Tanny Lizbeth Sanchez Hernandez
Expediente 537/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz. 2 actuaciones registradas, la última del 6 de julio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 537/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 06/07/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Tanny Lizbeth Sanchez Hernandez
- Consejo Distrital de Santiago Tuxtla del Organismo Publico Local Electoral del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
Actuaciones
- Principal
Boca del Río, Veracruz, seis de julio de dos mil veintitrés. En atención a la certificación con que se me da cuenta, se obtiene que el treinta de junio pasado, feneció el plazo a que se refiere el artículo 98, primer párrafo, de la Ley de Amparo, sin que el promovente hubiera interpuesto el recurso de queja que establece el artículo 97, fracción I inciso a) de la citada ley de la materia, en contra del acuerdo de veintiuno de junio del año en curso, por el que se desechó la demanda de amparo. Por tanto, con apoyo en el precepto 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 2º de la ley de la materia, SE DECLARA QUE DICHO AUTO HA CAUSADO ESTADO para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las respectivas anotaciones en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y en su oportunidad, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente asunto como totalmente concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardos de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales publicado en el Diario Oficial de la Federación del siete de junio de dos mil veintitrés (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción, transcurridos tres años, contados a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el artículo 20, fracción IV del ordenamiento en cita. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en la carátula del expediente, con sus correspondientes leyendas de conformidad con lo establecido en el artículo 34 del Acuerdo General. Notifíquese en términos de ley.
- Principal
Boca del Río, Veracruz, veintiuno de junio de dos mil veintitrés. Vista la demanda de amparo promovida por Tanny Lizbeth Sánchez Hernández, contra actos del Juez Segundo de Primera Instancia, con residencia en San Andrés Tuxtla, Veracruz, y otra autoridad, regístrese en el libro de gobierno de este Juzgado bajo el número 537/2023, y acuérdese lo conducente. DESECHAMEINTO Ahora, en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo, al examinar el escrito inicial de demanda, el suscrito advierte que se actualiza una causa manifiesta e indudable de improcedencia, prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción V, este último en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, lo cual conduce a desecharla de plano. Para sustentar dicha afirmación, en primer lugar es conveniente citar el contenido de los aludidos preceptos, que dicen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en los que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (...) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; ..." Como se ve, el artículo 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo, establece una ventana procesal que permite al juzgador de amparo apreciar y, en su caso, tener por actualizada alguna causa de improcedencia del juicio, más allá de las hipótesis concretas que se enlistan en las primeras veintidós fracciones del propio precepto, cuando dicha causa derive directamente de la Constitución Federal o de la ley de la materia. En relación con el segundo de los numerales reproducidos, es oportuno traer a colación que el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver las contradicciones de tesis 377/2013 y 14/2015, respectivamente, determinó que por actos de imposible reparación deben entenderse aquellos que producen una afectación material a derechos sustantivos, ya sea que éstos se encuentren reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, y precisó que sus consecuencias, al ser de tal gravedad, impiden en forma actual el ejercicio del derecho involucrado, por lo que con su dictado no sólo producen lesiones jurídicas de naturaleza formal o adjetiva. Asimismo, para delimitar esa irreparabilidad se establecieron dos condiciones: 1) que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto de autoridad impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente; y 2) que esos derechos revistan la categoría de "sustantivos", expresión que resulta antagónica a los de naturaleza formal o adjetiva, en los que la afectación no es actual, sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento. Precisado lo anterior, ahora corresponde señalar que la parte quejosa reclama: el auto de veinticinco de mayo de dos mil veintitrés, dictado en el Juicio Oral Mercantil 65/2019, del índice del Juzgado Segundo de Primera Instancia, con residencia en San Andrés Tuxtla, Veracruz, en el que se ordena regularizar el procedimiento, dejando sin efectos el emplazamiento realizado en contra del tercero interesado, contestación de demanda y diversas actuaciones, sin causa justificada, y ordena emplazar nuevamente a la parte demandada para iniciar el juicio. Como se precisó, el acto reclamado consiste en la resolución que ordena regularizar el procedimiento, el cual no es de aquéllos dictados dentro de juicio, que tengan sobre las personas o las cosas, ejecución que sea de imposible reparación, toda vez que si su objetivo es emplazar nuevamente a la parte demandada para iniciar el juicio, su procedencia la decide el tribunal de alzada que conozca del mismo, acorde a lo señalado por el artículo 509 del Código de Procedimientos Civiles de Veracruz. En efecto, como ya se mencionó, en términos del artículo 107, fracción V de la Ley de Amparo, para que un acto reclamado pueda ser calificado como de imposible reparación, es necesario que sus consecuencias sean de tal gravedad que impidan en forma actual el libre ejercicio de un derecho, esto es, el acto reclamado deberá producir una afectación material a derechos sustantivos que rebasen lo puramente procesal, pues cuando sus efectos sólo ocasionan una lesión jurídica de naturaleza formal o procesal, tal afectación no será actual porque la misma dependerá de que llegue o no a trascender al resultado del fallo, momento en que la referida lesión podría consumarse de manera efectiva. Así, el juicio de amparo es improcedente cuando se reclaman actos que no afectan materialmente derechos fundamentales tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los Tratados internacionales suscritos por nuestro país. Esto pone de manifiesto que la resolución que pretende combatir en esta instancia la parte quejosa, no es un acto de imposible reparación, pues solo se trata de una actuación que afecta los derechos procesales del promovente. Lo anterior es así, ya que si bien, la resolución reclamada ordena regularizar el procedimiento en el juicio de primera instancia dejando insubsistente lo actuado hasta ese momento procesal, lo cierto es que no necesariamente habrá de materializarse una afectación a la esfera jurídica de las partes, pues si quien se vea afectado con la actuación del juez obtiene sentencia favorable a sus intereses en cuanto al fondo del asunto, dicha afectación quedará sin efectos. En caso contrario, podrán combatir como violación procesal vía juicio de amparo directo que promuevan en contra de la sentencia definitiva, como violación a las leyes del procedimiento siempre que haya trascendido al resultado del fallo, en términos de los artículos 171 y 172, fracción XII de la Ley de Amparo, por lo que las violaciones procesales no son reclamables en amparo antes de que se emita la sentencia definitiva porque, como ya se dijo, no afectan derechos sustantivos. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis jurisprudencial de rubro y texto siguientes: "VIOLACIONES PROCESALES. EL JUICIO DE AMPARO ES IMPROCEDENTE CUANDO SE RECLAMAN ANTES DE QUE SE DICTE LA SENTENCIA DEFINITIVA, Y NO SE AFECTAN DERECHOS SUSTANTIVOS. La lectura integral de los artículos 158, primer párrafo, 161 y 166, de la Ley de Amparo, pone de relieve que los planteamientos relativos a cuestiones de índole procesal deben formularse a través de los conceptos de violación que se hagan valer en la demanda de amparo que en su caso y oportunidad se promueva en contra de la sentencia definitiva, lo que quiere decir que no pueden reclamarse en forma autónoma, ya que lo que da procedencia al juicio de garantías en la vía directa es precisamente la reclamación en contra del fallo que decidió el juicio en lo principal, respecto del cual no haya en la ley ordinaria ningún recurso o medio de defensa mediante el cual pueda ser modificado o revocado, razonamientos todos estos que cobran fuerza si se tiene en cuenta que es hasta dicho momento cuando se conocerá si la infracción trascendió o no, afectando las defensas del quejoso, pues casos hay en que aun ante la violación más inicua, si la sentencia definitiva es favorable a aquél en contra de quien se cometió, no tendrá legitimación para acudir al juicio; en consecuencia, al reclamar únicamente la violación procesal el juicio deviene improcedente en términos de lo dispuesto por el artículo 73, fracción XVIII, en relación con los artículos 158 y 166, fracción IV, de la Ley de Amparo, criterio este que tendrá aplicación siempre y cuando no se esté frente a infracción de derechos sustantivos, que como excepción la Corte Suprema ha considerado para dar procedencia al juicio de garantías." Así, tenemos que la determinación combatida no es de aquellas que tienen consecuencias de imposible reparación, ya que no se trata de un acto que produzca una afectación material a derechos sustantivos, puesto que no conlleva una afectación de tal magnitud que le impidan el ejercicio de un derecho, sino que se trata de una determinación de carácter adjetivo o procesal que podría o no trascender al resultado del fallo. De ahí que, en todo caso, implica una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo, cuenta habida que esto podría subsanarse en caso de obtener una sentencia favorable, con lo cual quedaría resarcida la violación que estiman les causa el haberse excusado del juicio de origen. En tales condiciones, al actualizarse la causa de improcedencia invocada, con fundamento en los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, se DESECHA la demanda de amparo de cuenta por su notoria, manifiesta e indudable improcedencia. AUTORIZADOS Se facultan como autorizadas en términos del párrafo segundo del artículo 12 de la Ley de Amparo, a las personas que menciona en su escrito de demanda, puesto que no acreditaron la calidad de licenciadas en Derecho, al no tener sus respectivas cédulas registradas en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación. DOMICILIO PROCESAL Ahora, puesto que la parte quejosa señaló como su domicilio para oír y recibir notificaciones los estrados de este Juzgado; por tanto, de conformidad con la primera parte del artículo 27, fracción III de la propia ley, en concordancia con el criterio del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Segundo Circuito, háganse todas las notificaciones por lista. AUTORIZACIÓN DE COPIAS Y DE USO DE APARATOS ELECTRÓNICOS Hágase del conocimiento de las partes, que desde este momento se habilita la expedición de copias de las constancias que se deriven del presente asunto, sin que se requiera de previa promoción, en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, en relación con el 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, de acuerdo con lo establecido por el numeral 2° de esta última ley, en los términos que lo soliciten, previa constancia que por su recibo se deje en el expediente, conforme lo permitan las labores de este Juzgado, siempre y cuando obren en autos las constancias cuyas copias se soliciten, y que no preexista o sobrevenga algún impedimento material o legal para la expedición de dichas copias; asimismo, como lo dispone la Circular 12/2009, del Consejo de la Judicatura Federal, se les permite a las partes imponerse de los acuerdos dictados en el presente asunto, mediante el uso de aparatos electrónicos. LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. De conformidad con lo previsto en los artículos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente; se hace del conocimiento de las partes que se requiere de su consentimiento para permitir el acceso a información confidencial, en la inteligencia que de no hacer manifestación alguna, antes de dictarse sentencia, se tendrá por inconforme con la divulgación de sus datos personales. EXHORTO PARA LA PROMOCIÓN DEL JUICIO EN LÍNEA Tomando en consideración el presente asunto fue promovido físicamente, se exhorta a las partes a que, de ser posible, continúen la tramitación del presente mediante el esquema de juicio en línea, de conformidad con el artículo 28 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. En mérito de lo anterior, se indica a las partes que a fin de poder consultar las constancias de este asunto, notificarse y promover electrónicamente es necesario que se registren ante el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación (https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea) y soliciten el acceso al expediente electrónico proporcionado el usuario establecido, y contar con "e.firma" o "FiREL". Notifíquese en términos de ley.Así lo proveyó y firma electrónicamente el juez José Arquímedes Gregorio Loranca Luna, Titular del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, asistido de la secretaria Ana Guadalupe Mexía Andrade, con quien actúa y da fe.
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