Telecomunicaciones de México, ahora Financiera para el Bienestar
Expediente 1106/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 3 actuaciones registradas, la última del 21 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1106/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 21/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Telecomunicaciones de México, ahora Financiera para el Bienestar
Actuaciones
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiuno de noviembre de dos mil veintitrés.********************Cumple prevención********************Intégrese a los autos el escrito signado por Guadalupe Bautista Vázquez, apoderada legal de la persona moral ********************, ahora *******, por el que, en relación al requerimiento formulado en proveído de ocho de noviembre del año en curso, cumple con la prevención solicitada.********************Precisión de actos reclamados********************En ese orden, una vez analizado el escrito aclaratorio y la demanda de amparo, permite concluir que los actos de los que se duele la parte quejosa en esta instancia constitucional son los siguientes:****** La notificación del auto de cinco de septiembre de dos mil veintitrés, realizado por boletín judicial en los autos del juicio laboral ***B) El acuerdo de cinco de septiembre de dos mil veintitrés, dictado en los autos del juicio laboral ******del índice de la Junta Especial Número Treinta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado, en donde se le hizo efectivo el apercibimiento decretado en auto del veinte de abril de dos mil veintidós y tuvo por no perfeccionadas las pruebas de cotejo marcadas con los números 4, 8 y 9 del auto de calificación de pruebas, y determinó que no existían pruebas pendientes por desahogar.********************C) La falta de acuerdo de la Junta Responsable respecto de los escritos de fecha treinta de agosto y dieciséis de octubre ambos de dos mil veintitrés, presentados por la quejosa ********************, ahora ********************, en el citado juicio laboral número *******Desechamiento parcial de la demanda de amparo ********************Antes de admitir a trámite la demanda de amparo, conforme a lo dispuesto en el artículo **************** de la Ley de Amparo, es pertinente examinar si existe alguna causa de improcedencia que, por ser manifiesta e indudable, haga improcedente la instancia constitucional, tal como lo ordena el artículo ************3 de la Ley de Amparo, que al efecto señala:*******"Artículo *************3. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano."*************El precepto transcrito, establece que el órgano jurisdiccional tiene la obligación de estudiar la demanda de amparo, y de encontrar un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe desecharla de plano; lo que es así porque en atención al derecho fundamental de administrar justicia de manera pronta y expedita consagrado por el ordinal ********************7 de la Constitución Federal, no es factible dar trámite a las demandas de amparo notoriamente improcedentes para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que desde un inicio se advierte que resultarán indudablemente improcedentes.*******Así, la norma transcrita impone al Juez de Distrito la obligación de estudiar el libelo de amparo y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia desecharla de plano, para lo cual en principio deben tomarse en consideración únicamente los hechos y las circunstancias narrados en el propio ocurso y en los anexos que se acompañen.*Precisa destacar que por motivo manifiesto se entiende lo que se advierte clara y patentemente y por indudable aquello de lo que se tenga la certeza y la plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal suerte que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento relativo no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes y con total abstracción de lo que en un futuro pudiera probarse, sin lugar a dudas, sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por la promovente o porque estén acreditados con datos de juicio indubitables, de modo tal que el informe justificado que rinda la autoridad responsable, los alegatos y las pruebas que las partes pudieran aportar o hacer valer en el procedimiento sean innecesarios para configurar dicha improcedencia ni lleguen a desvirtuar su contenido.*****Resulta aplicable la jurisprudencia I.***o.A. J/6, pronunciada por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página , Tomo XX, Septiembre de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial y su Gaceta, de rubro y texto siguientes:DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO ********************45 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo ********************45 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e "indudable" significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo **7 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita.*El proceder anterior tiene como base lo previsto por el artículo ********************7 constitucional que consagra el derecho fundamental de acceso a la jurisdicción e impone como deber a los órganos jurisdiccionales de salvaguardar esa prerrogativa de manera pronta y expedita, dado que no sería lógico ni razonable admitir a trámite una demanda pese a tener plena convicción de que a la postre será improcedente, con demérito de los recursos humanos y materiales que tal acción genera.***Por consiguiente, al tratarse la improcedencia de una cuestión de orden público debe atenderse a los citados elementos a efecto de comprobar qué supuestos legales que regulan a esa institución jurídica se actualizan en el presente sumario.********************Bajo la premisa contenida en el artículo anterior, es pertinente examinar si en la especie existe alguna causal de improcedencia, que por ser manifiesta e indudable, permita de plano su desechamiento.***A) ACTO RECLAMADO CONSISTENTE EN LA NOTIFICACIÓN DEL AUTO DE CINCO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, REALIZADO POR BOLETÍN JUDICIAL EN LOS AUTOS DEL JUICIO LABORAL ********************Expuesto lo anterior, a consideración de quien aquí resuelve, se estima que procede DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO DE AMPARO, en términos de lo previsto en el artículo *** de la Ley de Amparo, respecto del acto reclamado consistente en la NOTIFICACIÓN DEL AUTO DE CINCO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, REALIZADO POR BOLETÍN JUDICIAL EN LOS AUTOS DEL JUICIO LABORAL 623/20****************************************, toda vez que se advierte que se actualiza de manera notoria e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 6********************, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, al no haberse observado el principio de definitividad previo a la promoción del juicio de amparo, que establece lo siguiente:******************** "Artículo 6********************. El juicio de amparo es improcedente: ********************[.] ********************XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas.********************Se exceptúa de lo anterior:********************a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales;********************b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal;********************c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento;********************d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso;********************Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo;"********************De la trascripción que antecede se advierte que el juicio de amparo es improcedente contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas.********************Es decir, el dispositivo transcrito establece que el juicio de protección de los derechos fundamentales es improcedente cuando no se respete el principio de definitividad respecto de los actos provenientes de las autoridades jurisdiccionales.********************De aquí deriva el reconocimiento del citado principio de definitividad, que implica el agotamiento previo del recurso ordinario procedente respecto de un determinado acto de autoridad. Es decir, es la obligación que tiene la parte quejosa de agotar, antes de acudir a la instancia constitucional, el recurso ordinario procedente que pudiera tener efectos de revocar o modificar el acto reclamado.********************El agotamiento de los recursos ordinarios antes de promover el juicio de amparo es una regla, una razón operativa de carácter perentorio, que obedece a la dimensión institucional de su régimen procesal, definido por su naturaleza de orden regulado y operado por órganos competentes.********************Además, al justiciable se le impone la carga de agotar los recursos ordinarios, antes de acceder a la justicia de amparo, porque tales medios no son meras exigencias formales para retardar la impartición de justicia, ni requisitos inocuos que deben cumplirse para conseguir la tutela judicial efectiva que garantiza la Constitución Federal, sino que son, generalmente, instrumentos aptos para reparar oportuna y adecuadamente las violaciones a las leyes que se hayan cometido en el acto o resolución combatida.********************Ésta es la razón por la que, al margen del reconocimiento de la existencia de ciertos actos cuya ejecución tiene efectos irreparables, respecto de los que procede el juicio de amparo indirecto, se exige que, previo a instar la acción constitucional, se agote el recurso ordinario previsto en la ley que rige el acto, que tenga como efecto revocar, anular o modificar del mismo. ********************Funda lo expuesto la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página ********************0, del Libro ********************, Diciembre de 20********************3, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, con registro 2005039, cuyo rubro y texto son:********************"DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LA IRREPARABILIDAD DEL ACTO NO CONSTITUYE, POR SÍ MISMA, UNA EXCEPCIÓN A ESTE PRINCIPIO, AUN CUANDO EN LA CONTIENDA JURÍDICA ESTÉ INVOLUCRADO UN MENOR DE EDAD. El artículo ***07, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece, por un lado, la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación y, por otra parte, prescribe el principio de definitividad que se traduce en la carga impuesta al quejoso de agotar los recursos ordinarios que procedan en contra de tal acto. Al respecto, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto, aun en los casos en los que un menor de edad se encuentre involucrado. El primero de esos requisitos, esto es, que se trate de un acto de ejecución irreparable, se refiere a la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y que genera la afectación en la esfera jurídica del quejoso, por la transgresión de un derecho sustantivo que no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. La regla de la definitividad, por su parte, se refiere a la existencia, idoneidad y eficacia de los recursos ordinarios previstos en la ley contra el acto reclamado, así como a la posibilidad, derivada de las normas legales aplicables al caso, de que el interesado renuncie a ellos. Así, en los juicios en que intervienen menores o se vea afectada su esfera jurídica, el hecho de que se trate de actos de imposible reparación no genera, per se, una excepción a la regla de definitividad, pues ésta se refiere fundamentalmente al alcance de los recursos y no a la naturaleza de los actos impugnados, sin que el interés superior del menor constituya una justificación válida para confundir los elementos de uno y otro requisitos de procedencia del juicio de amparo."**********Debe destacarse que la razón por la que el legislador restringió el acceso al juicio de protección de los derechos fundamentales mediante la causal de improcedencia en estudio atiende a la finalidad de preservar la supremacía de la acción de amparo como instrumento protector del orden constitucional, el cual impide ejercerlo contra cualquier acto de autoridad que aun cuando surja de un procedimiento pudiera válidamente enmendarse a través de los recursos ordinarios que se prevén por la ley común, por medio de los cuales la potestad ordinaria podría revocarlo, anularlo o modificarlo, ya que de lo contrario el juicio de amparo se convertiría en un recurso más que el gobernado podría hacer valer a su elección, lo que de suyo resulta inadmisible.***El indicado motivo de improcedencia no es absoluto, toda vez que en el propio dispositivo se establece la salvedad de que no opera cuando se esté dentro de los supuestos de excepción enumerados, ya que en dicha eventualidad el quejoso estará en aptitud de elegir entre hacer valer la acción constitucional, o bien, el recurso o medio de impugnación que conforme a la ley que rija al acto reclamado sea procedente.********************En ese contexto, la parte quejosa previo a instar a la Justicia Federal sobre el tópico de constitucionalidad derivado de un acto emanado de un ente judicial o que ejerce facultades materialmente jurisdiccionales debe agotar todas las instancias procesales tendentes a revocar, modificar, anular o invalidar el acto que se combate y una vez que con esos mecanismos ordinarios de defensa no se haya revertido los efectos del origen de la inconformidad procederá el ejercicio de la acción de amparo.********************Para los efectos del aludido principio se entiende que un recurso -horizontal o vertical- o medio ordinario de defensa debe agotarse únicamente cuando a través de ese mecanismo de impugnación el acto de autoridad pueda ser revocado -cambiar en su totalidad el criterio de la resolución recurrida-, modificado -hacer un cambio parcial de la resolución- o anulado -dejar insubsistente el acto de autoridad-; asimismo, debe precisarse que sólo se entenderá colmado este requisito de procedencia cuando el recurso o instancia legal que se haga valer se haya substanciado en todos sus términos hasta su resolución que lo dé por terminado.****Además, el citado precepto legal dispone la improcedencia del amparo respecto de resoluciones provenientes de autoridades judiciales, tribunales administrativos o del trabajo, cuando la ley que los rija prevea algún medio de defensa legal susceptible de modificarlas, revocarlas o nulificarlas, siempre que no se trate de resoluciones que importen peligro de privación de la vida, deportación, destierro y, en general, cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Federal; incluyendo aquellos que afecten la libertad (en las distintas modalidades señaladas en la fracción en comento); de igual forma, no se tendrán que agotar esos medios ordinarios de defensa, cuando se trata de personas extrañas al procedimiento, autos de vinculación a proceso o, cuando para la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional, o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, en este último caso, el quejoso estará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo.********************Por tanto, para poder atender sobre la actualización de la causa de improcedencia que se invoca, se deben de atender a los elementos de ésta, y de la forma en cómo se satisfacen para que la misma prospere. ********************Así, de la simple lectura de la fracción en comento, se desprende que el legislador exige como requisitos para que se actualice la causa de improcedencia a que se ha hecho referencia, que: ********************A) Que el acto reclamado sea una resolución proveniente de un tribunal judicial, administrativo o del trabajo.********************B) Que la ley conceda contra ese acto algún recurso o medio de defensa;********************C) Que ese recurso o medio de defensa se dé dentro del procedimiento en que se emitió la actuación reclamada; y********************D) Que por virtud de dicho medio, la resolución judicial pueda ser modificada, revocada o nulificada. ********************Estableciendo como excepciones:****************************************. Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales;********************2. Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal;********************3. Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. ********************4. Cuando se trate del auto de vinculación a proceso.********************5. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla; supuesto en el cual, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo.********************Precisado lo anterior y tomando en cuenta los antecedentes narrados por la parte quejosa en su demanda de amparo y escrito aclaratorio, se advierte que se colman los supuestos previstos en el artículo 6******************** fracción XVIII de la Ley de Amparo, pues el acto reclamado consistentes en la notificación del acuerdo de cinco de septiembre de dos mil veintitrés; es susceptible de nulificarse mediante el incidente de nulidad de notificaciones.********************En efecto, los artículos 752, 76********************, 762 y 763 de la Ley Federal del Trabajo, establecen:********************Artículo 752. Son nulas las notificaciones que no se practiquen de conformidad a lo dispuesto en este capítulo." ********************Artículo 76********************. Los incidentes se tramitarán dentro del expediente principal donde se promueve, salvo los casos previstos en esta ley."********************Artículo 762. Se tramitarán como incidentes de previo y especial pronunciamiento las siguientes cuestiones. I. Nulidad; (...)"********************Artículo 763. Cuando se promueva un incidente dentro de una audiencia o diligencia, se sustanciará y resolverá de plano, oyendo a las partes; continuándose el procedimiento de inmediato. Cuando se trate de nulidad, competencia y en los casos de acumulación y excusas, dentro de las veinticuatro horas siguientes se señalará día y hora para la audiencia incidental, en la que se resolverá."****************************************De los transcritos preceptos se infiere que los afectados por una notificación realizada en contravención a las normas aplicables, podrán solicitar su nulidad a través del incidente respectivo.********************El artículo 752 dispone que serán nulas las notificaciones que no se practiquen de conformidad con los artículos 739 a 75******************** que establecen los requisitos y formalidades que deben verificarse al momento de realizarse una notificación. El artículo 762 prevé que se tramitará como cuestión de previo y especial pronunciamiento, entre otros incidentes, el de nulidad, el cual deberá resolverse en la forma y términos previstos en los artículos 76******************** y 763.********************Es decir, cuando una notificación se hiciere en forma distinta de la prevenida por la disposiciones legales aplicables, o se omitiere, puede la parte agraviada promover incidente sobre declaración de nulidad de lo actuado, desde la notificación hecha indebidamente u omitida, y en caso de resultar fundados los motivos de disenso que alega la parte quejosa, podría subsanar la omisión impugnada.********************Luego, es inconcuso que la quejosa Guadalupe Bautista Vázquez, apoderada legal de la persona moral "********************", ahora "********************", previamente a promover el presente juicio de amparo, se encontraba obligada a interponer el incidente de nulidad de actuaciones respecto de la notificación del auto de cinco de septiembre de dos mil veintitrés, por boletín judicial, dentro de los autos del juicio laboral ********************del índice de la Junta Especial Número Treinta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado, en términos del artículo 762, fracción I, de la Ley Federal del Trabajo.********************En efecto, en la especie se actualiza la causa de improcedencia invocada, dado que la Ley Federal del Trabajo concede un medio de defensa para impugnar las notificaciones de las cuales ahora se duele la quejosa, o la falta de éstas, mismo que de resultar fundado, tendría el efecto de subsanar la ilegalidad impugnada y, por lo mismo, el mencionado incidente debió agotarse antes de acudir al juicio de amparo, cuya ley reglamentaria impide el estudio de cuestiones que carezcan de definitividad.********************De ahí que es innegable que se actualizan los elementos destacados que exige la causa de improcedencia en estudio, pues los actos reclamados provienen de la Junta Especial Número Treinta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado, respecto de los cuales la ley aplicable prevé un medio de defensa, dentro del procedimiento del cual emane el acto de autoridad, mismo que de resultar fundado tendría el efecto de subsanar la omisión reclamada.********************Aunado a que en la especie no se actualiza alguno de los supuestos de excepción para el principio de definitividad estudiado, en razón que el acto reclamado en análisis no importa peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, menos aun de incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales.********************Tampoco consiste en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso; ni se trata de un auto de vinculación a proceso.********************En ese contexto, la aquí quejosa no tiene el carácter de tercero extraño, pues de acuerdo a los antecedentes del acto reclamado narrados en su escrito de demanda y escrito aclaratorio se advierte que la promovente del amparo manifestó que es parte demandada en el juicio laboral de origen, y que el cinco de septiembre de dos mil veintitrés, se dictó acuerdo en el que en otras cosas, la junta responsable hizo efectivo el apercibimiento decretado en auto del veinte de abril de dos mil veintidós y tuvo por no perfeccionadas las pruebas de cotejo marcadas con los números 4, 8 y 9 del auto de calificación de pruebas, y determinó que no existían pruebas pendientes por desahogar, posteriormente refiere que dicho auto le fue notificado por boletín judicial que se fijó en los estrados de la Junta, y no en el domicilio que señaló para recibir notificaciones.********************Consecuentemente, no procede estimar que la recurrente se encontraba en un caso de excepción al principio de definitividad, al haber estado en aptitud de interponer el recurso ordinario correspondiente, antes de acudir al juicio de amparo, a partir de que tuvo conocimiento de los actos reclamados.********************Al respecto se cita la jurisprudencia 65/2002 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitida al resolver la contradicción de tesis 36/2002, consultable en la página 259, Tomo XVI, Julio de 2002, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta que dice:********************"NULIDAD DE NOTIFICACIONES EN EL JUICIO LABORAL. ESTE INCIDENTE, RESPECTO DE LAS PARTES QUE HAN COMPARECIDO, CONSTITUYE UN MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA Y DEBE AGOTARSE ANTES DE ACUDIR AL AMPARO, EXCEPTO CUANDO LA PARTE AFECTADA SE ENTERA DESPUÉS DEL LAUDO. Los artículos ********************07, fracción III, incisos a) y b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, establecen lo que se conoce como principio de definitividad en el juicio de garantías, consistente en que el quejoso, previamente al ejercicio de la acción constitucional, debe agotar los medios ordinarios de defensa que prevén los preceptos aplicables, pues de no ser así, el mencionado juicio será improcedente. Ahora bien, de la interpretación conjunta de los artículos 7********************, 752 y 762 a 765 de la Ley Federal del Trabajo, se concluye que el incidente de nulidad de notificaciones en el juicio laboral satisface los requisitos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido para estimar la existencia de un medio ordinario de defensa, es decir, tiene por objeto anular la notificación que lesiona los intereses del quejoso, con efectos similares a la revocación, está establecido en la citada ley laboral y tiene determinado un procedimiento para su resolución, pues fija un término para su interposición y un plazo para su resolución y, por tanto, constituye una actuación necesaria de las partes que han comparecido al juicio laboral, a fin de que la Junta de Conciliación y Arbitraje se pronuncie, específicamente, sobre la nulidad de las notificaciones que se practiquen en forma distinta a lo prevenido en la ley. Lo anterior es así, porque los medios ordinarios de defensa son instituidos en las leyes para que los afectados los hagan valer, y sólo en caso de no obtener resolución favorable se actualiza el medio extraordinario de defensa, que es el juicio de amparo; de lo contrario, si las partes dentro del juicio ordinario no tuvieran la carga de plantear sus defensas, excepciones o recursos ante la autoridad responsable, a fin de que ésta agote su jurisdicción, el amparo se convertiría en un recurso ordinario y el Juez de amparo suplantaría las facultades del Juez ordinario; además, si los afectados no interponen dichos medios ordinarios de defensa, las violaciones procesales que pudieron haber sido reparadas por la propia autoridad responsable mediante la tramitación del incidente respectivo, no podrán ser atendidas en el juicio de amparo que se promueva; máxime que debe prevalecer lo dispuesto por la fracción V del artículo ********************59 de la Ley de Amparo, que establece que se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que afectan las defensas del quejoso, entre otras, cuando se resuelva ilegalmente un incidente de nulidad, lo que implica la obligatoriedad de su promoción. Sin embargo debe considerarse para la exigencia previa del incidente de nulidad de notificaciones, el momento en el cual el afectado tuvo conocimiento de la violación procesal de que se trata, pues si ello ocurrió antes de dictarse el laudo, el afectado debió interponer el incidente de referencia antes de acudir al juicio de amparo; en cambio, de haber conocido la violación hasta después de emitido el laudo por la Junta del conocimiento, el afectado puede reclamar el laudo en amparo directo junto con la violación procesal, pues habiendo concluido el procedimiento, los efectos de la cosa juzgada y de la preclusión impiden que se abra nuevamente para discutir cuestiones procesales, las que sólo pueden ser decididas en vía de amparo."****************************************Asimismo se cita en apoyo la tesis consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo XI, Mayo de ********************993, Octava Época, visible en la página 339 de rubro: "INCIDENTE DE NULIDAD, PROCEDE CONTRA LA NOTIFICACION DEL LAUDO PREVIAMENTE AL AMPARO."********************Así las cosas, resulta innegable que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 6******************** de la Ley de Amparo, puesto que la parte quejosa no agotó el medio ordinario de defensa, en su calidad de parte demandada en el expediente de origen (parte patronal), por tanto, lo procedente es DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO de que se trata, respecto del acto reclamado consistente en: A) La notificación del auto de cinco de septiembre de dos mil veintitrés, realizado por boletín judicial en los autos del juicio laboral ********************B) ACUERDO DE CINCO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, DICTADO EN LOS AUTOS DEL JUICIO LABORAL ********************DEL ÍNDICE DE LA JUNTA ESPECIAL NÚMERO TREINTA Y DOS DE LA FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO.********************Asimismo, el suscrito juzgador advierte que en contra del diverso acto reclamado, consistente en el B) El acuerdo de cinco de septiembre de dos mil veintitrés, dictado en los autos del juicio laboral ********************del índice de la Junta Especial Número Treinta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado, se estima actualizada de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 6********************, en relación con el numeral ********************07, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, ya que el acuerdo que constituye el acto reclamado, no es un acto cuyos efectos sean de imposible reparación.********************En efecto, el precepto legal aludido en primer término en su fracción invocada dispone lo siguiente:********************Artículo 6********************. El juicio de amparo es improcedente: ********************[.]********************XXIII.- En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley.********************Por su parte, el artículo ********************07, fracción V, de la ley en cita establece:********************Artículo ********************07. El amparo indirecto procede:********************[.]********************V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;********************[.]********************Ahora bien, el artículo ********************07, fracción V, de la Ley de Amparo, establece que el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos, los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte.********************Esto es así, ya que a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo ********************07, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;".********************Con esta aclaración el legislador secundario estableció que los actos de imposible reparación, producían una afectación material a los derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produjeran una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas.********************Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva.********************Así, por actos que tengan una ejecución de imposible reparación debe entenderse a aquellos que de una manera inmediata lesionen el interés de una de las partes en el juicio que perdure cualquiera que sea el sentido de la resolución que se pronuncie en éste, o bien haga imposible la prosecución del procedimiento, es decir, que cause a una de las partes un agravio no reparable en dicho fallo.********************En otras palabras, por actos de imposible reparación para los fines de determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto, debemos entender a aquellos que tengan una ejecución de carácter irreparable, para las personas, sus derechos personales, reales o del estado civil, cuyos efectos no se pueden reparar en el curso del juicio del que se derivan tales actos procesales, como sería por ejemplo el embargo trabado en bienes del quejoso, la imposición de una multa, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, etcétera; esto en razón de los daños y perjuicios que se puedan revestir a los particulares con esa clase de actos que no se les puede resarcir en ninguna actuación posterior, lo que impide la posibilidad que las violaciones cometidas en el juicio queden reparadas en la resolución que llegue a pronunciarse.********************Es decir, los actos procesales que no tienen efectos sobre las cosas o las personas, en sus derechos sustantivos, no tienen el carácter de irreparables mientras exista la posibilidad legal de que los afectados obtengan una sentencia favorable a sus pretensiones, ya que en este acto los efectos intraprocesales pronunciados por aquellas actuaciones desaparecen, esto es, dichos actos sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal e inciden en las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento con vista a obtener un fallo favorable.********************Es importante hacer hincapié que en el artículo ****************************************4, fracción IV, de la Ley de Amparo abrogada, se establecía que el amparo se pediría ante el Juez de Distrito "contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación". De antaño, el legislador no definía lo que debía entenderse por imposible reparación, de ahí que en la praxis judicial se desarrollaron criterios que interpretaban esa ley, específicamente, tratándose de actos de imposible reparación, se situaban como tales, tanto los que afectaran derechos sustantivos, como a los adjetivos o procesales que ocasionaran una afectación exorbitante o en grado superior.********************Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis número P. LVII/2004, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 9, Tomo XX, Octubre de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y textos son:********************ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE. CRITERIOS PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA O IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Para determinar cuándo se trata de actos que por sus consecuencias dentro del juicio son de imposible reparación, según los artículos ********************07, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y ****************************************4, fracción IV, de la Ley de Amparo, el Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha partido de dos criterios orientadores para determinar la procedencia o improcedencia del juicio de amparo indirecto, a saber: el primero, considerado como regla general, dispone que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan de manera directa e inmediata alguno de los derechos sustantivos previstos en la Constitución Federal, ya que la afectación no podría repararse aun obteniendo sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreversiblemente la violación de la garantía individual de que se trate; y el segundo, considerado como complementario del anterior, establece que los actos procesales o formales tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan a las partes en grado predominante o superior. De no actualizarse ninguno de estos supuestos, en el orden previsto, será improcedente el juicio de amparo indirecto y el gobernado deberá esperar hasta que se dicte la sentencia de fondo para controvertir la posible violación cometida a través del juicio de amparo directo, según lo dispuesto en los artículos ********************58, ********************59 y ********************6******************** de la Ley de Amparo.********************Ahora bien, lo reseñado con antelación pone de manifiesto que, en la nueva ley de la materia quedaron incorporados diversos criterios jurisprudenciales que se habían venido utilizando en la práctica y permitían interpretar a la Ley de Amparo abrogada, no obstante ello, en el actual precepto ********************07, fracción V, de la ley de la materia, quedó redactado que el amparo indirecto procede contra actos en juicio que sean de imposible reparación, dándole ahora está connotación únicamente a los que afecten derechos sustantivos, no obstante de la existencia de los criterios orientadores que interpretaban lo que debía entenderse por ese tipo de actos (afectación a derechos sustantivos o a derechos adjetivos o procesales que causaran afectación exorbitante o en grado superior); por lo que se limitó el sentido que debía dársele, en donde ya no se pueden comprender los de naturaleza adjetiva o procesal que causen afectación exorbitante o en grado superior; por tanto, ese tipo de violaciones procesales ya no son factibles combatirlas a través del amparo indirecto.********************En consecuencia, como la Ley de Amparo vigente, para la procedencia del amparo indirecto, considera que los actos emitidos dentro de juicio que resultan ser de imposible reparación sólo son aquellos que afecten materialmente derechos sustantivos, entonces no queda comprendida en esa connotación, el acto reclamado consistente en el acuerdo emitido el cinco de septiembre de dos mil veintitrés, dictado en los autos del juicio laboral ********************del índice de la Junta Especial Número Treinta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado, donde hizo efectivo el apercibimiento decretado en auto del veinte de abril de dos mil veintidós y tuvo por no perfeccionadas las pruebas de cotejo marcadas con los números 4, 8 y 9 del auto de calificación de pruebas, y determinó que no existían pruebas pendientes por desahogar; dado que dichos actos sólo producen efectos intraprocesales, que no causan una afectación de imposible reparación, entendiéndose por éstos los que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte.********************En efecto, el acuerdo de la Junta responsable que determinó hacer efectivo el apercibimiento decretado en auto del veinte de abril de dos mil veintidós y tuvo por no perfeccionadas las pruebas de cotejo marcadas con los números 4, 8 y 9 del auto de calificación de pruebas, y resolvió que no existían pruebas pendientes por desahogar, no involucra derechos sustantivos de los protegidos constitucionalmente, entre los que se encuentran la libertad, posesión, la propiedad, entre otros aspectos, pues el laudo que se dicte en el juicio de origen puede ser favorable a los intereses de la parte quejosa y, en el caso que le fuera adversa, cualquier violación al respecto, podrá reclamarla en el amparo directo que, en su caso, promueva contra la sentencia definitiva que llegue a dictarse; por tanto, la determinación de la Junta responsable que acordó hacer efectivo el apercibimiento decretado en auto del veinte de abril de dos mil veintidós y tener por no perfeccionadas las pruebas de cotejo marcadas con los números 4, 8 y 9 del auto de calificación de pruebas, y que no existan pruebas pendientes por desahogar, es una violación procesal que debe ser reclamable a través del juicio de amparo directo, de trascender al sentido del laudo, hasta que ésta se dicte, porque no constituye un acto dentro del juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, pues los actos de ejecución de esa determinación son reparables, y sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal, cuyas consecuencias se extinguen sin haber originado afectación alguna a los derechos sustantivos del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica.********************En efecto, resulta incuestionable que el acuerdo reclamado, no constituye un acto dentro de juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, ya que se trata de una determinación relacionada con el desahogo de pruebas respecto de las cuales la quejosa aduce se desarrollaron de manera contraria a la ley, por lo que no afecta materialmente sus derechos sustantivos, sino que en determinado caso, podría traducirse en una violación intraprocesal que afecta derechos adjetivos susceptibles de ser reparados al dictarse el laudo que ponga fin al juicio natural, el cual no se ha dictado, ya que así lo pone de manifiesto la parte quejosa en el capítulo de antecedentes del acto reclamado; así, si el laudo es favorable a los intereses de la aquí quejosa, la violación desparecería, y en caso de resultarle opuesto, podría reclamarlo en el juicio de amparo directo como violación procesal, en términos del artículo ********************72, fracción III, de la ley de la materia.********************Es aplicable al caso concreto, la jurisprudencia del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, que es del tenor:********************PRUEBAS. AMPARO IMPROCEDENTE CONTRA EL AUTO QUE LAS DESECHA. El desechamiento de las pruebas del quejoso puede originar que la sentencia le sea adversa; pero no significa que aquel acto sea de imposible reparación desde el momento en que está contemplado como una de las violaciones al procedimiento previstas por el artículo ********************59 de la Ley de Amparo. Al disponer el artículo ********************6******************** de esa misma ley que las violaciones procesales a que se refiere el artículo en consulta podrán reclamarse en la vía constitucional al promoverse la demanda contra la sentencia definitiva, se pretendía evitar que diversas actuaciones de un mismo procedimiento dieran origen a múltiples juicios de amparo, provocando el retraso en la resolución del asunto respectivo. Por ello se consideró que además del hecho de que podrían repararse en sentencia tales violaciones, era conveniente concentrar en una sola demanda la impugnación de aquellas actuaciones que trascendieran al fallo y que el propio legislador contempló en el artículo ********************59 de la Ley de Amparo. [Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, mayo ********************993, tesis VI.2º.J/258, Octava Época, página 53].****************************************Así como la jurisprudencia 6/94, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente a la Octava época, consultable en la página ********************3, tomo 76, abril de ********************994, del Semanario Judicial de la Federación, del tenor siguiente: ********************"PRUEBAS. LA FORMA EN QUE PRETENDAN RECIBIRSE O DESAHOGARSE CONSTITUYE UNA VIOLACION RECLAMABLE COMO REGLA GENERAL, POR EL OFERENTE DE LAS MISMAS, EN AMPARO DIRECTO. El artículo ********************59, fracción III, de la Ley de Amparo establece que en los juicios seguidos ante tribunales civiles, administrativos o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso cuando no se le reciban las pruebas que legalmente haya ofrecido, o cuando no se reciban conforme a la ley. Ahora bien, cuando la violación procedimental que se reclama no consiste en la admisión o el desechamiento de una prueba, sino en la forma en que se pretendan recibir o desahogar las pruebas al oferente de las mismas, cabe concluir que el caso se ubica en la hipótesis prevista en la fracción III del numeral citado, es decir, en el caso de que las pruebas que legalmente se hayan ofrecido no se reciban conforme a la ley procediendo, en consecuencia, reclamar tal violación en la vía de amparo directo al promoverse la demanda contra la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio en términos de lo dispuesto en el numeral ********************6******************** de la Ley Reglamentaria de los Artículos ********************03 y ********************07 Constitucionales, toda vez que hasta el momento en que se haya dictado el fallo definitivo se podrá apreciar si con motivo de la forma en que se recibieron o desahogaron las pruebas se vulneraron las defensas del oferente de las mismas, trascendiendo tal violación al resultado de la sentencia. Sin embargo, esta regla general admite una excepción: cuando la forma en que pretende llevarse a cabo la recepción o el desahogo de la probanza relativa en sí misma, pueda tener una ejecución de imposible reparación, lo cual ocurre de acuerdo con la tesis jurisprudencial 24/********************992 del Pleno de esta Suprema Corte de Justicia, con el rubro: "EJECUCION IRREPARABLE. SE PRESENTA PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS.", cuando se violen derechos sustantivos contenidos en las garantías individuales consagradas en la Constitución y nunca en los casos en que sólo se afecten derechos adjetivos o procesales, caso en el cual la violación respectiva podrá ser reclamada en amparo indirecto".****************************************También es aplicable la tesis aislada IV. 3º ************************************************************ K, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, visible en la página 489, tomo XV-II, febrero de ********************995, Octava época, del Semanario Judicial de la Federación, que dice:********************"PRUEBAS. DESECHAMIENTO DE. NO ES UN ACTO DE EJECUCION IRREPARABLE PARA LA PROCEDENCIA DEL JUICIO BIINSTANCIAL. Los actos procesales que pueden reclamarse en amparo indirecto son aquéllos que traen consigo una ejecución de imposible reparación, es decir, que por regla general el amparo biinstancial es improcedente para reparar violaciones cometidas en la secuela procesal, por ser propio del amparo directo siempre y cuando se cumpla con las hipótesis previstas en los artículos ********************58, ********************59 y ********************6********************, este último para el caso de materia civil, de la Ley Reglamentaria de los Artículos ********************03 y ********************07 de la Constitución Federal, y que sólo en casos verdaderamente excepcionales en que efectivamente el acto procesal afecte de manera directa e inmediata alguno de los derechos fundamentales del gobernado procederá el amparo ante el Juez de Distrito, por lo cual, tomando en cuenta lo anterior el desechamiento de una prueba en manera alguna afecta en forma directa e inmediata los derechos del oferente, por ser inconcuso que los efectos jurídicos producidos por el desechamiento de una prueba son meramente intraprocesales y por ende no afectan ningún derecho sustantivo tutelado por la ley, pues incluso de obtener sentencia favorable la solicitante de amparo desaparecería el supuesto agravio, y en caso contrario tiene expedito su derecho para alegarlo como violación procesal en términos del artículo ********************59, fracción III, de la Ley de Amparo, en la demanda de amparo directo, que se promueva contra la sentencia definitiva o resolución que ponga fin al juicio". ****************************************Así como la jurisprudencia VI. ********************o. J/36 del Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, que dice:********************PRUEBAS. LA VIOLACIÓN PROCESAL TRATÁNDOSE DE ELLAS, PUEDE COMETERSE AL PROVEER SOBRE EL OFRECIMIENTO O AL MOMENTO DE DESAHOGO. El artículo ********************59, fracción III, de la Ley de Amparo dice: "En los juicios seguidos ante tribunales civiles, administrativos o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso: III. Cuando no se le reciban las pruebas que legalmente haya ofrecido, o cuando no se reciban conforme a la ley". Tomando en cuenta que el dispositivo hace referencia a la recepción de pruebas, lo que constituye una acepción muy amplia, la violación puede cometerse al proveer sobre el ofrecimiento o al momento del desahogo, esto último en los casos en que para ese fin sea menester un acto procesal específico, y así, en las hipótesis que enseguida se enumeran puede sobrevenir la infracción al procedimiento que se estudia, ya que en cualquiera de ellas, la actitud autoritaria se traduce en que el material probatorio no habrá de recibirse en el juicio: a) Que la autoridad decida expresamente no admitir las pruebas ofrecidas o parte de ellas; b) Que habiéndolas admitido se niegue a desahogarlas; c) Que no las admita como fueron propuestas y d) Que no las desahogue legalmente.********************Así, se insiste, resulta incuestionable que los efectos del acuerdo reclamado, no se pueden traducir hacia el exterior del procedimiento del referido juicio laboral de origen, en razón de que la determinación reclamada, versa sobre un acto emitido dentro del juicio natural, relativo al desahogo de una probanza que, a decir de la quejosa, se realizó de manera contraria a la ley, y por lo tanto, no tiene una ejecución de imposible reparación, por el contrario, el acuerdo reclamado a la autoridad responsable, no constituye un acto que afecte en grado predominante o superior a la parte quejosa.********************Así las cosas, si el acto reclamado lo constituye el acuerdo de cinco de septiembre del año en curso, dictado en el juicio laboral ********************del índice de la Junta Especial Número Treinta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado, donde hizo efectivo el apercibimiento decretado en auto del veinte de abril de dos mil veintidós y tuvo por no perfeccionadas las pruebas de cotejo marcadas con los números 4, 8 y 9 del auto de calificación de pruebas, y determinó que no existían pruebas pendientes por desahogar, es claro que atendiendo los razonamientos jurídicos vertidos en la presente resolución, el acto reclamado no afecta ningún derecho sustantivo, por lo que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 6******************** de la Ley de Amparo en relación con el numeral ********************07 fracción V, interpretado a contrario sensu del mismo ordenamiento.********************Consecuentemente, al actualizarse la causa de improcedencia respecto al acto reclamado consistente en B) el acuerdo de cinco de septiembre de dos mil veintitrés, dictado en los autos del juicio laboral ********************del índice de la Junta Especial Número Treinta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado, donde se le hizo efectivo el apercibimiento decretado en auto del veinte de abril de dos mil veintidós y tuvo por no perfeccionadas las pruebas de cotejo marcadas con los números 4, 8 y 9 del auto de calificación de pruebas, y determinó que no existían pruebas pendientes por desahogar, con fundamento en los artículos ****************************************2 y ****************************************3 del ordenamiento jurídico citado, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO.********************Así también, se advierte que respecto del acto reclamado en cuestión, este juzgador también advierte, se actualiza la diversa causa de improcedencia prevista en el artículo 6********************, fracción XIV, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso ********************7 del mismo ordenamiento legal, que establecen lo siguiente:********************"Artículo 6********************. El juicio de amparo es improcedente: ********************[.] ********************XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos.********************[.]"********************"Artículo ********************7. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: ********************I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; ********************II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; ********************III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; ********************IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo".********************La causa de improcedencia que alberga el precepto primeramente invocado, parte del principio de que no pueden ser materia de estudio en el juicio de amparo aquellos actos, que para los efectos del amparo, se consideran consentidos tácitamente, es decir, porque al no haberse reclamado en esa vía dentro de los plazos señalados en la ley de la materia, opera lo que el legislador estableció como una presunción de que el gobernado ha consentido en forma tácita la emisión o ejecución de los actos reclamados.********************Sobre tal base, es importante mencionar que la interpretación literal del segundo de los artículos transcritos, revela que por regla general el plazo para promover la demanda de amparo es de quince días, salvo los supuestos siguientes:********************a) Treinta días, cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición.********************b) Hasta ocho años, cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión.********************c) Siete años, cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal.********************d) En cualquier tiempo, cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales.********************Bajo ese orden de ideas, como ya se especificó el acto reclamado en esta instancia, lo constituye B) El acuerdo de cinco de septiembre de dos mil veintitrés, dictado en los autos del juicio laboral ********************del índice de la Junta Especial Número Treinta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado, mismo que está sujeto al plazo genérico de quince días para promover el juicio, establecido en el artículo ********************7 de la Ley de Amparo, ya que no se ubica en alguna de sus excepciones, anotadas en párrafos que anteceden.********************Lo anterior, porque en el caso no se reclama una norma con motivo de su entrada en vigor.********************Tampoco se controvierte un procedimiento de extradición o una sentencia definitiva condenatoria en proceso penal, ni se ordenó en forma alguna la privación total o parcial, temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de derechos agrarios a algún núcleo de población ejidal o comunal.********************Por último, los actos reclamados no ponen en peligro la vida de la parte quejosa, ni ataca su libertad personal fuera del procedimiento, tampoco implican incomunicación, deportación, expulsión, proscripción, destierro, desaparición forzada o alguno de los prohibidos por el numeral 22 de la Constitución, que se traducen en pena de muerte, mutilación, infamia, marcas, azotes, palos, tormento de cualquier especie, multa excesiva, confiscación de bienes o penas inusitadas y trascendentales; además, en modo alguno ordenan su incorporación forzosa a las Fuerzas Armadas Nacionales.********************Ahora, a efecto de determinar el momento en el cual comienza a correr el plazo para presentar la demanda de amparo, debe destacarse lo que dispone el artículo ********************8 de la Ley de Amparo:********************"Artículo ********************8. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor".********************Dicho precepto normativo establece tres momentos a partir de los cuales debe computarse el plazo de quince días para la presentación de la demanda de amparo, los cuales se cuentan, respectivamente, a partir del día siguiente:****************************************. Al en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame.********************2. Al en que el promovente haya tenido conocimiento del o de sus actos de ejecución.********************3. Al en que el justiciable se haya ostentado sabedor de los actos.********************La primera hipótesis implica la existencia de una actuación procesal efectuada por la autoridad responsable mediante la cual, en fecha precisa, hace saber al agraviado el acto reclamado; como característica adicional, las notificaciones practicadas se consideran legales y, en consecuencia, válidas para efectos del cómputo de los quince días para la promoción del juicio de amparo, mientras el quejoso no cuestione su nulidad o ilegalidad.********************La segunda regla para computar el plazo de quince días importa un acto de naturaleza variable por parte de la autoridad responsable -distinto a la notificación- de una autoridad diversa, o incluso del propio quejoso, que conlleve a la certeza de que este "tuvo conocimiento" del acto reclamado en determinada fecha, lo que implica tener la convicción de que el interesado se enteró del mismo en forma directa, plena y completa.********************Por su parte, el último supuesto que se contiene en el artículo ********************8 de la Ley de Amparo, establece que el plazo de quince días para la promoción de la demanda de amparo se contará: ".desde el día siguiente al en que se hubiera ostentado sabedora de los mismos.", que implica una expresión exclusiva de la parte quejosa, a través de la que se manifiesta que sabe del acto reclamado; conducta que puede estimarse, entraña una confesión expresa por parte de la afectada porque se supone que la fecha en que se ostenta sabedora del acto reclamado con respecto a la presentación de la demanda le perjudica.********************Precisadas las características esenciales de las tres hipótesis previstas en el artículo ********************8 de la ley de la materia, debe señalarse también que no guardan un orden de preferencia; por tanto, la intención del legislador fue la de establecer que el plazo para la promoción del juicio de amparo debe computarse a partir del día siguiente al en que se verifique cualquiera de los tres supuestos establecidos en el invocado numeral; según lo confirma, al no contravenir las disposiciones legales contenidas en la Ley de Amparo.********************Es aplicable, el criterio emitido por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, 2********************7-228 Cuarta Parte, página ********************05, que dice:********************"DEMANDA DE AMPARO, TERMINO PARA LA PRESENTACION DE. SOLO CUANDO NO OBRE CONSTANCIA DE LA NOTIFICACION AL QUEJOSO DEL ACTO RECLAMADO, PUEDE EFECTUARSE EL COMPUTO DESDE EL DIA SIGUIENTE AL EN QUE HAYA TENIDO CONOCIMIENTO DEL MISMO O SE HAYA OSTENTADO SABEDOR DE TAL ACTO. El artículo 2******************** de la Ley de Amparo establece que el término de quince días para la interposición de la demanda de amparo se cuenta desde el día siguiente al en que se haya surtido efectos la notificación al quejoso de la resolución reclamada; al en que haya tenido conocimiento de la misma o de su ejecución, o al en que se hubiese ostentado sabedor de los mismos. Ahora bien, la correcta interpretación de dicho precepto debe ser en el sentido de que las hipótesis segunda y tercera mencionadas son aplicables sólo cuando no obren constancias de la notificación al quejoso de la resolución que reclame, o esas situaciones se hayan producido con anterioridad, pues de otro modo, debe estarse a tales constancias y no a la fecha en que el quejoso afirme que tuvo conocimiento del acto reclamado."********************De la interpretación anterior, se desprende que la demanda de amparo resulta improcedente, en virtud de que los actos reclamados no se impugnaron dentro del término establecido por la ley que rige el juicio constitucional; pues en el caso, se actualiza la tercera de las hipótesis reseñadas, atento a las siguientes consideraciones.********************De la lectura íntegra de la demanda de amparo y escrito aclaratorio, que constituyen un todo, en términos del criterio sustentado por el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, en su tesis XX.********************o. J/44, visible en la página 5********************9, del Tomo VI, Agosto de ********************997, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, epígrafe: DEMANDA DE AMPARO. PARA SU ESTUDIO DEBE CONSIDERARSE COMO UN TODO."; se advierte que la parte quejosa manifestó bajo PROTESTA DE DECIR VERDAD que tuvo conocimiento del acuerdo de cinco de septiembre de dos mil veintitrés, emitido en el juicio laboral ********************del índice de la Junta Especial Número Treinta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado, el diecisiete de septiembre de dos mil veintitrés.********************Como se ve, la quejosa, reconoce que en la indicada fecha tuvo conocimiento de la existencia del acto reclamado.********************Afirmación que evidentemente constituye un hecho propio aseverado por la quejosa en la demanda, por tanto, con eficacia probatoria plena en su contra, de conformidad con lo que dispone el artículo 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, que es del tenor siguiente:********************"Artículo 200. Los hechos propios de las partes, aseverados en la demanda, en la contestación o en cualquier otro acto del juicio, harán prueba plena en contra de quien los asevere, sin necesidad de ofrecerlos como prueba."****************************************Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia P./J. 27/96 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo III, Junio de ********************996, Materias(s) Común, Novena Época, página 57, registro digital 200094, de rubro y texto:******************** "DEMANDA DE AMPARO. TERMINO PARA INTERPONERLA (ARTICULO 22, FRACCION III, DE LA LEY DE AMPARO). LA CONFESION EXPRESA DEL QUEJOSO CONTENIDA EN LA DEMANDA, ACERCA DE QUE TUVO CONOCIMIENTO DE LA EXISTENCIA DEL PROCEDIMIENTO QUE MOTIVO EL ACTO RECLAMADO, CONSTITUYE PRUEBA PLENA DE ESE HECHO Y HACE INAPLICABLE DICHO PRECEPTO. El reconocimiento del quejoso vertido en los antecedentes de la demanda de amparo, de que tuvo conocimiento por vía telefónica del procedimiento que motivó los actos reclamados, es suficiente para estimar actualizado el último de los supuestos previstos en el párrafo final de la fracción III del artículo 22 de la Ley de Amparo y, como consecuencia, declarar inaplicable al caso el término de ********************80 días para la interposición de la demanda de garantías, y procedente el de quince, que como regla general establece el numeral 2******************** de esa misma Ley. Esto supone que la situación de que el quejoso se manifestó sabedor del procedimiento que haya motivado el acto reclamado, por las consecuencias jurídicas que produce en perjuicio del quejoso, debe estar probado plenamente, debido a que al realizarse ese evento, ocasiona que la acción de amparo no deba ejercerse dentro del término de ********************80 días de conformidad con el precepto en examen, sino de quince días, lo cual provocará seguramente en todo caso que se actualice la causal de improcedencia contemplada en el artículo 73, fracción XII, en relación con el 2********************, ambos de la Ley de Amparo. Así, la exigencia de que exista prueba plena de que el quejoso tuvo conocimiento del procedimiento antes del dictado de la sentencia se satisface si existe manifestación expresa del quejoso en ese sentido en la demanda de amparo, pues dicha manifestación constituye una confesión expresa, medio de prueba que es admisible en el juicio de amparo y que goza de valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos ********************99 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo".********************En ese orden de ideas, es inconcuso que la parte quejosa tuvo conocimiento pleno y fehaciente de la existencia de los actos que reclama el diecisiete de septiembre de dos mil veintitrés, como lo manifiesta en su escrito aclaratorio.********************Luego, al tomar en cuenta el término que refiere el artículo ********************8 de la Ley de Amparo, el cómputo para la interposición de la demanda debe realizarse a partir del día siguiente al en que tuvo conocimiento de la existencia de dicho acto y dado que ello aconteció desde la indicada data, el plazo para la interposición de la demanda transcurrió del dieciocho de septiembre al seis de octubre de dos mil veintitrés, sin contar los días sábados y domingos, por ser inhábiles de acuerdo al artículo ********************9 de la Ley de Amparo.********************En tales condiciones, es dable afirmar que si la demanda de amparo fue presentada hasta el seis de noviembre de dos mil veintitrés -según se advierte del sello de recepción que consta impreso en la boleta de demanda- es claro que el plazo de quince días había fenecido; de ahí, que debe considerarse que el acto reclamado fue consentido tácitamente por la quejosa al haber instado el juicio constitucional de modo extemporáneo.********************Tiene aplicación la jurisprudencia IV.2°.C J/7, que emitió el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, localizable a página ********************0********************, tomo XXII, julio de 2005, novena época, materia común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice:********************"DEMANDA DE AMPARO. CÓMPUTO DEL TÉRMINO PARA SU PRESENTACIÓN CUANDO EL QUEJOSO MANIFIESTA EXPRESAMENTE LA FECHA EN QUE TUVO CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO. El artículo 2******************** de la Ley de Amparo contempla tres supuestos para fijar el término de quince días con que cuenta el quejoso para presentar la demanda de garantías; a saber: a) A partir del día siguiente al en que haya surtido efectos la notificación de la resolución o acuerdo que reclame, conforme a la ley del acto; b) A partir del día siguiente a la fecha en que haya tenido conocimiento del acto reclamado o de su ejecución; y c) A partir del día siguiente a la fecha en que se hubiese ostentado sabedor de los mismos. Para el caso concreto del último supuesto, éste se actualiza, entre otras formas, cuando el agraviado presenta ante la autoridad responsable un escrito, sin fecha precisa, mediante el cual solicita se le tenga por notificado del acto que posteriormente reclama en amparo; sin que sea acertada la pretensión de que la manifestación de la voluntad así exteriorizada, sólo cobre eficacia hasta una vez que se dicta el proveído correspondiente a dicha petición. En ese tenor, no puede computarse a partir del proveído de referencia, el término correspondiente para la presentación de la demanda, aunado a que el supuesto que se estima actualizado, dispone que éste empieza a computarse a partir del día siguiente al en que la parte quejosa se haya ostentado sabedora del acto o, en su caso, el día en que aparece fechado tal ocurso, al ser ello lo que refleja la manifestación inequívoca de su parte, acerca del conocimiento pleno del acto, sin soslayarse que con tal manifestación, el propio interesado hizo a un lado los requisitos que debía reunir la notificación del acto conforme a la ley de la materia."****************************************Así como la tesis XXI.2o.P.A.25 K, del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo: XXII, agosto de 2005, página ********************890, que a la letra dice:********************"DEMANDA DE AMPARO. REGLAS CONFORME A LAS CUALES DEBE REALIZARSE EL CÓMPUTO DE LOS QUINCE DÍAS PARA INTERPONERLA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 2******************** DE LA LEY RELATIVA). El artículo 2******************** de la Ley de Amparo establece que, por regla general, el término para interponer la demanda de amparo será de quince días, cuyo cómputo depende de la forma en que el quejoso se haya impuesto de los actos reclamados, a saber: a) Desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; b) Desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento de los actos reclamados o de su ejecución; o, c) Desde el día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedor de los actos reclamados. Luego, para que se surta la hipótesis indicada en el inciso a) es necesario que esté acreditado fehacientemente que la autoridad ante quien se instruye determinado procedimiento haya notificado al quejoso la resolución o acuerdo que reclama, pues sólo de esta manera el término de quince días que concede el artículo 2******************** mencionado para interponer la demanda de amparo, comenzará a contar a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación. En cambio, tratándose de los supuestos precisados en los incisos b) y c), su actualización implica que la parte quejosa tenga conocimiento de manera fortuita de los actos reclamados, o bien, que al promover la demanda de amparo se ostente sabedor de ellos; de donde se infiere que en esos casos no existe una notificación formal conforme a la ley que rige el acto, lo que justifica que el término de quince días mencionado deba computarse a partir del día siguiente al en que el agraviado tenga conocimiento o se ostente sabedor de los actos reclamados."********************Así, al resultar de manera notoria, manifiesta e indudable, la actualización de las causas de improcedencia invocadas, lo procedente es DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO, respecto al acto reclamado consistente en B) El acuerdo de cinco de septiembre de dos mil veintitrés, dictado en los autos del juicio laboral ********************del índice de la Junta Especial Número Treinta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado, en donde se le hizo efectivo el apercibimiento decretado en auto del veinte de abril de dos mil veintidós y tuvo por no perfeccionadas las pruebas de cotejo marcadas con los números 4, 8 y 9 del auto de calificación de pruebas, y determinó que no existían pruebas pendientes por desahogar, de conformidad con el artículo ****************************************2 y ****************************************3 de la Ley de Amparo. ********************Admisión parcial de la demanda e intervención Ministerial********************En ese orden, en términos de los artículos ********************03, fracción I, ********************07, fracciones I, VII y XV de la Constitución Federal; ********************º, fracción I, 5°, fracción IV, 2********************, tercer párrafo, 33, fracción IV, ********************, 37, 64, ********************07, ********************08, ****************************************0, ****************************************2, ****************************************5, ****************************************7, ********************25, ********************28 de la Ley de Amparo; se admite la demanda de que se trata; únicamente respecto de los actos reclamados consistentes en la C) falta de acuerdo de la Junta Responsable respecto de los escritos de fecha treinta de agosto y dieciséis de octubre ambos de dos mil veintitrés presentados por la quejosa ********************, ahora ********************, en el citado juicio laboral número ********************Por tanto, se otorga al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este órgano de control constitucional, la intervención correspondiente, para ello, entréguesele una copia simple de la demanda y escrito aclaratorio.********************Incidente de suspensión********************Tramítese sin incidente de suspensión, al no haberlo solicitado expresamente la parte quejosa.********************Fecha audiencia constitucional********************Se señalan las DIEZ HORAS CON CATORCE MINUTOS DEL QUINCE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, para la audiencia constitucional.********************En el entendido que en la celebración de la audiencia no implica la asistencia personal de las partes, ya que en términos del numeral 257, fracción II, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, para la práctica de audiencias que requiera la presencia física de las partes o de otros intervinientes, se celebrará por videoconferencia; asimismo, se podrán realizar a partir de los escritos presentados física o electrónicamente.********************Solicitud de informe con justificación********************Solicítese, a las autoridades señaladas en la demanda de cuenta como responsables, el informe con justificación, el cual rendirán dentro del plazo de quince días siguientes a que reciban el oficio, para ello, acompañarán en su caso, copias certificadas legibles y completas de las constancias necesarias para apoyarlo, haciéndoles de su conocimiento que de no cumplir, el precepto 260, fracción II, en relación con el 238 del ordenamiento invocado, establece que se les podrá imponer una multa de cien a mil unidades de medida y actualización. ********************Notificaciones a la autoridad responsable por medio de lista********************Con fundamento en el artículo 26, fracción III, de la Ley de Amparo, en relación con la jurisprudencia 2ª./J.********************76/20********************2 (********************0a), de rubro: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS", se indica a la autoridad responsable, que en los casos no previstos en la precitada norma, las notificaciones deben realizarse por medio de lista que se pública en los estrados de este Juzgado; por ello, se estima innecesario girar oficios para hacerle del conocimiento los diferimientos de la audiencia constitucional, pues no es necesaria su notificación por oficio, -como si se tratara de una notificación personal-; además, está en aptitud de consultar dichas determinaciones a través de la lista de acuerdos de este Juzgado, así como en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación (https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea). ********************Por tanto, se ordena notificar a la responsable los subsecuentes acuerdos que se encuentren dentro del referido supuesto, por medio de lista de acuerdos.********************Envío de comunicaciones oficiales********************A fin de agilizar el procedimiento, se pone a disposición exclusiva de la autoridad responsable y Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, el correo oficial de este Juzgado ********************jdo********************3cto@correo.cjf.gob.mx y el telefax número 95******************** 50 2 38 70, para que por tales vías puedan enviar comunicaciones oficiales. ********************Causas de improcedencia o juicios amparos relacionados********************Se previene a todas las partes para que comuniquen cuando cesen los efectos del acto reclamado o se actualicen causas notorias de sobreseimiento; asimismo, informen si en relación al acto reclamado o al expediente del cual derive el acto reclamado, se ha promovido diverso juicio de amparo, de ser así, indiquen el número de juicio y el juzgado de Distrito que conoció del asunto, de incumplirlo, se les impondrá multa prevista en el precepto 25******************** de la referida Ley.********************Autorización de constancias de autos********************Se autoriza a las partes, para que, al imponerse de los autos, puedan utilizar medios electrónicos (cámaras o lectores ópticos) para reproducir copias de las constancias de autos, excepto, cuando en el informe justificado se exhiba información clasificada como reservada o confidencial, lo que de ser el caso, se proveerá en el momento procesal oportuno. ********************Exhortación a las partes para promover con firma electrónica********************En términos del artículo 263, fracción II, párrafo segundo, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, se invita a las partes, sus representantes o sus autorizados con facultades expresas para hacerlo, a fin de que transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea; para lo cual, deben solicitar la consulta de expedientes electrónicos y la práctica de notificaciones electrónicas de las resoluciones, mismas que este órgano jurisdiccional deberá haber autorizado previamente. La actuación por este medio requiere de la utilización de una firma electrónica vigente, ya sea FIREL o e.firma.********************Quienes no tengan autorizada la actuación por medios electrónicos podrán solicitar, por sí o por conducto de las personas antes mencionadas, a través de promoción física o electrónica desde el propio Portal de Servicios en Línea, el acceso a un expediente electrónico determinado y la práctica de notificaciones electrónicas, de conformidad con el Acuerdo General ********************2/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Así, quienes actualmente actúen en un expediente bajo el modelo tradicional, pueden en cualquier momento transitar hacia el modelo de juicio en línea.********************Cómo obtener la Firel********************Se hace del conocimiento de las partes materiales y formales que pueden solicitar su firma electrónica (Firel) en la página de internet https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/Home/SolicitaFirely concluir el trámite de la firma electrónica (Firel) en línea a través de la aplicación FiREL en línea, mediante un trámite remoto, por lo que ya no es necesario asistir a los módulos físicos que se encuentran en las entidades federativas de la República Mexicana.********************Emplazamiento a la parte tercera interesada********************Ahora, de conformidad con el artículo 5°, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo; toda vez que le resulta el carácter de tercera interesada a ********************, quien tiene su domicilio (********************) en calle ********************, número ********************, local ********************, Colonia ********************, interior del centro comercial "pabellón ********************", ********************, Oaxaca, se instruye al Actuario adscrito para que se constituya en el domicilio de la citada parte, a efecto de que le notifique personalmente este proveído, y la emplace a este juicio constitucional entregándole copia simple de la demanda de amparo, escrito aclaratorio, y copia autorizada de este auto, asimismo, en términos del precepto 297, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, la requiera para que dentro del plazo de tres días, contados a partir de que le notifique este auto, señale domicilio en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, la ciudad de ********************, o en la zona conurbada de esta última, para recibir notificaciones, de no hacerlo, en términos del artículo 27 en relación con el diverso 29 de la Ley de Amparo, las subsecuentes, aún las de carácter personal, le será hechas por lista de acuerdos en este órgano de control constitucional. ********************Admisión de pruebas********************Con fundamento en el numeral ****************************************9 de la Ley de la materia se admiten como prueba de la parte quejosa, las documentales que exhibió con su demanda de amparo, consistentes en las siguientes:********************a) Copia certificada del instrumento notarial ********************, volumen ********************,********************, de dieciocho de noviembre de dos mil veintiuno, otorgada ante la fe del Notario Púbico número ********************, del Estado de México.********************b) Copia simple de los acuses de recibo de los escritos de treinta de agosto y dieciséis de octubre, ambos de dos mil veintitrés, presentados ante la Junta Especial Número Treinta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado.** Copia simple de las diligencias llevadas a cabo al veintiocho y treinta de agosto de dos mil veintitrés, desahogas en el juicio laboral *****de la Junta Especial Número Treinta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado.******d) Copia simple del acuerdo de ocho de agosto de dos mil veintitrés, dictado en el juicio laboral **de la Junta Especial Número Treinta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbit*****Dichas probanzas se tienen por desahogadas dada su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de relacionarlas en la audiencia constitucional, con la cual se ordena dar vista a las partes para que se impongan de su contenido.******Publicación de la sentencia********Hágase del conocimiento de las partes que la versión pública de la sentencia que se llegare a emitir en este asunto, se deberá a poner a disposición del público, -en cumplimiento a lo establecido en el artículo 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública-, eliminando u omitiendo todo dato confidencial o reservado.********************Notifíquese personalmente.
- Principal
Número de expediente: 1106/2023 Acuerdo: San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiuno de noviembre de dos mil veintitrés.********************Cumple prevención********************Intégrese a los autos el escrito signado por Guadalupe Bautista Vázquez, apoderada legal de la persona moral ********************, ahora *******, por el que, en relación al requerimiento formulado en proveído de ocho de noviembre del año en curso, cumple con la prevención solicitada.********************Precisión de actos reclamados********************En ese orden, una vez analizado el escrito aclaratorio y la demanda de amparo, permite concluir que los actos de los que se duele la parte quejosa en esta instancia constitucional son los siguientes:****** La notificación del auto de cinco de septiembre de dos mil veintitrés, realizado por boletín judicial en los autos del juicio laboral ***B) El acuerdo de cinco de septiembre de dos mil veintitrés, dictado en los autos del juicio laboral ******del índice de la Junta Especial Número Treinta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado, en donde se le hizo efectivo el apercibimiento decretado en auto del veinte de abril de dos mil veintidós y tuvo por no perfeccionadas las pruebas de cotejo marcadas con los números 4, 8 y 9 del auto de calificación de pruebas, y determinó que no existían pruebas pendientes por desahogar.********************C) La falta de acuerdo de la Junta Responsable respecto de los escritos de fecha treinta de agosto y dieciséis de octubre ambos de dos mil veintitrés, presentados por la quejosa ********************, ahora ********************, en el citado juicio laboral número *******Desechamiento parcial de la demanda de amparo ********************Antes de admitir a trámite la demanda de amparo, conforme a lo dispuesto en el artículo **************** de la Ley de Amparo, es pertinente examinar si existe alguna causa de improcedencia que, por ser manifiesta e indudable, haga improcedente la instancia constitucional, tal como lo ordena el artículo ************3 de la Ley de Amparo, que al efecto señala:*******"Artículo *************3. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano."*************El precepto transcrito, establece que el órgano jurisdiccional tiene la obligación de estudiar la demanda de amparo, y de encontrar un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe desecharla de plano; lo que es así porque en atención al derecho fundamental de administrar justicia de manera pronta y expedita consagrado por el ordinal ********************7 de la Constitución Federal, no es factible dar trámite a las demandas de amparo notoriamente improcedentes para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que desde un inicio se advierte que resultarán indudablemente improcedentes.*******Así, la norma transcrita impone al Juez de Distrito la obligación de estudiar el libelo de amparo y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia desecharla de plano, para lo cual en principio deben tomarse en consideración únicamente los hechos y las circunstancias narrados en el propio ocurso y en los anexos que se acompañen.*Precisa destacar que por motivo manifiesto se entiende lo que se advierte clara y patentemente y por indudable aquello de lo que se tenga la certeza y la plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal suerte que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento relativo no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes y con total abstracción de lo que en un futuro pudiera probarse, sin lugar a dudas, sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por la promovente o porque estén acreditados con datos de juicio indubitables, de modo tal que el informe justificado que rinda la autoridad responsable, los alegatos y las pruebas que las partes pudieran aportar o hacer valer en el procedimiento sean innecesarios para configurar dicha improcedencia ni lleguen a desvirtuar su contenido.*****Resulta aplicable la jurisprudencia I.***o.A. J/6, pronunciada por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página , Tomo XX, Septiembre de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial y su Gaceta, de rubro y texto siguientes:DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO ********************45 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo ********************45 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e "indudable" significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo **7 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita.*El proceder anterior tiene como base lo previsto por el artículo ********************7 constitucional que consagra el derecho fundamental de acceso a la jurisdicción e impone como deber a los órganos jurisdiccionales de salvaguardar esa prerrogativa de manera pronta y expedita, dado que no sería lógico ni razonable admitir a trámite una demanda pese a tener plena convicción de que a la postre será improcedente, con demérito de los recursos humanos y materiales que tal acción genera.***Por consiguiente, al tratarse la improcedencia de una cuestión de orden público debe atenderse a los citados elementos a efecto de comprobar qué supuestos legales que regulan a esa institución jurídica se actualizan en el presente sumario.********************Bajo la premisa contenida en el artículo anterior, es pertinente examinar si en la especie existe alguna causal de improcedencia, que por ser manifiesta e indudable, permita de plano su desechamiento.***A) ACTO RECLAMADO CONSISTENTE EN LA NOTIFICACIÓN DEL AUTO DE CINCO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, REALIZADO POR BOLETÍN JUDICIAL EN LOS AUTOS DEL JUICIO LABORAL ********************Expuesto lo anterior, a consideración de quien aquí resuelve, se estima que procede DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO DE AMPARO, en términos de lo previsto en el artículo *** de la Ley de Amparo, respecto del acto reclamado consistente en la NOTIFICACIÓN DEL AUTO DE CINCO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, REALIZADO POR BOLETÍN JUDICIAL EN LOS AUTOS DEL JUICIO LABORAL 623/20****************************************, toda vez que se advierte que se actualiza de manera notoria e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 6********************, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, al no haberse observado el principio de definitividad previo a la promoción del juicio de amparo, que establece lo siguiente:******************** "Artículo 6********************. El juicio de amparo es improcedente: ********************[.] ********************XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas.********************Se exceptúa de lo anterior:********************a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales;********************b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal;********************c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento;********************d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso;********************Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo;"********************De la trascripción que antecede se advierte que el juicio de amparo es improcedente contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas.********************Es decir, el dispositivo transcrito establece que el juicio de protección de los derechos fundamentales es improcedente cuando no se respete el principio de definitividad respecto de los actos provenientes de las autoridades jurisdiccionales.********************De aquí deriva el reconocimiento del citado principio de definitividad, que implica el agotamiento previo del recurso ordinario procedente respecto de un determinado acto de autoridad. Es decir, es la obligación que tiene la parte quejosa de agotar, antes de acudir a la instancia constitucional, el recurso ordinario procedente que pudiera tener efectos de revocar o modificar el acto reclamado.********************El agotamiento de los recursos ordinarios antes de promover el juicio de amparo es una regla, una razón operativa de carácter perentorio, que obedece a la dimensión institucional de su régimen procesal, definido por su naturaleza de orden regulado y operado por órganos competentes.********************Además, al justiciable se le impone la carga de agotar los recursos ordinarios, antes de acceder a la justicia de amparo, porque tales medios no son meras exigencias formales para retardar la impartición de justicia, ni requisitos inocuos que deben cumplirse para conseguir la tutela judicial efectiva que garantiza la Constitución Federal, sino que son, generalmente, instrumentos aptos para reparar oportuna y adecuadamente las violaciones a las leyes que se hayan cometido en el acto o resolución combatida.********************Ésta es la razón por la que, al margen del reconocimiento de la existencia de ciertos actos cuya ejecución tiene efectos irreparables, respecto de los que procede el juicio de amparo indirecto, se exige que, previo a instar la acción constitucional, se agote el recurso ordinario previsto en la ley que rige el acto, que tenga como efecto revocar, anular o modificar del mismo. ********************Funda lo expuesto la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página ********************0, del Libro ********************, Diciembre de 20********************3, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, con registro 2005039, cuyo rubro y texto son:********************"DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LA IRREPARABILIDAD DEL ACTO NO CONSTITUYE, POR SÍ MISMA, UNA EXCEPCIÓN A ESTE PRINCIPIO, AUN CUANDO EN LA CONTIENDA JURÍDICA ESTÉ INVOLUCRADO UN MENOR DE EDAD. El artículo ***07, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece, por un lado, la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación y, por otra parte, prescribe el principio de definitividad que se traduce en la carga impuesta al quejoso de agotar los recursos ordinarios que procedan en contra de tal acto. Al respecto, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto, aun en los casos en los que un menor de edad se encuentre involucrado. El primero de esos requisitos, esto es, que se trate de un acto de ejecución irreparable, se refiere a la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y que genera la afectación en la esfera jurídica del quejoso, por la transgresión de un derecho sustantivo que no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. La regla de la definitividad, por su parte, se refiere a la existencia, idoneidad y eficacia de los recursos ordinarios previstos en la ley contra el acto reclamado, así como a la posibilidad, derivada de las normas legales aplicables al caso, de que el interesado renuncie a ellos. Así, en los juicios en que intervienen menores o se vea afectada su esfera jurídica, el hecho de que se trate de actos de imposible reparación no genera, per se, una excepción a la regla de definitividad, pues ésta se refiere fundamentalmente al alcance de los recursos y no a la naturaleza de los actos impugnados, sin que el interés superior del menor constituya una justificación válida para confundir los elementos de uno y otro requisitos de procedencia del juicio de amparo."**********Debe destacarse que la razón por la que el legislador restringió el acceso al juicio de protección de los derechos fundamentales mediante la causal de improcedencia en estudio atiende a la finalidad de preservar la supremacía de la acción de amparo como instrumento protector del orden constitucional, el cual impide ejercerlo contra cualquier acto de autoridad que aun cuando surja de un procedimiento pudiera válidamente enmendarse a través de los recursos ordinarios que se prevén por la ley común, por medio de los cuales la potestad ordinaria podría revocarlo, anularlo o modificarlo, ya que de lo contrario el juicio de amparo se convertiría en un recurso más que el gobernado podría hacer valer a su elección, lo que de suyo resulta inadmisible.***El indicado motivo de improcedencia no es absoluto, toda vez que en el propio dispositivo se establece la salvedad de que no opera cuando se esté dentro de los supuestos de excepción enumerados, ya que en dicha eventualidad el quejoso estará en aptitud de elegir entre hacer valer la acción constitucional, o bien, el recurso o medio de impugnación que conforme a la ley que rija al acto reclamado sea procedente.********************En ese contexto, la parte quejosa previo a instar a la Justicia Federal sobre el tópico de constitucionalidad derivado de un acto emanado de un ente judicial o que ejerce facultades materialmente jurisdiccionales debe agotar todas las instancias procesales tendentes a revocar, modificar, anular o invalidar el acto que se combate y una vez que con esos mecanismos ordinarios de defensa no se haya revertido los efectos del origen de la inconformidad procederá el ejercicio de la acción de amparo.********************Para los efectos del aludido principio se entiende que un recurso -horizontal o vertical- o medio ordinario de defensa debe agotarse únicamente cuando a través de ese mecanismo de impugnación el acto de autoridad pueda ser revocado -cambiar en su totalidad el criterio de la resolución recurrida-, modificado -hacer un cambio parcial de la resolución- o anulado -dejar insubsistente el acto de autoridad-; asimismo, debe precisarse que sólo se entenderá colmado este requisito de procedencia cuando el recurso o instancia legal que se haga valer se haya substanciado en todos sus términos hasta su resolución que lo dé por terminado.****Además, el citado precepto legal dispone la improcedencia del amparo respecto de resoluciones provenientes de autoridades judiciales, tribunales administrativos o del trabajo, cuando la ley que los rija prevea algún medio de defensa legal susceptible de modificarlas, revocarlas o nulificarlas, siempre que no se trate de resoluciones que importen peligro de privación de la vida, deportación, destierro y, en general, cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Federal; incluyendo aquellos que afecten la libertad (en las distintas modalidades señaladas en la fracción en comento); de igual forma, no se tendrán que agotar esos medios ordinarios de defensa, cuando se trata de personas extrañas al procedimiento, autos de vinculación a proceso o, cuando para la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional, o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, en este último caso, el quejoso estará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo.********************Por tanto, para poder atender sobre la actualización de la causa de improcedencia que se invoca, se deben de atender a los elementos de ésta, y de la forma en cómo se satisfacen para que la misma prospere. ********************Así, de la simple lectura de la fracción en comento, se desprende que el legislador exige como requisitos para que se actualice la causa de improcedencia a que se ha hecho referencia, que: ********************A) Que el acto reclamado sea una resolución proveniente de un tribunal judicial, administrativo o del trabajo.********************B) Que la ley conceda contra ese acto algún recurso o medio de defensa;********************C) Que ese recurso o medio de defensa se dé dentro del procedimiento en que se emitió la actuación reclamada; y********************D) Que por virtud de dicho medio, la resolución judicial pueda ser modificada, revocada o nulificada. ********************Estableciendo como excepciones:****************************************. Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales;********************2. Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal;********************3. Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. ********************4. Cuando se trate del auto de vinculación a proceso.********************5. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla; supuesto en el cual, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo.********************Precisado lo anterior y tomando en cuenta los antecedentes narrados por la parte quejosa en su demanda de amparo y escrito aclaratorio, se advierte que se colman los supuestos previstos en el artículo 6******************** fracción XVIII de la Ley de Amparo, pues el acto reclamado consistentes en la notificación del acuerdo de cinco de septiembre de dos mil veintitrés; es susceptible de nulificarse mediante el incidente de nulidad de notificaciones.********************En efecto, los artículos 752, 76********************, 762 y 763 de la Ley Federal del Trabajo, establecen:********************Artículo 752. Son nulas las notificaciones que no se practiquen de conformidad a lo dispuesto en este capítulo." ********************Artículo 76********************. Los incidentes se tramitarán dentro del expediente principal donde se promueve, salvo los casos previstos en esta ley."********************Artículo 762. Se tramitarán como incidentes de previo y especial pronunciamiento las siguientes cuestiones. I. Nulidad; (...)"********************Artículo 763. Cuando se promueva un incidente dentro de una audiencia o diligencia, se sustanciará y resolverá de plano, oyendo a las partes; continuándose el procedimiento de inmediato. Cuando se trate de nulidad, competencia y en los casos de acumulación y excusas, dentro de las veinticuatro horas siguientes se señalará día y hora para la audiencia incidental, en la que se resolverá."****************************************De los transcritos preceptos se infiere que los afectados por una notificación realizada en contravención a las normas aplicables, podrán solicitar su nulidad a través del incidente respectivo.********************El artículo 752 dispone que serán nulas las notificaciones que no se practiquen de conformidad con los artículos 739 a 75******************** que establecen los requisitos y formalidades que deben verificarse al momento de realizarse una notificación. El artículo 762 prevé que se tramitará como cuestión de previo y especial pronunciamiento, entre otros incidentes, el de nulidad, el cual deberá resolverse en la forma y términos previstos en los artículos 76******************** y 763.********************Es decir, cuando una notificación se hiciere en forma distinta de la prevenida por la disposiciones legales aplicables, o se omitiere, puede la parte agraviada promover incidente sobre declaración de nulidad de lo actuado, desde la notificación hecha indebidamente u omitida, y en caso de resultar fundados los motivos de disenso que alega la parte quejosa, podría subsanar la omisión impugnada.********************Luego, es inconcuso que la quejosa Guadalupe Bautista Vázquez, apoderada legal de la persona moral "********************", ahora "********************", previamente a promover el presente juicio de amparo, se encontraba obligada a interponer el incidente de nulidad de actuaciones respecto de la notificación del auto de cinco de septiembre de dos mil veintitrés, por boletín judicial, dentro de los autos del juicio laboral ********************del índice de la Junta Especial Número Treinta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado, en términos del artículo 762, fracción I, de la Ley Federal del Trabajo.********************En efecto, en la especie se actualiza la causa de improcedencia invocada, dado que la Ley Federal del Trabajo concede un medio de defensa para impugnar las notificaciones de las cuales ahora se duele la quejosa, o la falta de éstas, mismo que de resultar fundado, tendría el efecto de subsanar la ilegalidad impugnada y, por lo mismo, el mencionado incidente debió agotarse antes de acudir al juicio de amparo, cuya ley reglamentaria impide el estudio de cuestiones que carezcan de definitividad.********************De ahí que es innegable que se actualizan los elementos destacados que exige la causa de improcedencia en estudio, pues los actos reclamados provienen de la Junta Especial Número Treinta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado, respecto de los cuales la ley aplicable prevé un medio de defensa, dentro del procedimiento del cual emane el acto de autoridad, mismo que de resultar fundado tendría el efecto de subsanar la omisión reclamada.********************Aunado a que en la especie no se actualiza alguno de los supuestos de excepción para el principio de definitividad estudiado, en razón que el acto reclamado en análisis no importa peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, menos aun de incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales.********************Tampoco consiste en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso; ni se trata de un auto de vinculación a proceso.********************En ese contexto, la aquí quejosa no tiene el carácter de tercero extraño, pues de acuerdo a los antecedentes del acto reclamado narrados en su escrito de demanda y escrito aclaratorio se advierte que la promovente del amparo manifestó que es parte demandada en el juicio laboral de origen, y que el cinco de septiembre de dos mil veintitrés, se dictó acuerdo en el que en otras cosas, la junta responsable hizo efectivo el apercibimiento decretado en auto del veinte de abril de dos mil veintidós y tuvo por no perfeccionadas las pruebas de cotejo marcadas con los números 4, 8 y 9 del auto de calificación de pruebas, y determinó que no existían pruebas pendientes por desahogar, posteriormente refiere que dicho auto le fue notificado por boletín judicial que se fijó en los estrados de la Junta, y no en el domicilio que señaló para recibir notificaciones.********************Consecuentemente, no procede estimar que la recurrente se encontraba en un caso de excepción al principio de definitividad, al haber estado en aptitud de interponer el recurso ordinario correspondiente, antes de acudir al juicio de amparo, a partir de que tuvo conocimiento de los actos reclamados.********************Al respecto se cita la jurisprudencia 65/2002 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitida al resolver la contradicción de tesis 36/2002, consultable en la página 259, Tomo XVI, Julio de 2002, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta que dice:********************"NULIDAD DE NOTIFICACIONES EN EL JUICIO LABORAL. ESTE INCIDENTE, RESPECTO DE LAS PARTES QUE HAN COMPARECIDO, CONSTITUYE UN MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA Y DEBE AGOTARSE ANTES DE ACUDIR AL AMPARO, EXCEPTO CUANDO LA PARTE AFECTADA SE ENTERA DESPUÉS DEL LAUDO. Los artículos ********************07, fracción III, incisos a) y b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, establecen lo que se conoce como principio de definitividad en el juicio de garantías, consistente en que el quejoso, previamente al ejercicio de la acción constitucional, debe agotar los medios ordinarios de defensa que prevén los preceptos aplicables, pues de no ser así, el mencionado juicio será improcedente. Ahora bien, de la interpretación conjunta de los artículos 7********************, 752 y 762 a 765 de la Ley Federal del Trabajo, se concluye que el incidente de nulidad de notificaciones en el juicio laboral satisface los requisitos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido para estimar la existencia de un medio ordinario de defensa, es decir, tiene por objeto anular la notificación que lesiona los intereses del quejoso, con efectos similares a la revocación, está establecido en la citada ley laboral y tiene determinado un procedimiento para su resolución, pues fija un término para su interposición y un plazo para su resolución y, por tanto, constituye una actuación necesaria de las partes que han comparecido al juicio laboral, a fin de que la Junta de Conciliación y Arbitraje se pronuncie, específicamente, sobre la nulidad de las notificaciones que se practiquen en forma distinta a lo prevenido en la ley. Lo anterior es así, porque los medios ordinarios de defensa son instituidos en las leyes para que los afectados los hagan valer, y sólo en caso de no obtener resolución favorable se actualiza el medio extraordinario de defensa, que es el juicio de amparo; de lo contrario, si las partes dentro del juicio ordinario no tuvieran la carga de plantear sus defensas, excepciones o recursos ante la autoridad responsable, a fin de que ésta agote su jurisdicción, el amparo se convertiría en un recurso ordinario y el Juez de amparo suplantaría las facultades del Juez ordinario; además, si los afectados no interponen dichos medios ordinarios de defensa, las violaciones procesales que pudieron haber sido reparadas por la propia autoridad responsable mediante la tramitación del incidente respectivo, no podrán ser atendidas en el juicio de amparo que se promueva; máxime que debe prevalecer lo dispuesto por la fracción V del artículo ********************59 de la Ley de Amparo, que establece que se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que afectan las defensas del quejoso, entre otras, cuando se resuelva ilegalmente un incidente de nulidad, lo que implica la obligatoriedad de su promoción. Sin embargo debe considerarse para la exigencia previa del incidente de nulidad de notificaciones, el momento en el cual el afectado tuvo conocimiento de la violación procesal de que se trata, pues si ello ocurrió antes de dictarse el laudo, el afectado debió interponer el incidente de referencia antes de acudir al juicio de amparo; en cambio, de haber conocido la violación hasta después de emitido el laudo por la Junta del conocimiento, el afectado puede reclamar el laudo en amparo directo junto con la violación procesal, pues habiendo concluido el procedimiento, los efectos de la cosa juzgada y de la preclusión impiden que se abra nuevamente para discutir cuestiones procesales, las que sólo pueden ser decididas en vía de amparo."****************************************Asimismo se cita en apoyo la tesis consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo XI, Mayo de ********************993, Octava Época, visible en la página 339 de rubro: "INCIDENTE DE NULIDAD, PROCEDE CONTRA LA NOTIFICACION DEL LAUDO PREVIAMENTE AL AMPARO."********************Así las cosas, resulta innegable que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 6******************** de la Ley de Amparo, puesto que la parte quejosa no agotó el medio ordinario de defensa, en su calidad de parte demandada en el expediente de origen (parte patronal), por tanto, lo procedente es DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO de que se trata, respecto del acto reclamado consistente en: A) La notificación del auto de cinco de septiembre de dos mil veintitrés, realizado por boletín judicial en los autos del juicio laboral ********************B) ACUERDO DE CINCO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, DICTADO EN LOS AUTOS DEL JUICIO LABORAL ********************DEL ÍNDICE DE LA JUNTA ESPECIAL NÚMERO TREINTA Y DOS DE LA FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO.********************Asimismo, el suscrito juzgador advierte que en contra del diverso acto reclamado, consistente en el B) El acuerdo de cinco de septiembre de dos mil veintitrés, dictado en los autos del juicio laboral ********************del índice de la Junta Especial Número Treinta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado, se estima actualizada de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 6********************, en relación con el numeral ********************07, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, ya que el acuerdo que constituye el acto reclamado, no es un acto cuyos efectos sean de imposible reparación.********************En efecto, el precepto legal aludido en primer término en su fracción invocada dispone lo siguiente:********************Artículo 6********************. El juicio de amparo es improcedente: ********************[.]********************XXIII.- En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley.********************Por su parte, el artículo ********************07, fracción V, de la ley en cita establece:********************Artículo ********************07. El amparo indirecto procede:********************[.]********************V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;********************[.]********************Ahora bien, el artículo ********************07, fracción V, de la Ley de Amparo, establece que el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos, los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte.********************Esto es así, ya que a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo ********************07, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;".********************Con esta aclaración el legislador secundario estableció que los actos de imposible reparación, producían una afectación material a los derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produjeran una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas.********************Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva.********************Así, por actos que tengan una ejecución de imposible reparación debe entenderse a aquellos que de una manera inmediata lesionen el interés de una de las partes en el juicio que perdure cualquiera que sea el sentido de la resolución que se pronuncie en éste, o bien haga imposible la prosecución del procedimiento, es decir, que cause a una de las partes un agravio no reparable en dicho fallo.********************En otras palabras, por actos de imposible reparación para los fines de determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto, debemos entender a aquellos que tengan una ejecución de carácter irreparable, para las personas, sus derechos personales, reales o del estado civil, cuyos efectos no se pueden reparar en el curso del juicio del que se derivan tales actos procesales, como sería por ejemplo el embargo trabado en bienes del quejoso, la imposición de una multa, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, etcétera; esto en razón de los daños y perjuicios que se puedan revestir a los particulares con esa clase de actos que no se les puede resarcir en ninguna actuación posterior, lo que impide la posibilidad que las violaciones cometidas en el juicio queden reparadas en la resolución que llegue a pronunciarse.********************Es decir, los actos procesales que no tienen efectos sobre las cosas o las personas, en sus derechos sustantivos, no tienen el carácter de irreparables mientras exista la posibilidad legal de que los afectados obtengan una sentencia favorable a sus pretensiones, ya que en este acto los efectos intraprocesales pronunciados por aquellas actuaciones desaparecen, esto es, dichos actos sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal e inciden en las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento con vista a obtener un fallo favorable.********************Es importante hacer hincapié que en el artículo ****************************************4, fracción IV, de la Ley de Amparo abrogada, se establecía que el amparo se pediría ante el Juez de Distrito "contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación". De antaño, el legislador no definía lo que debía entenderse por imposible reparación, de ahí que en la praxis judicial se desarrollaron criterios que interpretaban esa ley, específicamente, tratándose de actos de imposible reparación, se situaban como tales, tanto los que afectaran derechos sustantivos, como a los adjetivos o procesales que ocasionaran una afectación exorbitante o en grado superior.********************Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis número P. LVII/2004, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 9, Tomo XX, Octubre de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y textos son:********************ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE. CRITERIOS PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA O IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Para determinar cuándo se trata de actos que por sus consecuencias dentro del juicio son de imposible reparación, según los artículos ********************07, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y ****************************************4, fracción IV, de la Ley de Amparo, el Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha partido de dos criterios orientadores para determinar la procedencia o improcedencia del juicio de amparo indirecto, a saber: el primero, considerado como regla general, dispone que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan de manera directa e inmediata alguno de los derechos sustantivos previstos en la Constitución Federal, ya que la afectación no podría repararse aun obteniendo sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreversiblemente la violación de la garantía individual de que se trate; y el segundo, considerado como complementario del anterior, establece que los actos procesales o formales tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan a las partes en grado predominante o superior. De no actualizarse ninguno de estos supuestos, en el orden previsto, será improcedente el juicio de amparo indirecto y el gobernado deberá esperar hasta que se dicte la sentencia de fondo para controvertir la posible violación cometida a través del juicio de amparo directo, según lo dispuesto en los artículos ********************58, ********************59 y ********************6******************** de la Ley de Amparo.********************Ahora bien, lo reseñado con antelación pone de manifiesto que, en la nueva ley de la materia quedaron incorporados diversos criterios jurisprudenciales que se habían venido utilizando en la práctica y permitían interpretar a la Ley de Amparo abrogada, no obstante ello, en el actual precepto ********************07, fracción V, de la ley de la materia, quedó redactado que el amparo indirecto procede contra actos en juicio que sean de imposible reparación, dándole ahora está connotación únicamente a los que afecten derechos sustantivos, no obstante de la existencia de los criterios orientadores que interpretaban lo que debía entenderse por ese tipo de actos (afectación a derechos sustantivos o a derechos adjetivos o procesales que causaran afectación exorbitante o en grado superior); por lo que se limitó el sentido que debía dársele, en donde ya no se pueden comprender los de naturaleza adjetiva o procesal que causen afectación exorbitante o en grado superior; por tanto, ese tipo de violaciones procesales ya no son factibles combatirlas a través del amparo indirecto.********************En consecuencia, como la Ley de Amparo vigente, para la procedencia del amparo indirecto, considera que los actos emitidos dentro de juicio que resultan ser de imposible reparación sólo son aquellos que afecten materialmente derechos sustantivos, entonces no queda comprendida en esa connotación, el acto reclamado consistente en el acuerdo emitido el cinco de septiembre de dos mil veintitrés, dictado en los autos del juicio laboral ********************del índice de la Junta Especial Número Treinta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado, donde hizo efectivo el apercibimiento decretado en auto del veinte de abril de dos mil veintidós y tuvo por no perfeccionadas las pruebas de cotejo marcadas con los números 4, 8 y 9 del auto de calificación de pruebas, y determinó que no existían pruebas pendientes por desahogar; dado que dichos actos sólo producen efectos intraprocesales, que no causan una afectación de imposible reparación, entendiéndose por éstos los que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte.********************En efecto, el acuerdo de la Junta responsable que determinó hacer efectivo el apercibimiento decretado en auto del veinte de abril de dos mil veintidós y tuvo por no perfeccionadas las pruebas de cotejo marcadas con los números 4, 8 y 9 del auto de calificación de pruebas, y resolvió que no existían pruebas pendientes por desahogar, no involucra derechos sustantivos de los protegidos constitucionalmente, entre los que se encuentran la libertad, posesión, la propiedad, entre otros aspectos, pues el laudo que se dicte en el juicio de origen puede ser favorable a los intereses de la parte quejosa y, en el caso que le fuera adversa, cualquier violación al respecto, podrá reclamarla en el amparo directo que, en su caso, promueva contra la sentencia definitiva que llegue a dictarse; por tanto, la determinación de la Junta responsable que acordó hacer efectivo el apercibimiento decretado en auto del veinte de abril de dos mil veintidós y tener por no perfeccionadas las pruebas de cotejo marcadas con los números 4, 8 y 9 del auto de calificación de pruebas, y que no existan pruebas pendientes por desahogar, es una violación procesal que debe ser reclamable a través del juicio de amparo directo, de trascender al sentido del laudo, hasta que ésta se dicte, porque no constituye un acto dentro del juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, pues los actos de ejecución de esa determinación son reparables, y sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal, cuyas consecuencias se extinguen sin haber originado afectación alguna a los derechos sustantivos del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica.********************En efecto, resulta incuestionable que el acuerdo reclamado, no constituye un acto dentro de juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, ya que se trata de una determinación relacionada con el desahogo de pruebas respecto de las cuales la quejosa aduce se desarrollaron de manera contraria a la ley, por lo que no afecta materialmente sus derechos sustantivos, sino que en determinado caso, podría traducirse en una violación intraprocesal que afecta derechos adjetivos susceptibles de ser reparados al dictarse el laudo que ponga fin al juicio natural, el cual no se ha dictado, ya que así lo pone de manifiesto la parte quejosa en el capítulo de antecedentes del acto reclamado; así, si el laudo es favorable a los intereses de la aquí quejosa, la violación desparecería, y en caso de resultarle opuesto, podría reclamarlo en el juicio de amparo directo como violación procesal, en términos del artículo ********************72, fracción III, de la ley de la materia.********************Es aplicable al caso concreto, la jurisprudencia del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, que es del tenor:********************PRUEBAS. AMPARO IMPROCEDENTE CONTRA EL AUTO QUE LAS DESECHA. El desechamiento de las pruebas del quejoso puede originar que la sentencia le sea adversa; pero no significa que aquel acto sea de imposible reparación desde el momento en que está contemplado como una de las violaciones al procedimiento previstas por el artículo ********************59 de la Ley de Amparo. Al disponer el artículo ************* de esa misma ley que las violaciones procesales a que se refiere el artículo en consulta podrán reclamarse en la vía constitucional al promoverse la demanda contra la sentencia definitiva, se pretendía evitar que diversas actuaciones de un mismo procedimiento dieran origen a múltiples juicios de amparo, provocando el retraso en la resolución del asunto respectivo. Por ello se consideró que además del hecho de que podrían repararse en sentencia tales violaciones, era conveniente concentrar en una sola demanda la impugnación de aquellas actuaciones que trascendieran al fallo y que el propio legislador contempló en el artículo ********************59 de la Ley de Amparo. [Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, mayo ********************993, tesis VI.2º.J/258, Octava Época, página 53].***********Así como la jurisprudencia 6/94, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente a la Octava época, consultable en la página ********************3, tomo 76, abril de ********************994, del Semanario Judicial de la Federación, del tenor siguiente: ********************"PRUEBAS. LA FORMA EN QUE PRETENDAN RECIBIRSE O DESAHOGARSE CONSTITUYE UNA VIOLACION RECLAMABLE COMO REGLA GENERAL, POR EL OFERENTE DE LAS MISMAS, EN AMPARO DIRECTO. El artículo ********************59, fracción III, de la Ley de Amparo establece que en los juicios seguidos ante tribunales civiles, administrativos o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso cuando no se le reciban las pruebas que legalmente haya ofrecido, o cuando no se reciban conforme a la ley. Ahora bien, cuando la violación procedimental que se reclama no consiste en la admisión o el desechamiento de una prueba, sino en la forma en que se pretendan recibir o desahogar las pruebas al oferente de las mismas, cabe concluir que el caso se ubica en la hipótesis prevista en la fracción III del numeral citado, es decir, en el caso de que las pruebas que legalmente se hayan ofrecido no se reciban conforme a la ley procediendo, en consecuencia, reclamar tal violación en la vía de amparo directo al promoverse la demanda contra la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio en términos de lo dispuesto en el numeral ** de la Ley Reglamentaria de los Artículos ********************03 y ********************07 Constitucionales, toda vez que hasta el momento en que se haya dictado el fallo definitivo se podrá apreciar si con motivo de la forma en que se recibieron o desahogaron las pruebas se vulneraron las defensas del oferente de las mismas, trascendiendo tal violación al resultado de la sentencia. Sin embargo, esta regla general admite una excepción: cuando la forma en que pretende llevarse a cabo la recepción o el desahogo de la probanza relativa en sí misma, pueda tener una ejecución de imposible reparación, lo cual ocurre de acuerdo con la tesis jurisprudencial 24/********************992 del Pleno de esta Suprema Corte de Justicia, con el rubro: "EJECUCION IRREPARABLE. SE PRESENTA PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS.", cuando se violen derechos sustantivos contenidos en las garantías individuales consagradas en la Constitución y nunca en los casos en que sólo se afecten derechos adjetivos o procesales, caso en el cual la violación respectiva podrá ser reclamada en amparo indirecto".**También es aplicable la tesis aislada IV. 3º K, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, visible en la página 489, tomo XV-II, febrero de ********************995, Octava época, del Semanario Judicial de la Federación, que dice:********************"PRUEBAS. DESECHAMIENTO DE. NO ES UN ACTO DE EJECUCION IRREPARABLE PARA LA PROCEDENCIA DEL JUICIO BIINSTANCIAL. Los actos procesales que pueden reclamarse en amparo indirecto son aquéllos que traen consigo una ejecución de imposible reparación, es decir, que por regla general el amparo biinstancial es improcedente para reparar violaciones cometidas en la secuela procesal, por ser propio del amparo directo siempre y cuando se cumpla con las hipótesis previstas en los artículos ****58, ********************59 y este último para el caso de materia civil, de la Ley Reglamentaria de los Artículos ********************03 y ********************07 de la Constitución Federal, y que sólo en casos verdaderamente excepcionales en que efectivamente el acto procesal afecte de manera directa e inmediata alguno de los derechos fundamentales del gobernado procederá el amparo ante el Juez de Distrito, por lo cual, tomando en cuenta lo anterior el desechamiento de una prueba en manera alguna afecta en forma directa e inmediata los derechos del oferente, por ser inconcuso que los efectos jurídicos producidos por el desechamiento de una prueba son meramente intraprocesales y por ende no afectan ningún derecho sustantivo tutelado por la ley, pues incluso de obtener sentencia favorable la solicitante de amparo desaparecería el supuesto agravio, y en caso contrario tiene expedito su derecho para alegarlo como violación procesal en términos del artículo ********************59, fracción III, de la Ley de Amparo, en la demanda de amparo directo, que se promueva contra la sentencia definitiva o resolución que ponga fin al juicio". ****************************************Así como la jurisprudencia VI. ********************o. J/36 del Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, que dice:********************PRUEBAS. LA VIOLACIÓN PROCESAL TRATÁNDOSE DE ELLAS, PUEDE COMETERSE AL PROVEER SOBRE EL OFRECIMIENTO O AL MOMENTO DE DESAHOGO. El artículo ********************59, fracción III, de la Ley de Amparo dice: "En los juicios seguidos ante tribunales civiles, administrativos o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso: III. Cuando no se le reciban las pruebas que legalmente haya ofrecido, o cuando no se reciban conforme a la ley". Tomando en cuenta que el dispositivo hace referencia a la recepción de pruebas, lo que constituye una acepción muy amplia, la violación puede cometerse al proveer sobre el ofrecimiento o al momento del desahogo, esto último en los casos en que para ese fin sea menester un acto procesal específico, y así, en las hipótesis que enseguida se enumeran puede sobrevenir la infracción al procedimiento que se estudia, ya que en cualquiera de ellas, la actitud autoritaria se traduce en que el material probatorio no habrá de recibirse en el juicio: a) Que la autoridad decida expresamente no admitir las pruebas ofrecidas o parte de ellas; b) Que habiéndolas admitido se niegue a desahogarlas; c) Que no las admita como fueron propuestas y d) Que no las desahogue legalmente.********************Así, se insiste, resulta incuestionable que los efectos del acuerdo reclamado, no se pueden traducir hacia el exterior del procedimiento del referido juicio laboral de origen, en razón de que la determinación reclamada, versa sobre un acto emitido dentro del juicio natural, relativo al desahogo de una probanza que, a decir de la quejosa, se realizó de manera contraria a la ley, y por lo tanto, no tiene una ejecución de imposible reparación, por el contrario, el acuerdo reclamado a la autoridad responsable, no constituye un acto que afecte en grado predominante o superior a la parte quejosa.********************Así las cosas, si el acto reclamado lo constituye el acuerdo de cinco de septiembre del año en curso, dictado en el juicio laboral ********************del índice de la Junta Especial Número Treinta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado, donde hizo efectivo el apercibimiento decretado en auto del veinte de abril de dos mil veintidós y tuvo por no perfeccionadas las pruebas de cotejo marcadas con los números 4, 8 y 9 del auto de calificación de pruebas, y determinó que no existían pruebas pendientes por desahogar, es claro que atendiendo los razonamientos jurídicos vertidos en la presente resolución, el acto reclamado no afecta ningún derecho sustantivo, por lo que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 6 de la Ley de Amparo en relación con el numeral 07 fracción V, interpretado a contrario sensu del mismo ordenamiento.********************Consecuentemente, al actualizarse la causa de improcedencia respecto al acto reclamado consistente en B) el acuerdo de cinco de septiembre de dos mil veintitrés, dictado en los autos del juicio laboral del índice de la Junta Especial Número Treinta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado, donde se le hizo efectivo el apercibimiento decretado en auto del veinte de abril de dos mil veintidós y tuvo por no perfeccionadas las pruebas de cotejo marcadas con los números 4, 8 y 9 del auto de calificación de pruebas, y determinó que no existían pruebas pendientes por desahogar, con fundamento en los artículos del ordenamiento jurídico citado, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO.********************Así también, se advierte que respecto del acto reclamado en cuestión, este juzgador también advierte, se actualiza la diversa causa de improcedencia prevista en el artículo 6** fracción XIV, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso *******7 del mismo ordenamiento legal, que establecen lo siguiente:****Artículo 6** El juicio de amparo es improcedente: *XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos.*****"Artículo ********************7. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: ********************I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; ********************II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; ********************III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; ********************IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo".********************La causa de improcedencia que alberga el precepto primeramente invocado, parte del principio de que no pueden ser materia de estudio en el juicio de amparo aquellos actos, que para los efectos del amparo, se consideran consentidos tácitamente, es decir, porque al no haberse reclamado en esa vía dentro de los plazos señalados en la ley de la materia, opera lo que el legislador estableció como una presunción de que el gobernado ha consentido en forma tácita la emisión o ejecución de los actos reclamados.********************Sobre tal base, es importante mencionar que la interpretación literal del segundo de los artículos transcritos, revela que por regla general el plazo para promover la demanda de amparo es de quince días, salvo los supuestos siguientes:********************a) Treinta días, cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición.********************b) Hasta ocho años, cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión.********************c) Siete años, cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal.********************d) En cualquier tiempo, cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales.********************Bajo ese orden de ideas, como ya se especificó el acto reclamado en esta instancia, lo constituye B) El acuerdo de cinco de septiembre de dos mil veintitrés, dictado en los autos del juicio laboral ********************del índice de la Junta Especial Número Treinta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado, mismo que está sujeto al plazo genérico de quince días para promover el juicio, establecido en el artículo ********************7 de la Ley de Amparo, ya que no se ubica en alguna de sus excepciones, anotadas en párrafos que anteceden.********************Lo anterior, porque en el caso no se reclama una norma con motivo de su entrada en vigor.********************Tampoco se controvierte un procedimiento de extradición o una sentencia definitiva condenatoria en proceso penal, ni se ordenó en forma alguna la privación total o parcial, temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de derechos agrarios a algún núcleo de población ejidal o comunal.********************Por último, los actos reclamados no ponen en peligro la vida de la parte quejosa, ni ataca su libertad personal fuera del procedimiento, tampoco implican incomunicación, deportación, expulsión, proscripción, destierro, desaparición forzada o alguno de los prohibidos por el numeral 22 de la Constitución, que se traducen en pena de muerte, mutilación, infamia, marcas, azotes, palos, tormento de cualquier especie, multa excesiva, confiscación de bienes o penas inusitadas y trascendentales; además, en modo alguno ordenan su incorporación forzosa a las Fuerzas Armadas Nacionales.********************Ahora, a efecto de determinar el momento en el cual comienza a correr el plazo para presentar la demanda de amparo, debe destacarse lo que dispone el artículo ********************8 de la Ley de Amparo:********************"Artículo ********************8. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor".********************Dicho precepto normativo establece tres momentos a partir de los cuales debe computarse el plazo de quince días para la presentación de la demanda de amparo, los cuales se cuentan, respectivamente, a partir del día siguiente:****************************************. Al en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame.********************2. Al en que el promovente haya tenido conocimiento del o de sus actos de ejecución.********************3. Al en que el justiciable se haya ostentado sabedor de los actos.********************La primera hipótesis implica la existencia de una actuación procesal efectuada por la autoridad responsable mediante la cual, en fecha precisa, hace saber al agraviado el acto reclamado; como característica adicional, las notificaciones practicadas se consideran legales y, en consecuencia, válidas para efectos del cómputo de los quince días para la promoción del juicio de amparo, mientras el quejoso no cuestione su nulidad o ilegalidad.********************La segunda regla para computar el plazo de quince días importa un acto de naturaleza variable por parte de la autoridad responsable -distinto a la notificación- de una autoridad diversa, o incluso del propio quejoso, que conlleve a la certeza de que este "tuvo conocimiento" del acto reclamado en determinada fecha, lo que implica tener la convicción de que el interesado se enteró del mismo en forma directa, plena y completa.********************Por su parte, el último supuesto que se contiene en el artículo ********************8 de la Ley de Amparo, establece que el plazo de quince días para la promoción de la demanda de amparo se contará: ".desde el día siguiente al en que se hubiera ostentado sabedora de los mismos.", que implica una expresión exclusiva de la parte quejosa, a través de la que se manifiesta que sabe del acto reclamado; conducta que puede estimarse, entraña una confesión expresa por parte de la afectada porque se supone que la fecha en que se ostenta sabedora del acto reclamado con respecto a la presentación de la demanda le perjudica.********************Precisadas las características esenciales de las tres hipótesis previstas en el artículo ********************8 de la ley de la materia, debe señalarse también que no guardan un orden de preferencia; por tanto, la intención del legislador fue la de establecer que el plazo para la promoción del juicio de amparo debe computarse a partir del día siguiente al en que se verifique cualquiera de los tres supuestos establecidos en el invocado numeral; según lo confirma, al no contravenir las disposiciones legales contenidas en la Ley de Amparo.********************Es aplicable, el criterio emitido por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, 2********************7-228 Cuarta Parte, página ********************05, que dice:********************"DEMANDA DE AMPARO, TERMINO PARA LA PRESENTACION DE. SOLO CUANDO NO OBRE CONSTANCIA DE LA NOTIFICACION AL QUEJOSO DEL ACTO RECLAMADO, PUEDE EFECTUARSE EL COMPUTO DESDE EL DIA SIGUIENTE AL EN QUE HAYA TENIDO CONOCIMIENTO DEL MISMO O SE HAYA OSTENTADO SABEDOR DE TAL ACTO. El artículo 2******************** de la Ley de Amparo establece que el término de quince días para la interposición de la demanda de amparo se cuenta desde el día siguiente al en que se haya surtido efectos la notificación al quejoso de la resolución reclamada; al en que haya tenido conocimiento de la misma o de su ejecución, o al en que se hubiese ostentado sabedor de los mismos. Ahora bien, la correcta interpretación de dicho precepto debe ser en el sentido de que las hipótesis segunda y tercera mencionadas son aplicables sólo cuando no obren constancias de la notificación al quejoso de la resolución que reclame, o esas situaciones se hayan producido con anterioridad, pues de otro modo, debe estarse a tales constancias y no a la fecha en que el quejoso afirme que tuvo conocimiento del acto reclamado."********************De la interpretación anterior, se desprende que la demanda de amparo resulta improcedente, en virtud de que los actos reclamados no se impugnaron dentro del término establecido por la ley que rige el juicio constitucional; pues en el caso, se actualiza la tercera de las hipótesis reseñadas, atento a las siguientes consideraciones.********************De la lectura íntegra de la demanda de amparo y escrito aclaratorio, que constituyen un todo, en términos del criterio sustentado por el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, en su tesis XX.********************o. J/44, visible en la página 5********************9, del Tomo VI, Agosto de ********************997, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, epígrafe: DEMANDA DE AMPARO. PARA SU ESTUDIO DEBE CONSIDERARSE COMO UN TODO."; se advierte que la parte quejosa manifestó bajo PROTESTA DE DECIR VERDAD que tuvo conocimiento del acuerdo de cinco de septiembre de dos mil veintitrés, emitido en el juicio laboral ********************del índice de la Junta Especial Número Treinta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado, el diecisiete de septiembre de dos mil veintitrés.********************Como se ve, la quejosa, reconoce que en la indicada fecha tuvo conocimiento de la existencia del acto reclamado.********************Afirmación que evidentemente constituye un hecho propio aseverado por la quejosa en la demanda, por tanto, con eficacia probatoria plena en su contra, de conformidad con lo que dispone el artículo 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, que es del tenor siguiente:********************"Artículo 200. Los hechos propios de las partes, aseverados en la demanda, en la contestación o en cualquier otro acto del juicio, harán prueba plena en contra de quien los asevere, sin necesidad de ofrecerlos como prueba."****************************************Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia P./J. 27/96 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo III, Junio de ********************996, Materias(s) Común, Novena Época, página 57, registro digital 200094, de rubro y texto:******************** "DEMANDA DE AMPARO. TERMINO PARA INTERPONERLA (ARTICULO 22, FRACCION III, DE LA LEY DE AMPARO). LA CONFESION EXPRESA DEL QUEJOSO CONTENIDA EN LA DEMANDA, ACERCA DE QUE TUVO CONOCIMIENTO DE LA EXISTENCIA DEL PROCEDIMIENTO QUE MOTIVO EL ACTO RECLAMADO, CONSTITUYE PRUEBA PLENA DE ESE HECHO Y HACE INAPLICABLE DICHO PRECEPTO. El reconocimiento del quejoso vertido en los antecedentes de la demanda de amparo, de que tuvo conocimiento por vía telefónica del procedimiento que motivó los actos reclamados, es suficiente para estimar actualizado el último de los supuestos previstos en el párrafo final de la fracción III del artículo 22 de la Ley de Amparo y, como consecuencia, declarar inaplicable al caso el término de ********************80 días para la interposición de la demanda de garantías, y procedente el de quince, que como regla general establece el numeral 2******************** de esa misma Ley. Esto supone que la situación de que el quejoso se manifestó sabedor del procedimiento que haya motivado el acto reclamado, por las consecuencias jurídicas que produce en perjuicio del quejoso, debe estar probado plenamente, debido a que al realizarse ese evento, ocasiona que la acción de amparo no deba ejercerse dentro del término de ********************80 días de conformidad con el precepto en examen, sino de quince días, lo cual provocará seguramente en todo caso que se actualice la causal de improcedencia contemplada en el artículo 73, fracción XII, en relación con el 2********************, ambos de la Ley de Amparo. Así, la exigencia de que exista prueba plena de que el quejoso tuvo conocimiento del procedimiento antes del dictado de la sentencia se satisface si existe manifestación expresa del quejoso en ese sentido en la demanda de amparo, pues dicha manifestación constituye una confesión expresa, medio de prueba que es admisible en el juicio de amparo y que goza de valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos ********************99 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo".********************En ese orden de ideas, es inconcuso que la parte quejosa tuvo conocimiento pleno y fehaciente de la existencia de los actos que reclama el diecisiete de septiembre de dos mil veintitrés, como lo manifiesta en su escrito aclaratorio.********************Luego, al tomar en cuenta el término que refiere el artículo ********************8 de la Ley de Amparo, el cómputo para la interposición de la demanda debe realizarse a partir del día siguiente al en que tuvo conocimiento de la existencia de dicho acto y dado que ello aconteció desde la indicada data, el plazo para la interposición de la demanda transcurrió del dieciocho de septiembre al seis de octubre de dos mil veintitrés, sin contar los días sábados y domingos, por ser inhábiles de acuerdo al artículo ********************9 de la Ley de Amparo.********************En tales condiciones, es dable afirmar que si la demanda de amparo fue presentada hasta el seis de noviembre de dos mil veintitrés -según se advierte del sello de recepción que consta impreso en la boleta de demanda- es claro que el plazo de quince días había fenecido; de ahí, que debe considerarse que el acto reclamado fue consentido tácitamente por la quejosa al haber instado el juicio constitucional de modo extemporáneo.********************Tiene aplicación la jurisprudencia IV.2°.C J/7, que emitió el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, localizable a página ********************0********************, tomo XXII, julio de 2005, novena época, materia común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice:********************"DEMANDA DE AMPARO. CÓMPUTO DEL TÉRMINO PARA SU PRESENTACIÓN CUANDO EL QUEJOSO MANIFIESTA EXPRESAMENTE LA FECHA EN QUE TUVO CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO. El artículo 2******************** de la Ley de Amparo contempla tres supuestos para fijar el término de quince días con que cuenta el quejoso para presentar la demanda de garantías; a saber: a) A partir del día siguiente al en que haya surtido efectos la notificación de la resolución o acuerdo que reclame, conforme a la ley del acto; b) A partir del día siguiente a la fecha en que haya tenido conocimiento del acto reclamado o de su ejecución; y c) A partir del día siguiente a la fecha en que se hubiese ostentado sabedor de los mismos. Para el caso concreto del último supuesto, éste se actualiza, entre otras formas, cuando el agraviado presenta ante la autoridad responsable un escrito, sin fecha precisa, mediante el cual solicita se le tenga por notificado del acto que posteriormente reclama en amparo; sin que sea acertada la pretensión de que la manifestación de la voluntad así exteriorizada, sólo cobre eficacia hasta una vez que se dicta el proveído correspondiente a dicha petición. En ese tenor, no puede computarse a partir del proveído de referencia, el término correspondiente para la presentación de la demanda, aunado a que el supuesto que se estima actualizado, dispone que éste empieza a computarse a partir del día siguiente al en que la parte quejosa se haya ostentado sabedora del acto o, en su caso, el día en que aparece fechado tal ocurso, al ser ello lo que refleja la manifestación inequívoca de su parte, acerca del conocimiento pleno del acto, sin soslayarse que con tal manifestación, el propio interesado hizo a un lado los requisitos que debía reunir la notificación del acto conforme a la ley de la materia."************Así como la tesis XXI.2o.P.A.25 K, del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo: XXII, agosto de 2005, página ********************890, que a la letra dice:********************"DEMANDA DE AMPARO. REGLAS CONFORME A LAS CUALES DEBE REALIZARSE EL CÓMPUTO DE LOS QUINCE DÍAS PARA INTERPONERLA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 2 ******************** DE LA LEY RELATIVA). El artículo 2******************** de la Ley de Amparo establece que, por regla general, el término para interponer la demanda de amparo será de quince días, cuyo cómputo depende de la forma en que el quejoso se haya impuesto de los actos reclamados, a saber: a) Desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; b) Desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento de los actos reclamados o de su ejecución; o, c) Desde el día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedor de los actos reclamados. Luego, para que se surta la hipótesis indicada en el inciso a) es necesario que esté acreditado fehacientemente que la autoridad ante quien se instruye determinado procedimiento haya notificado al quejoso la resolución o acuerdo que reclama, pues sólo de esta manera el término de quince días que concede el artículo 2******************* mencionado para interponer la demanda de amparo, comenzará a contar a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación. En cambio, tratándose de los supuestos precisados en los incisos b) y c), su actualización implica que la parte quejosa tenga conocimiento de manera fortuita de los actos reclamados, o bien, que al promover la demanda de amparo se ostente sabedor de ellos; de donde se infiere que en esos casos no existe una notificación formal conforme a la ley que rige el acto, lo que justifica que el término de quince días mencionado deba computarse a partir del día siguiente al en que el agraviado tenga conocimiento o se ostente sabedor de los actos reclamados.Así, al resultar de manera notoria, manifiesta e indudable, la actualización de las causas de improcedencia invocadas, lo procedente es DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO, respecto al acto reclamado consistente en B) El acuerdo de cinco de septiembre de dos mil veintitrés, dictado en los autos del juicio laboral **del índice de la Junta Especial Número Treinta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado, en donde se le hizo efectivo el apercibimiento decretado en auto del veinte de abril de dos mil veintidós y tuvo por no perfeccionadas las pruebas de cotejo marcadas con los números 4, 8 y 9 del auto de calificación de pruebas, y determinó que no existían pruebas pendientes por desahogar, de conformidad con el artículo * de la Ley de Amparo. ***Admisión parcial de la demanda e intervención MinisterialEn ese orden, en términos de los artículos 03, fracción I, 07, fracciones I, VII y XV de la Constitución Federal; *** fracción I, 5°, fracción IV, , tercer párrafo, 33, fracción IV, ******* 37, 640708, 28 de la Ley de Amparo; se admite la demanda de que se trata; únicamente respecto de los actos reclamados consistentes en la C falta de acuerdo de la Junta Responsable respecto de los escritos de fecha treinta de agosto y dieciséis de octubre ambos de dos mil veintitrés presentados por la quejosa , ahora ****, en el citado juicio laboral número Por tanto, se otorga al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este órgano de control constitucional, la intervención correspondiente, para ello, entréguesele una copia simple de la demanda y escrito aclaratorio.Incidente de suspensión*******Tramítese sin incidente de suspensión, al no haberlo solicitado expresamente la parte quejosa.*****Fecha audiencia constitucional*****Se señalan las DIEZ HORAS CON CATORCE MINUTOS DEL QUINCE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, para la audiencia constitucional.***En el entendido que en la celebración de la audiencia no implica la asistencia personal de las partes, ya que en términos del numeral 257, fracción II, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, para la práctica de audiencias que requiera la presencia física de las partes o de otros intervinientes, se celebrará por videoconferencia; asimismo, se podrán realizar a partir de los escritos presentados física o electrónicamente.***Solicitud de informe con justificaciónSolicítese, a las autoridades señaladas en la demanda de cuenta como responsables, el informe con justificación, el cual rendirán dentro del plazo de quince días siguientes a que reciban el oficio, para ello, acompañarán en su caso, copias certificadas legibles y completas de las constancias necesarias para apoyarlo, haciéndoles de su conocimiento que de no cumplir, el precepto 260, fracción II, en relación con el 238 del ordenamiento invocado, establece que se les podrá imponer una multa de cien a mil unidades de medida y actualización. Notificaciones a la autoridad responsable por medio de lista******Con fundamento en el artículo 26, fracción III, de la Ley de Amparo, en relación con la jurisprudencia 2ª*7620** de rubro: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS", se indica a la autoridad responsable, que en los casos no previstos en la precitada norma, las notificaciones deben realizarse por medio de lista que se pública en los estrados de este Juzgado; por ello, se estima innecesario girar oficios para hacerle del conocimiento los diferimientos de la audiencia constitucional, pues no es necesaria su notificación por oficio, -como si se tratara de una notificación personal-; además, está en aptitud de consultar dichas determinaciones a través de la lista de acuerdos de este Juzgado, así como en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación (https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea). *Por tanto, se ordena notificar a la responsable los subsecuentes acuerdos que se encuentren dentro del referido supuesto, por medio de lista de acuerdos.******Envío de comunicaciones oficiales***A fin de agilizar el procedimiento, se pone a disposición exclusiva de la autoridad responsable y Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, el correo oficial de este Juzgado jdo3cto@correo.cjf.gob.mx y el telefax número 50 2 38 70, para que por tales vías puedan enviar comunicaciones oficiales. Causas de improcedencia o juicios amparos relacionados*****Se previene a todas las partes para que comuniquen cuando cesen los efectos del acto reclamado o se actualicen causas notorias de sobreseimiento; asimismo, informen si en relación al acto reclamado o al expediente del cual derive el acto reclamado, se ha promovido diverso juicio de amparo, de ser así, indiquen el número de juicio y el juzgado de Distrito que conoció del asunto, de incumplirlo, se les impondrá multa prevista en el precepto 25**** de la referida Ley.Autorización de constancias de autos*Se autoriza a las partes, para que, al imponerse de los autos, puedan utilizar medios electrónicos cámaras o lectores ópticos para reproducir copias de las constancias de autos, excepto, cuando en el informe justificado se exhiba información clasificada como reservada o confidencial, lo que de ser el caso, se proveerá en el momento procesal oportuno. Exhortación a las partes para promover con firma electrónica*En términos del artículo 263, fracción II, párrafo segundo, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, se invita a las partes, sus representantes o sus autorizados con facultades expresas para hacerlo, a fin de que transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea; para lo cual, deben solicitar la consulta de expedientes electrónicos y la práctica de notificaciones electrónicas de las resoluciones, mismas que este órgano jurisdiccional deberá haber autorizado previamente. La actuación por este medio requiere de la utilización de una firma electrónica vigente, ya sea FIREL o e.firma.Quienes no tengan autorizada la actuación por medios electrónicos podrán solicitar, por sí o por conducto de las personas antes mencionadas, a través de promoción física o electrónica desde el propio Portal de Servicios en Línea, el acceso a un expediente electrónico determinado y la práctica de notificaciones electrónicas, de conformidad con el Acuerdo General ***2/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Así, quienes actualmente actúen en un expediente bajo el modelo tradicional, pueden en cualquier momento transitar hacia el modelo de juicio en línea.*Cómo obtener la Firel**Se hace del conocimiento de las partes materiales y formales que pueden solicitar su firma electrónica Firel en la página de internet https:www.serviciosenlinea.pjf.gob.mxjuicioenlinea/HomeSolicitaFirely concluir el trámite de la firma electrónica Firel en línea a través de la aplicación FiREL en línea, mediante un trámite remoto, por lo que ya no es necesario asistir a los módulos físicos que se encuentran en las entidades federativas de la República Mexicana.**Emplazamiento a la parte tercera interesada****Ahora, de conformidad con el artículo 5°, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo; toda vez que le resulta el carácter de tercera interesada a ****** Oaxaca, se instruye al Actuario adscrito para que se constituya en el domicilio de la citada parte, a efecto de que le notifique personalmente este proveído, y la emplace a este juicio constitucional entregándole copia simple de la demanda de amparo, escrito aclaratorio, y copia autorizada de este auto, asimismo, en términos del precepto 297, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, la requiera para que dentro del plazo de tres días, contados a partir de que le notifique este auto, señale domicilio en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, la ciudad de *** o en la zona conurbada de esta última, para recibir notificaciones, de no hacerlo, en términos del artículo 27 en relación con el diverso 29 de la Ley de Amparo, las subsecuentes, aún las de carácter personal, le será hechas por lista de acuerdos en este órgano de control constitucional. Admisión de pruebasCon fundamento en el numeral de la Ley de la materia se admiten como prueba de la parte quejosa, las documentales que exhibió con su demanda de amparo, consistentes en las siguientes:*** Copia certificada del instrumento notarial volumen **** de dieciocho de noviembre de dos mil veintiuno, otorgada ante la fe del Notario Púbico número ****, del Estado de México.**** Copia simple de los acuses de recibo de los escritos de treinta de agosto y dieciséis de octubre, ambos de dos mil veintitrés, presentados ante la Junta Especial Número Treinta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado.** Copia simple de las diligencias llevadas a cabo al veintiocho y treinta de agosto de dos mil veintitrés, desahogas en el juicio laboral *****de la Junta Especial Número Treinta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado.******Copia simple del acuerdo de ocho de agosto de dos mil veintitrés, dictado en el juicio laboral de la Junta Especial Número Treinta y Dos de la Federal de Conciliación y ArbitDichas probanzas se tienen por desahogadas dada su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de relacionarlas en la audiencia constitucional, con la cual se ordena dar vista a las partes para que se impongan de su contenido.******Publicación de la sentencia*Hágase del conocimiento de las partes que la versión pública de la sentencia que se llegare a emitir en este asunto, se deberá a poner a disposición del público, -en cumplimiento a lo establecido en el artículo 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública-, eliminando u omitiendo todo dato confidencial o reservado.**Notifíquese personalmente.
- Principal
"...San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, ocho de noviembre de dos mil veintitrés. Vista la cuenta secretarial que inmediatamente antecede, se provee: Registro del expediente Con el escrito de demanda de amparo, promovida por ***, apoderada legal de la persona moral ***, ahora ***, y al efecto exhibe copia certificada del instrumento notarial ***, volumen ***, de ***, otorgada ante la fe del Notario Púbico número ***, del Estado de México, con el que acredita la personalidad que ostenta; de conformidad con lo previsto en los artículos 6° y 10 de la Ley de Amparo, se le tiene por reconocida la misma; en términos del artículo 3º de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 253 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, fórmese expediente electrónico e impreso (éste último con las promociones físicas que presenten las partes, así como con las actuaciones que resulten indispensables para el impulso del asunto), regístrese en el libro de gobierno de este juzgado bajo el número 1106/2023. Devolución de copia certificada Asimismo, como lo solicita, en términos de los artículos 138 y 139 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, según su numeral 2º, párrafo segundo, se ordena a la secretaria de este órgano jurisdiccional practique el cotejo del instrumento notarial 44,580, volumen 1,250, de dieciocho de noviembre de dos mil veintiuno, otorgada ante la fe del Notario Púbico número Diecinueve, del Estado de México, con la copia simple que acompaña y con apoyo en lo dispuesto por el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2º, segundo párrafo, devuélvase la aludida documental a la parte promovente; misma que queda a su disposición, para que comparezca a este Juzgado, con identificación oficial que lo acredite fehacientemente para que reciba tal documental; entrega que, en su caso, deberá verificarse previa copia de su identificación y razón de entrega correspondiente que se dejen en autos. Base normativa En principio, antes de proveer lo concerniente a la admisión de la demanda de que se trata, es factible establecer que el artículo 114 de la Ley de Amparo, dispone que cuando hubiere alguna irregularidad en el escrito de demanda, el órgano jurisdiccional mandará requerir al promovente para que la aclare, cuando se hubiere omitido alguno de los requisitos que establece el artículo 108 de dicha ley; no se hubiere acompañado, en su caso, el documento que acredite la personalidad o éste resulte insuficiente; no se hubiere expresado con precisión el acto reclamado ni autoridad responsable, y no se hubieren exhibido las copias necesarias de la demanda; señalando con precisión en el auto relativo las deficiencias, irregularidades u omisiones que deban corregirse. Prevención En el caso, de la lectura integral de la demanda se desprende que la parte quejosa no colma plenamente los requisitos indicados. En efecto, la parte promovente en su escrito de demanda señala que reclama a la Junta Especial Número Treinta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado, lo siguiente: "(.) IV. ACTO RECLAMADO: 1.-Lo constituye el acuerdo de 05 de septiembre del 2023, dictado en los autos del juicio laboral, de su índice, del que se advierte le hizo efectivo el apercibimiento decretado en auto del 20 de abril de dos mil veintidós y tuvo por no perfeccionadas las pruebas de cotejo marcadas con los números 4, 8 y 9 del auto de calificación de pruebas; así también informa, que de autos se advierte que no existen probanzas pendientes por desahogar, por ello ordenar turnar el expediente al auxiliar de dicha Junta Responsable para que formule el proyecto de laudo correspondiente, dicho acuerdo en ningún momento le fue notificado a mi representada, si no hasta el 17 de octubre del 2023, fue enterada de que dicho acuerdo fue notificado por boletín judicial. 2.- Lo constituye la falta de acuerdo de la Junta Responsable respecto de los escritos presentados por la quejosa Telecomunicaciones de México, ahora financiera para el Bienestar de fechas 30 de agosto y 16 de octubre ambos del 2023, en el Juicio Laboral número ***. (.) Sin embargo, de sus manifestaciones no se advierte de manera clara, si el citado auto de cinco de septiembre de dos mil veintitrés, dictado en el juicio laboral *** del índice de la Junta Especial Número Treinta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado, le fue notificado o no, ya que si bien en un primer momento la quejosa refiere que "dicho acuerdo en ningún momento le fue notificado a mi representada", posteriormente manifiesta que "hasta el 17 de octubre del 2023, fue enterada de que dicho acuerdo fue notificado por boletín judicial" En tales condiciones, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 108 fracción IV y V de la Ley de Amparo, prevéngase a la parte promovente, para que dentro del término de cinco días contado a partir del día siguiente al en que quede legalmente notificado de este proveído, bajo protesta de decir verdad, aclare su escrito de demanda, respecto de lo siguiente: Precise si el auto de cinco de septiembre de dos mil veintitrés, dictado en el juicio laboral *** del índice de la Junta Especial Número Treinta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado, le fue notificado por boletín judicial o no le fue notificado. En caso de que el citado auto de cinco de septiembre de dos mil veintitrés le haya sido notificado por boletín, precise la fecha en que se le realizó dicha notificación. Lo anterior, ya que de la demanda de amparo se advierte que la promovente del amparo es parte procesal en el juicio laboral *** del índice de la Junta Especial Número Treinta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado, donde tiene el carácter de parte demandada, por lo que es evidente que conoce las determinaciones dictadas en el citado expediente, incluso puede imponerse de las mismas, es decir, conoce del desarrollo procesal y el estado actual del citado procedimiento, haciendo necesario que haga del conocimiento de este órgano jurisdiccional, de manera completa, lo realmente acontecido, en virtud de que la narrativa de dichas circunstancias (los antecedentes del acto reclamado), por su estrecha relación resultan relevantes para conocer la verdad legal al resolverse el juicio de amparo, incluyendo los aspectos que influyan en su procedencia por ser una cuestión de orden público. Requisitos, que tienen como propósito que el juzgador de amparo pueda cumplir con todas las exigencias procesales y emitir las determinaciones correspondientes que establece la Ley de Amparo, en virtud de que se trata del único elemento con que inicialmente cuenta el órgano jurisdiccional para tomar las determinaciones que conlleva la admisión de la demanda y cumplir los con requisitos que establece el artículo 108 de la Ley de Amparo. En apoyo a lo anterior se invoca la tesis I.7o.A.100 K, sustentada por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXIII, Abril de 2006, página 990, con registro digital 175345, Materias(s): Común, de rubro y texto: "DEMANDA DE GARANTÍAS. FORMA EN QUE DEBE CUMPLIRSE EL REQUISITO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 116, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE AMPARO, RESPECTO A LA EXPRESIÓN DE LOS HECHOS Y ABSTENCIONES QUE LE CONSTEN AL GOBERNADO Y QUE CONSTITUYAN ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO O FUNDAMENTO DE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. Conforme al precepto legal aludido, la parte quejosa debe manifestar los hechos y abstenciones descritos con antelación; sin embargo, en la hipótesis de que no sea satisfecha dicha carga procesal, el Juez Federal debe requerir para que sea subsanada la irregularidad. Ahora bien, en el Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española, página mil ciento noventa y dos, vigésima segunda edición, Editorial Espasa Calpe, Sociedad Anónima, dos mil uno, Madrid, España, se establecen distintas acepciones de la palabra "hecho", entre ellas, las siguientes: "hecho, cha. [...] 5. Cosa que sucede. 6. [...] Acción que se ha llevado a cabo, adelantándose a cualquier evento que pudiera dificultarla o impedirla [...]". Por su parte, en la página ciento sesenta y dos de la obra consultada, es definido el vocablo "antecedente" de diferentes maneras, entre las cuales destaca la que se reproduce a continuación: "[...] 2. m. Acción, dicho o circunstancia que sirve para comprender o valorar hechos posteriores.". De la misma manera, en la página veintiuno del diccionario mencionado se establecen los conceptos de la palabra "acción", entre otros, los que se transcriben enseguida: "[...] Ejercicio de la posibilidad de hacer. 2. Resultado de hacer". En la página catorce se define el vocablo "abstención" de la manera siguiente: "[...] Acción y efecto de abstenerse". En esas condiciones se concluye que para dar cumplimiento al requisito previsto en la fracción IV del artículo 116 de la Ley de Amparo, concerniente a la manifestación bajo protesta de decir verdad sobre los hechos o abstenciones que le constan al gobernado y que constituyen antecedentes del acto reclamado o fundamentos de los conceptos de violación, es necesario realizar una narración precisa de todos aquellos acontecimientos de carácter positivo o negativo ocurridos con antelación a los actos reclamados y que por su estrecha relación resultan relevantes para conocer la verdad legal al resolverse el juicio de garantías, incluyendo los aspectos que influyan en su procedencia por ser una cuestión de orden público conforme al último párrafo del artículo 73 de la citada ley." En concordancia con lo anterior, precise si también reclama en esta instancia constitucional, la notificación del auto de cinco de septiembre de dos mil veintitrés. Lo anterior, toda vez que de la lectura de la demanda de amparo, se advierte que al final de su concepto de violación marcado como "SEGUNDO", la quejosa solicita el amparo y protección de la justicia federal para que se deje sin efectos la notificación que la autoridad responsable dijo haber realizado a la quejosa, del auto de cinco de septiembre de dos mil veintitrés. En el entendido que de conformidad con el numeral 110 de la Ley de Amparo, deberá acompañar tres copias de su escrito aclaratorio (una para la tercera interesada, una para la autoridad responsable y una para la agente del ministerio público federal adscrita a este juzgado), que serán agregadas a cada una de las copias de su escrito inicial; ello, para estar en condiciones de darle la intervención correspondiente a todas las partes en el presente juicio de amparo. Por otra parte, se hace del conocimiento de la parte quejosa, que la información que se desprenda de las manifestaciones que vierta en su escrito aclaratorio, así como la firma que calza el escrito respectivo, serán confrontadas con la que se advierta de las constancias que obren en autos; de ahí, que si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida presenta documentos falsos, afirma hechos falsos u omite los que le consten en relación con los actos reclamados, y no se ubican en los casos de excepción previstos en la ley, este Juzgado de Distrito, procederá a dar vista al Agente del Ministerio Público Federal adscrito, para que investigue sobre la posible comisión de delitos, en relación con la quejosa, y de ser el caso, con sus abogados autorizados, lo anterior conforme al artículo 261de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 261. Se impondrá una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días: I. Al quejoso, a su abogado autorizado o a ambos, si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el acto reclamado, siempre que no se reclamen actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; y II. Al quejoso o tercero interesado, a su abogado o a ambos, si en el juicio de amparo presenten testigos o documentos falsos". Apercibimiento Apercibida que en caso de no cumplir íntegramente con la prevención antes señalada dentro del plazo indicado, la demanda de amparo se tendrá por no presentada respecto del acto reclamado consistente en el auto de cinco de septiembre de dos mil veintitrés, dictado en el juicio laboral 623/2011 del índice de la Junta Especial Número Treinta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado, y se proveerá únicamente respecto del acto reclamado que la quejosa hizo consistir en ". la falta de acuerdo de la Junta Responsable respecto de los escritos presentados por la quejosa Telecomunicaciones de México, ahora financiera para el Bienestar de fechas 30 de agosto y 16 de octubre ambos del 2023, en el Juicio Laboral número 623/2011(.)", lo anterior, de conformidad con el penúltimo párrafo del artículo 114 de la Ley de la Materia. Domicilio y Autorizaciones Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica la promovente en su demanda de amparo, y por autorizados para tales efectos a las personas; esto es, sin las amplias facultades que confiere el artículo 12 de la Ley de Amparo, por así solicitarlo expresamente. Se autoriza usuario Por otra parte, respecto a que se autorice para la consulta del expediente electrónico, proporcionando para tal objeto el registro de usuario *** en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; con fundamento en los artículos 26, fracción IV, de la Ley de Amparo, 6, 34, 35, 36, 37, 38 y 40, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula "la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo", se otorga autorización al usuario: Para que consulte el expediente electrónico de este juicio de amparo. En razón de lo anterior, se instruye al OFICIAL JUDICIAL A para que realice el alta correspondiente del citado usuario para que pueda consultar el expediente electrónico. Proporciona correo electrónico y números telefónicos Respecto al correo electrónico que proporciona, dígasele que no ha lugar a tenerlo como medio para comunicaciones oficiales, toda vez que conforme a los párrafos que anteceden proporcionó un usuario en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, por lo que es evidente que tiene acceso a actuar desde ese Portal, conforme a lo establecido en el artículo 257 fracción I, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales. Habilitación de días y horas inhábiles En caso de que se ordene alguna notificación personal, se habilita al Actuario para que, de ser necesario, practique ésta en horas y días inhábiles. Notifíquese personalmente..."
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