espera de la determinación que al respecto emita el Tribunal Colegiado oficiante. Notifíquese.
- Principal
V) Toluca, Estado de México a trece de diciembre de dos mil diecinueve. Visto el estado de autos donde se desprende que mediante auto de tres de diciembre del presente año se ordenó turnar los presentes autos a fin de resolver sobre la petición formulada por el quejoso y resolver sobre la indemnización ordenada en la ejecutoria de amparo. Ahora, de un análisis exhaustivo de las constancias que integran los autos se obtiene siguientes: I. Antecedentes: 1. Por auto de diecinueve de diciembre de dos mil dieciséis, se tuvo por recibida la demanda de amparo y se ordenó registrar bajo el número 1924/2016-V; previo desahogo de prevención el veintiocho de diciembre del propio año (fojas 49 y 50), se admitió a trámite la demanda de amparo; se solicitó los informes justificados a las autoridades responsables; asimismo, señaló fecha y hora para el desahogo de la audiencia de ley. 2. Mediante escrito presentado el diecinueve de enero de dos mil diecisiete, por J. Guadalupe Alcántara Arzate, ofreció la prueba pericial en materia de topografía, exhibiendo el cuestionario correspondiente, señalando los puntos en los cuales se versará la citada prueba. 3. Seguido en sus trámites, previa aceptación y protesta del cargo el perito oficial Edgar Butanda Carrillo, emitió su dictamen pericial, el cual se encuentra visible a foja 549-556 de autos, donde resolvió lo siguiente: PUNTO A DESAHOGAR PERITO OFICIAL 1 Para darle contestación a este cuestionamiento nos constituimos en el inmueble objeto de prueba en compañía de los quejosos y la empresa constructora, procediendo a geo referenciar el inmueble con el equipo que describe en el apartado correspondiente de este escrito, denominado "metodología y equipo" dando coma resultado el piano anexo 01 (visible a foja 556 Tomo I) el cual describe el polígono en superficie, medidas, colindancias y forma geométrica 2 Se puede observar en el anexo fotográfico (f. 554-555 Tomo I), actualmente a la fecha de la medición, sobre la superficie del terreno se encuentra ya terminada la estructura por donde correrá el ferrocarril de lama distancia y media velocidad denominado tren interurbano México-Toluca. Por lo que efectivamente se puede afirmar que dentro de la parcela 1087 del Ejido De San Mateo Atenco, se realizaron algunos trabajos de construcción. 3 coma se puede observar en el anexo fotográfico f. 554-555 Tomo I), actualmente a la fecha de la medición, sobre la superficie del terreno se encuentra ya terminada la estructura por donde correrá el ferrocarril de larga distancia y media velocidad denominado tren interurbano México-Toluca. Por lo que efectivamente se puede afirmar que la parcela 1087 del ejido de San Mateo Atenco, se encuentra afectada por la construcci6n del ferrocarril de larga distancia y media velocidad denominado tren interurbano México-Toluca. 4 Como se puede observar en el piano anexo 01 (visible a foja 556 Tomo I), se señala la superficie que este siendo afectada a la parcela 1087 por la construcci6n del ferrocarril de larga distancia y media velocidad denominado tren interurbano México-Toluca. Que es 537.6545 metros cuadrados. RESULTADO DE LA MEDICIÓN REALIZADA EN COMPAÑÍA DEL QUEJOSO Y DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA. 5 Como se puede observar en el plano anexo 01 (visible a foja 556 Tomo I), la superficie afectada es de 537.6545 metros cuadrados. RESULTADO DE LA MEDICIÓN REALIZADA EN COMPAÑÍA DEL QUEJOSO Y DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA. POR LO QUE SE DETERMINA QUE LA PARCELA SE AFECTO MEN SU TOTALIDAD. 6 Como se puede observar en el piano anexo 01 (visible a foja 556 Tomo I), la PARCELA 1087 del Ejido De San Mateo Atenco, FUE AFECTADA EN SU TOTALIDAD. 7 Como se puede observar en el plano anexo 01 (visible a foja 556 Tomo I), la superficie afectada es de 537.6545 metros cuadrados. RESULTADO DE LA MEDICION REALIZADA EN COMPAÑÍA DEL QUEJOSO Y DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA. Por lo que se determina que la parcela fue afectada en su totalidad, no habiendo distribución de superficies ya que el uso es solo uno. 8 Metodología: medición directa por coordenadas y poligonal de apoyo abierta, con radiaciones a los detalles importantes. Técnica: Geodésica Topográfica auxiliada por ramas de agrimensura y Planimetría, Geodesia. 9 Una vez habiendo realizado la visite y medición se concluye que la parcela 1087 del ejido de san mateo Atenco tiene una superficie medida de 537.6545 metros cuadrados. COMO SE OBSERVA EN EL ANEXO GRAFICO 01(visible a foja 556 Tomo I), Y ES OCUPADA EN SU TOTALIDAD POR LA CONSTRUCCIÓN VA TERMINADA del ferrocarril de larga distancia y media velocidad denominado tren interurbano México-Toluca. 4. Tramitado el juicio de amparo en sus etapas correspondientes, el seis de septiembre de dos mil dieciocho (fojas 840 a 850), se dictó sentencia en la que resolvió: "PRIMERO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por J. Guadalupe Alcántara Arzate, por las autoridades responsables especificadas en el considerando tercero de esta sentencia. SEGUNDO. La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a J. Guadalupe Alcántara Arzate, contra los actos y autoridad señalados en los considerados (sic) segundo y cuarto de esta resolución, para los efectos precisados en el considerando último de la misma. Notifíquese [.]". La concesión de amparo fue para el efecto de que la responsable realizara lo siguiente: "Ahora, con el propósito de acreditar la afectación a su interés jurídico, se desahogó la prueba pericial ordenada en auto de fecha veinte de enero de dos mil diecisiete, en la cual se ordenó se efectuara en los términos siguientes: ".No obstante lo anterior, con fundamento en el artículo 75 de la Ley de Amparo de oficio se ordena que se desahogue la prueba pericial en materia de topografía a cargo del perito oficial designado por este juzgado para que establezca únicamente SI LA PARCELA 1087 QUE CUYA POSESIÓN OSTENTA EL AQUÍ QUEJOSO SE ENCUENTRA AFECTADA POR LA CONSTRUCCIÓN DEL TREN INTERUBANO MÉXICO-TOLUCA." Ahora bien, del dictamen del perito oficial, con independencia de que el perito dio diversas respuestas; sin embargo, en cumplimiento al auto en comento solo se atenderá a la respuesta respetiva y que permitirá solucionar el planteamiento de demanda de amparo, por lo cual el perito oficial señaló: ". el perito determinara si la parcela 1087 del ejido de San Mateo Atenco, se encuentra afectada por la construcción del ferrocarril de larga distancia v media velocidad denominado tren interurbano México-Toluca. RESPUESTA 3. Coma se puede observar en el anexo fotográfico actualmente a la fecha de la medición, sobre la superficie del terreno se encuentra ya terminada la estructura por donde correrá el ferrocarril de larga distancia y media velocidad denominado tren interurbano México-Toluca. Por lo que efectivamente se puede afirmar que la parcela 1087 del ejido de San Mateo Atenco, se encuentra afectada por la construcción del ferrocarril de larga distancia y media velocidad denominado tren interurbano México-Toluca." Dictamen al cual se le otorga valor en términos de los artículos 197 y 211 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, el cual concluye que existe una afectación al predio que defiende el quejoso, con motivo de la construcción del proyecto multicitado. Luego entonces, es claro que se vulneró en perjuicio del núcleo agrario quejoso el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se aplica en lo conducente, la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 126 del Semanario Judicial de la Federación, Volumen CXVI, Tercera Parte, Sexta Época, Registro 265477, del rubro y texto: "PRUEBA PERICIAL, QUEDA A LA PRUDENTE APRECIACIÓN DEL JUZGADOR VALORIZAR LA. (Se transcribe)." Consecuentemente, de conformidad con lo que dispone el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo en vigor, se concede el amparo solicitado para el efecto de que el Director de Desarrollo Ferroviario y Multimodal de la Secretaria de Comunicaciones, una vez que cause ejecutoria esta sentencia, realice lo siguiente: Único. Se restituya a la parte quejosa respecto a los derechos inmersos en la parcela afectada, o en su caso se les indemnice por el valor de dicha superficie.". 5. Inconformes con dicha determinación, el Director de Asuntos Legales, en suplencia por ausencia del Director General de Desarrollo Ferroviario y Multimodal de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (foja 665-669), así como Constructora de Proyectos Viales de México, Sociedad Anónima de Capital Variable (foja 674-693), esta última, a través de su apoderado legal, interpusieron sendos recurso de revisión. 6. Determinación que fue confirmada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, mediante sesión del veintiséis de marzo pasado, en el amparo en revisión 342/2018; por tanto, el veinticuatro de abril de dos mil diecinueve (foja 815-816 Tomo II), se requirió cumplimiento a la autoridad responsable Director de Desarrollo Ferroviario y Multimodal de la Secretaria de Comunicaciones. 7. El treinta de mayo de dos mil diecinueve (foja 849), el Delegado de la Dirección General de Desarrollo Ferroviario y Multimodal de la Secretaria de Comunicaciones y Transporte, informó las gestiones que se encontraba realizando para dar cumplimiento al fallo protector y adjuntó copia certificada de diverso oficio, con el cual hace del conocimiento al Director General Adjunto de Regulación Económica, a efecto de que iniciara con los trabajos técnicos para realizar la identificación, liberación, avalúo y pago de indemnización de la parcela 1087, para dar cabal cumplimiento a la sentencia concesoria (foja 847). 8. Seguido en sus etapas, el cuatro de septiembre del año en curso (foja 939 Tomo II), el Delegado de la Dirección General de Desarrollo Ferroviario y Multimodal de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, informó que el profesionista designado por el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales INDAABIN, se constituyó en el predio materia de la litis (f. 958-959 Tomo II), a fin de efectuar los trabajos relativos a la valuación en la superficie de la parcela 1087, fijándose un plazo de veintiún días hábiles a efecto de que emitiera el avaluó de la parcela afectada, mismo que fue presentado mediante auto de veintiuno de octubre del año en curso (f. 984 Tomo II). 9. El veintidós de noviembre del año en curos (foja 1022 Tomo II), el INDAABIN, remitió el dictamen pericial en materia de valuación signado por el perito del Instituto de Administración de Bienes Nacionales, que corresponde a la fracción de la parcela 1087; en el cual, entre otras cuestiones, estableció el área de afectación era por 356.830 y 516.236 m2, que la fecha de afectación era desde noviembre de dos mil dieciséis y el monto de indemnización era por la cantidad de $936, 300.00 (novecientos treinta y seis mil trescientos pesos 00/100 moneda nacional) (fojas 979-973 Tomo II). 10. Por auto de veintiocho de noviembre del año en curso (foja 1033 Tomo II), se recibió el escrito con número de registro 19319 (foja 1031-1032 Tomo II), signado por la parte quejosa en la cual objetó el dictamen realizado por el INDAABIN, consecuentemente este juzgado consideró que se encontraba en desacuerdo con el cumplimiento al fallo protector. 11. En proveído de tres de diciembre de dos mil diecinueve, se ordenaron turnar los autos a fin de que se hiciera un análisis exhaustivo y se determinara respecto de la reserva hecha (foja 1035 tomo II). II. Consideraciones previas. Como punto de partida se debe destacar que los efectos de la concesión de amparo fueron para que la responsable realizara lo siguiente: "Único. Se restituya a la parte quejosa respecto a los derechos inmersos en la parcela afectada, o en su caso se les indemnice por el valor de dicha superficie." Por lo anterior es que se tienen tres elementos a determinar previo a indemnizar a la parte quejosa, a saber: A) ÁREA DE AFECTACIÓN En efecto, es importante destacar que en la sentencia de seis de septiembre de dos mil dieciocho, para determinar el área afectada por virtud de construcción del tren Interurbano Toluca-México, fue mediante el dictamen pericial en materia topografía, rendido por el perito oficial Edgar Butanda Carrillo, quien localizó física, geográficamente y cartográficamente las tierras que se han desincorporado del régimen de la propiedad ejidal de la parte quejosa. Lo anterior, pues uno de los parámetros por los cuales se le requirió el citado dictamen, fue para que el experto determinara el área total del terreno que fue afectada debido a la construcción del tren Interurbano Toluca-México, el cual, determinó que fue por una superficie de 537.6545 metros cuadrados, como se aprecia del anexo uno de su dictamen pericial (foja 552 tomo I): Por lo anterior, es que para efectos de valuación, únicamente se podrá tomar en cuenta el área de 537.6545 m2, como afectación a la parcela 1087, del ejido San Mateo Atenco, Estado de México, por así establecerse en la ejecutoria de amparo que está en vía de cumplimiento. B) FECHA EN QUE SE MATERIALIZÓ LA AFECTACIÓN CONTROVERTIDA, Y POR ENDE, MOMENTO QUE SE CONSIDERARÁ AL FIJAR EL VALOR COMERCIAL DEL INMUEBLE En el caso es importante destacar que en la ejecutoria de amparo se estableció que se debía indemnizar a la parte quejosa respecto de la parcela afectada; ahora, en criterio reiterado la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado en reiteradas ocasiones que dicha indemnización será a valor comercial que el terreno afectado detentaba al momento en que se materializó la afectación controvertida. Ahora, de las constancias que integran los autos se advierte que el dos de enero de dos mil catorce se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Convenio Marco de Coordinación de Acciones que celebran la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y el Estado de México, para que coadyuven en forma coordinada en la consecución de los objetivos y acciones que se requieran para impulsar la construcción, operación, explotación y mantenimiento del proyecto denominado Tren Interurbano de Pasajeros Toluca-Valle de México, en el cual se establece, en lo que interesa, lo siguiente: "CLÁUSULAS PRIMERA. OBJETO. El presente Convenio Marco de Coordinación de Acciones tiene por objeto establecer las bases de coordinación de acciones y de apoyo entre el Ejecutivo Federal por conducto de "LA SCT" y "EL ESTADO DE MÉXICO", para que en el ámbito de sus respectivas competencias y jurisdicciones, coadyuven en forma coordinada en la consecución de los objetivos y acciones que se requieran para impulsar la construcción, operación, explotación y mantenimiento del proyecto denominado "Tren Interurbano de Pasajeros Toluca-Valle de México", que en lo sucesivo será denominado "EL PROYECTO". [.] TERCERA.- OBLIGACIONES DE "EL ESTADO DE MÉXICO". Para la consecución del objeto del presente instrumento "EL ESTADO DE MÉXICO" se obliga a: a) Promover e impulsar las acciones necesarias, conforme a sus facultades y competencia para el desarrollo de "EL PROYECTO". b) Llevar a cabo en el ámbito de su competencia y jurisdicción, la liberación de los Derechos de Vía que se requieran para la realización de "EL PROYECTO"..." Sin embargo, fue hasta el mes de noviembre de dos mil dieciséis, cuando se ocupó la parcela 1087, del ejido de San Mateo Atenco, Estado de México, en beneficio de la Secretaría de Comunicaciones, por el cual pasaría el Tren Interurbano Toluca-México; lo cual se ve corroborado con el propio dicho del quejoso, pues bajo protesta de decir verdad manifestó que el día nueve de diciembre de dos mil dieciséis, acudió a su parcela, sin embargo, se percató que maquinaria había limpiado y realizado trabajos de topografía e introdujeron material para construcción. Por ende, es el mes de noviembre de dos mil dieciséis la fecha que deberá tomarse en cuenta para efectos de cuantificar la indemnización. C) FORMA DE CUANTIFICAR EL PAGO DE INDEMNIZACIÓN. Para establecer cómo se debe determinar el pago de la indemnización, es importante tomarse en cuenta el valor fiscal que figure en las oficinas catastrales o recaudadoras respecto del inmueble expropiado, que haya sido manifestado por el propietario, o aceptado tácitamente al pagar las contribuciones relativas, a fin de fijar a su valor comercial, además, debe atenderse al momento en que el decreto expropiatorio quede firme y surta efectos plenos en la esfera de derechos del afectado. Sentado lo anterior, es necesario tener en cuenta que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 79/2017, sustentadas por los Tribunales Colegiados Tercero del Vigésimo Séptimo Circuito y Cuarto en Materia Administrativa del Primer Circuito, estableció los lineamientos que se deben considerar para fijar la indemnización, a saber: - Que debía prevalecer como jurisprudencia el criterio según el cual, el avalúo de restitución de bienes debe tomar en cuenta el valor del predio ejidal afectado, desde el día en que la autoridad responsable lo ocupó o afectó en forma ilegal; esto es, para el caso en que el inmueble no pueda ser restituido al propietario por virtud de haberse edificado en él alguna obra pública de interés social, entonces, en la vía del cumplimiento sustituto, debe pagarse a la parte quejosa el valor que el predio tenía en la época en que fue afectado, pues sólo así podrá existir una correspondencia cronológica del derecho de la parte quejosa a obtener una suma de dinero que corresponda al valor económico de las prestaciones de hacer que la ejecutoria impuso a la autoridad responsable, como si ésta se hubiera cumplido puntualmente. - Que así lo sostuvo el Pleno de la Suprema Corte, al resolver el incidente de inejecución 62/2000, del cual surgieron dos tesis aisladas, cuyos rubros son: - "SENTENCIAS DE AMPARO. SI SU CUMPLIMIENTO SUSTITUTO CONSISTE EN PAGO DE NUMERARIO EN LUGAR DE LA DEVOLUCIÓN DEL BIEN AFECTADO, EL CÁLCULO DEL AVALÚO DEBE RETROTRAERSE A LA ÉPOCA EN QUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE VIOLÓ LAS GARANTÍAS CONSTITUCIONALES DEL QUEJOSO." y - "SENTENCIAS DE AMPARO. PARA EFECTOS DE SU CUMPLIMIENTO SUSTITUTO, EL VALOR COMERCIAL DE UN TERRENO EN LA ÉPOCA EN QUE DEBIÓ DECRETARSE SU DEVOLUCIÓN, DEBE INCLUIR EL FACTOR DE ACTUALIZACIÓN QUE PREVÉ EL ARTÍCULO 7o., FRACCIÓN II, DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA." - Que la época de la valuación será jurídicamente correcta cuando se asigne al bien el valor que tenía en la fecha en que fue afectado, y en la cual debió decretarse su reversión, toda vez que por virtud de la reversión el bien entra nuevamente al dominio del afectado conforme a las características que tenía y en el estado que guardaba al momento en que debió decretarse la reversión, mas como esto no fue posible, al haberse demostrado que debía prevalecer el interés social y público frente al particular de los propietarios de los bienes, entonces, el valor que habría de entregarse en sustitución de la obligación principal, debería ser el que tenía precisamente en la fecha en que se ocupó ilegalmente el bien, en aplicación de la regla retrospectiva establecida en el artículo 77 de la Ley de Amparo vigente, respecto a la restitución en el goce de las garantías violadas. - Que desde que se resolvió el incidente invocado (62/2000) el Pleno de la Suprema Corte precisó, además, que en el avalúo sólo debió valuarse la tierra, sin accesorios, pues la edificación en el terreno no corrió por cuenta y riesgo de los haberes patrimoniales de la parte quejosa, sino de los fondos gubernamentales, por tratarse de una obra pública; sostener lo contrario, significaría contravenir los efectos restitutorios de los mandatos de amparo previstos en el artículo 77 de la ley de la materia que, como se ha dicho, estatuye un marco referencial en el tiempo para la reposición en el goce de las garantías individuales violadas, el cual se ubica en la época en que se cometieron las infracciones constitucionales. - Que en dicho precedente se especificó, incluso, que en el avalúo no deben tomarse en cuenta las edificaciones construidas por el gobierno en el predio en litigio, toda vez que, en el caso, no se está en presencia de un deber de restituir a la parte quejosa en la posesión de algún bien, sino de pago en la vía del cumplimiento sustituto; así lo sostuvo el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el incidente de inejecución de sentencia 62/2000, que dice: "... a propósito de la ejecución de sentencias de amparo en inmuebles, la Segunda Sala de la anterior integración de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, sustentó la jurisprudencia del rubro y tenor siguientes: 'EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE AMPARO EN INMUEBLE.' (lo transcribe)." - Señaló que en aquella jurisprudencia se estableció "claramente que cuando una sentencia de amparo ordena que se restituya al gobernado en la posesión perdida, la restitución debe hacerse con todo lo existente en el inmueble a devolver, aun cuando pertenezca a personas extrañas al juicio, si es imposible separarlo de la superficie del suelo o del subsuelo; sin embargo, estimó que no era aplicable, porque en ese caso no se estaba en presencia de un deber de restituir a la parte quejosa en la posesión de algún bien, sino de pago en la vía del cumplimiento sustituto. - Que la conclusión a que se arribó entonces, es que la valuación del predio debe circunscribirse a la fecha en que aquél fue afectado, y en dicho procedimiento sólo debe justipreciarse la tierra, prescindiendo de las construcciones y obras de urbanización actualmente existentes. - La Segunda Sala agregó que: "[...] Lo anterior, porque si en términos de lo dispuesto en el artículo 80 de la Ley de Amparo las sentencias que conceden la protección constitucional tienen el efecto de restituir al quejoso en el pleno goce de la garantía violada, la cantidad a entregar con motivo del cumplimiento sustituto del fallo protector, debe tener un poder adquisitivo razonablemente análogo al que la respectiva obligación dineraria tenía al momento en que jurídicamente tuvo derecho a recibirla. Sobre este punto, es pertinente acotar que ni la Ley de Amparo ni el Código Federal de Procedimientos Civiles, supletoriamente aplicado, establecen un procedimiento para actualizar el referido valor; no obstante, debe estarse al mecanismo de actualización que permite conocer el valor de los bienes o de operaciones que por el transcurso del tiempo y con motivo de los cambios de precios en el país, han variado, previsto en el artículo 7o., fracción II, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, que establece, en lo conducente: 'Artículo 7o. Cuando esta ley prevenga el ajuste o la actualización de los valores de bienes o de operaciones, que por el transcurso del tiempo y con motivo de los cambios de precios en el país han variado, se estará a lo siguiente: [...] 'II. Para determinar el valor de un bien o de una operación al término de un periodo, se utilizará el factor de actualización que se obtendrá dividiendo el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes más reciente del periodo, entre el citado índice correspondiente al mes más antiguo de dicho periodo.' En ese tenor, para actualizar el monto de las obligaciones dinerarias que con motivo de un fallo protector deben entregarse al gobernado, esta Suprema Corte de Justicia de la Nación estima que, por igualdad y equidad de razón, debe aplicarse para tales fines el sistema previsto en el artículo 7o., fracción II, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, conforme al cual, para determinar el valor de un bien o de una operación al término de un periodo, se utilizará el factor de actualización que se obtendrá dividiendo el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes más reciente del periodo, entre el citado índice correspondiente al mes más antiguo de dicho periodo. Es aplicable al caso la jurisprudencia número P. XXVII/2003 del Tribunal Pleno, del rubro y tenor siguientes: Novena Época Instancia: Pleno Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo: XVIII, diciembre de 2003 Tesis: P. XXVII/2003 Página: 19 'SENTENCIAS DE AMPARO. CUANDO SU CUMPLIMIENTO CONLLEVE LA OBLIGACIÓN DE PAGAR EL VALOR DE UN BIEN INMUEBLE, EL MONTO A CUBRIR SERÁ EL QUE RESULTE DE ACTUALIZAR EL VALOR QUE TENÍA, DESDE EL MOMENTO EN QUE SE REALIZÓ EL ACTO RECLAMADO HASTA LA FECHA EN QUE SE EFECTÚE EL PAGO, CONFORME AL PROCEDIMIENTO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 7o., FRACCIÓN II, DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA.' (La transcribe)...' - También reiteró el criterio sostenido, al resolver el incidente de cumplimiento sustituto 16/2017, donde precisó que: "el cálculo del avalúo que realice la perito oficial debe versar sobre el valor comercial que tenía la superficie al momento en que se llevaron a cabo los hechos planteados en la demanda, más el correspondiente factor de actualización, en tanto que es con motivo de esa resolución que, en su caso, será ordenado el pago correspondiente, por lo que debe atenderse al valor comercial histórico y no actual de la superficie." - Que además de los argumentos sostenidos en los dos incidentes invocados en la citada ejecutoria, también fundó su conclusión en la jurisprudencia, aplicable por analogía, cuyos datos de localización, rubro y texto, son los siguientes: 'Novena Época Registro digital: 162276 Instancia: Segunda Sala Tipo de tesis: jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXXIII, abril de 2011 Materia administrativa Tesis: 2a./J. 47/2011 Página: 591 SERVIDUMBRE LEGAL DE PASO SOBRE TERRENOS EJIDALES PARA LA INSTALACIÓN DE POSTES Y CABLEADO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. LA INDEMNIZACIÓN RESPECTIVA DEBE CALCULARSE CONFORME AL VALOR COMERCIAL DEL INMUEBLE AFECTADO AL CONSTITUIRSE AQUÉLLA, MÁS SU CORRESPONDIENTE ACTUALIZACIÓN.-El artículo 1070 del Código Civil Federal señala que las servidumbres establecidas para la utilidad pública se regirán por las leyes y reglamentos especiales y, en su defecto, por las disposiciones del Título Sexto del propio Código, que regula ese derecho real; por su parte, el artículo 23 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica prevé que la constitución de servidumbres para la instalación de postes y cableado de energía eléctrica se ajustará a las disposiciones del referido Código; y finalmente, como la Ley Agraria no establece regulación alguna para las servidumbres con ese destino, es evidente que para ellas cobra aplicación la normativa de la codificación civil federal. Por tanto, al tratarse de un gravamen real impuesto sobre un inmueble en beneficio de otro perteneciente a distinto dueño, en términos del artículo 1057 del referido Código, la indemnización sólo debe comprender el valor comercial de la superficie afectada, determinado por peritos, teniendo en cuenta los precios de plaza y los frutos que, en su caso, produjere o fuere capaz de producir el inmueble en el momento en que materialmente se constituyó la servidumbre, en términos del supletorio artículo 155 del Código Federal de Procedimientos Civiles, más la correspondiente actualización a la fecha en que se condene a su pago, cuya cuantificación corresponde hacer en el incidente de liquidación de sentencia respectivo, a fin de que la indemnización refleje el valor presente.' - Que en la ejecutoria de la cual surgió esa jurisprudencia se precisó que como la servidumbre es un gravamen real impuesto sobre un inmueble en beneficio de otro perteneciente a distinto dueño, la indemnización a pagar por la afectación sólo debe comprender el valor comercial de la superficie menoscabada, teniendo en cuenta los precios de plaza, los frutos que, en su caso, produjere o fuere capaz de producir el inmueble en el momento en que materialmente se constituyó la servidumbre o, como en el caso, la ocupación ilegal de los predios. - En conclusión, el avalúo de restitución de bienes debe tomar en cuenta el valor del predio ejidal afectado, desde el día en que la autoridad responsable lo ocupó o afectó en forma ilegal; en el caso, siete de diciembre de mil novecientos cuarenta y tres, entonces, debe pagarse a la parte quejosa el valor que el predio tenía en la época en que fue afectado, pues sólo así podrá existir una correspondencia cronológica del derecho de la parte quejosa a obtener una suma de dinero que corresponda al valor económico de las prestaciones de hacer que la ejecutoria impuso a la autoridad responsable, como si ésta se hubiera cumplido puntualmente. Consideraciones anteriores que derivaron en el criterio jurisprudencial 2a./J. 13/2018 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, con registro 2016491, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 52, Marzo de 2018, Tomo II, página 1350, de rubro y texto siguientes: "INDEMNIZACIÓN POR OCUPACIÓN ILEGAL DE TIERRAS EJIDALES. EL VALOR COMERCIAL QUE DEBE TOMARSE EN CUENTA AL ELABORAR EL AVALÚO, ES EL QUE TENÍAN AL MOMENTO EN QUE FUERON AFECTADAS, MÁS LA ACTUALIZACIÓN CORRESPONDIENTE. El derecho de un ejido o comunidad a recibir la indemnización por la ocupación ilegal de sus tierras surge cuando: a) se acrediten los elementos de la acción de restitución, entre otros, la ilegalidad de la ocupación; y b) se demuestre que las parcelas en cuestión se destinaron a la prestación de servicios públicos de interés general y social, por lo que resulta imposible devolverlas al ejido y, por tanto, se genera para éste el derecho al cumplimiento sustituto, esto es, al pago de una indemnización. Ahora bien, el valor comercial del bien a tomar en cuenta al elaborar el avalúo, es el que las tierras tenían al ser afectadas, es decir, cuando se ocuparon ilegalmente, toda vez que desde ese momento fue afectada la posesión que correspondía al ejido propietario y, por tanto, es a esa fecha a la cual debe retrotraerse el avalúo, sin considerar las edificaciones sobrevenidas; lo anterior, sin perder de vista que el valor declarado deberá actualizarse al momento de su liquidación." Ahora, el monto referido en el apartado anterior, debe actualizarse dado que el valor del precio de los inmuebles varía por el transcurso del tiempo, esto es, la actualización consiste en traer a valor actual el precio que los bienes y productos tuvieron en el pasado a fin de adecuarlos a las condiciones económicas impetrantes en el momento presente, con el motivo del transcurso del tiempo. Tiene sustento lo anterior con la Tesis: P. XXVII/2003 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, con registro 182533, publicado en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVIII, Diciembre de 2003, página 19, de rubro y texto siguientes: "SENTENCIAS DE AMPARO. CUANDO SU CUMPLIMIENTO CONLLEVE LA OBLIGACIÓN DE PAGAR EL VALOR DE UN BIEN INMUEBLE, EL MONTO A CUBRIR SERÁ EL QUE RESULTE DE ACTUALIZAR EL VALOR QUE TENÍA, DESDE EL MOMENTO EN QUE SE REALIZÓ EL ACTO RECLAMADO HASTA LA FECHA EN QUE SE EFECTÚE EL PAGO, CONFORME AL PROCEDIMIENTO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 7o., FRACCIÓN II, DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA. De conformidad con el artículo 80 de la Ley de Amparo, cuando se trata de actos de carácter positivo, la sentencia que concede el amparo tendrá por objeto restituir al gobernado en el pleno goce de sus garantías violadas, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, por lo que en el supuesto de que el cumplimiento del fallo protector conlleve la obligación de pagar al quejoso el valor del bien inmueble materia de la litis, la cantidad de dinero que las autoridades responsables deberán pagar será la que resulte de actualizar el valor que tenía el referido bien, desde el momento en que se realizó el acto declarado inconstitucional hasta la fecha en que se efectúe el pago correspondiente, ya que la restitución al quejoso en el pleno goce de sus garantías individuales violadas lleva implícito el deber de actualizar ese valor, para que el monto resultante tenga un poder adquisitivo análogo al que tenía en la época en que se emitió el acto reclamado. Ahora bien, ante la falta de norma expresa que establezca la forma en que debe actualizarse el monto de las obligaciones monetarias que deben cubrirse en cumplimiento de una ejecutoria de amparo debe aplicarse, por identidad de razón, el mecanismo de actualización que prevé el artículo 7o., fracción II, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, conforme al cual, para determinar el valor de un bien o de una operación que ha variado por el transcurso del tiempo y con motivo de los cambios de precios en el país en un periodo determinado, se utilizará el factor de actualización que se obtiene de dividir el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes más reciente del periodo, entre el citado índice correspondiente al mes más antiguo de dicho periodo, en el entendido de que para conocer el valor de las obligaciones contraídas con anterioridad al 1o. de enero de 1993, es necesario convertir su monto a pesos actuales, considerando para ello que un peso actual equivale a mil pesos de los anteriores, ya que de conformidad con el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de junio de 1992, por el que se crea una nueva unidad del Sistema Monetario de los Estados Unidos Mexicanos, la nueva unidad monetaria equivale a mil de la unidad anterior." En ese sentido el mecanismo que permite conocer el valor de los bienes o de operaciones que por el transcurso del tiempo y con motivo de los cambios de precios en el país, se encuentra previsto en el artículo 6, de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente. En ese tenor, para actualizar el monto de las obligaciones dinerarias que con motivo de un fallo protector deben entregarse al gobernado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación estimó que, por igualdad y equidad de razón, debe aplicarse para tales fines el sistema previsto en el artículo 6, fracción II, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, conforme al cual, para determinar el valor de un bien o de una operación al término de un periodo, se utilizará el factor de actualización que se obtendrá dividiendo el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes más reciente del periodo, entre el citado índice correspondiente al mes más antiguo de dicho periodo, por tanto, los peritos deberán ceñirse a dicho criterio. III. Marco legal: Expuesto lo anterior, es necesario verificar cuáles son las disposiciones aplicables a efecto de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, esto es, indemnizar a la parte quejosa respecto de su parcela; en ese sentido, se tiene que la parte quejosa impugnó el peritaje ofrecido por el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales. Por tanto, como el terreno está afecto a utilidad pública es que en términos del artículo 1 de la Ley de Expropiación, se estima que debe regirse el procedimiento de indemnización por dicha normatividad, pues ésta dispone las formas y términos en que se ha llevar el trámite para determinar el monto a indemnizar cuando un terreno está siendo afectado por causa de utilidad pública, por lo cual, es necesario transcribir, en lo que interesa, los artículos relativos: "Ley de Expropiación Artículo 10. El precio que se fijará como indemnización por el bien expropiado, será equivalente al valor comercial que se fije sin que pueda ser inferior, en el caso de bienes inmuebles, al valor fiscal que figure en las oficinas catastrales o recaudadoras. El monto de la indemnización por la expropiación, la ocupación temporal o la limitación de dominio se fijará por el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales o Instituciones de crédito o corredores públicos o profesionistas con posgrado en valuación, que se encuentren autorizados en los términos que indique el Reglamento. La Secretaría de la Función Pública emitirá las normas, procedimientos, criterios y metodologías de carácter técnico, conforme a los cuales se realizarán los avalúos, considerando la diversidad de bienes y derechos objeto de valuación, así como sus posibles usos y demás características particulares. Artículo 11. Cuando se controvierta el monto de la indemnización a que se refiere el artículo anterior, se hará la consignación al juez que corresponda, quien fijará a las partes el término de tres días para que designen sus peritos, con apercibimiento de designarlos el juez en rebeldía, si aquéllos no lo hacen. También se les prevendrá designen de común acuerdo un tercer perito para el caso de discordia, y si no lo nombraren, será designado por el juez. Artículo 12. Contra el auto del juez que haga la designación de peritos, no procederá ningún recurso. Artículo 13. En los casos de renuncia, muerte o incapacidad de alguno de los peritos designados, se hará nueva designación dentro del término de tres días por quienes corresponda. Artículo 14. Los honorarios de cada perito serán pagados por la parte que deba nombrarlo y los del tercero por ambas. Artículo 15. El juez fijará un plazo que no excederá de sesenta días para que los peritos rindan su dictamen. Artículo 16. Si los peritos estuvieren de acuerdo en la fijación del valor de las mejoras o del demérito, el juez de plano fijará el monto de la indemnización; en caso de inconformidad, llamará al tercero, para que dentro del plazo que le fije, que no excederá de treinta días, rinda su dictamen. Con vista de los dictámenes de los peritos, el juez resolverá dentro del término de diez días lo que estime procedente. Artículo 17. Contra la resolución judicial que fije el monto de la indemnización, no cabrá ningún recurso. De la anterior trascripción se obtiene que el precio que se fijará como indemnización por el bien expropiado, será equivalente al valor comercial que se fije sin que pueda ser inferior, en el caso de bienes inmuebles, al valor fiscal que figure en las oficinas catastrales o recaudadoras. El monto de la indemnización por la expropiación, la ocupación temporal o la limitación de dominio se fijará por el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales o Instituciones de crédito o corredores públicos o profesionistas con posgrado en valuación, que se encuentren autorizados en los términos que indique el Reglamento. Asimismo, establece que la Secretaría de la Función Pública emitirá las normas, procedimientos, criterios y metodologías de carácter técnico, conforme a los cuales se realizarán los avalúos, considerando la diversidad de bienes y derechos objeto de valuación, así como sus posibles usos y demás características particulares. Por otra parte, cuando se controvierta el monto de la indemnización a que se refiere el artículo anterior, se hará la consignación al juez que corresponda, quien fijará a las partes el término de tres días para que designen sus peritos, con apercibimiento de designarlos el juez en rebeldía, si aquéllos no lo hacen. También se les prevendrá designen de común acuerdo un tercer perito para el caso de discordia, y si no lo nombraren, será designado por el juez. Contra el auto del juez que haga la designación de peritos, no procederá ningún recurso. Además, se establece que en los casos de renuncia, muerte o incapacidad de alguno de los peritos designados, se hará nueva designación dentro del término de tres días por quienes corresponda. En otro apartado se establece que el juez fijará un plazo que no excederá de sesenta días para que los peritos rindan su dictamen. De lo expuesto se pueden obtener seis premisas para realizar la indemnización, a saber: I. El precio que se fijará como indemnización por el bien expropiado, será equivalente al valor comercial; II. El monto de la indemnización por la expropiación, la ocupación temporal o la limitación de dominio se fijará por el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales o Instituciones de crédito o corredores públicos o profesionistas con posgrado en valuación; III. Cuando se controvierta el monto de la indemnización, se fijará a las partes el término de tres días para que designen sus peritos, para el caso de que haya discordia, será designado un tercer perito por el juez; IV. En los casos de renuncia, muerte o incapacidad de alguno de los peritos designados, se hará nueva designación dentro del término de tres días por quienes corresponda; V. Los honorarios de cada perito serán pagados por la parte que deba nombrarlo y los del tercero por ambas; y, VI. El juez fijará un plazo que no excederá de sesenta días para que los peritos rindan su dictamen. IV. CONTROVERSIA RESPECTO DEL DICTAMEN PERICIAL RENDIDO POR EL PERITO DEL INSTITUTO DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES NACIONALES. En el caso, como la parte quejosa impugnó el dictamen pericial en materia de valuación emitido por el perito del Instituto de Administración de Bienes Nacionales, por tanto, en términos del artículo 11 de la Ley de Expropiación, se requiere a las partes para que en el término de tres días designen sus peritos, con apercibimiento de designarlos el juez en rebeldía, si aquéllos no lo hacen, de igual modo se les previene para que designen de común acuerdo un tercer perito para el caso de discordia, y si no lo nombraren, será designado por este Juzgado. En el entendido de que cuando presenten a su perito para que acepte y proteste el cargo conferido, deberá acreditar los conocimientos técnicos como peritos valuadores. Con el apercibimiento que en caso de ser omisos al respecto en el lapso concedido se declara desierta dicha probanza y únicamente se tomara en cuenta el dictamen que haya emitido el perito propuesto por el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales. V. Conclusiones En mérito de lo expuesto se estima que los peritajes que se desahoguen deberán considerar: 1) Que sus respectivos peritos tienen los conocimientos a que se refiere el artículo 10, segundo párrafo, de la Ley de Expropiación, consistente en que deben contar con conocimientos técnicos en materia de valuación; 2) Que el área de afectación materia de la ejecutoria de amparo es de 537.6545m2. b) Que la fecha para fijar el valor comercial del inmuebles es a partir del mes de noviembre de dos mil dieciséis. c) Para establecer el "valor comercial" deberán tomar en cuenta la fecha en que se materializó la afectación -noviembre de dos mil dieciséis-, el área de afectación 537.6545m2, así como el valor fiscal que figure en las oficinas catastrales o recaudadoras respecto del inmueble expropiado, que haya sido manifestado por el propietario, o aceptado tácitamente al pagar las contribuciones relativas, atendiendo a lo dispuesto por el artículo 10 de la Ley de Expropiación, a la fecha en que se afectó la parcela 1087, del ejido de San Mateo Atenco, Estado de México. 3) Finalmente, a efecto de actualizar el valor comercial el dictamen pericial respectivo deberá ceñirse al procedimiento establecido en el artículo 6o., fracción II, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, esto es, utilizará el factor de actualización que se obtendrá dividiendo el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes más reciente del periodo, entre el citado índice correspondiente al mes más antiguo de dicho periodo. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa y por oficio a las autoridades responsables. Notifíquese.
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VI) Toluca, Estado de México; diez de diciembre de dos mil diecinueve. Radicación. Se tiene por recibida la demanda de amparo promovida por Fidel Urbina Mendoza, contra actos del Juez Segundo Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de El Oro de Hidalgo con residencia en Atlacomulco, Estado de México, Fórmese expediente y regístrese en el Libro de Gobierno con el número 1577/2019-IV. Desechamiento. Antes de admitir la demanda de amparo, es menester verificar que no exista motivo manifiesto e indudable de improcedencia, en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo, que dispone: "El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Así, de la lectura integral de la demanda, se desprende que la quejosa reclama: La sentencia interlocutoria de veinticinco de noviembre de dos mil diecinueve, dictada con motivo del recurso de revocación, interpuesto contra el auto de treinta de octubre del año en curso, en donde la autoridad responsable declaró improcedente la solicitud del quejoso de desistirse del embargo del bien inmueble para garantizar el pago, ello en los autos del incidente de ejecución de sentencia 579/2012. Ahora, es importante destacar que los actos reclamados por la quejosa, se emitieron en la etapa de ejecución de sentencia en el expediente 579/2012, del índice del Juzgado responsable, los cuales no pueden considerarse como la última actuación en dicha etapa de ejecución. Lo anterior se considera así porque nuestro máximo Tribunal ha establecido que el significado de la expresión "última resolución" es aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para su cumplimiento, lo cual, no es el caso que nos ocupa, ya que los proveídos que se combaten no cumplen con esa exigencia. Subrayado lo anterior, en atención a lo expuesto por la quejosa en su escrito de demanda, se concluye que los actos que reclama forman parte del procedimiento de ejecución de sentencia en el expediente 579/2012, ya que lo que reclama medularmente, es la ejecución de la sentencia interlocutoria de veinticinco de noviembre de dos mil diecinueve, dictada con motivo del recurso de revocación, interpuesto contra el auto de treinta de octubre del año en curso, en donde la autoridad responsable declaró improcedente la solicitud del quejoso de desistirse del embargo del bien inmueble para garantizar el pago, ello en los autos del incidente de ejecución de sentencia 579/2012. Es decir, se trata de actos encaminados a lograr la ejecución de la sentencia del expediente de origen. Por lo anterior se advierte la actualización de la hipótesis normativa contenida en el artículo 113 de la Ley de Amparo que da lugar a su desechamiento de plano, en virtud de que se evidencia la causa de improcedencia prevista en el dispositivo 107, fracción IV, del ordenamiento citado en relación con el 61, fracción XXIII, del mismo los cuales establecen: "Artículo 61: El juicio de amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." "Artículo 107: El amparo indirecto procede: . IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. Del artículo transcrito en segundo término se advierte que cuando se trata de actos dictados en la etapa de ejecución de sentencia, el juicio de amparo sólo podrá interponerse contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, debiéndose entender por ésta la que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento. El fin perseguido por dicha norma es el de no entorpecer el procedimiento de cumplimiento de sentencias definitivas, al ser una cuestión de orden público, dado que la sociedad está interesada en que prevalezca el estado de derecho mediante el íntegro acatamiento de las resoluciones de los tribunales. Por ello, el artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo implícitamente contempla que el juicio de amparo no puede ser un medio legal para entorpecer los procedimientos de ejecución ya que, estimar lo contrario, contravendría el espíritu del artículo 17 constitucional que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia de manera pronta, completa e imparcial. Por lo anterior, es dable establecer que aquella norma, armonizada con el texto del artículo 17 constitucional, persigue que no se paralice el cumplimiento de las sentencias definitivas dictadas por los tribunales, poniendo de manifiesto que el interés general de la sociedad de que se cumplan dichas resoluciones está por encima al particular que pretende evitarlo. En ese sentido, se advierte que en el juicio del cual emana el acto reclamado la parte quejosa es parte (demandada); ha comparecido al procedimiento, y en dicho procedimiento se dictó sentencia, el cual se encuentra en la etapa de ejecución del mismo. De lo cual se sigue que el acto reclamado está encaminado al cumplimiento de la sentencia emitida en el expediente de ejecución de sentencia 579/2012 del índice del Juez Segundo Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de El Oro, con residencia en Atlacomulco, Estado de México; por ende, al ser actuaciones realizadas en ejecución del mismo quedan regidas por las disposiciones a que se refiere el artículo 107, fracción IV, de la ley de la materia antes transcrito, es decir, no pueden analizarse en el juicio de amparo indirecto por no tratarse de la última resolución dictada en el procedimiento respectivo; se insiste, aquélla que tenga por cumplida la sentencia en comento o declare la imposibilidad para ello. Esto es, cuando se trata de actos dictados después de concluido el juicio, debe atenderse si el acto reclamado constituye o no la última resolución, que como se ha visto en forma genérica, es la que declara cumplida la sentencia o convenio o que establece la imposibilidad para ello. Por tanto, la ejecución de la sentencia dictada por la autoridad responsable, que reclama la ahora quejosa va encaminada a requerir el pago o embargo de la cantidad a la que fue condenada la parte quejosa, y la cual no puede ser considerada la última resolución dictada en tal procedimiento, pues no constituye la última resolución con la que culmina el procedimiento de ejecución en el juicio de origen; por ende, se actualiza la causal en análisis y, en consecuencia, se impone desechar de plano la demanda de amparo, con apoyo en los artículos 107, fracción IV, en relación con el 61, fracción XXIII, de la Ley de la materia. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 31, Tomo XIII, Abril de 2001 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta que establece: "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "ÚLTIMA RESOLUCIÓN", A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA. La referida disposición exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la última resolución dictada en dicho procedimiento. Ahora bien, este requisito tiene como finalidad, de conformidad con lo previsto en la exposición de motivos de la ley citada, evitar que se abuse del juicio de garantías, lo que se obtiene si la procedencia de éste contra violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia, se limita a la impugnación de la "última resolución" que se dicte en esa fase ejecutiva, resolución que debe ser entendida como aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 113 de la legislación invocada, al que se acude en forma analógica, ante la inexistencia de otro ordenamiento que proporcione una interpretación diferente. También es aplicable la jurisprudencia VI.2o. J/27, visible en la página 435, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: II, Septiembre de 1995, Novena Época, sustentada por el otrora Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, que a la letra dice: "EJECUCIÓN DE SENTENCIAS. AMPARO IMPROCEDENTE. Si el acto reclamado consiste en una resolución dictada en ejecución de una sentencia y la cual no es la última en el procedimiento de ejecución, el juicio de garantías debe estimarse improcedente, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 114, fracción III, de la Ley de Amparo." Asimismo, sustenta en lo conducente la tesis ejecutoria del Octavo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III, Mayo de 1996, Página: 676, Tesis: I.8o.C.46 C, que reza: "PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN. ÚNICAMENTE ES RECLAMABLE EN AMPARO LA ULTIMA DETERMINACIÓN DICTADA EN EL, AUN CUANDO SEA REGULADO POR UN PROCEDIMIENTO CONVENCIONAL. Si en el convenio que celebraron las partes y que se pretende ejecutar, éstas señalaron un procedimiento convencional, ello en nada puede variar las reglas fijadas por la Ley de Amparo para la procedencia del juicio de garantías, pues independientemente de que el procedimiento convencional difiere en forma y términos al procedimiento de ejecución señalado en la ley aplicable, de cualquier manera culminará con una resolución que le pondrá fin y, en contra de ésta, se podrá interponer el amparo, previo el recurso ordinario que se promueva; por lo tanto, el hecho de que la ejecución del convenio se lleve a cabo conforme al procedimiento convencional, no excluye la aplicación de la regla establecida en el artículo 114, fracción III, de la Ley de Amparo, pues si esa pretensión fuera legalmente correcta, conduciría al extremo inadmisible de que por un simple acuerdo entre particulares el amparo indirecto sería procedente en contra de cualquier determinación que se dictara en el procedimiento pactado al efecto, lo cual resulta contrario al espíritu de la citada Ley Reglamentaria, que es de orden público." Así como la diversa tesis aislada número I.3°.C.765C, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, consultable a página 1345 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXX, octubre de 2009, Novena Época, cuyo rubro y texto es el siguiente: "AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DICTADOS EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA. PROCEDE RESPECTO DE LA "ÚLTIMA RESOLUCIÓN" DICTADA EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, ES DECIR, HASTA QUE SE HAGA EL PAGO DE LO CONDENADO O SE DECLARE LA ABSOLUTA IMPOSIBILIDAD PARA ELLO. El artículo 114, fracción III, párrafo segundo, de la Ley de Amparo exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la "última resolución" dictada en dicho procedimiento; en el caso del auto de ejecución, dictado por el Juez, en el que en cumplimiento de la condena que establece una obligación de pago, se ordene el requerimiento de la misma con motivo de la cantidad líquida a que se condenó a la parte que la adeudare y se le aperciba que en caso de no hacerlo se embargarán bienes de su propiedad suficientes para garantizar el pago de dicho adeudo, no constituye la "última resolución" que se dicta y en contra de la cual proceda la vía constitucional biinstancial, porque se encuentra supeditado al resultado de las diligencias materiales de lo ordenado, que dependen de la voluntad del condenado, por lo que en caso de que se logre o no el pago requerido, la autoridad determinará los actos conducentes a la ejecución correspondiente en contra de los que no procede el amparo indirecto. Lo anterior es así, en virtud de que el procedimiento de ejecución obedece a la existencia de un fallo con rango de cosa juzgada y que debe cumplimentarse atento a su naturaleza de orden público; sin embargo, los proveídos que se dicten para ello se encuentran supeditados a las resultas de la diligenciación material de lo que se ordenó, los que a su vez dependen de dos factores, consistentes en la voluntad del condenado y la posibilidad o no de lograr el pago requerido y que son actuaciones que se emitirán conforme al contenido de la resolución definitiva. Por tanto, será hasta que se haga el pago de lo condenado o se declare la absoluta imposibilidad para ello, que proceda el amparo con el posible efecto restitutorio que le imprime el artículo 80 de la Ley de Amparo, que permite restablecer el orden constitucional mediante la devolución de lo pagado si se demuestra la violación de garantías." Con base en las anteriores consideraciones, se concluye que el juicio de amparo es improcedente, pues como ya se precisó, los actos reclamados no constituyen la última resolución del procedimiento de ejecución de sentencia, por lo que se actualiza la causal en análisis y, en consecuencia, se impone desechar de plano la demanda de amparo, con apoyo en los artículos 107, fracción IV, en relación con el 61, fracción XXIII, y 113 de la ley de la materia. Lo anterior, guarda congruencia, con el hecho de que admitir y dar trámite al juicio constitucional por cuanto hace al acto reclamado, a nada práctico llevaría, razón por la cual es mejor que la parte promovente tenga conocimiento desde el inicio del resultado del análisis preliminar de la demanda de amparo, y a su vez, se evite la práctica de un trámite innecesario en atención a lo establecido por la garantía de prontitud en la impartición de justicia prevista en el artículo 17 Constitucional. Sobre el particular se invoca en la jurisprudencia IV.2o.C. J/2 (10a.), publicada en la página 1539 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 6, Mayo de 2014, Tomo III, Décima Época, Materia Común, número de registro 2006338, que a la letra dice: "ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. NO LO SON LAS VIOLACIONES PROCESALES, AUN CUANDO PUEDAN CALIFICARSE COMO DE GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO (LEY DE AMPARO, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE 2 DE ABRIL DE 2013). El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión 6/95, que dio lugar a la emisión de la tesis aislada P. CXXXIV/96, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IV, noviembre de 1996, página 137, de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA PUBLICADA BAJO EL RUBRO 'PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, DEBIENDO RECLAMARSE EN AMPARO DIRECTO CUANDO SE IMPUGNA LA SENTENCIA DEFINITIVA').", sostuvo que la distinción entre actos dentro del juicio que afecten de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por las garantías individuales y los que sólo afecten derechos adjetivos o procesales, era un criterio útil para determinar que, en el primer caso, procede el amparo indirecto y, en el segundo, el directo, pero que ese criterio no debía ser absoluto, pues se consideró que algunas violaciones procesales podían ser combatidas en amparo indirecto, de modo excepcional, cuando afectaran a las partes en grado predominante o superior. Posteriormente, emitió la jurisprudencia P./J. 4/2001, publicada en los mismos medio de difusión y Época, Tomo XIII, enero de 2001, página 11, de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO.", en la cual reiteró el criterio que sustentó al resolver el citado amparo, precisando en éste que la interpretación que se había dado a la fracción III, inciso b), del artículo 107 constitucional, debía restringirse o moderarse en los términos que se sustentaba, entre otras razones, porque dicho artículo constitucional, al establecer la procedencia del juicio de amparo, contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, no hacía distinción entre actos sustantivos y adjetivos o intraprocesales, ni excluía a estos últimos, los que, se sostuvo, también podían tener una ejecución de imposible reparación y, por ende, se estimó que no existía ningún inconveniente de carácter constitucional para enmendar o moderar la tesis en los términos propuestos. Ahora bien, con la reforma de seis de junio de dos mil once, prevalece la circunstancia de que el artículo 107, fracción III, inciso b), constitucional, no define el concepto de actos en juicio que sean de imposible reparación; sin embargo, la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, publicada en el Diario Oficial de la Federación de 2 de abril de 2013, en la fracción V de su artículo 107, ya define a los actos de imposible reparación, como aquellos "... que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte ...". Lo que implica que una violación procesal, que sólo produzca una afectación de esa naturaleza, aun cuando pueda calificarse como de grado predominante o superior, no puede ser sujeta al análisis inmediato en el juicio de amparo indirecto, pues a la luz de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación de 2 de abril de 2013, esa vía se encuentra reservada a aquellos actos que, aunque procesales, produzcan una afectación material a los derechos sustantivos del gobernado, como podrían ser, el embargo, la imposición de multas, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, el arresto, etcétera. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL CUARTO CIRCUITO." Domicilio. En términos del artículo 305 y 306 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones la lista que se fija en este órgano jurisdiccional por así señalarlo el quejoso expresamente. Autorizados. Con fundamento en el artículo 12 de la Ley de Amparo se tiene como autorizados en términos restringidos a Mariano Estrada Lechuga y Marina del Carmen Romero Cruz, por no contar con el registro de su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Se habilitan días y horas inhábiles. En términos del artículo 21 párrafo tercero de la Ley de Amparo, se ordena habilitar días y horas inhábiles para la realización de las futuras notificaciones relativas a este juicio de amparo, de igual forma, se faculta al Secretario adscrito a este órgano de control constitucional, para que en virtud de sus atribuciones, firme todos los oficios y comunicaciones derivadas del sumario actual. Transparencia. Con fundamento en el artículo 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se requiere a las partes para que expresen su consentimiento sobre la información confidencial que se genere con motivo de la tramitación del juicio, apercibidos que de no hacer manifestación alguna se entenderá que otorgan su consentimiento, en atención al principio de máxima publicidad, sin perjuicio de que este órgano pueda aplicar la prueba de interés público y la invasión a la intimidad considerada por la divulgación, en caso de que se solicite el acceso a la información contenida en el expediente. Notifíquese; y, por lista a la parte quejosa en términos del presente auto.
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