Tanya Berenice Reyna Niño
Expediente 56/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 6 actuaciones registradas, la última del 20 de febrero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 56/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 20/02/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- Tanya Berenice Reyna Niño y Otros.
- Jorge Eduardo Sánchez Vera
- Tanya Berenice Reyna Niño
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA DETERMINACION DE VEINTE DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTITRÉS, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: Número de expediente: 56/2023 Acuerdo: Estado de autos. Vista la certificación que antecede se declara que ha causado estado el proveído en mención; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este Juzgado. Archivo. Documentos parte quejosa. Finalmente, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, requiérase a la parte quejosa para que en el plazo de noventa días contados a partir del día siguiente hábil al en que surta efectos la notificación del presente auto, se presente en el local que ocupa este Juzgado a recoger el documento que acompañó a su escrito de demanda. Apercibimiento. Apercíbase a la parte quejosa que, de no hacerlo, una vez que transcurra el término de tres años que este acuerdo establece, el documento que exhibió en este juicio, se destruirá junto con este expediente.
- Principal
SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA DETERMINACION DE TREINTA DE ENERO DE DOS MIL VEINTITRÉS, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: Desechamiento. Ahora bien, tomando en consideración que el artículo 113 de la Ley de Amparo, impone la obligación de examinar la demanda de amparo, para que en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano, a continuación, se procede a efectuar el análisis respectivo. Por tanto, es dable transcribir el artículo 113 de la Ley de Amparo, el cual señala: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Del precepto de mérito, se advierte la facultad del Juez de Distrito para desechar de plano una demanda de garantías, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación con ello, diversos Tribunales de la Federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran alegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Fijación del acto reclamado. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario precisar en qué consiste los actos de autoridad reclamados, atendiendo a la integridad de la demanda, en los casos, como en el presente, en que tal proceder resulta necesario para una mejor impartición de justicia. En ese orden de ideas, del estudio integral que se efectúa a la demanda, se colige, que la parte quejosa reclama el auto de tres de enero de dos mil veintitrés, dictado en el juicio extraordinario civil hipotecario 864/2021por el Juez Cuarto del Ramo Civil de esta ciudad, en la que se negó la suspensión del procedimiento de ejecución peticionado por la parte quejosa. Causal de improcedencia. En el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción IV, ambos de la Ley de Amparo. Marco normativo. "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (...) IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior (.)" Interpretación del marco normativo. El sentido literal del último artículo transcrito permite establecer que cuando se trata de actos dictados fuera de juicio o después de concluido, como ocurre en ejecución de sentencia, el amparo indirecto procede contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, en la que podrán reclamarse las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa a la parte quejosa y trascendido al resultado de la resolución. Ahora bien, la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia debe entenderse como: 1. La que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado. 2. La que declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento. 3. La que ordena el archivo definitivo del expediente. Tratándose de remate, la última resolución es la que ordena otorgar la escritura de adjudicación en forma voluntaria y/o la entrega de los bienes rematados. Por tanto, será hasta que se apruebe o reconozca el cumplimiento total de lo sentenciado, o cuando se declare la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento a la sentencia, que se ordene el archivo definitivo del expediente, cuando sea procedente el amparo indirecto, y tratándose de remate cuando se ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación en forma voluntaria o la entrega del bien rematado, determinaciones que pueden emitirse junta o separadamente. En efecto, al interpretar el referido numeral 107, fracción IV, de la ley de la materia, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación llegó a la conclusión de que la conjunción copulativa "y" de la que se puede interpretar que es necesario dictar ambas órdenes (otorgamiento de la escritura de adjudicación en forma voluntaria y entrega del bien rematado) para actualizar la última resolución del remate, puede provocar un fenómeno contrario al derecho de acceso a la tutela judicial, por lo que el juzgador federal debe interpretar la norma en el sentido de que el juicio de amparo indirecto es procedente contra la última resolución del remate, la cual de forma indistinta la constituye la orden de entrega o la escrituración del bien inmueble rematado. Sin embargo, cabe destacar que la doctrina jurisprudencial ha establecido algunas excepciones al criterio general antes aludido, respecto de la procedencia del juicio de amparo indirecto. Efectivamente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido jurisprudencialmente la procedencia del juicio constitucional contra actos dictados después de concluido el juicio y, específicamente, en el periodo de ejecución de sentencia en dos hipótesis: 1. Contra los actos que gocen de autonomía en el periodo de ejecución de sentencia. 2. Contra los actos de imposible reparación, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural. Respecto a la primera hipótesis, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado el criterio de que los actos dictados después de concluido el juicio, en contra de los cuales sí es procedente el amparo indirecto, son aquellos que tienen autonomía propia y que no tienen como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural. Esto es, debe entenderse por resoluciones jurisdiccionales autónomas, las que se dictan de manera previa y son necesarias para preparar la ejecución, como las interlocutorias que fijan en cantidad líquida la condena de que fue objeto la parte vencida, o bien, las que impiden, obstaculizan o retrasan dicha ejecución en perjuicio del ejecutante. En cuanto a la segunda excepción a la regla general de procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos dictados en la etapa de ejecución de sentencia, el propio Alto Tribunal estableció que, excepcionalmente, procede el juicio de amparo indirecto contra actos que afectan de forma inmediata o inminente derechos sustantivos de los previstos en la Constitución General, o normas de derechos humanos contenidas en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte, pero con la condición de que sean ajenos a la cosa juzgada. Por ejemplo, se dispuso que el juicio de amparo indirecto es procedente contra la interlocutoria dictada en etapa de ejecución de sentencia que desestime la excepción sustancial y perentoria que opone el ejecutado, porque constituye un acto de imposible reparación. En consecuencia, tratándose de actos dictados en etapa de ejecución de sentencia, el juicio de amparo indirecto será procedente: 1. Contra la última resolución dictada en el periodo de ejecución de sentencia, esto es, contra la que: a) Aprueba o reconoce el cumplimiento total de la sentencia. b) La que declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento. c) La que ordena el archivo definitivo del expediente. 2. Contra la última resolución pronunciada en el procedimiento de remate, esto es, la que, indistintamente, en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y/o la que ordena la entrega de la posesión de los inmuebles rematados. 3. Contra actos que gocen de autonomía y no tengan como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural, como lo son: a) Las interlocutorias que fijan en cantidad líquida la condena de que fue objeto la parte vencida. 4. Contra actos que afecten materialmente derechos sustantivos del ejecutante o ejecutado y sean ajenos a la cosa juzgada. Análisis del caso concreto. De acuerdo con lo anterior es posible establecer que la determinación de tres de enero de dos mil veintitrés, en la que la responsable determinó que no era procedente suspender el procedimiento de ejecución de conformidad con lo peticionado por la parte quejosa, no es el último acto dictado en el procedimiento de ejecución de remate, así como tampoco un auto que goce de autonomía, ni se trata de uno de imposible reparación para efectos de la procedencia del presente juicio de amparo indirecto. Se afirma lo dicho, en virtud de que la determinación de tres de enero de dos mil veintitrés, no constituye la última resolución dictada en la etapa de remate del juicio natural, debido a que no ordena otorgar la escritura de adjudicación en forma voluntaria y/o la entrega de los bienes embargados. Por otro lado, no constituye un acto autónomo, pues justamente va encaminado a que no se ejecute lo sentenciado en el juicio natural, por lo que resulta evidente que tiene relación e injerencia con la cosa juzgada en perjuicio del ejecutante. Así mismo, no es un acto que afecte derechos sustantivos de los ejecutados que sean ajenos a la cosa juzgada, en razón de que es un acto que produce efectos intraprocesales que no menoscaban de modo directo e inmediato derechos sustantivos en la esfera jurídica de los quejosos, esto es, los efectos de la decisión reclamada no irradian sobre derechos sustantivos, como los son el derecho a la libertad personal, la propiedad, audiencia o defensa, pues solo hacen que se siga substanciado el procedimiento de ejecución, lo cual fue la intención del legislador, al establecer que no deberá de impugnarse el procedimiento de ejecución hasta que se dicte la resolución que ponga fin, ello con la intención de que este se tramite sin dilaciones innecesarias. Por lo que si bien en el caso, la parte quejosa aduce que presentó una denuncia por el delito de fraude, ello no incide de manera directa en el procedimiento de ejecución del juicio de origen, pues no constituye una excepción como tal, con la cual se pueda poner fin a la etapa de ejecución y por tanto no se afecta de manera directa e inmediata alguno de sus derechos de defensa, pues debe decirse que en el caso solo hace del conocimiento de la responsable la existencia de dicho procedimiento, siendo que lo resuelto por el juzgador, al decretar que no procede la suspensión del juicio, en tanto se resuelve dicha cuestión, no resulta de imposible reparación, ya que no se coarta ningún derecho de la parte quejosa a defenderse y oponer las excepciones que estime pertinentes para destruir de forma total la ejecución que se tramita. Por tanto, la determinación de tres de enero de dos mil veintitrés, en la que se negó decretar la suspensión del procedimiento no es de imposible reparación al no afectar de manera inmediata derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. De modo que, dicho acto destacado no puede ser analizado en el presente juicio de amparo, sino que la parte quejosa podrá hacer valer las violaciones que a su criterio lo hubiere dejado sin defensa y trascendido al resultado de la determinación y su ejecución de que se duele hasta que se pronuncie la última resolución en esa etapa. Sostener un criterio contrario, implicaría que con motivo de la promoción del presente juicio de amparo se entorpezca o retarde la ejecución de la sentencia en el juicio de origen, cuyo cumplimiento es una cuestión de orden público. Así, atento a la ratio legis del artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, que consiste en evitar que se obstaculice la ejecución de las sentencias a través de la promoción de juicios de amparo, se concluye que la determinación reclamada dictada en el procedimiento de ejecución del juicio natural, no es impugnable, por el momento, mediante el presente juicio de derechos fundamentales, al no tratarse de la última resolución dictada en dicho procedimiento y no ser un acto que afecte de manera directa los derechos sustantivos del promovente, en tanto no ordena la entrega o escrituración de los bienes inmuebles embargado, así como que no se configura la excepcionalidad del caso para que sea procedente el amparo, dado que con la promoción del mismos se entorpecería la ejecución de lo sentenciado, lo cual se encuentra firme y, por ende, bajo los efectos del principio de cosa juzgada. Apoya lo anterior, la jurisprudencia P./J. 108/2010, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de texto y rubro siguiente: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE. La fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo establece en principio una regla autónoma que permite la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia; lo cual opera incluso en materia de extinción de dominio, o bien, respecto de los remates, supuesto en el cual sólo puede reclamarse la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben. Por su parte, la fracción IV del mismo precepto prevé dicha procedencia en contra de actos dictados en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación. Ahora bien, la amplitud de la norma contenida en la fracción IV arriba citada, da pauta para interpretar la fracción III también descrita, y no a la inversa, de modo tal que debe estimarse que cuando existan actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, puede aplicarse excepcionalmente por analogía la fracción IV para admitir la procedencia del juicio de amparo indirecto. En tales condiciones, es evidente que se actualizan las causas de improcedencia en estudio. Decisión. En tales condiciones, al actualizarse la causa de improcedencia en estudio, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo de que se trata. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno.
- Principal
Agréguese el escrito signado por los quejosos, mediante el cual da cumplimiento a lo requerido en auto de dieciséis de enero del presente año. Notifíquese personalmente.
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