Tarsicio Rene Gonzalez Romero
Expediente 146/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 8 actuaciones registradas, la última del 12 de julio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 146/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 12/07/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Tarsicio Rene Gonzalez Romero
- Comisiono Nacional del Agua
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, doce de julio de dos mil veintiuno. Vista la razón de cuenta, de la que se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido el auto de siete de mayo de dos mil veintiuno, con fundamento en el artículo 2º de la Ley invocada, en relación con el 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que el auto referido por el que se desechó de plano la demanda de amparo, ha quedado firme, para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo y archívese el presente asunto como totalmente concluido. Por otra parte, en acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del año dos mil veinte; en términos de lo establecido en el Capítulo Quinto, artículo 15, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendente o que las resoluciones adoptadas en ellos traten sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico o versen sobre materia agraria. Toda vez que en el presente juicio se desechó de plano la demanda de amparo, por tanto, es evidente que se ubica en los supuestos a que se refiere el Acuerdo General en alusión, en el Capítulo Octavo, artículo 21, fracción d), y por consiguiente, en el Capítulo Noveno artículos 25 y 26, concernientes a la digitalización de expedientes; en esas condiciones, se declara que el presente expediente sí es susceptible de destrucción. Por otra parte, se tiene por recibido el oficio proveniente de la Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos, mediante el cual, remite respuesta en atención a la consulta formulada por este Juzgado Federal, a fin de determinar qué Órgano Jurisdiccional es competente para conocer el expediente 146/2021; el que se agrega a los autos para que surta sus efectos legales procedentes, sin que haya lugar a realizar mayor pronunciamiento en virtud de que por auto de esta fecha quedó firme el auto por el cual se desechó de plano la demanda de amparo. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Gabriela Tirado Ruiz, Secretaria del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, Encargada del Despacho por vacaciones del Titular autorizadas por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y comunicada mediante oficio CCJ/ST/2059/2021 de veintiocho de junio de dos mil veintiuno, ante el Secretario Sergio Arturo Godínez Vega, que autoriza y da fe. SER*
- Principal
...Notifíquese personalmente a la parte quejosa...
- Principal
PERS. En términos del artículo 27, fracción I, inciso c) y 29 de la Ley de Amparo procedo a notificar por medio de lista que se fija en los estrados de este Tribunal; así como en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación, a la parte quejosa, el auto de siete de mayo del dos mil veintiuno, que en lo conducente establece: Cuernavaca, Morelos, siete de mayo de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos se advierte que por auto de diecinueve de abril del año en curso, se tuvo por no presentada la demanda de amparo, sin precisar que ésta únicamente se trata en lo tocante a la prevención efectuada a la parte quejosa en proveído de cuatro de marzo del dos mil veintiuno; es decir, respecto a los actos que la quejosa atribuye a las autoridades 1. Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), 2. Comisión Estatal del Agua, y 3. Sistema de Conservación, Agua Potable y Saneamiento de Emiliano Zapata (SICAPEZ); por tanto, con fundamento en el artículo 58 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral segundo, se regulariza el procedimiento en este juicio de amparo y se provee lo siguiente: Por auto de cuatro de marzo de dos mil veintiuno se previno la demanda de amparo presentada por el quejoso TARSICIO RENÉ GONZÁLEZ ROMERO, otorgándoles un plazo de cinco días para que fuera subsanada. Por escrito con folio 2268 remitido por el autorizado de la parte quejosa se pretendió subsanar la demanda de amparo, sin embargo, al no ser procedente, subsistió la prevención, restándole tres días para subsanar la prevención, del plazo inicialmente concedido, sin que lo hubiese realizado. En concordancia con lo anterior y, tomando en consideración que el término que señala el artículo 114 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para dar cumplimiento a la prevención contenida en el auto de cuatro de marzo de dos mil veintiuno, ha transcurrido sin que la parte quejosa haya dado cabal cumplimiento a la misma, no obstante de encontrarse debidamente notificada, tal y como se advierte de las constancias que obran en autos. En esas condiciones, se hace efectivo el apercibimiento decretado en auto de cuatro de marzo de dos mil veintiuno, y únicamente se tiene como autoridad responsable en el presente asunto a la Asociación de Colonos Paraíso Country Club, Asociación Civil. DESECHAMIENTO. Ahora bien, de acuerdo al artículo 113 de la actual Ley de Amparo, el juez de Distrito debe examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo desechará de plano. Esta hipótesis normativa guarda armonía con el principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el precepto 17 de nuestra Constitución, no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que, desde un inicio se advierte que resultará indudablemente el sobreseimiento. Al respecto, el numeral en comento dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Para efectuar ese examen preliminar deben considerarse únicamente los hechos y circunstancias narrados en la propia demanda y los anexos que se acompañen; siendo que por motivo manifiesto, se entiende lo que se advierte clara y patentemente, y por indudable aquello de lo que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal suerte que aún en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, y con total abstracción de lo que en un futuro pudiera probarse, sin lugar a dudas, sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes pudieran allegar o hacer valer en el procedimiento, sean innecesarios para configurar dicha improcedencia ni lleguen a desvirtuar su contenido. Resulta aplicable la Jurisprudencia I.13o.A. J/6, pronunciada por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 1631, Tomo XX, Septiembre de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial y su Gaceta, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO." Atento a lo anterior, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda, toda vez que de su estudio integral, se advierten motivos manifiestos e indudables de improcedencia, atendiendo a lo siguiente: De la lectura íntegra de la demanda se observa que la promovente de amparo señala reclama de la autoridad responsable Asociación de Colonos Paraíso Country Club, Asociación Civil, lo siguiente: ".De la Asociación de Colonos Paraíso Country Club, A.C., en su calidad de autoridad ejecutora, reclamo el oficio de 12 de enero de dos mil veintiuno, por medio del cual pretende cobrar el suministro de agua potable, manifestando la inminente suspensión del servicio, sin contar con facultades para ello." En esas condiciones, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia señalada de conformidad con lo dispuesto en el artículo 61, fracción XXIII, con relación al artículo 1°, fracción I, y 5°, fracción II, de la Ley de Amparo, como se expondrá a continuación. Lo que encuentra sustento además en la jurisprudencia P./J. 92/2001, sustentada por el Pleno de la Corte, visible en la página 693 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Julio de 2001, Tomo XIV, registro 189353, correspondiente a la Décima Época, de rubro: "AGUA POTABLE. CUANDO EL ESTADO PRESTA EL SERVICIO MEDIANTE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE ADHESIÓN, LA RELACIÓN JURÍDICA ENTRE LAS PARTES NO CORRESPONDE A LA DE SUPRA A SUBORDINACIÓN QUE EXISTE ENTRE UNA AUTORIDAD Y UN GOBERNADO, SINO A UNA RELACIÓN DE COORDINACIÓN VOLUNTARIA ENTRE EL PRESTADOR DEL SERVICIO Y EL PARTICULAR.", a partir de la cual se establece la posibilidad de advertir que en casos como el que así se analiza se evidencie de manera notoria y manifiesta que no está acreditado el carácter de autoridad del particular que se señala como responsable. Lo anterior se robustece con la jurisprudencia PC.IV.A. J/45 K (10a.), sustentada por el Pleno en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, visible en la página 1641 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 66, Mayo de 2019, Tomo II, registro 2019934, correspondiente a la Décima Época, de rubro: "AUTO INICIAL DE TRÁMITE DEL JUICIO DE AMPARO. EXCEPCIONALMENTE PUEDE CONSTITUIR LA ACTUACIÓN PROCESAL OPORTUNA PARA ANALIZAR SI LA ASOCIACIÓN CIVIL SEÑALADA COMO RESPONSABLE, A QUIEN SE IMPUTA LA DETERMINACIÓN DE SUSPENDER EN DEFINITIVA LOS DERECHOS DE ASOCIADO DEL QUEJOSO, TIENE EL CARÁCTER DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO." Ello, pues como lo definen los criterios invocados al tratarse de una asociación civil señalada a quien se imputa el acto reclamado, se logra advertir que no tiene el carácter de autoridad para efectos del juicio de amparo y, en consecuencia, lo procedente es desechar la demanda. Así, la parte quejosa reclama el oficio a través del cual se realiza el cobro del suministro del servicio de agua potable en el domicilio Lote 114 (casa), Manzana 30, del Conjunto Urbano Paraíso Country Club, ubicado en paseo de las Flores 183, Palo Escrito, en Emiliano Zapata, Morelos, y la posible suspensión ante el incumplimiento de no cubrir con las cuotas establecidas para dicho suministro en el fraccionamiento. Por tanto, es evidente que no se está en presencia de un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, en los términos que se analizan, pues deriva de una relación regida por sus estatutos que existe entre la Asociación de Colonos Paraíso Country Club, Asociación Civil perteneciente al Lote 114 (casa), Manzana 30, del Conjunto Urbano Paraíso Country Club, ubicado en paseo de las Flores 183, Palo Escrito, en Emiliano Zapata, Morelos y la parte quejosa. Esto es así, a virtud de que la parte quejosa acredita ser colona del Conjunto Urbano Paraíso Country Club. Conforme lo anterior, resulta evidente que entre el peticionario de amparo y la Asociación de Colonos existe una relación regida por los estatutos aludidos y, lo reclamado a las autoridades responsables, se materializa en el contexto de una relación sustanciada entre la promovente y las personas que refiere fungen como administrador, presidente, secretario y tesorero de la mesa directiva de la Asociación de Colonos. Por tanto, se torna patente para este Juzgado Federal, que en la especie se está en presencia de una relación entre particulares, actuando en un plano de igualdad. En tal virtud, es inconcuso que los actos no tienen la naturaleza de actos de autoridad para efectos del amparo, pues las autoridades señaladas por la parte quejosa como responsables -como se explicó- no tienen ese carácter. Para lo cual, conviene remitirse al texto de los artículos mencionados, que son del tenor siguiente: "Artículo 1º. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte (.)." "Artículo 5º. Son parte en el juicio de amparo: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas.". "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley (.)." Precisado lo anterior, se colige que, para los efectos del juicio constitucional, el concepto de autoridad responsable converge en establecer que es aquella que, con independencia de su naturaleza formal, dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria. En la especie, el referido acto reclamado no proviene de autoridad para efectos del juicio de amparo y tampoco se pueden considerar como actos de particulares que se conducen como autoridad o equivalente a los de autoridad, como se verá a continuación. Adicionalmente, se considera conveniente transcribir el artículo 103 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos relativo a lo que se entiende como autoridad responsable para efectos del juicio de amparo que establece: "Artículo 103. Los Tribunales de la Federación resolverán toda controversia que se suscite: I. Por leyes o actos de la autoridad que violen las garantías individuales; II. Por leyes o actos de la autoridad federal que vulneren o restrinjan la soberanía de los Estados o la esfera de competencia del Distrito Federal; y III. Por leyes o actos de las autoridades de los Estados o del Distrito Federal que invadan la esfera de competencia de la autoridad federal." Del anterior precepto, así como de los diversos 1º fracción I y 5º fracción II ambos de la Ley de Amparo transcritos, es dable inferir que la procedencia del juicio constitucional se encuentra supeditada a que los actos que se reclamen provengan de una autoridad, entendiéndose por tal, aquella que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. En esas consideraciones, a través del juicio de derechos fundamentales, únicamente es dable impugnar un acto que provenga de autoridad, o de un particular que actúa con el carácter de autoridad (con imperio), a fin de estar en aptitud de analizar los conceptos de violación de legalidad que se hayan aducido en su contra. Al hilo de lo anterior, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que la procedencia del juicio de derechos humanos se encuentra supeditada a que los actos que se reclamen provengan de una autoridad, entendiéndose por tal aquella que, con fundamento en una norma legal, dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. De lo expuesto, se aprecia que el concepto de "acto de autoridad para efectos del juicio de amparo" es una noción autónoma, es decir, propia de la legislación de amparo e independiente del derecho administrativo y, en general, de otras materias que han definido cuestiones similares. Para el Alto Tribunal, resulta innegable que el sistema jurídico autoriza a que los organismos públicos, en algunos supuestos, actúen como particulares en relaciones de derecho privado, lo que es impugnable a través de los procedimientos ordinarios previstos a esos efectos; y que, en otros casos, emitan actos de autoridad susceptibles de combatirse a través del juicio de amparo. En ese orden de ideas, no todo acto emitido por una mesa directiva de una Asociación de Colonos constituye un acto de autoridad para los efectos del juicio de amparo, sino solamente aquellos que impliquen el ejercicio de una potestad administrativa, es decir, aquellos que supongan el ejercicio de facultades que otorguen a la autoridad privilegios sustentados en el orden público y el interés social, de tal magnitud que actualicen una relación de supra a subordinación. Cuestión que se contempla en la actualidad en el segundo párrafo de la fracción II del artículo 5 de la Ley de Amparo. Luego, destacó que las relaciones de supra a subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos en beneficio del orden público y del interés social; se regulan por el derecho público que también establece los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado, entre ellos destaca el procedimiento contencioso administrativo y el juicio de amparo. Este tipo de relaciones, dijo, se caracterizan por la imperatividad, la coercitividad y la unilateralidad, lo cual supone la posibilidad legal de que la propia autoridad, u otras facultadas para ello, venzan cualquier tipo de resistencia que pudiera presentar el cumplimiento voluntario de los actos de autoridad correspondientes. Asimismo, señaló que las relaciones de supraordinación son las que se establecen entre los órganos del propio Estado, en las que éstos actúan en un plano de igualdad superior, por encima de los particulares; regulándose también por el derecho público que establece mecanismos de solución política y jurisdiccional, dentro de los cuales pueden mencionarse las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad que señala el artículo 105 fracciones I y II de la Constitución General de la República. Además, sostuvo que las relaciones de coordinación son las entabladas entre sujetos que actúan en un plano de igualdad y bilateralidad, por lo que para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por ellos mismos, se han instituido procedimientos jurisdiccionales para esos efectos. La nota distintiva de las relaciones de coordinación consiste, como lo estableció la Superioridad, en que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que, en caso de ser necesario, se impongan coactivamente las reparaciones que genere el incumplimiento de alguna de las partes. De las anteriores consideraciones, la Segunda Sala en comento llegó a la conclusión de que el concepto de autoridad para efectos del juicio de amparo, refiere a aquellas a quienes la norma legal faculta para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales; esto es, que las autoridades para efectos del juicio de amparo, son las que ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que, por ende, constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad, teniendo facultades expeditas, ya sea por sí o por conducto de otras autoridades, para imponer dicha voluntad de manera unilateral, imperativa y coercitiva, frente a la del gobernado, teniendo desde luego como límite, la obligación constitucional de respetar los derechos fundamentales de aquél. Las consideraciones vertidas anteriormente obran en la tesis P. XXVII/97 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página ciento dieciocho, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo V, febrero de mil novecientos noventa y siete, correspondiente a la Novena Época, de rubro: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PUBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURIDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO.". Ligado con lo anterior, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, determinó que las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales, ni precise del consenso de la voluntad del afectado. El criterio en comento se encuentra publicado en la página mil ochenta y nueve, tomo XXXIV, septiembre de dos mil once, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro es del tenor literal siguiente: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS." En ese sentido se advierte que en el caso se combate el oficio de doce de enero de dos mil veintiuno, signado por el Presidente de la Asociación de Colonos Paraíso Country Club, Asociación Civil, a través del cual pretende cobrar el suministro de agua potable en el inmueble ubicado en Lote 114 (casa), Manzana 30, del Conjunto Urbano Paraíso Country Club, ubicado en paseo de las Flores 183, Palo Escrito, en Emiliano Zapata, Morelos, Morelos y la posible suspensión de dicho servicio ante el incumplimiento de pago. Sin embargo, no puede soslayarse que el incumplimiento del pago del servicio de suministro de agua acordado, convenido o fijado por los miembros de una asociación civil no puede constituir un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo; además, dicha asociación, por su naturaleza jurídica, constituye en sí misma un contrato plurilateral, por lo que puede ejecutar los acuerdos tomados en sus asambleas que obliguen a sus integrantes, aun ante la inconformidad de éstos, lo cual, de ocurrir, dará lugar a un conflicto entre particulares, al tratarse de una relación de coordinación y no de supra a subordinación, pues el acto en cuestión no es unilateral, ya que la obligación emerge en tanto se acepta, expresa o implícitamente, por ingresar a la asociación. Tampoco es un acto imperativo, porque si bien es cierto que prevalece la voluntad mayoritaria en la toma de decisiones obligatorias a los miembros de la asociación, también lo es que ello responde a la propia esencia de la entidad y esas medidas son instrumentales para satisfacer las necesidades comunes. Además de no constituir un acto coercitivo, ya que aun cuando puede llegarse a suspender el suministro de servicios, esto obedece al ejercicio legítimo del derecho de retención de la obligación que genera cualquier vínculo contractual, ante el incumplimiento de alguna de las partes, en cuyo caso, quedan a salvo los derechos del inconforme para que los haga valer ante el órgano jurisdiccional competente. Lo anterior, con apoyo también en la tesis I.11o.C.38 K (10a.), sustentada por el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 2747 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 84, Marzo de 2021, Tomo IV, registro 2022873, correspondiente a la Décima Época, de rubro: "AUTORIDAD RESPONSABLE EN EL JUICIO DE AMPARO. UNA ASOCIACIÓN CIVIL NO TIENE ESE CARÁCTER, CUANDO SE RECLAMA LA VIOLACIÓN DE DERECHOS FUNDAMENTALES, EN PERJUICIO DE UN PARTICULAR." Asimismo, sustenta lo anterior la tesis III.4o.(III Región) 16 A (10a.), sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con residencia en Guadalajara, Jalisco, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta en el Libro VI, Marzo de 2012, Tomo 2, Pág. 1074, de rubro: "ASOCIACIÓN CIVIL DE COLONOS. NO ES AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO CUANDO LLEVA A CABO EL COBRO DE CUOTAS PARA AUXILIAR A LOS AYUNTAMIENTOS MUNICIPALES EN LA REALIZACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS QUE CORRESPONDEN ORIGINARIAMENTE A ÉSTOS (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO).". Por tanto, una asociación civil de colonos no es autoridad para efectos del juicio de amparo cuando lleva a cabo el cobro de los pago del servicio de suministro de agua convenido o fijado por los miembros de la misma asociación civil, aún en el supuesto que éstas sean para auxiliar a los Ayuntamientos Municipales en la realización de servicios públicos que corresponden originariamente a éstos, pues como se indicó, ello invariablemente partirá de las decisiones asumidas por los integrantes de la asociación, en la formas y términos pactados en los instrumentos constitutivos, de ahí que en caso de inconformidad, se deba plantear el reclamo ante las instancias ordinarias correspondientes. Igual consideración establece el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Décimo Noveno Circuito, en la tesis XIX.1o.A.C.9 A (10a.), consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, en el Libro 34, Septiembre de 2016, Tomo IV, Pág. 2633, de rubro: "AUTORIDAD RESPONSABLE PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LAS ASOCIACIONES CIVILES DE COLONOS NO TIENEN ESE CARÁCTER CUANDO SE LES ATRIBUYEN ACTOS RELACIONADOS CON EL FIN COMÚN PARA EL QUE FUERON CREADAS (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE TAMAULIPAS).", respecto a las asociaciones civiles, pues advierte que éstas no pueden considerarse como autoridades responsables para efectos del juicio de amparo cuando se les imputan actos relacionados con el fin común para el que fueron creadas, como acaece en el particular. Esto es así, pues ese proceder no necesariamente equivale al de una autoridad, ni afecta derechos al crear, modificar o extinguir situaciones jurídicas, máxime que dicha conducta no está determinada en una norma general sino, acaso, en el pacto constitutivo de la asociación civil y su reglamento. Así, es inconcuso que los actos no tienen la naturaleza de actos de autoridad para efectos del amparo, pues las autoridades señaladas por la parte quejosa como responsables -como se explicó- no tienen ese carácter. Por lo anterior, se desecha la demanda de amparo por cuanto a las autoridades analizadas en el presente apartado al actualizarse de manera notoria y manifiesta la causa de improcedencia prevista en el artículo 62, fracción XXIII con relación al 1º fracción I y 5º fracción II de la Ley de Amparo. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, asistido del Secretario Sergio Arturo Godínez Vega, que autoriza y da fe.
- Principal
AVISO.- PERS. En términos del artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo, procedo a notificar por medio de lista que se fija en los estrados de este Tribunal a la parte quejosa el auto y/o resolución que en lo conducente dice: Notifíquese personalmente a la parte quejosa...
Quedan 4 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos · 16,416 expedientes
- Tania Ramírez Rivera1668/2014
- Tania Viridiana Montes Perez1138/2019
- Tania Viridiana Montes Perez1328/2017
- Tania Yazmin Garcia Luviano2883/2014
- Tania Yazmín García Luviano62/2017
- Tanya Elena Diaz Carrillo151/2021
- Tarsicio Yañez Meza2225/2014
- Tekeshi Santiago Hatta Aparicio1256/2015
- Telefonos de Mexico S.A. B. de C.V.1560/2017
- Teodora García Bello405/2018
- Teodora Garcia Bello1662/2016
- Teodora Garcia Bello2305/2015