Tanya Alcocer Godinez

Expediente 54/2021 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 9 actuaciones registradas, la última del 10 de mayo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
54/2021
Año
2021
Actuaciones
9
Última actuación
10/05/2021

Partes del expediente

  • TANYA ALCOCER GODINEZ y Otros.
  • Diana Godinez Fabian
  • Tanya Alcocer Godinez
  • DIANA GODINEZ FABIAN y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    ...Téngase por recibido el pedimento de mérito, suscrito por la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado; atento a su contenido, respecto a los alegatos que expresa, resulta extemporánea su formulación, por lo que no ha lugar a mayor pronunciamiento, en virtud de que en proveído de veintidós de marzo del año en curso, se sobreseyó fuera de audiencia el presente asunto y el dieciséis de abril pasado causo estado. Por otro lado, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, expídase a su costa copia certificada del mencionado acuerdo toda vez que constituye la sentencia dictada en el presente asunto, previa razón de recibo que se deje en autos. TRÁMITE PARA EL OTORGAMIENTO DE COPIAS El centro de fotocopiado que se encontraba en el edificio sede de este juzgado dejó de prestar servicio definitivamente, por lo que, para la obtención de copias, personal de este órgano jurisdiccional debe trasladarse a algún centro de fotocopiado, siendo que sólo labora un número reducido de servidores públicos de manera presencial, a fin de llevar a cabo la recepción de todo tipo de promociones e integración de los expedientes que se trabajan diariamente. Ello, con motivo de la pandemia producida por el virus COVID-19, que dio lugar a las medidas dispuestas por el Consejo de la Judicatura Federal en el Acuerdo General 21/2020, en relación con del diverso Acuerdo General 1/2021 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus covid-19, con relación al periodo de vigencia. De tal suerte, es que se estima necesario que sujetar el otorgamiento de copias a las siguientes reglas. 1. La reproducción de las copias sólo se efectuará el día miércoles a las nueve horas. 2. Para ello, el interesado deberá comunicarse, cuando menos con dos días de anticipación, al teléfono 462 123 9428, en donde deberá indicar el número del presente expediente, así como la fecha (en día miércoles) en que acudirá a realizar la reproducción fotostática, en el entendido que puede acudir cualquier persona facultada para ello, debidamente identificada con documento oficial (pasaporte, credencial para votar, cédula profesional); siendo que, cualquier error en los datos que proporcione puede ser en su perjuicio, ocasionando un retardo en la obtención de las copias solicitadas. 3. El día miércoles agendado, deberá presentarse en la entrada del edificio sede de este juzgado (sin ingresar a él), donde personal del juzgado le indicará a qué centro de fotocopiado deberán trasladarse para la obtención de sus copias. 4. Si se trata de copias simples, éstas se entregarán en el propio centro de fotocopiado, una vez que obre la razón respectiva en autos y se cubra su costo (el servicio es ajeno a este órgano jurisdiccional). 5. Si se trata de copias certificadas, deberá cubrirse su costo en el dentro de fotocopiado (el servicio es ajeno a este órgano jurisdiccional) y, para su entrega, la parte interesada deberá agendar una cita para ese día o días subsecuentes, a efecto de que se le permita el acceso a este juzgado; lo cual deberá realizar a través del sistema "Agenda OJ", en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación http://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx.2,[1] respecto de lo que se le informa que el horario de citas de este Juzgado es de las 12:30 a las 18:00 horas de lunes a viernes; en el entendido que se entregarán previas las formalidades de ley. No obstante lo anterior, se informa que en caso de solicitar el acceso al expediente electrónico, con su firma electrónica, podrá descargar copia de las constancias que obran el expediente electrónico, las cuales, de incluir la evidencia criptográfica, se consideran como copias certificadas electrónicamente, y las que no la incluyan, se consideran como copias simples. En acatamiento a la obligación prevista en el numeral 11, fracción VI, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, respecto a la protección de datos personales y resguardar la información clasificada como reservada o confidencial, con la finalidad de regular su tratamiento legítimo, controlado e informado y garantizar la privacidad y el derecho a la autodeterminación informativa de las personas de quienes intervienen en este expediente judicial, en relación con los diversos numerales 1, 2, 19, 21 y demás relativos de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, así como del 57 de su Reglamento, hágase del conocimiento del ocursante que cualquier uso de datos personales, no autorizado en los términos previstos en el segundo de los ordenamientos legales en mención, puede dar lugar a las sanciones establecidas en los diversos 64, 67, 68 y 69 de la citada legislación...

  2. Principal

    ...Visto el estado que guardan los presentes autos, así como la certificación de cuenta, se advierte que, en acuerdo de veintidós de marzo del año en curso, se sobreseyó fuera de audiencia; proveído que no fue recurrido dentro del término legal. Por tanto, con fundamento en el artículo 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2º, se declara que HA CAUSADO ESTADO. En consecuencia, toda vez que no existe diligencia pendiente por desahogar, ni promoción que acordar, archívese el presente juicio como asunto totalmente concluido en términos Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. VALORACIÓN: NO es de RELEVANCIA DOCUMENTAL. DESTINO: Expediente principal es DESTRUIBLE en el plazo de 3 años, contado a partir de la fecha del presente auto. Expediente incidental original. Es DESTRUIBLE en el plazo de 3 años contado a partir de la fecha del presente auto. Expediente incidental duplicado. Es DESTRUIBLE en el plazo de seis meses, contado a partir de la fecha en que se actúa. DOCUMENTOS: La parte promovente allegó documentos catalogados como no originales. Lo anterior, en cumplimiento a los artículos 12, 15, interpretados en sentido contrario, y 21 incisos b) y c), del Acuerdo en cita. Realícese la certificación en la fecha de la remisión física del cuaderno y el estampado de los sellos pertinentes en las carátulas de los expedientes. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) Como se precisó en la certificación de cuenta, los documentos exhibidos por la parte quejosa en el presente juicio no están catalogados como originales, por lo que, su devolución se autoriza desde este momento; en el entendido que, de no presentarse a recibirlos, conforme al Acuerdo General del Consejo en mención, se destruirán junto con el expediente principal en el plazo señalado. Para tal efecto, el interesado deberá agendar cita; lo cual deberán realizar a través del sistema "Agenda OJ", en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación http://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx., respecto de lo que se le informa que este juzgado brinda servicio al público de lunes a viernes, en un horario de las doce treinta a las dieciocho treinta horas, así como que el sistema solo permite generar dos citas cada media hora por corresponder a un juzgado de Distrito, y que su duración no puede rebasar de veinticinco minutos. Luego de obtenerse la cita, deberá comunicarse de inmediato al teléfono 462 123 9428, en el que deberá indicar el número del presente expediente, la fecha y hora de su cita, así como el motivo de la diligencia, a fin de realizar las acciones necesarias para prepararla con anticipación; en el entendido de que cualquier error en la cita del expediente, dará lugar a que no pueda llevarse a cabo el trámite, ante el tiempo que requiere su preparación y la duración de las citas. Por otro lado, devuélvase a la Juez de Partido Especializado en Materia Familiar de Salamanca, Guanajuato, las copias certificadas del expediente *** en un tomo, por resultar innecesario su conservación. Finalmente, se requiere a las autoridades para que se abstengan de acusar recibo del oficio que este Juzgado les remite, salvo en aquellos casos en los que de manera expresa le sea solicitado, ello atendiendo a las cargas de trabajo con las que cuenta este órgano jurisdiccional. Notifíquese.

  3. Incidental

    ... CUARTO. Certeza del acto reclamado. La autoridad responsable Juez de Partido Especializado en Materia Familiar en Salamanca, Guanajuato, al rendir su informe previo, aceptó los actos que se le atribuyen; razón suficiente para tenerlos como ciertos. QUINTO. Naturaleza de los actos reclamados (materia para la suspensión). Los actos reclamados, sus efectos y/o consecuencias, deberán ser paralizables de no haberse consumado en forma jurídica y materialmente irreparable; o bien, aquéllos deberán, al momento de resolverse la suspensión, contener efectos vigentes que perjudiquen a la parte quejosa en forma actual y presente, de manera que las violaciones permanezcan vivas y exista materia para la medida cautelar. En el caso, la parte quejosa solicita que se conceda la medida cautelar para que las cosas se mantengan en el estado en que se encuentran, y no se ejecute la determinación reclamada. Sobre esa base, se considera que tales actos no resultan ser paralizables en los términos solicitados, en tanto que de hacerlo implicaría transgredir disposiciones de orden público e interés social. SEXTO. Ponderación del interés particular sobre el interés social y las disposiciones de orden público. El artículo 128, fracción II, de la Ley de Amparo, establece como uno de los requisitos necesarios para la procedencia de la suspensión solicitada, es que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. Ahora bien, debe decirse que no se tienen por satisfechos los requisitos señalados por los artículos 128 y 129 fracción IX, de la Ley de Amparo. En efecto, el numeral 128, fracción II, en cita, establece como uno de los requisitos necesarios para la procedencia de la suspensión solicitada, que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público; por su parte, el diverso numeral 129, fracción IX, prevé que se ocasiona perjuicio al interés social y se trasgreden disposiciones de orden público, cuando con el otorgamiento de la medida suspensional se impide el pago de alimentos. Al respecto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al estudiar los conceptos orden público e interés social, determinó que inicialmente la definición y alcances de éstos corresponden al legislador, pero que ello no es ajeno a la función del juzgador, pues éste deberá apreciar su existencia en los casos concretos. Además, acotó que, en el examen de los casos específicos, como regla genérica se sigue perjuicio al interés social o contravención al orden público cuando con la suspensión se priva a la colectividad de un beneficio que le otorgan las leyes o se le infiere un daño que de otra manera no resentiría. Lo dice la jurisprudencia 522, visible en el Apéndice 1917-1995, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo VI, primera parte, página 343, de rubro y texto siguientes: "SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO, CONCEPTO DE ORDEN PÚBLICO PARA LOS EFECTOS DE LA. De los tres requisitos que el artículo 124 de la Ley de Amparo establece para que proceda conceder la suspensión definitiva del acto reclamado, descuella el que se consigna en segundo término y que consiste en que con ella no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. Ahora bien, no se ha establecido un criterio que defina, concluyentemente, lo que debe entenderse por interés social y por disposiciones de orden público, cuestión respecto de la cual la tesis número 131 que aparece en la página 238 del Apéndice 1917-1965 (jurisprudencia común al Pleno y a las Salas), sostiene que si bien la estimación del orden público en principio corresponde al legislador al dictar una ley, no es ajeno a la función de los juzgadores apreciar su existencia en los casos concretos que se les sometan para su fallo; sin embargo, el examen de la ejemplificación que contiene el precepto aludido para indicar cuando, entre otros casos, se sigue ese perjuicio o se realizan esas contravenciones, así como de los que a su vez señala esta Suprema Corte en su jurisprudencia, revela que se puede razonablemente colegir, en términos generales, que se producen esas situaciones cuando con la suspensión se priva a la colectividad de un beneficio que le otorgan las leyes o se le infiere un daño que de otra manera no resentiría". En la especie, con los datos con que hasta este momento se cuentan, es factible deducir que la concesión de la medida en los términos solicitados podría causar una afectación al orden público e interés social. Se justifica lo anterior, toda vez que el acto reclamado proviene de normas de naturaleza familiar, es decir, de leyes que tienen por objeto proteger a la familia. Tal circunstancia es así, porque la obligación alimentaria, es una institución jurídica que cumple con funciones consideradas de orden público, ya que está orientada a satisfacer de forma eficaz las necesidades básicas de subsistencia y bienestar del núcleo social definido por la existencia de vínculos familiares. Además, el propósito de dicha institución es hacer efectivas las redes de justicia y solidaridad humana, a través de las cuales la brecha generacional (familiar) puede acceder a determinados estándares de bienestar. De modo que, en el presente asunto, de conceder la suspensión en los términos propuestos, se contravendrían disposiciones de orden público y pudieran ocasionarse perjuicios al interés general, atendiendo a lo expresamente establecido en el artículo 129, fracción IX, de la Ley de Amparo. Ello, porque en el caso, de concederse la suspensión contra una resolución de esa naturaleza, equivaldría a dejar sin efecto la pensión alimenticia provisional, esto es, que se impida el pago de alimentos en la medida que el acreedor alimentario lo requiera, por lo que, los perjuicios que con tal resolución se ocasionen serían irreparables, pues se afectaría de manera directa su subsistencia; además que, los alimentos son de orden público porque tienden a proteger la subsistencia de éste y constituyen un derecho establecido por la ley, que nace del estado matrimonial o consanguíneo, lo primero como acontece en la especie. Tiene aplicación en lo conducente, la tesis visible en la página 10, volumen LXXXI, Cuarta parte del Semanario Judicial de la Federación, sustentada por la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "ALIMENTOS, CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE LOS CONCEDE ES IMPROCEDENTE OTORGAR LA SUSPENSIÓN. Uno de los requisitos que exige el artículo 124 de la Ley de Amparo para decretar la suspensión, es el de que no se siga perjuicio al interés social, ni se contravengan disposiciones de orden público, y enuncia casos en que se sigue perjuicio o se realizan tales contravenciones. El artículo 175 de esa propia ley dice, que cuando la ejecución o la inejecución del acto reclamado puede ocasionar perjuicios al interés general, la suspensión se concederá o negará atendiendo a no causar esos perjuicios. La Tercera Sala de la Suprema Corte, ha estimado que con los alimentos se protege la subsistencia del acreedor alimentario y por ello, de concederse la suspensión contra la resolución que los concede, se atacaría el orden público y se afectaría el interés social; de donde resulta que, es improcedente otorgar la suspensión contra la resolución que concede alimentos, porque equivaldría a dejar sin efecto la pensión alimenticia, y los perjuicios que con tal resolución se ocasionaran al acreedor alimentista, serían irreparables, además de que los alimentos son de orden público porque tienden a proteger la subsistencia del acreedor alimentario, y constituyen un derecho establecido por la ley, que nace del estado matrimonial, como una obligación del marido respecto de la esposa y de los hijos, dentro de la existencia de aquel vínculo, por lo que de concederse la suspensión, se atacaría ese orden público y el interés social; así como el artículo 175 de la Ley de Amparo ordena, que cuando la ejecución o inejecución del acto reclamado puede ocasionar perjuicios al interés general la suspensión se concederá o negará atendiendo a no causar esos perjuicios, de donde se concluye, que para no originar daños de tal naturaleza, lo procedente es negar la suspensión." Asimismo, la jurisprudencia 40, sustentada por la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 32, Tomo IV, Materia Civil, del Apéndice al Semanario Judicial de la federación 1917-2000, que dice: "ALIMENTOS, IMPROCEDENCIA DE LA SUSPENSIÓN CONTRA EL PAGO DE. Es improcedente conceder la suspensión contra el pago de alimentos porque, de concederse, se impediría al acreedor alimentario recibir la protección necesaria para su subsistencia, en contravención de las disposiciones legales de orden público que la han establecido y se afectaría el interés social; de donde resulta que se surte el requisito negativo exigido por la fracción II del artículo 124 de la Ley de Amparo para negarla". Por lo expuesto, se estima que de concederse la suspensión en el asunto que nos ocupa, sería tanto como atacar el orden público y afectar el interés social, pues ello equivaldría a dejar sin efectos el pago de una pensión alimenticia, con lo que pueden ocasionarse perjuicios de ejecución irreparable, tales como la subsistencia del acreedor alimentario. En razón de lo anterior, con apoyo en los artículos 128, fracción II, y 129 fracción IX, ambos de la Ley de Amparo, se niega la suspensión definitiva solicitada. Por lo expuesto y con fundamento en el artículo 140 y demás relativos de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se niega a ***, por propio derecho y en representación de sus menores hijos ***., la suspensión definitiva de los actos reclamados, por las razones aludidas en el considerando sexto de la presente interlocutoria...

  4. Principal

    ... ESTADO PROCESAL Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que se encuentra transcurriendo el plazo de ocho días para que las partes se impongan del informe de ley rendido por el Juez de Partido Especializado en Materia Familiar en Salamanca, Guanajuato, y las constancias que remitió anexas, las cuales se pusieron a la vista en proveído de ocho de marzo del año en curso. En consecuencia, no se encuentra en condiciones de celebrar la audiencia que se encuentra señalada para esta fecha, por lo que se difiere la audiencia constitucional y en su lugar se fijan las CATORCE HORAS DEL SEIS DE MAYO DE DOS MIL VEINTIUNO, para su verificativo, fecha que se señala debido a las cargas de trabajo con que cuenta este juzgado. Notifíquese...

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