Tatiana Elizabeth Zuarth García

Expediente 1823/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 4 actuaciones registradas, la última del 29 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1823/2023
Año
2023
Actuaciones
4
Última actuación
29/11/2023

Partes del expediente

  • Tatiana Elizabeth Zuarth García

Actuaciones

  1. Incidental

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, veintinueve de noviembre de dos mil veintitrés. Visto; el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que el veintidós de septiembre del año actual, se ordenó el archivo del juicio principal de donde deriva el presente incidente; asimismo, con esta fecha en dicho expediente se ordenó acordar lo relativo al archivo del presente cuaderno suspensional. Al efecto, se acuerda: A. ARCHIVO De conformidad con el artículo 17, fracción III, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia y destino final los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el siete de junio de dos mil veintitrés, en el Diario Oficial de la Federación, se ordena el archivo del cuaderno incidental. B. VALORACIÓN DEL EXPEDIENTE Toda vez que en el presente incidente de suspensión, se negó la medida cautelar definitiva, se determina que el presente incidente es DESTRUIBLE, ya que se ubica en el supuesto previsto en el artículo 20, fracción III, por lo que una vez que cumpla tres años de haberse ordenado su archivo como asunto concluido, será destruido. C. REGISTROS CORRESPONDIENTES Como lo dispone el artículo 20 del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en el presente juicio; y, una vez que transcurra el plazo de tres años, de haberse ordenado su archivo como asunto concluido, deberá ordenarse la transferencia del expediente, previo cumplimiento de los requisitos establecidos en el multicitado acuerdo. D. DESTINO DE GARANTÍAS Sin que haya lugar a pronunciar en relación al rubro de garantías, ya que del estado procesal del cuaderno incidental se advierte que las partes no exhibieron garantía alguna. E. DOCUMENTOS PARA DEVOLVER A LAS PARTES No se advierten documentos exhibidos por las partes; por tanto, se deja de proveer lo relativo. NOTIFÍQUESE POR LISTA.

  2. Incidental

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, veintisiete de noviembre de dos mil veintitrés. Vistos; I. La certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que mediante acuerdo de diecisiete de noviembre del presente año, se levantó la reserva de investigación de los domicilios de los terceros interesados Javier Córdova Reyes y Rubbecindo Pérez Zea, por tanto, se ordenó emplazarlos en los señalados para tal efecto; sin que a la presente data obre la constancia de notificación del primero de los referidos y respecto del segundo se emplazó por lista el veinticuatro de noviembre del año en curso. Asimismo, en dicho auto, se reservó de proveer respecto de los diversos domicilios localizados fuera de la residencia de esta ciudad, con relación al tercero interesado Javier Córdova Reyes, hasta en tanto se obtuviera el resultado del emplazamiento ordenado en los domicilios localizados en esta ciudad. II. De igual forma que, la audiencia constitucional está fijada para esta data. Al efecto, se acuerda: Respecto al punto I, del estado de autos se advierte que obra la notificación de Rubbecindo Pérez Zea, asimismo, se desprende que no fue posible emplazar al tercero Javier Córdova Reyes, en esta ciudad, por tanto, se levanta la reserva decretada en proveído de diecisiete de noviembre del año en curso. SE GIRA DESPACHO. Atento a lo anterior, de conformidad con lo establecido en los artículos 298 al 301, del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la legislación de la materia, por disposición expresa de su artículo 2°, gírese atento despacho al Juez de Primera Instancia del Juzgado del Ramo Civil del Distrito Judicial de Copainalá, Chiapas, para que en auxilio de las labores de este órgano jurisdiccional, ordene a quien corresponda, lo siguiente: - Notifique y emplace a juicio al tercero interesado Javier Córdova Reyes, en los diversos domicilios ubicados en: 1) San Francisco número 287, Francisco Copainalá, Chiapas y/o 2) Calle Central Norte Sin Número Colonia Centro en Copainalá, Chiapas. C.P. 29620, corriéndole traslado con copia del escrito inicial de demanda y aclaratorio, auto admisorio de diecisiete de mayo del año en curso y de la presente determinación. - Le informe la instauración del juicio de amparo y el derecho que tiene de apersonarse en él, ofrecer pruebas y formular alegatos. - Le requiera para que en la diligencia de emplazamiento o dentro del término de tres días, señale domicilio para recibir notificaciones en esta ciudad, apercibiéndolo que de no hacerlo, las subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal, se le practicarán por lista que se publique en este Juzgado, conforme a lo previsto por el artículo 26, fracción III, de la Ley de Amparo. Atento a lo anterior, se hace saber a la autoridad despachada que para la realización de la diligencia que se solicita deberá observar los lineamientos establecidos en el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, para el emplazamiento, que establece: a) El actuario buscará a la persona que deba ser notificada, se cerciorará de su identidad, le hará saber el órgano jurisdiccional que ordena la notificación y el número de expediente y le entregará copia autorizada de la resolución que se notifica y, en su caso, de los documentos a que se refiera dicha resolución. Si la persona se niega a recibir o a firmar la notificación, la negativa se asentará en autos y aquélla se tendrá por hecha; b) Si no se encuentra a la persona que deba ser notificada, el actuario se cerciorará de que es el domicilio y le dejará citatorio para que, dentro de los dos días hábiles siguientes, acuda al órgano jurisdiccional a notificarse (en este caso, para que acuda al juzgado auxiliar), especificándose el mismo y el número del expediente. El citatorio se dejará con la persona que se encuentre en el domicilio; si la persona por notificar no acude a la cita, la notificación se hará por lista (es decir, por lista de acuerdos que se publica en los estrados del juzgado auxiliar); y por lista en una página electrónica; y c) Si el actuario encuentra el domicilio cerrado y ninguna persona acude a su llamado, se cerciorará de que es el domicilio correcto, lo hará constar y fijará aviso (aviso de notificación), en la puerta a fin de que, dentro de los dos días hábiles siguientes, acuda al órgano jurisdiccional a notificarse (en este caso, para que acuda al juzgado auxiliar). Si no se presenta se notificará por lista (es decir, por lista de acuerdos que se publica en los estrados del juzgado auxiliar), y por lista en una página electrónica pudiendo, el referido órgano, tomar las medidas necesarias para lograr la notificación personal si lo estima pertinente. En todos los casos a que se refieren los incisos anteriores, el actuario asentará razón circunstanciada en el expediente. Por lo que, hecho lo anterior, deberá devolverlo de inmediato, apercibido que de no hacerlo, se le impondrá multa de cincuenta Unidades de Medida y Actualización, de conformidad con el numeral 237, fracción I, en relación con el dispositivo 259, ambos de la Ley de Amparo. Además, se le conmina para que tome las medidas pertinentes a fin de que la comunicación oficial de mérito, se diligencie de manera correcta; es decir, deberá hacer constar la entrega de los documentos señalados en párrafos que anteceden. Se faculta al Juez del fuero común, de conformidad con el artículo 21, tercer párrafo de la ley de la materia, para que habilite días y horas inhábiles para llevar a cabo la diligencia encomendada; y, se le conmina para que agote los medios legales que estén a su alcance para cumplirlo en sus términos. Asimismo, en obvio de dilaciones, remítase el despacho al correo electrónico oficial de dicho órgano jurisdiccional civilcopainala@poderjudicialchiapas.gob.mx. Por lo que se comisiona a cualquiera de los actuarios adscritos para que, una vez que lo remitan por esa vía, soliciten el acuse de recibo pertinente, debiendo de levantar la razón correspondiente. Por otra parte, en relación al domicilio ubicado en Avenida Primera Sur Oriente, núm. ext. 23, Barrio San Juan en Copainalá, Chiapas, y/o Primera Sur Oriente Número 23, Barrio San Juan, Copainalá, Chiapas. C.P. 29620, se deja de proveer lo conducente, toda vez que mediante acuerdo de doce de septiembre de la presente anualidad, el Juez del Ramo Civil del Distrito Judicial de Copainalá, Chiapas, con sede en esa ciudad, se devolvió sin diligenciar el despacho 159/2023, orden 248/2023, para efectos emplazar al tercero interesado Javier Córdova Reyes, en ese domicilio. Y respecto al diverso ubicado en Séptima Norte Poniente S/N (A 300 Metros del Dr. Juan De Dios) Barr********************se reserva de proveer lo conducente, hasta en tanto sea devuelto el despacho remitido en esta data. En cuanto a los consecutivos I, y III, para no dejar en estado de indefensión a las partes, pues si se llevara a cabo la audiencia constitucional señalada para este día se violarían las reglas fundamentales que norman el procedimiento al no estar debidamente integrado el presente expediente; por tanto, con fundamento en el artículo 117, de la Ley de Amparo, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y en su lugar se fijan las DIEZ HORAS CON CINCO MINUTOS DEL VEINTISÉIS DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, para su celebración. Sin que haya lugar a notificar a través de oficio el presente acuerdo a las autoridades responsables, toda vez que el diferimiento de la audiencia constitucional, constituye un acuerdo de trascendencia menor que, por exclusión, puede notificarse por lista a las partes, ya que ello no les impide conocer el desarrollo del procedimiento en que se actúa, ni se afecta la correcta integración de este expediente; por lo tanto, se ordena notificarlas por el medio antes indicado. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2ª./J.176/2012 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1253, enero de 2013, Décima Época. Con registro 2002576, que dice: NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. NOTIFÍQUESE POR LISTA Y POR DESPACHO AL TERCERO INTERESADO ******************** Así lo acordó y firma Ana Luisa Mendoza Álvarez, Jueza Segunda de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, asistida de Leslie Vilchis Domínguez, Secretaria del Juzgado, quien autoriza y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    Vista la demanda de amparo promovida por **** en representación de su menor hijo de iniciales ****, contra el acto que reclama del 1. Juez del Ramo Civil del Primera Instancia del Distrito Judicial de Villaflores, Chiapas. I.- Trámite. Fórmese expediente, anótese su ingreso en los Libros Electrónicos de Registro de este Órgano Jurisdiccional del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, como juicio de amparo número 1823/2023-IV. II. Integración del expediente físico y electrónico. La formación del expediente físico relativo al juicio de amparo, y en su caso, al incidente de suspensión que derive del mismo, únicamente será con las constancias conducentes presentadas de manera impresa (constancias de notificación, acuses, oficios, escrito o solicitudes). Toda documentación recibida por vía electrónica (demanda, recursos, promociones etc,) o generada electrónicamente (acuerdos, notificaciones electrónicas) constarán únicamente en el expediente electrónico, en términos de los artículos 3, fracción III, y 22 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos de competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, reformado y adicionado mediante sesión extraordinaria de trece de octubre de dos mil veintidós, no así en el expediente impreso. En términos del artículo 3, fracción XII, del citado Acuerdo General ".los expedientes físicos servirán únicamente como referencia de los documentos recibidos físicamente, en el entendido de que serán los expedientes electrónicos los que tengan validez para consulta de las partes como para efectos de todos los procesos de estadística, visitas, vigilancia y demás trámites y procesos ante el CJF. Al respecto, las constancias integradas en los expedientes físicos tendrán validez respecto de las constancias recibidas por esa vía, a pesar de que no se integren la totalidad de las constancias del expediente electrónico." Instrucción a la Secretaria encargada del expediente, al Oficial Judicial "A" y Actuarios adscritos. Se instruye a la Secretaria del Juzgado adscrita, que lleva el trámite de este expediente que, de acuerdo al nuevo esquema de trabajo en los órganos jurisdiccionales del Consejo de la Judicatura Federal, supervise el registro diario de movimientos de los expedientes, a su cargo, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, de manera que se asegure la permanente actualización y veracidad de la información, en términos del artículo 185 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales. Al efecto, se puntualiza que el Oficial Judicial "A" encargado del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), adscrito a este órgano jurisdiccional deberá registrar los datos e información del seguimiento procesal de cada asunto, de manera inmediata, como lo establece el numeral 181 de la normatividad invocada. Atento a lo anterior, se instruye al Oficial de Partes y a los Actuarios adscritos, para que en el ámbito de sus respectivas funciones, realicen la digitalización de constancias y escaneo de las documentales que integran el presente sumario incluyendo las notificaciones respectivas, a fin de que el expediente electrónico coincida con el expediente físico. III. ADMISIÓN. Con fundamento en los artículos 103, fracción I, y 107, fracciones I, XII, y XV, de la Constitución Federal; 1, fracción I, 107, 108, 115 y 116 de la Ley de Amparo, se admite la demanda de amparo por lo que hace a la autoridad y acto precisado a continuación: AUTORIDAD RESPONSABLE Juez del Ramo Civil del Primera Instancia del Distrito Judicial de Villaflores, Chiapas. ACTO RECLAMADO El acuerdo de veinticinco de octubre de dos mil veintitrés, que desechó de plano el incidente de reclamación de medidas precautorias (relacionadas con el establecimiento de un régimen de convivencia entre el menor quejoso con el progenitor no custodio) relativo al expediente civil ****, del índice de la responsable. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Hágase del conocimiento de la autoridad señalada como responsable que la audiencia constitucional se encuentra fijada para las NUEVE HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL VEINTISIETE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, para su celebración. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN Tramítese el incidente de suspensión, por haber sido solicitada la suspensión del acto reclamado. SOLICITUD DE INFORME JUSTIFICADO Pídase a la autoridad señalada como responsable el informe justificado, que deberá rendir dentro del término de quince días siguiente al en que reciba el oficio correspondiente, debiendo acompañar, en su caso, copia certificada de todas y cada una de las constancias que sean necesarias para apoyar dicho informe, de conformidad con el párrafo cuarto del artículo 117 de la Ley de Amparo, bajo el apercibimiento que de no hacerlo así se le impondrá, en la sentencia respectiva multa de cien a mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, en términos del numeral 260, fracción II, en relación con el diverso 238, de la ley de la materia. Se hace del conocimiento de la autoridad responsable que de conformidad con lo que establecen los artículos 14 y 48 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, podrá rendir su informe justificado a través de los medios electrónicos autorizados, atendiendo en su caso a los acuerdos de interconexión o a través del correo electrónico institucional 2jdo20ctoajf@correo.cjf.gob.mx, siempre y cuando sean signados con firma electrónica FIREL; caso contrario, no se tendrá por rendido el mismo, ni se otorgará validez a las comunicaciones recibidas, por lo que será acreedor a las multas a que fue apercibido en el párrafo que precede. En su caso, también podrá remitirlo a este juzgado en formato impreso con firma autógrafa, en el domicilio ubicado en Boulevard Ángel Albino Corzo, número 2641, colonia Las Palmas, en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, código postal 29040. PREVENCIONES. RELATIVA A LA OBLIGACIÓN DE INFORMAR LA ACTUALIZACIÓN DE CAUSA DE SOBRESEIMIENTO. Hágase del conocimiento de las partes que si ocurre alguna causa de sobreseimiento están obligadas a informarlo de inmediato y, de ser posible, deberán acompañar las constancias que la acrediten, de no hacerlo, se les impondrá multa de treinta a trescientos días de salario mínimo general vigente en la Ciudad de México (Unidad de Medida y Actualización), de conformidad con el artículo 64 en relación con los diversos 238 y 251 de la Ley de Amparo. RECEPCIÓN DE OFICIOS Y APERCIBIMIENTO. Para la eficacia de las notificaciones en el juicio de amparo en que se actúa, hágase del conocimiento de la autoridad señalada como responsable, que de conformidad con el artículo 28, fracciones I y III, de la Ley de Amparo, en caso de negarse a recibir el oficio que se le gire, bajo el argumento de que la denominación es incorrecta, imprecisa o incompleta, pero se advierta que materialmente sí es la autoridad responsable a quien se dirige el oficio, se tendrá hecha la notificación y será responsable de la falta de cumplimiento del proveído o resolución que el propio oficio contenga. SOBRE EL CAMBIO DE DENOMINACIÓN DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE. En el caso de que la denominación de la autoridad a la que se dirige el oficio haya cambiado, será motivo insuficiente para negarse a recibir las comunicaciones, ya que la responsable al rendir el informe deberá hacer las aclaraciones correspondientes en cuanto a su nombramiento; lo que se tomará en consideración por este órgano jurisdiccional al realizar las notificaciones subsecuentes. Se apercibe a la autoridad que de no dar cumplimiento a lo anterior, será acreedor a una multa de cien a mil días de salario mínimo general vigente en la Ciudad de México (Unidad de Medida y Actualización), en términos del artículo 245 de la ley de la materia. REQUERIMIENTO ESPECIAL A LA AUTORIDAD RESPONSABLE. De conformidad con lo establecido en el artículo 257 Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales; a efecto de privilegiar la comunicación procesal mediante la vía electrónica, y con ello implementar el mandato constitucional de impartición pronta de justicia, SE REQUIERE a la autoridad responsable para que al rendir su informe justificado, proporcione un correo electrónico oficial de la institución a la que pertenezca, así como un número telefónico en donde se pueda entablar comunicaciones con dicha autoridad; asimismo, para que este órgano jurisdiccional pueda generar una base de datos. Los anteriores requerimientos tienen como finalidad cumplir con lo dispuesto en los artículos 1° y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que imponen a todas las autoridades en el ámbito de sus respectivas competencias, el deber de velar por el respeto a los derechos humanos contenidos en la Constitución Federal y en los instrumentos internacionales celebrados por el Estado Mexicano; entre los que se encuentra el derecho público subjetivo que toda persona tiene -dentro de los plazos y términos que fijen las leyes y el cumplimiento de ciertas formalidades- para acceder de manera expedita, esto es, sin obstáculos, a la tutela jurisdiccional. INTERVENCIÓN DE LA AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN ADSCRITA. De conformidad con los artículos 14, 21 y 48 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, con la finalidad de garantizar un pronta y expedita administración de justicia, mediante la tramitación del presente asunto, a través el esquema de Juicio en Línea; y tomando en consideración que la Representación Social Federal adscrita a este órgano de control constitucional, se encuentra registrada en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, con el nombre de usuario "******", y a su vez, habilitada para consultar el expediente electrónico y recibir notificaciones mediante esa misma vía, así como promover mediante el referido sistema de servicios en línea. En tal virtud, con apoyo en los artículos 17 de la Constitución Federal; y, 3, 5°, fracción IV, y 26, fracción IV, de la Ley de Amparo, dese a la Agente del Ministerio Público de la Federación de esta adscripción la intervención que legalmente le corresponde; para lo cual se instruye a los Actuarios, realicen la notificación del presente proveído, así como las subsecuentes que conforme al ordenamiento legal en consulta deban practicarse en forma personal a la representación social en cita, en forma electrónica a través del usuario "***". EXHORTACIÓN PARA MEJORAR LA COMUNICACIÓN CON LAS PARTES. Se les invita a que transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea; asimismo, para que propongan formas especiales y expedidas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido será registrado y, de estimarse necesario, se incorporará al expediente previa certificación correspondiente. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que el actuario judicial pueda realizar las diligencias correspondientes. TERCERO INTERESADO. Por otra parte, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 5, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, se tiene como tercero interesado a ****, con domicilio ubicado en ****, en Villaflores, Chiapas; el cual se encuentra ubicado fuera de la residencia de este juzgado, pero dentro del territorio donde ejerce jurisdicción; por ende, de conformidad con lo establecido en los artículos 298 al 301, del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la legislación de la materia, por disposición expresa de su artículo 2°, gírese atento despacho al Juez Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Villaflores, Chiapas, para que en auxilio de las labores de este órgano jurisdiccional, ordene a quien corresponda notifique el presente proveído al citado tercero interesado y le deberá hacerle saber la instauración del presente juicio de amparo y el derecho que tiene de apersonarse en él, así como de ofrecer pruebas. Además, le requiera, para que en el término de TRES DÍAS, señale domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, apercibiéndolo que de no hacerlo, las subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal, sin ulterior acuerdo, se les practicarán por lista que se publique en este Juzgado, conforme a lo previsto por el artículo 26, fracción III, en relación con el 27, fracción II, de la Ley de Amparo. Atento a lo anterior, se hace saber a la autoridad despachada, que para la realización de la diligencia de que se trata, deberá observar los lineamientos establecidos en el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, para el emplazamiento, esto es: a) El actuario buscará a la persona que deba ser notificada, se cerciorará de su identidad, le hará saber el órgano jurisdiccional que ordena la notificación y el número de expediente y le entregará copia autorizada de la resolución que se notifica y, en su caso, de los documentos a que se refiera dicha resolución. Si la persona se niega a recibir o a firmar la notificación, la negativa se asentará en autos y aquélla se tendrá por hecha; b) Si no se encuentra a la persona que deba ser notificada, el actuario se cerciorará de que es el domicilio y le dejará citatorio para que, dentro de los dos días hábiles siguientes, acuda al órgano jurisdiccional a notificarse, especificándose el mismo y el número del expediente. El citatorio se dejará con la persona que se encuentre en el domicilio; si la persona por notificar no acude a la cita, la notificación se hará por lista; y por lista en una página electrónica; y c) Si el actuario encuentra el domicilio cerrado y ninguna persona acude a su llamado, se CERCIORARÁ DE QUE ES EL DOMICILIO CORRECTO, lo hará constar y fijará aviso en la puerta a fin de que, dentro de los dos días hábiles siguientes, acuda al órgano jurisdiccional a notificarse. Si no se presenta se notificará por lista y por lista en una página electrónica pudiendo, el referido órgano, tomar las medidas necesarias para lograr la notificación personal si lo estima pertinente. En todos los casos a que se refieren los incisos anteriores, el actuario asentará razón circunstanciada en el expediente. Con el propósito de evitar dilaciones innecesarias, se deberán habilitar días y horas inhábiles, en términos del artículo 21, párrafo tercero, de la ley de la materia. Hecho que sea lo anterior, devuelva a la brevedad el despacho que se le envía. Se le apercibe que, de no dar cumplimiento a lo anterior, o de no manifestar el impedimento legal que tenga para ello, con fundamento en el artículo 237, fracción I, en relación con el 259, de la Ley de Amparo, se le impondrá una multa de cincuenta a mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización contemplada en los párrafos sexto y séptimo del apartado B, del artículo 26, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. DESIGNACIÓN DE REPRESENTANTE ESPECIAL DEL MENOR DE IDENTIDAD RESERVADA. Asimismo, toda vez que en el presente asunto se encuentran involucrados los derechos del menor quejoso de iniciales ****, a fin de no dejarlo en estado de indefensión, con fundamento en los artículos 29, fracción V, de las Bases Generales de Organización y Funcionamiento del Instituto Federal de la Defensoría Pública, en relación con el numeral 4, párrafo octavo, Constitucional y 8, de la Ley de Amparo, atendiendo al interés superior del menor, en obvio de mayores dilaciones, REQUIÉRASE a la Delegada del Instituto Federal de la Defensoría Pública, residente en esta ciudad, para que dentro del término de TRES DÍAS, designe a un Asesor Jurídico que funja como representante especial de éste, a fin de que intervenga en el juicio. Por las razones que informa es aplicable el criterio emitido por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, visible en la página 1324 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVI, Agosto de 2002, de rubro siguiente: "MENORES. REPRESENTANTE ESPECIAL EN EL JUICIO DE AMPARO. EL JUEZ DE DISTRITO DEBE NOMBRARLES UNO CUANDO SUS PADRES O LEGÍTIMOS REPRESENTANTES TENGAN INTERESES OPUESTOS A LOS SUYOS." DOMICILIO Y AUTORIZADOS. Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en ****, en esta ciudad. Se tiene como autorizado de la parte quejosa, en términos amplios a que se refiere el artículo 12 de la Ley de Amparo, a ****, toda vez que tiene inscrita su cédula en el Registro Nacional de Profesionistas de la Secretaría de Educación Pública. Y en términos del párrafo segundo, parte in fine, relacionado con el diverso 24, párrafo segundo, del citado ordenamiento legal, únicamente para oír y recibir notificaciones, documentos, imponerse de autos y hacer uso de los medios electrónicos a ****, toda vez que así lo solicitó la promovente. AUTORIZACIÓN PARA LA CONSULTA DE EXPEDIENTE ELECTRÓNICO. Se tiene a la promovente solicitando el acceso al expediente electrónico en el presente juicio de amparo, para lo cual proporciona el nombre de usuario "****". En consecuencia, dese de alta en el Módulo de Autorizados del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, a fin de que pueda tener acceso al expediente electrónico en comento. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Con fundamento en la circular 12/2009, emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza el uso de reproducción electrónica en el presente expediente; en el entendido que de efectuar alguna modificación o circunstancia diversa en relación a la documentación que se le proporcione se le fincará responsabilidad, en términos de la Legislación Penal Federal. Tiene aplicación el criterio contenido en la tesis de rubro y texto siguiente: REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA. Por otra parte, se informa a la parte quejosa, que al tener la autorización para la consulta del expediente electrónico, puede descargar en su equipo de cómputo toda la documentación que integra el mismo; esto es, tanto de las constancias recibidas en forma impresa como la generada electrónicamente; asimismo, se precisa que se considera certificada electrónicamente al incluir la evidencia criptográfica; ello, tratándose de los documentos que cuenten con firma electrónica de quien, en su caso, los suscribe. PRUEBAS Con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tienen como pruebas de la parte quejosa, las documentales que adjunta a su escrito inicial de demanda; probanzas de las que se harán relación en el momento procesal oportuno; las cuales se desahogan en razón de su propia y especial naturaleza. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN. Hágase saber a las partes, que con el objeto de respetar el derecho a la reserva y confidencialidad de sus datos personales, para el caso de que este Juzgado de Distrito atienda una solicitud de información, con fundamento en el artículo 118 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborar la versión pública de la sentencia que se llegue a dictar, se testarán las palabras, frases o párrafos que contengan datos clasificados como reservados o confidenciales, indicando su contenido de manera genérica, sin que se omita la información que constituya para este juzgado alguna obligación de transparencia prevista en la referida ley. NOTIFÍQUESE POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA, DE MANERA ELECTRÓNICA A LA AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN ADSCRITA, POR DESPACHO AL TERCERO INTERESADO Y POR OFICIO AL RELACIONADO EN LA MINUTA.

  4. Incidental

    Como está ordenado en el cuaderno principal, con fundamento en los artículos 125 y 128 de la Ley de Amparo, con la demanda de amparo promovida por ****, en representación del menor de iniciales *****, contra los actos que reclama al Juez del Ramo Civil del Primera Instancia del Distrito Judicial de Villaflores, Chiapas; fórmese el incidente de suspensión 1823/2023-IV. II. INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE FÍSICO Y ELECTRÓNICO. La formación del expediente físico relativo al juicio de amparo, y en su caso, del incidente de suspensión que derive del mismo, únicamente será con las constancias conducentes presentadas de manera impresa (constancias de notificación, acuses, oficios, escritos o solicitudes). Toda documentación recibida por vía electrónica (demanda, recursos, promociones, etc.) o generada electrónicamente (acuerdos, notificaciones electrónicas) constarán únicamente en el expediente electrónico, en términos de los artículos 3, fracción III, y 22 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos de competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, reformado y adicionado mediante sesión extraordinaria de trece de octubre de dos mil veintidós, no así en el expediente impreso. En términos del artículo 3, fracción XII, del citado Acuerdo General ".los expedientes físicos servirán únicamente como referencia de los documentos recibidos físicamente, en el entendido de que serán los expedientes electrónicos los que tengan validez para consulta de las partes como para efectos de todos los procesos de estadística, visitas, vigilancia y demás trámites y procesos ante el CJF. Al respecto, las constancias integradas en los expedientes físicos tendrán validez respecto de las constancias recibidas por esa vía, a pesar de que no se integren la totalidad de las constancias del expediente electrónico." INSTRUCCIÓN A LA SECRETARIA ENCARGADA DEL EXPEDIENTE, OFICIAL JUDICIAL "A", ACTUARIOS JUDICIALES Y OFICIAL DE PARTES. Se instruye a la Secretaria de Juzgado adscrita, que lleva el trámite de este expediente que, de acuerdo al nuevo esquema de trabajo en los órganos jurisdiccionales del Consejo de la Judicatura Federal, supervise el registro diario de movimientos de los expedientes, a su cargo, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, de manera que se asegure la permanente actualización y veracidad de la información, en términos del artículo 185 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales. Al efecto, se puntualiza que el Oficial Judicial "A" encargado del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), adscrito a este órgano jurisdiccional deberá registrar los datos e información del seguimiento procesal de cada asunto, de manera inmediata, como lo establece el numeral 181 de la normatividad invocada. Atento a lo anterior, se instruye al Oficial de Partes y a los Actuarios adscritos, para que en el ámbito de sus respectivas funciones, realicen la digitalización de constancias y escaneo de las documentales que integran el presente sumario incluyendo las notificaciones respectivas, a fin de que el expediente electrónico coincida con el expediente físico. III. AUDIENCIA INCIDENTAL. Se señalan las ONCE HORAS CON VEINTISÉIS MINUTOS DEL CUATRO DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, para llevar a cabo la audiencia incidental. IV. INFORME PREVIO. Requiérase a la autoridad responsable el informe previo, que deberán rendir en el término de cuarenta y ocho horas, contadas a partir de que reciban el oficio correspondiente, con el apercibimiento que de no hacerlo así, SE LE IMPONDRÁ, en la suspensión definitiva, MULTA de cien a mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, en términos del numeral 260, fracción II, en relación con el diverso 238, de la ley de la materia. Se hace del conocimiento de la autoridad responsable que de conformidad con lo que establecen los artículos 14 y 481 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, podrá rendir su informe previo a través de los medios electrónicos autorizados, atendiendo en su caso a los acuerdos de interconexión o a través del correo electrónico institucional 2jdo20ctoajf@correo.cjf.gob.mx, siempre y cuando sean signados con firma electrónica FIREL; caso contrario, no se tendrá por rendido el mismo, ni se otorgará validez a las comunicaciones recibidas, por lo que será acreedor a las multas a que fue apercibido en el párrafo que precede. En su caso, también podrá remitirlo a este juzgado en formato impreso con firma autógrafa, en el domicilio ubicado en Boulevard Ángel Albino Corzo, número 2641, colonia Las Palmas, en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, código postal 29040. V. RECEPCIÓN DE OFICIOS Y APERCIBIMIENTO. Para la eficacia de las notificaciones en el incidente de suspensión en que se actúa, hágase del conocimiento de las autoridad señalada como responsable, que de conformidad con el artículo 28, fracciones I y III, de la Ley de Amparo, en caso de negarse a recibir el oficio que se le gire, bajo el argumento de que la denominación es incorrecta, imprecisa o incompleta, pero se advierta que materialmente sí es la autoridad responsable a quien se dirige el oficio, se tendrá hecha la notificación y serán responsables de la falta de cumplimiento del proveído o resolución que el propio oficio contenga. Sobre el cambio de denominación de la autoridad responsable. En el caso de que la denominación de la autoridad a la que se dirige el oficio haya cambiado, será motivo insuficiente para negarse a recibir las comunicaciones, ya que la responsable al rendir el respectivo informe, deberá hacer las aclaraciones correspondientes en cuanto a su nombramiento; lo que se tomará en consideración por este órgano jurisdiccional al realizar las notificaciones subsecuentes. Se apercibe a la autoridad que de no dar cumplimiento a lo anterior, serán acreedoras a una multa de cien a mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, en términos del artículo 245, de la ley de la materia. Requerimiento especial a la autoridad responsable. De conformidad con lo establecido en el artículo 257 Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales2; a efecto de privilegiar la comunicación procesal mediante la vía electrónica, y con ello implementar el mandato constitucional de impartición pronta de justicia, SE REQUIERE a la autoridad responsable para que al rendir su informe previo, proporcione un correo electrónico oficial de la institución a la que pertenezcan, así como un número telefónico en donde se puedan entablar comunicaciones con dicha autoridad; asimismo, para que este órgano jurisdiccional pueda generar una base de datos. Los anteriores requerimientos tienen como finalidad cumplir con lo dispuesto en los artículos 1° y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que imponen a todas las autoridades en el ámbito de sus respectivas competencias, el deber de velar por el respeto a los derechos humanos contenidos en la Constitución Federal y en los instrumentos internacionales celebrados por el Estado Mexicano; entre los que se encuentra el derecho público subjetivo que toda persona tiene -dentro de los plazos y términos que fijen las leyes y el cumplimiento de ciertas formalidades- para acceder de manera expedita, esto es, sin obstáculos, a la tutela jurisdiccional. VI. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. En acato al principio de congruencia que debe imperar en toda resolución judicial y a lo establecido por los artículos 146, fracción I, y 157 de la Ley de Amparo, se precisa que en la especie la parte quejosa reclama de autoridad que a continuación se indica: 1. Juez del Ramo Civil del Primera Instancia del Distrito Judicial de Villaflores, Chiapas. Lo siguiente: ? El acuerdo de veinticinco de octubre de dos mil veintitrés, que desechó de plano el incidente de reclamación de medidas precautorias (relacionadas con el establecimiento de un régimen de convivencia entre el menor quejoso con el progenitor no custodio) relativo al expediente civil *****, del índice de la responsable. FIJACIÓN DE LA LITIS INCIDENTAL. En primer término, es importante establecer que en atención al acto reclamado en la demanda y a los efectos por lo que se solicita la medida suspensional, el presente asunto no se encuentra en los supuestos de excepción previstos en el artículo 127 de la Ley de Amparo3. Establecido lo anterior y en acato al principio de congruencia que debe imperar en toda resolución judicial y a lo establecido en los artículos 146, fracción I y 157 de la Ley de Amparo, se precisa que la parte quejosa solicita la suspensión del acto reclamado en los siguientes términos: ". Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 125, 130, 136 y 147 de la Ley de Amparo vigente a partir del 07 siete de junio de 2021 dos mil veintiuno, vengo a solicitar la suspensión provisional y en momento la definitiva sobre actos positivos con efectos negativos, esto es, los que al exteriorizarse pueden ocasionar en la persona del menor ****, (identidad resguardada), afectaciones irreparables en su conducta e inteligencia emocional. Por tanto, con apoyo en el principio in dubio pro actione, los citados preceptos deben interpretarse en el sentido de que la suspensión del acto reclamado también procede contra la determinación judicial que ordena la convivencia presencial de un menor con el padre no custodio. (.)" (SIC) Por tanto, con apoyo en lo establecido en el artículo 128, en relación con el diverso 138, ambos de la Ley de Amparo, este juzgado únicamente se pronunciará sobre los efectos y consecuencias que provoca la determinación que desechó de plano el incidente de reclamación de medidas precautorias (relacionadas con el establecimiento de un régimen de convivencia entre el menor quejoso con el progenitor no custodio) relativo al expediente civil ****, del índice de la responsable. Lo anterior, en términos de lo dispuesto en la jurisprudencia 4/2019 (10ª), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "SUSPENSIÓN. EL JUZGADOR PUEDE CONCEDERLA PARA EFECTOS Y CONSECUENCIAS DISTINTAS DE LAS PROPUESTAS POR EL QUEJOSO, PERO NO POR ACTOS NO RECLAMADOS EN LA DEMANDA"4 DETERMINACIÓN DE LA SUSPENSIÓN SOLICITADA. Es preciso destacar que en la jurisprudencia 70/20195, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que: I. Los artículos 107, fracción X, primer párrafo, de la Constitución y 147 de la Ley de Amparo, dotan a la suspensión de un genuino carácter de medida cautelar, cuya finalidad consiste en conservar la materia de la controversia y evitar que las personas sufran una afectación a su esfera jurídica mientras se resuelve el fondo del asunto, ya sea con medidas conservativas, o de tutela anticipada (efectos restitutorios), para lo cual es necesario analizar: a) La apariencia del buen derecho; b) Las posibles afectaciones al interés social; c) La posibilidad jurídica y material de conceder la medida. II. En ese sentido, la naturaleza de los actos, ya sea positiva, declarativa o negativa (simples, prohibitivos, omisivos), no representa un factor que determine en automático la concesión o negativa de la medida cautelar, pues la locución "atendiendo a la naturaleza del acto reclamado", que refiere el precepto de la ley de amparo, debe analizarse en función de las consecuencias que caso a caso pueden producir los actos reclamados, lo que a su vez es determinante para decidir si el efecto de la suspensión debe consistir en el mantenimiento de las cosas en el estado que se encuentran o debe restituirse provisionalmente a la persona en el goce del derecho violado. III. En esos términos, la naturaleza del acto reclamado es relevante para determinar el contenido que adoptará la suspensión pero no para determinar si la medida cautelar procede o no, dado que el amparo provisional que se pretende con la suspensión permite que la persona alcance transitoriamente un beneficio que, al final del día, puede confirmarse o revocar a través de la sentencia principal, sin prejuzgar sobre lo ocurrido antes del juicio de amparo o lo ocurrido después, pues lo importante para que dicha medida cautelar sea material y jurídicamente posible radica en que los efectos suspensorios puedan actualizarse momento a momento, de modo que la suspensión no coincide exactamente, agote o deje sin materia una eventual sentencia estimatoria de amparo, y todo esto va más allá del tipo de medidas que deben dictarse en caso de que proceda conforme a lo anterior. Ahora bien, en el caso concreto, el acto reclamado precisado anteriormente es de naturaleza declarativa con efectos negativos respecto del cual, no conlleva de facto la improcedencia de la medida suspensional. Sin embargo, a pesar de que en algunos casos sea posible conceder efectos restitutorios a la suspensión provisional solicitada contra omisiones y negativas de las autoridades, para determinar la procedencia de la medida cautelar, es preciso hacer una ponderación de la apariencia del buen derecho, el peligro en la demora, cerciorarse de que se mantenga viva la materia del juicio y que no se afecte el interés social, ni se contravengan disposiciones de orden público, en atención a lo dispuesto por los artículos 107, fracción X, de la Constitución Federal y 138 de la Ley de Amparo. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la contradicción de criterios 338/2022, estableció las bases al señalar como regla general que la suspensión de los actos reclamados sí pueden tener efectos restitutorios, con la limitante de que ese alcance sea provisional y no definitivo; pues, ante una eventual medida cautelar se puede tener efectos restitutorios definitivos, al grado de dejar sin materia el juicio de amparo; lo anterior, dependiendo de las circunstancias particulares del caso, tal como lo analiza la Segunda Sala del máximo Tribunal, pues ha reconocido, de manera implícita, que existe tal posibilidad. Para determinar lo anterior, refirió que la suspensión por regla general es transitoria, sin importar que sus efectos coincidan con la protección que se obtendría con una sentencia favorable a la quejosa, ya que por disposición expresa del artículo 147 de la Ley de Amparo su efecto terminará cuando se dicte ejecutoria, es decir, por definición no es un beneficio definitivo. Entonces ante la eventualidad de que un órgano jurisdiccional conceda la suspensión con efectos restitutorios porque efectuó un análisis de la apariencia del buen derecho (al momento de resolver sobre la medida cautelar, anticipó que existían indicios razonables para considerar que la parte quejosa tiene el derecho que está en disputa), pero una vez desahogado el juicio la parte quejosa obtiene una sentencia adversa, ello se traduciría en que la apreciación de la apariencia del buen derecho fue equivocada, por lo que el beneficio de la medida cautelar será definitivo únicamente si los efectos de la suspensión no se pueden retrotraer. Este supuesto constituiría la excepción a la regla general En contraposición a lo sustentado en el párrafo que precede, si el beneficio concedido con la medida cautelar se puede retrotraer, quiere decir que se trata de un beneficio transitorio y, en consecuencia, no coincide con los efectos de una sentencia estimatoria, lo que se traduce en que el juicio no quedaría sin materia, sino que por el contrario, la suspensión cumpliría con su objetivo, pues restituiría provisionalmente el derecho y esa restitución provisional terminaría con motivo de la ejecutoria (por lo cual, transitorio debe ser entendido como aquel beneficio que puede ser revocado con la sentencia de fondo y, en un sentido opuesto, un beneficio no transitorio o definitivo será aquel que no podrá ser revocado aun cuando se niegue el amparo). Como ejemplo de tal supuesto podría ser en el caso de que el derecho en disputa sea el acceso a los datos personales. En caso de concederse la suspensión con efectos restitutorios (para que se dé la información al quejoso) pero en el fondo se obtenga una sentencia adversa, no se podrá retrotraer el efecto de la suspensión pues el quejoso ya tuvo acceso a la información y no es materialmente posible restaurar las circunstancias. En ese sentido, si bien la regla general que subyace en el análisis de la corte es en el sentido de que la suspensión de los actos reclamados sí puede tener efectos restitutorios, con la limitante de que ese alcance sea provisional y no definitivo, por tanto, existe una excepción que podría derivarse del criterio sustentado, esto es, que de no conceder la medida cautelar se torne imposible restituir físicamente a los quejosos en el goce del derecho violado. En consecuencia, los parámetros que se deben tomar en cuenta para analizar la posibilidad de conceder la suspensión del acto reclamado con efectos restitutorios, ante la eventualidad de que con su concesión se deje sin materia el juicio en lo principal, son los consistentes en que la restitución provisional de los derechos será transitoria en la medida que, en caso resolver de forma adversa a la quejosa, se esté en posibilidad de retrotraer los efectos de la suspensión y, en contraposición a ello, se tratará de un beneficio no transitorio o definitivo cuando éste no pueda ser revocado aun cuando se niegue el amparo. En la especie, una vez realizado ese análisis con base en la descripción del acto reclamado y la información proporcionada en la demanda constitucional, se arriba a la conclusión de que no es material ni jurídicamente viable restituir a la parte quejosa en el goce del derecho vulnerado por el acto declarativo con efectos negativos que combate, a través de la concesión de esa medida cautelar, porque se agotaría la materia que debe resolverse en el fondo del amparo; ya que de otorgarse traería como consecuencia que a través de una medida cautelar se restituya totalmente a la parte quejosa en el goce del derecho fundamental que aduce vulnerado. Pues traería como consecuencia, que a través de la medida solicitada se admita el incidente de reclamación de medidas precautorias (relacionadas con el establecimiento de un régimen de convivencia entre el menor quejoso con el progenitor no custodio) relativo al expediente civil ****, del índice de la responsable, lo cual atañe al fondo motivo del estudio del juicio principal de donde deriva el presente incidente; y, en el que cabría la posibilidad de restituir a la parte quejosa el derecho que aduce vulnerado. Por tanto, atento a lo dispuesto en el artículo 147 de la Ley de Amparo, y a su interpretación por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, plasmada en la aludida jurisprudencia 70/2019, no es factible otorgar el beneficio suspensional, pues se encuentra como imposibilidad jurídica, el que se dejaría sin materia el juicio de amparo, porque atento a la técnica que rige en el juicio constitucional, la misma debe mantenerse intacta, a fin de preservar los bienes o derechos cuya tutela se demande en el juicio de amparo. Tiene aplicación a lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 22/2023 (11a.), del rubro y textos siguientes: "SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO CON EFECTOS RESTITUTORIOS. PARÁMETROS QUE DEBE TOMAR EN CUENTA EL JUZGADOR AL ANALIZAR LA POSIBILIDAD DE CONCEDERLA ANTE LA EVENTUALIDAD DE QUE, CON ELLO, SE DEJE SIN MATERIA EL JUICIO DE AMPARO EN LO PRINCIPAL. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito llegaron a conclusiones discrepantes en relación con los casos donde se dejaría sin materia el juicio de amparo si se solicita la suspensión del acto reclamado con efectos restitutorios, y esos efectos coincidan con los de una eventual sentencia favorable a la parte quejosa. Las posturas contrarias versaron sobre el requisito referente a la posibilidad jurídica de conceder la suspensión, pues uno de los órganos jurisdiccionales consideró que sí era posible restituir provisionalmente a la quejosa del derecho vulnerado, mientras que el otro Tribunal sostuvo que no era posible conceder la suspensión dado que con ello se agotaría la materia del juicio en lo principal. Criterio jurídico: La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que en caso de conceder la suspensión con efectos restitutorios, el órgano jurisdiccional deberá considerar que la materia del juicio de amparo subsiste cuando, en la eventualidad de que resuelva de forma adversa a la quejosa, puedan retrotraerse los efectos de la suspensión y, en contraposición a ello, se tratará de un beneficio no transitorio o definitivo que dejaría sin materia el juicio, cuando éste no pueda ser revocado aun cuando se niegue el amparo. Lo anterior implica que, por regla general, el hecho de que los efectos de la suspensión y una sentencia favorable a la quejosa coincidan, no es una razón suficiente para negar la concesión de la medida cautelar, aun cuando se argumente que la finalidad de esa negativa es preservar la materia del asunto, pues el entendimiento de la expresión "conservar la materia del amparo" es que el órgano jurisdiccional velará por proporcionar las condiciones idóneas para proteger el derecho que la parte quejosa considera afectado, no así la prevalencia del fondo sobre la suspensión. Justificación: El enunciado "conservar la materia del amparo hasta la terminación del juicio", previsto en el primer párrafo del artículo 147 de la Ley de Amparo, debe contextualizarse en armonía con la finalidad última del juicio de amparo, que es la de proteger de forma eficaz los derechos que la parte quejosa considera afectados. En ese orden de ideas, la importancia de la suspensión del acto reclamado debe equipararse con la relevancia de conservar la materia del juicio en lo principal, pues ambas buscan crear las condiciones para que el juicio de amparo cumpla con su función protectora por lo que, por regla general, será incorrecto sostener que debe negarse la suspensión con la finalidad de conservar la materia del asunto en lo principal. La suspensión del acto reclamado es, por definición, un beneficio transitorio, porque aun cuando se conceda con un carácter restitutorio y exista identidad entre los efectos de una eventual sentencia favorable a la quejosa, ese beneficio durará únicamente hasta que la sentencia que se dicte en el cuaderno principal cause ejecutoria. La excepción a la regla general, esto es, en qué casos una medida cautelar con efectos restitutorios verdaderamente dejaría sin materia un juicio de amparo, se configurará cuando la restitución provisional de los derechos no pueda ser revocada aun cuando se niegue el amparo." No se desatiende el hecho de que la parte quejosa manifieste que la suspensión del acto también procede en contra la determinación que ordena la convivencia presencial del menor con el padre no custodio. Sin embargo, de las manifestaciones realizadas de la quejosa en la demanda de amparo, se advierte que el veinte de marzo de dos mil diecinueve, el juez responsable, dictó medidas provisionales ". que el menor quejoso de iniciales **** (identidad reservada) conviva con su progenitor el señor *****, los días sábados de cada fin de semana a partir de las 10:00 y hasta las 15:00 horas, mientras se resuelve el juicio." En esa medida, no resulta procedente conceder la medida provisional en los términos solicitados por la promovente, ello atendiendo a que pretende obtener una suspensión de la ejecución de un acto que no es materia del acto reclamado en el presente juicio de amparo; y, lo que precisamente no fue determinado de manera favorable por el Juez responsable con motivo de la interposición del incidente de reclamación de medidas precautorias y motivo del desechamiento del mismo, acto generador de la molestia en la demanda de amparo. No obstante lo anterior, debe destacarse que en presente asunto al estar involucrado los derechos de un menor de edad la suscrita al momento de proveer respecto a la suspensión provisional no puede dejar de atender el interés superior de los niños, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como en la Convención de los Derechos del Niño. En ese sentido, si bien el acto reclamado deriva del hecho de convivencia del menor con el padre no custodio, lo cual busca la finalidad de asegurar un adecuado y sano desarrollo emocional; circunstancia que solo puede lograrse si se mantienen los lazos efectivos con el padre no custodio; sin embargo, este derecho no es ilimitado si se advierte que con la convivencia se pone en peligro la integridad física y emocional del menor. Sin embargo, como quedó expuesto, esta juzgadora no está en condiciones de pronunciarse sobre dicha cuestión al no ser materia del acto reclamado en el incidente de amparo, máxime que de la demanda y anexos no se advierte circunstancias de hecho que ponga de manifiesto el riesgo la integridad del menor quejoso Por tal motivo, con fundamento en el artículo 128, aplicado en sentido contrario, de la Ley de Amparo, se niega la suspensión provisional a ***** en representación del menor de iniciales ****, respecto del acto reclamado consistente en el acuerdo de veinticinco de octubre de dos mil veintitrés, que desechó de plano el incidente de reclamación de medidas precautorias (relacionadas con el establecimiento de un régimen de convivencia entre el menor quejoso con el progenitor no custodio), relativo al expediente civil 1639/2018, del índice del Juzgado del Ramo Civil del Primera Instancia del Distrito Judicial de Villaflores, Chiapas. XI. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. En términos del artículo 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles para que el actuario judicial pueda realizar las diligencias correspondientes. XII. PRUEBAS Conforme con los numerales 143 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas las documentales anexas a su demanda, sin perjuicio de su relación en la audiencia incidental, toda vez que se desahogan atento a su propia y especial naturaleza, las cuales serán valoradas en el momento procesal oportuno. XIII. DOMICILIO Y AUTORIZADOS. Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en ****, en esta ciudad. Se tiene como autorizado de la parte quejosa, en términos amplios a que se refiere el artículo 12 de la Ley de Amparo, a ****, toda vez que tiene inscrita su cédula en el Registro Nacional de Profesionistas de la Secretaría de Educación Pública. Y en términos del párrafo segundo, parte in fine, relacionado con el diverso 24, párrafo segundo, del citado ordenamiento legal, únicamente para oír y recibir notificaciones, documentos, imponerse de autos y hacer uso de los medios electrónicos a *****, toda vez que así lo solicitó la promovente. XIV. AUTORIZACIÓN PARA LA CONSULTA DE EXPEDIENTE ELECTRÓNICO. Se tiene al promovente solicitando el acceso al expediente electrónico en el presente juicio de amparo, para lo cual proporciona el nombre de usuario "*****". En consecuencia, dese de alta en el Módulo de Autorizados del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, a fin de que pueda tener acceso al expediente electrónico en comento. XV. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Con fundamento en la circular 12/2009, emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza el uso de reproducción electrónica en el presente expediente; en el entendido que de efectuar alguna modificación o circunstancia diversa en relación a la documentación que se le proporcione se le fincará responsabilidad, en términos de la Legislación Penal Federal. Tiene aplicación el criterio contenido en la tesis de rubro y texto siguiente:6 REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA. Por otra parte, se informa a la parte quejosa, que al tener la autorización para la consulta del expediente electrónico, puede descargar en su equipo de cómputo toda la documentación que integra el mismo; esto es, tanto de las constancias recibidas en forma impresa como la generada electrónicamente; asimismo, se precisa que se considera certificada electrónicamente al incluir la evidencia criptográfica; ello, tratándose de los documentos que cuenten con firma electrónica de quien, en su caso, los suscribe. XVI. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA De conformidad con los artículos 1, 5, 68 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se realicen con los diversos 41 y 42 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública en el Consejo, publicado el seis de septiembre de dos mil diecinueve, y su reforma de veintiséis de marzo de dos mil veinte, se ordena al secretario que elabore en versión pública la presente resolución y la integre al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, respetando los lineamientos de versión públicas aplicables para salvaguardar los datos personales de las personas involucradas en este juicio. NOTIFÍQUESE POR LISTA Y POR OFICIO A LOS RELACIONADOS EN LA MINUTA.

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