Tatiana Zuñiga Laviada

Expediente 755/2017 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 12 actuaciones registradas, la última del 27 de noviembre de 2017.

Datos del expediente

Expediente
755/2017
Año
2017
Actuaciones
12
Última actuación
27/11/2017

Partes del expediente

  • Tatiana Zuñiga Laviada

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, veintisiete de noviembre de dos mil diecisiete. Visto el estado que guardan estos autos y lo de cuenta, se acuerda: agréguese a este expediente el escrito signado por la quejosa *******, al que adjunta cuatro anexos, y en atención a la solicitud que formula en su ocurso de mérito, en el sentido de que se le devuelva los documentos que adjuntó a su escrito de demanda, no habiendo impedimento legal alguno, se accede a su petición; en consecuencia, devuélvase los documentos que solicita, previa copia certificada y recibo que del mismo se deje en estos propios autos. Notifíquese.

  2. Principal

    Mérida, Yucatán, catorce de noviembre de dos mil diecisiete. Visto lo de cuenta, se acuerda: toda vez que mediante proveído de fecha treinta de octubre de dos mil diecisiete, se tuvo por cumplida la sentencia ejecutoriada, y por cuanto no existe motivo legal alguno para que continúen en autos el original de la tarjeta de circulación de automóvil de marras, el original de la carta-factura y el recibo emitido por Secretaría de Seguridad Pública de Yucatán, que adjuntó a su escrito de demanda la parte quejosa, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del punto décimo primero del aludido Acuerdo General conjunto; prevéngase a la parte quejosa para que comparezca en un plazo de noventa días naturales, en día y hora hábil ante este juzgado, a recogerlos, con identificación actualizada, apercibida que de no hacerlo, podrá ser destruido junto con el expediente. Notifíquese, haciéndolo personalmente a la parte quejosa y cúmplase.

  3. Principal

    Mérida, Yucatán, treinta de octubre de dos mil diecisiete. Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que mediante proveído de diecisiete de octubre de dos mil diecisiete, se dio vista a la parte quejosa con lo informado por las autoridades responsables, en relación con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. Asimismo, en dicho proveído se le apercibió que en caso de no hacer manifestación alguna, este Juzgado acordaría lo que en derecho correspondiera. El acuerdo de mérito se le notificó a la parte quejosa vía electrónica el veinte de octubre del año en curso, sin que a la fecha desahogara la vista concedida. En consecuencia, al haber transcurrido el término que les fue otorgado para tal efecto, este órgano de control constitucional procede a resolver, si de acuerdo con las constancias que obran en autos y las documentales remitidas por las autoridades responsables, el fallo protector emitido se encuentra o no cumplido en su totalidad. Siendo menester señalar, que si bien el término de tres días concedido a las partes transcurrió del veinticuatro al veintiséis de octubre del año en curso, el presente acuerdo se dicta en esta fecha, en virtud de que del veintitrés al veintisiete de octubre del presente año, en cumplimiento al oficio IJF/DG/CA/STDHIG/8086/2017, de nueve de octubre de dos mil diecisiete, suscrito por el Director General del Instituto de la Judicatura Federal, el Titular de este Juzgado Federal se encontraba de licencia. En consecuencia, al no estar autorizado el Secretario Encargado del Despacho para declarar el cumplimiento de las sentencias, en atención a lo dispuesto por el artículo 43, primer párrafo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, es que no fue posible ceñirse al plazo otorgado. Apoya la anterior consideración, la tesis del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, localizable en la página dos mil ciento quince, Libro 42, mayo de dos mil diecisiete, Tomo III, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, número de registro 2014318, Décima Época, de rubro y texto: "SECRETARIO DE JUZGADO ENCARGADO DEL DESPACHO EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 43, PÁRRAFO PRIMERO, DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. AL NO SER LA DECLARATORIA DE CUMPLIMIENTO UNA DILIGENCIA, PROVIDENCIA DE MERO TRÁMITE, O RESOLUCIÓN DE CARÁCTER URGENTE, DICHO FUNCIONARIO CARECE DE ATRIBUCIONES LEGALES PARA DECIDIR SI LA SENTENCIA DE AMPARO SE ENCUENTRA O NO CUMPLIDA. En términos del precepto mencionado, en las ausencias del Juez de Distrito menores a quince días, el secretario se encargará de practicar las diligencias y dictar las providencias de mero trámite y las resoluciones de carácter urgente. Así, el cumplimiento o no de una ejecutoria de amparo importa una decisión que no se encuentra comprendida en ninguna de esas hipótesis; primeramente, porque no es una diligencia ni constituye una providencia de mero trámite, ya que requiere de un importante y trascendente juicio de valoración en torno a las actuaciones realizadas en acatamiento a un fallo protector que, en su regularidad, puede conducir a la imposición de una multa y, eventualmente, al inicio del procedimiento de inejecución que culmina con la separación del cargo del titular de la autoridad responsable y su consignación ante un Juez penal; además, porque no está comprendida en la connotación legal de urgente empleada en esa fase, tanto es así, que los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo autorizan la ampliación del plazo; de lo que se colige que la resolución de cumplimiento de una ejecutoria de amparo es una decisión exclusiva del titular del órgano de control constitucional. Mediante sentencia firmada el treinta y uno de julio de dos mil diecisiete, se le concedió el amparo y protección de la Justicia Federal para el único efecto de que el Director de Transporte del Estado, procediera a otorgarle el derecho fundamental de audiencia conculcado en ese procedimiento, hecho lo cual, continuara con el procedimiento respectivo y en su momento, con libertad de jurisdicción, emitiera la resolución correspondiente con apego a la ley. Concesión que se hizo extensiva al acto de ejecución reclamado del Secretario de Seguridad Pública y Director Jurídico de dicha corporación, por estar dicho vehículo bajo resguardo en el depósito vehicular a su cargo. Por acuerdo de diecisiete de agosto del año que transcurre, se tuvo por ejecutoriada la sentencia que amparó y protegió a la parte quejosa, y se requirió a las autoridades responsables el cumplimiento de la misma. A fin de cumplir con la sentencia de amparo, por oficio 8505/2017, el Director General de Transporte del Estado, con residencia en esta ciudad, informó y acreditó que se le otorgó a la aquí quejosa el derecho de audiencia y que seguido el procedimiento, se dictó la resolución administrativa de fecha doce de septiembre de dos mil diecisiete, en la que determinó que es responsable de la infracción el conductor del vehículo propiedad de la aquí parte quejosa, imponiéndole una multa; asimismo, ordenó al Secretario de Seguridad Pública del Estado, mediante oficio de liberación 7527/2017, de veintiuno del citado mes y año, que hiciera entrega del vehículo tipo Versa, marca Nissan, con placas de circulación YYJ-867-A, a la propietaria. Por su parte, el Jefe del Departamento de Sanciones, Remisión y Trámite de la Dirección Jurídica, en representación del Secretario de Seguridad Pública y Director Jurídico, ambos del Estado, mediante oficio SPP/DJ/29019/2017, y su anexo, informó que en diverso oficio SPP/DJ/28663/2017, de fecha diez de octubre de dos mil diecisiete, realizó una atenta invitación a la aquí quejosa, para que se apersonara a las instalaciones de esa Secretaría con el fin de entregarle el aludido vehículo, según se desprende de la constancia remitida en copia certificada. Consecuentemente, analizando los efectos otorgados en la ejecutoria de amparo, en términos del artículo 77 de la Ley de Amparo, se advierte que las autoridades responsables, se encontraban obligadas a otorgar el derecho fundamental de audiencia conculcado y continuar con el procedimiento respectivo hasta emitir la resolución correspondiente. En ese sentido, debe decirse que se ha restituido a la parte quejosa en el pleno goce de los derechos fundamentales que se estimaron vulnerados, en términos de lo que establece el numeral 77, de la Ley de Amparo; por tanto, se declara que EL FALLO PROTECTOR HA QUEDADO CUMPLIDO. Con apoyo en el artículo 196 de la Ley de Amparo en vigor, se ordena el archivo del presente asunto como totalmente concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de depuración, toda vez que encuadra en la hipótesis de la fracción IV, del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio constitucional en el que se concedió el amparo y carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del citado punto; por lo cual, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberá transferirse al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. Asimismo, se hace la indicación que el cuaderno original del incidente de suspensión que deriva del presente juicio es susceptible de destrucción, pues se negó la medida cautelar solicitada, acorde con lo dispuesto en la fracción III del punto vigésimo primero del acuerdo general relativo. En términos de lo dispuesto en la fracción III del punto vigésimo del citado acuerdo general conjunto, se ordena que una vez que transcurran seis meses a esta fecha, se proceda a la destrucción del duplicado de los cuadernos incidentales, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal y como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. Hágase del conocimiento de las partes, lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese personalmente.

  4. Principal

    MÉRIDA, YUCATÁN, DIECISIETE DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECISIETE. Visto el estado procesal que guarda este expediente y la certificación de cuenta que antecede, se acuerda: con conocimiento de las partes, agréguese a estos autos el oficio número SSP/DJ/29019/2017, signado por el Jefe del Departamento de Sanciones, Remisión y Trámite de la Dirección Jurídica, en representación del Secretario de Seguridad Pública y del Director Jurídico, con residencia en esta ciudad, y anexo que acompaña; que remite en cumplimiento de la sentencia ejecutoria pronunciada en este asunto; al efecto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley Reglamentaria del Juicio Constitucional, dése vista a la parte quejosa de lo anterior, así como con el diverso oficio sin número, signado por Director General de Transporte de esta entidad, y anexo que adjunta, mismos que obran agregados en autos (fojas 84 a 93), por el término de tres días siguientes al en que surta efectos la notificación que se le haga de este acuerdo, para que manifieste lo que a sus derechos corresponda, con el apercibimiento que de no hacerlo, este Tribunal Federal resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por las autoridades responsables. Notifíquese, haciéndolo personalmente a la parte quejosa.

Quedan 8 actuaciones en este expediente

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