Tarsila Molina Guzman

Expediente 640/2023 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo, Gro. 11 actuaciones registradas, la última del 6 de julio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
640/2023
Año
2023
Actuaciones
11
Última actuación
06/07/2023

Partes del expediente

  • Tarsila Molina Guzman

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    Chilpancingo de Los Bravo, Guerrero, a seis de julio de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio enviado a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), signado electrónicamente por el Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, con sede en Acapulco, Guerrero, mediante el cual informa que se admitió a trámite el conflicto competencial suscitado entre este órgano jurisdiccional y el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guerrero, mismo que quedó registrado como conflicto competencial administrativo 35/2023. Notifíquese.

  2. Principal

    Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a veintitrés de junio de dos mil veintitrés. Téngase por recibido el oficio signado por la Secretaria del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guerrero, con sede en Acapulco, mediante el cual transcribe el acuerdo de fecha trece de junio del año en curso, del que se advierte que el órgano jurisdiccional de su adscripción no aceptó la competencia planteada por conocimiento previo y al efecto devuelve los autos originales del juicio de garantías 563/2023, de su índice. Acúsese el recibo de estilo correspondiente vía electrónica. Ahora bien, vistas las razones que expuso la Jueza homologa para declinar la competencia planteada por esta juzgadora Federal, no se comparten en el sentido de que el acto reclamado en sede constitucional, carece de ejecución material, ya que contrario a lo que se afirma éste si tiene un efecto positivo que conlleva la ejecución material, la se llevará a cabo en el territorio en el que ejerce jurisdicción; por lo que, se insiste en que este Juzgado de Distrito que carece de competencia legal para seguir conociendo del juicio de amparo en que se actúa, en atención a las consideraciones siguientes: El artículo 37 de la Ley de Amparo vigente, establece las reglas de competencia que deben imperar dentro del juicio de amparo, al indicar: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." Al interpretar la norma transcrita, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estableció que dicho numeral contiene tres hipótesis distintas para determinar la competencia de los Jueces de Distrito, en cuanto al conocimiento de los juicios de amparo, que se destacan en el orden siguiente: 1. Será competente el Juez de Distrito del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; 2. Cuando el acto haya comenzado a ejecutarse en un Distrito y siga ejecutándose en otro; será competente cualquiera de los Jueces de esas jurisdicciones, a prevención; y, 3. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda de amparo Lo que distingue las dos primeras reglas de la tercera, es que en ésta el acto o resolución reclamada no requiere ejecución material, mientras que la actualización de las otras exige esta ejecución; y lo que hace la diferencia entre las reglas competenciales que requieren que el acto reclamado tenga ejecución material, no lo es el que el acto ya se haya ejecutado, tratado de ejecutar, se esté ejecutando o deba ejecutarse, sino que ello suceda en la jurisdicción de uno o varios jueces Federales, ya que la primera regla se refiere a todos los supuestos en que puede encontrarse la ejecución, pero sólo hace mención a que se realice en una jurisdicción, mientras que la segunda regla concierne a la ejecución en dos distritos diferentes. Ahora, como se señaló con anterioridad, son los actos de ejecución los que determinan la competencia de los jueces de Distrito, así, respecto a la primera regla competencial, que es la fundamental, es el lugar donde vaya a ejecutarse o se haya ejecutado el acto reclamado lo que fija la competencia del juzgador, es decir, es juez competente aquel en cuya circunscripción territorial se ubique el sitio o lugar donde los actos de ejecución se hayan realizado, se vayan a realizar, o continúen ejecutándose, sin que obste que los actos ordenadores o decisorios emanen de una autoridad cuya residencia no pertenezca a dicha circunscripción. Luego, para determinar la competencia de un Juez de Distrito en el conocimiento de un juicio de amparo donde se reclamen actos que tenga ejecución material, debe atenderse al lugar donde éstos se realicen o traten de realizarse, de manera que la residencia de la autoridad ordenadora es irrelevante para la fijación competencial, esto es, el sitio donde los actos reclamados se hayan ejecutado materialmente, vayan a ejecutarse y se continúe con la ejecución, es lo que establece la competencia de los Jueces de Distrito. De los preceptos transcritos, se advierte que la competencia por territorio en materia de amparo obedece a un criterio unitario: la naturaleza del acto reclamado, por lo que en principio debe calificarse éste, a fin de determinar si posee ejecución material o bien, si se trata de un acto meramente declarativo y, posteriormente, se deben analizar las características de la ejecución. Este análisis de la ejecución del acto reclamado debe llevarse a cabo considerando sus consecuencias directas o inmediatas y no las cuestiones mediatas o posteriores que se generen, pues su estudio se efectúa a partir de lo que de manera directa e inmediata se le vincula. En efecto, de conformidad con lo establecido en el citado precepto legal, para conocer de la demanda será competente el Juez de Distrito: a) Que ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado (párrafo primero). b) El del lugar en que se presente la demanda, siempre que el acto reclamado no requiera de ejecución material (párrafo tercero). c) Que prevenga en el conocimiento del asunto, cuando a otro también le resulte competencia, porque la ejecución del acto reclamado se lleve a cabo en sus jurisdicciones (párrafo segundo). Así, para establecer la competencia es preciso, en primer término, acudir al examen del tipo de acto reclamado; en segundo lugar, analizar si dicho acto es o no de carácter ejecutivo; y finalmente, determinar, a partir de esas hipótesis, cuál de los criterios contenidos en el artículo 37 de la Ley de Amparo resulta aplicable para resolver este tema competencial. Para demostrar la premisa anterior, conviene precisar que el promovente del amparo, bajo protesta de decir verdad, refiere en el escrito de demanda de amparo que el acto reclamado es: "[.] [.]" En este sentido, se reitera que la multa impuesta por el tribunal burocrático responsable, se traduce en un crédito fiscal que se impone con motivo del ejercicio de las funciones de derecho público, ante la inobservancia o incumplimiento de lo requerido por ese órgano laboral. Así, dicha multa se manda a hacer efectiva a través de la autoridad fiscal y ésta, iniciará el procedimiento económico coactivo; por tanto, la multa se convierte en un crédito fiscal exigible desde que nace y se hace exigible y el particular podrá impugnarla a través de los medios que la ley le concede. En tales condiciones, el procedimiento para efectuar el cobro de la multa es de naturaleza ejecutiva y se integra con una serie de actos administrativos que buscan hacer efectivo un derecho a favor del fisco, cuya existencia esté demostrada en un documento auténtico o título ejecutivo, por lo que éste, es indispensable para que se intente la vía en cuestión; dicho título se encuentra constituido necesariamente por una resolución de la autoridad fiscal. En consecuencia, la resolución que constituya el título que trae aparejada ejecución, se integra por el acto de la autoridad exactora que da certeza o define una situación legal o administrativa, esto es, la que determina la existencia de un crédito fiscal y da inicio al procedimiento administrativo de ejecución, el cual se configura a través del requerimiento de pago que debe notificarse al contribuyente, como requisito formal previo al referido procedimiento; pero no se constriñe a la que da nacimiento al crédito fiscal, representada por la resolución en que se impuso la multa por cantidad determinada. De suerte que, con lo anterior como se ha venido diciendo, queda de manifiesto de manera categórica, que la parte quejosa impugna actos que tendrán ejecución material en Cuajinicuilapa, Guerrero, a razón de que la naturaleza del acto reclamado conlleva una ejecución material. No pasa inadvertido para esta juzgadora Federal que se hayan señalado como autoridades ejecutoras a varias dependencias de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Guerrero, todas con residencia en esta ciudad, sin embargo, en nada incide esa circunstancia, ya que a éstas no les corresponde ir a ejecutar hasta aquél lugar la multa impuesta, pues es un hecho notorio que dicha Secretaría tiene delegaciones en todo el territorio del Estado de Guerrero, por lo que será uno de esos delegados quien deberá llevar a cabo la ejecución de la multa reclamada precisamente en Cuajinicuilapa, Guerrero. De ahí que se arribe a la firme convicción que el acto reclamado tendrá ejecución en el municipio citado, ya que a la quejosa le fue impuesta una multa en su carácter de persona física, y que, al tener el cargo de Síndica Procuradora de dicho municipio, es evidente que en aquélla localidad se llevará a cabo el requerimiento de pago del crédito fiscal, a través de cualquier autoridad administrativa que llegue a figurar como exactora encargada de su recaudación; y, en su caso, el embargo de bienes (ejecución forzosa administrativa). Es aplicable sobre el particular, la tesis XXI.2o.C.T.6 L (10a.), que se puede consultar en la página dos mil setecientos setenta y uno, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 40, Marzo de 2017, Tomo IV. Materia(s) Laboral, Registro digital 2013930, que dice: "MULTA COMO MEDIDA DE APREMIO PARA HACER CUMPLIR EL LAUDO. DEBE IMPONERSE AL SERVIDOR PÚBLICO EN SU CALIDAD DE PERSONA FÍSICA Y NO A LA ENTIDAD PÚBLICA QUE REPRESENTE (LEGISLACIÓN BUROCRÁTICA DEL ESTADO En este sentido, dado que las consecuencias jurídicas del acto reclamado traen aparejadas ejecución material en Cuajinicuilapa, Guerrero; es decir, fuera de la jurisdicción territorial de este Juzgado de Distrito, esta juzgadora de amparo, es incompetente para conocer del presente juicio de garantías. Se insiste que este criterio sostuvo el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, con sede en Acapulco, de Juárez, Guerrero, en sesión virtual remota celebrada por medios electrónicos el diecinueve de mayo de dos mil veintitrés, al resolver el Amparo en Revisión Administrativa 566/2022, de su índice. Máxime que sobre el tema, el artículo 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone: "Artículo 107.- Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: [.] VII.- El amparo contra actos u omisiones en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio, contra normas generales o contra actos u omisiones de autoridad administrativa, se interpondrá ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse, y su tramitación se limitará al informe de la autoridad, a una audiencia para la que se citará en el mismo auto en el que se mande pedir el informe y se recibirán las pruebas que las partes interesadas ofrezcan y oirán los alegatos, pronunciándose en la misma audiencia la sentencia; [.]" La norma constitucional transcrita establece que la competencia por razón de territorio de los Jueces de Distrito, es a favor de quien tenga jurisdicción en el lugar en que se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado en la demanda de amparo. Esta norma pretende facilitar al gobernado el acceso a la justicia constitucional, pues con la reforma constitucional y a la Ley de Amparo vigente, se prescindió de atender al lugar de residencia de las autoridades responsables como criterio para determinar la competencia por territorio de los Jueces de Distrito, en aras de la justicia pronta y expedita que representa primordial relevancia al constituir uno de los actos principales que dan paso al desarrollo del procedimiento a través del cual se desahogan las pruebas, que, en su caos aportan las partes al juicio y se oyen los alegatos que al efecto se presentan, lo que culmina con la resolución que se dicte conforme a derecho. De ahí que es legalmente competente para conocer de la demanda de amparo, el juez de Distrito que ejerce jurisdicción en el lugar en donde se está ejecutando el acto reclamado y sus consecuencias jurídicas, acorde a lo dispuesto por el párrafo primero del artículo 37 de la Ley de Amparo. En consecuencia, con fundamento en el artículo 48 de la ley de la materia, se ordena remitir los autos al Tribunal Colegiado de este Circuito que por turno y materia corresponda, para que resuelva el conflicto competencial entre este Órgano de Control Constitucional y el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guerrero, en acatamiento al criterio jurisprudencial sustentado por el Primer Tribunal Colegiado del Primer Circuito, visible en la página 284, tomo VI, julio de 1997, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro digital 198233, que a la letra dice: "COMPETENCIA. PARA RESOLVER UN CONFLICTO DE ESTA NATURALEZA, DEBE ATENDERSE A LAS DIPOSICIONES ESPECIALES Y NO A LA REGLA GENERAL. Resulta inaplicable el artículo 52, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, para determinar la competencia de los Tribunales Colegiados para conocer y resolver conflictos competenciales suscitados entre Jueces de Distrito de distintas jurisdicción, y que atento al principio de que la regla especial impera sobre la general, debe prevalecer lo ordenado por la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en su numeral 37, fracción VI." Sin que haya lugar a ordenar que se forme cuaderno de antecedentes en sustitución del juicio principal, toda vez que mediante auto de seis de junio de dos mil veintitrés, se proveyó respecto al cuaderno de antecedentes que se formó con motivo de la remisión del expediente al juzgado Federal que se estimó competente para conocer del asunto. Notifíquese a todas las partes, hecha excepción de los terceros interesados antes citados, en términos de la jurisprudencia 176/2012, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS".

  3. Principal

    Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a veintiuno de junio de dos mil veintitrés. Ténganse por recibidos los oficios signados por el Procurador Fiscal dependiente de la Subsecretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Guerrero, en representación de 1) la Subsecretaría de Ingresos, 2) del titular del ramo y del 3) Departamento de Ejecución Fiscal de la Dirección General de Cobro Coactivo y Vigilancia dependiente de dicha subsecretaría, todos con residencia en esta ciudad, mediante los cuales rinde informe justificado. Por tanto, se reserva acordar sobre el particular, hasta en tanto se tenga conocimiento si el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Acapulco de Juárez, Guerrero, aceptó o no la competencia planteada. Notifíquese.

  4. Principal

    Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a doce de junio de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio signado electrónicamente por la Secretaria del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Acapulco de Juárez; mediante el cual solicita la demanda original con sus anexos, interpuesta por Tarsila molina Guzmán, para proveer sobre la incompetencia planteada por este órgano jurisdiccional; en atención a lo anterior, hágase del conocimiento que mediante oficio número 12999, de seis de junio del año en curso, se remitió el expediente relativo al juicio de amparo del que deriva este cuaderno de antecedentes, a través del servicio de mensajería contratado por el Consejo de la Judicatura Federal Estafeta, con el número de guía 2271092317, del cual se anexa una copia. En consecuencia, una vez que se pronuncie sobre el particular, provéase lo conducente en relación con el cuaderno incidental. Notifíquese.

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