Tania Vázquez Trejo
Expediente 714/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 3 actuaciones registradas, la última del 22 de octubre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 714/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 22/10/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Tania Vázquez Trejo
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación de cuenta, así como el estado que guardan los autos, se advierte que transcurrió el plazo de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera el recurso de queja previsto en el numeral 97, fracción I, inciso a), de la ley de la materia, contra el auto de siete de septiembre de dos mil veintiuno, por el que se desechó la demanda que dio origen a este juicio; en consecuencia, con fundamento en los numerales 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha determinación ha causado estado; háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno respectivo. DESTINO DEL EXPEDIENTE Por otra parte, se hace constar que este sumario carece de relevancia documental y que después de una búsqueda minuciosa en éste, no se encontraron valores, ni documentos originales exhibidos por las partes. Asimismo, se observa que este expediente es susceptible de destrucción, en términos de lo dispuesto en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de Distrito, así como en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Finalmente, con fundamento en el ordinal 214 de la ley de la materia, ARCHÍVESE este expediente como asunto concluido. Notifíquese.
- Principal
CITATORIO Se notifica por medio de lista de acuerdos a la parte quejosa el proveído de siete de septiembre del año en curso, que en lo conducente dice: "D0MICILIO GAM -CONSULTA Visto el escrito de demanda de amparo de cuenta, presentado por ... por propio derecho, contra actos del Subsecretario del Sistema Penitenciario de la Ciudad de México y de otras autoridades; regístrese en el libro de gobierno con el número 714/2021. Con fundamento en el artículo 112 de la Ley de Amparo, se acuerda su: DESECHAMIENTO Del contenido íntegro de la demanda, se observa que la parte quejosa señala, en lo que interesa, lo siguiente: a. Se encuentra interna en el Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla de la Ciudad de México, cumpliendo una medida cautelar de prisión preventiva. b. Desde el treinta de agosto de dos mil veintiuno, ha tenido problemas con diversas internas, quienes las han agredida verbalmente y amenazado, por lo que teme por su vida e integridad, toda vez que las autoridades penitenciarias no han tomado acciones a fin de velar por su salud e integridad física. c. El cuatro de septiembre de la anualidad que transcurre, custodios del aludido centro de reclusión, acudieron a su estancia por instigación de las personas con las que ha tenido conflictos y requisaron el lugar, encontrando un teléfono celular en poder de diversa interna -objeto no permitido dentro del aludido centro penitenciario-, por lo que les indicaron que quedarían detenidas y sujetas a aislamiento y segregación, así como que serían trasladadas a otra celda en la cual quedarían incomunicadas. d. Por lo anterior, teme ser sometida a tratos crueles y degradantes, así como a asilamiento y segregación. Hechos y/o abstenciones que, bajo protesta de decir verdad, la quejosa refiere constituyen los antecedentes de los actos reclamados siguientes: 1. Segregación, aislamiento, malos tratos y tortura psicológica, atribuidos a la Directora del Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla de la Ciudad de México. 2. Incomunicación, malos tratos, vejaciones, golpes, amenazas y tormento. 3. Imposición de castigos físicos y psicológicos sin que medie proceso alguno. 4. Falta de fundamentación y motivación para la imposición de cualquier tipo de castigo y restricción de derechos. Precisado lo anterior, este juzgador advierte que en la especie se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XII, en relación con los ordinales 5 y 6, todos de la Ley de Amparo, en atención a que, como lo plantea la quejosa, no se trata de actos que produzcan una afectación real y actual a su esfera jurídica, pues los hace depender de hechos futuros e inciertos, en este caso, que debido a que a una diversa interna y compañera de estancia, le fue encontrado un objeto no permitido en el interior del centro de reclusión en el que se encuentra privada de su libertad (teléfono celular), les fue indicado que quedarían detenidas y sujetas a aislamiento y segregación, así como que serían trasladadas a otra celda en la cual no pudieran tener comunicación con nadie, por lo que entonces teme ser aislada, segregada, incomunicada, sufrir malos tratos, vejaciones, golpes, amenazas, tormentos, tortura psicológica y la imposición del algún castigo. Se explica: De los artículos en mención, en lo que trasciende, se obtiene que el juicio de amparo, como medio extraordinario de defensa, procede contra actos u omisiones violatorios de derechos fundamentales y con ello se produzca una afectación real y actual a la esfera jurídica del gobernado. Así, tratándose de actos de carácter positivo, como los aquí reclamados, el juicio de garantías procede contra actos existentes y concretos, no probables o eventuales, conclusión que se obtiene de una debida intelección de los artículos citados, pues el principio de agravio personal y directo exige que la afectación deba ser real y actual sobre la persona que promueva la demanda respectiva y derivarse precisamente del arbitrio de autoridad cuestionado. Apoya lo anterior, en lo conducente y por las razones que se sustentan, la jurisprudencia 1a./J. 36/98 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, Junio de 1998, página 5, de rubro: "ACTO RECLAMADO DE CARÁCTER POSITIVO. SU EXISTENCIA DEBE ANALIZARSE DE ACUERDO CON LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA, AUN EN EL CASO DE ÓRDENES DE APREHENSIÓN. Cuando se trata de actos de carácter positivo, su existencia debe analizarse de acuerdo con la fecha en que se presentó la demanda de amparo, aun en la hipótesis de que se trata de orden de aprehensión, porque el juicio de garantías procede contra actos existentes y concretos, no probables o eventuales, conclusión que se obtiene de una debida intelección de los artículos 1o., fracción I, 74, fracción IV y 78 de la Ley de Amparo, en virtud de que dichos preceptos no atienden a la materia en que se haya originado el acto, ni tampoco a la naturaleza y características de éste, de manera que si la orden de aprehensión se gira con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo debe sobreseerse por inexistencia del acto reclamado." Por lo que, si para la procedencia de esta instancia contra actos de autoridad se requiere, al momento de la presentación de la demanda, la existencia de una afectación real y actual a la esfera jurídica del quejoso, es claro que cuando ésta no concurre en ese estadio del procedimiento, por hacerlos depender de hechos futuros e inciertos, no se ve afectado el interés jurídico de la parte accionante del amparo y, en vía de consecuencia, el juicio es improcedente. En la especie, como se adelantó, la parte quejosa no hace referencia a la existencia de un acto concreto de autoridad, por el contrario, al hacer depender los reclamados de hechos futuros e inciertos, como el hecho de que por haber encontrado en su estancia un objeto no permitido, les fue indicado que serían trasladas a otra estancia en la que serían incomunicadas, por lo que entonces teme ser aislada, segregada, incomunicada, sufrir malos tratos, vejaciones, golpes, amenazas, tormentos, tortura psicológica y la imposición del algún castigo, es patente que de momento no hay una afectación real y actual a su esfera jurídica, pues su inminencia está condicionada, a decir de la propia parte quejosa, a en principio que tal acontecimiento motive como medida disciplinaria el cambio de estancia y que estando en ésta sucedan las demás conductas de las que teme. De ahí que, con lo expuesto, no es actual ni real una afectación a su esfera de derechos por los actos reclamados, sino que estos parten de suposiciones de la quejosa, constituyendo en este momento meras conjeturas y/o apreciaciones subjetivas de su parte, ya que dice temer que se consumen en su contra, no que ya se estén consumando, tanto que ella misma promueve la demanda de amparo y en ningún momento refiere estar ya sometida a dichos actos de autoridad. En consecuencia, por la naturaleza propia de los actos reclamados, resulta improcedente la acción constitucional intentada en su contra, pues no son actuales, sino que los hace depender de hechos futuros y de realización incierta; de ahí que, no existe una afectación real y actual a su esfera jurídica y, por ende, el juicio en su contra resulta improcedente. No pasa inadvertido que conforme con el artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, todas las autoridades están obligadas a prevenir cualquier violación a los derechos humanos de los gobernados; empero, esto no significa obviar los principios que rigen en el juicio de amparo, entre ellos, el de instancia de parte agraviada, lo que necesariamente supone que en la esfera jurídica del gobernado incida de manera real y actual un acto de autoridad, no futuro y/o de realización incierta, como aquí lo plantea la parte quejosa. Consecuentemente, es notoria y manifiesta la causa de improcedencia en estudio. Ahora, aun cuando no lo destacó como acto reclamado, no pasa inadvertida la posibilidad de que se haya determinado su cambio de estancia por medidas disciplinarias; sin embargo, cabe precisar que en contra de dicho acto, de igual manera, el juicio de amparo resultaría improcedente, en términos del artículo 61, fracción XX de la Ley de Amparo, toda vez que la Ley Nacional de Ejecución Penal contempla un procedimiento administrativo ordinario para atender las solicitudes de las personas privadas de su libertad, referentes a la vulneración de sus condiciones de internamiento, y de no obtener una respuesta favorable, pueden acudir al Juez de Ejecución para la solución jurisdiccional de las peticiones que en su caso le formulen las personas privadas de su libertad. En tales condiciones, previo acudir al juicio de amparo debe la disconforme agotar el recurso que prevé la ley especial, en virtud de que tal medida, de existir, puede ser modificada, revocada o nulificada, conforme dicha ley especial, ya que ésta prevé la suspensión de los efectos de los actos que en vía constitucional se reclamen teniendo los mismos efectos que regula la Ley de Amparo, sin exigir mayores requisitos que los que considera para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que se establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, por lo cual no se trata de un caso de excepción para acudir directamente al juicio de amparo. De ahí que, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO. DE LA PARTE QUEJOSA Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el señalado en la demanda de amparo de cuenta y como autorizadas a las personas que indica, para los efectos precisados, a excepción de Guadalupe Jiménez López, a quien únicamente se le autoriza para oír y recibir notificaciones, en términos de lo dispuesto en la última parte del párrafo segundo del artículo 12 de la Ley de Amparo, en virtud de que no acreditó que esté legalmente autorizada para ejercer la profesión de licenciado en derecho. Asimismo, como expresamente lo solicita, se autoriza la consulta vía internet del expediente electrónico del juicio en que se actúa a través del usuario que proporciona. De igual forma, se toma nota del correo electrónico proporcionado, como medio de contacto alterno exclusivamente para comunicaciones no procesales. Hágase saber a la parte quejosa que las listas de acuerdos se publicarán en internet en términos del artículo 29 de la Ley de Amparo; además, en un acceso del edificio en que se encuentra ubicado este juzgado. EXHORTO A TRAMITAR EL ASUNTO "EN LÍNEA" Y REQUERIMIENTO DE ALGÚN MEDIO DE COMUNICACIÓN Se exhorta a la parte quejosa que de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúe la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea", es decir, utilizando los medios electrónicos disponibles desde el portal de servicios en línea del Poder Judicial de la Federación, esto es: a) Promover a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; b) Consultar por vía electrónica las promociones, acuerdos, resoluciones y demás constancias que integran sus expedientes de amparo; y, c) Solicitar la práctica de notificaciones por ese mismo medio. La actuación por este medio requerirá de la utilización de una firma electrónica vigente, ya sea FIREL, e.firma u otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal. AUTORIZACIÓN DE MEDIOS DIGITALES Con fundamento en el artículo 2 de la Ley de Amparo y 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, y en atención a lo dispuesto en la circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se permite fotocopiar los acuerdos que se emitan en el presente asunto a través del medio digital correspondiente, para lo cual se procurará evitar fotocopiar, fotografiar o escanear, las firmas y sellos que aparezcan en éstos; con excepción de las constancias respecto de las que, en su caso, se deba guardar sigilo, por lo que, únicamente las podrán tener a la vista en el plazo que para tal efecto establece la ley de la materia. PUBLICACIÓN DE DATOS PERSONALES Este juzgado está constreñido a garantizar el acceso a la información pública, así como a proteger los datos personales con los que cuenta, con motivo de la demanda de amparo que se provee; por lo que, llevará a cabo las versiones públicas correspondientes, en las que deberán testarse las secciones reservadas o confidenciales. EXPEDICIÓN DE COPIAS Desde este momento se autoriza la expedición de copias simples o certificadas de las constancias que obren en autos y sus anexos; para ello bastará: (i) que las soliciten al secretario del juzgado responsable de su expediente; y, (ii) que se deje en el expediente constancia legal de su recepción, por lo que no será necesario que lo soliciten por escrito. HABILITACIÓN AL ACTUARIO Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21 de la ley de la materia, se habilita al actuario judicial para que en su caso, en días y horas inhábiles, realice las notificaciones personales que se ordenen, las cuales deberán desahogarse en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por el Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese; y, personalmente a la parte quejosa. " toda vez que me constituí en el domicilio señalado en autos y al no haberse encontrado, de conformidad con el Artículo 27 Fracción I inciso b) y 29 de la Ley de Amparo, le notifico por Lista de Acuerdos dicho proveído. Notifíquese.
- Principal
D0MICILIO GAM -CONSULTA Visto el escrito de demanda de amparo de cuenta, presentado por ... por propio derecho, contra actos del Subsecretario del Sistema Penitenciario de la Ciudad de México y de otras autoridades; regístrese en el libro de gobierno con el número 714/2021. Con fundamento en el artículo 112 de la Ley de Amparo, se acuerda su: DESECHAMIENTO Del contenido íntegro de la demanda, se observa que la parte quejosa señala, en lo que interesa, lo siguiente: a. Se encuentra interna en el Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla de la Ciudad de México, cumpliendo una medida cautelar de prisión preventiva. b. Desde el treinta de agosto de dos mil veintiuno, ha tenido problemas con diversas internas, quienes las han agredida verbalmente y amenazado, por lo que teme por su vida e integridad, toda vez que las autoridades penitenciarias no han tomado acciones a fin de velar por su salud e integridad física. c. El cuatro de septiembre de la anualidad que transcurre, custodios del aludido centro de reclusión, acudieron a su estancia por instigación de las personas con las que ha tenido conflictos y requisaron el lugar, encontrando un teléfono celular en poder de diversa interna -objeto no permitido dentro del aludido centro penitenciario-, por lo que les indicaron que quedarían detenidas y sujetas a aislamiento y segregación, así como que serían trasladadas a otra celda en la cual quedarían incomunicadas. d. Por lo anterior, teme ser sometida a tratos crueles y degradantes, así como a asilamiento y segregación. Hechos y/o abstenciones que, bajo protesta de decir verdad, la quejosa refiere constituyen los antecedentes de los actos reclamados siguientes: 1. Segregación, aislamiento, malos tratos y tortura psicológica, atribuidos a la Directora del Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla de la Ciudad de México. 2. Incomunicación, malos tratos, vejaciones, golpes, amenazas y tormento. 3. Imposición de castigos físicos y psicológicos sin que medie proceso alguno. 4. Falta de fundamentación y motivación para la imposición de cualquier tipo de castigo y restricción de derechos. Precisado lo anterior, este juzgador advierte que en la especie se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XII, en relación con los ordinales 5 y 6, todos de la Ley de Amparo, en atención a que, como lo plantea la quejosa, no se trata de actos que produzcan una afectación real y actual a su esfera jurídica, pues los hace depender de hechos futuros e inciertos, en este caso, que debido a que a una diversa interna y compañera de estancia, le fue encontrado un objeto no permitido en el interior del centro de reclusión en el que se encuentra privada de su libertad (teléfono celular), les fue indicado que quedarían detenidas y sujetas a aislamiento y segregación, así como que serían trasladadas a otra celda en la cual no pudieran tener comunicación con nadie, por lo que entonces teme ser aislada, segregada, incomunicada, sufrir malos tratos, vejaciones, golpes, amenazas, tormentos, tortura psicológica y la imposición del algún castigo. Se explica: De los artículos en mención, en lo que trasciende, se obtiene que el juicio de amparo, como medio extraordinario de defensa, procede contra actos u omisiones violatorios de derechos fundamentales y con ello se produzca una afectación real y actual a la esfera jurídica del gobernado. Así, tratándose de actos de carácter positivo, como los aquí reclamados, el juicio de garantías procede contra actos existentes y concretos, no probables o eventuales, conclusión que se obtiene de una debida intelección de los artículos citados, pues el principio de agravio personal y directo exige que la afectación deba ser real y actual sobre la persona que promueva la demanda respectiva y derivarse precisamente del arbitrio de autoridad cuestionado. Apoya lo anterior, en lo conducente y por las razones que se sustentan, la jurisprudencia 1a./J. 36/98 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, Junio de 1998, página 5, de rubro: "ACTO RECLAMADO DE CARÁCTER POSITIVO. SU EXISTENCIA DEBE ANALIZARSE DE ACUERDO CON LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA, AUN EN EL CASO DE ÓRDENES DE APREHENSIÓN. Cuando se trata de actos de carácter positivo, su existencia debe analizarse de acuerdo con la fecha en que se presentó la demanda de amparo, aun en la hipótesis de que se trata de orden de aprehensión, porque el juicio de garantías procede contra actos existentes y concretos, no probables o eventuales, conclusión que se obtiene de una debida intelección de los artículos 1o., fracción I, 74, fracción IV y 78 de la Ley de Amparo, en virtud de que dichos preceptos no atienden a la materia en que se haya originado el acto, ni tampoco a la naturaleza y características de éste, de manera que si la orden de aprehensión se gira con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo debe sobreseerse por inexistencia del acto reclamado." Por lo que, si para la procedencia de esta instancia contra actos de autoridad se requiere, al momento de la presentación de la demanda, la existencia de una afectación real y actual a la esfera jurídica del quejoso, es claro que cuando ésta no concurre en ese estadio del procedimiento, por hacerlos depender de hechos futuros e inciertos, no se ve afectado el interés jurídico de la parte accionante del amparo y, en vía de consecuencia, el juicio es improcedente. En la especie, como se adelantó, la parte quejosa no hace referencia a la existencia de un acto concreto de autoridad, por el contrario, al hacer depender los reclamados de hechos futuros e inciertos, como el hecho de que por haber encontrado en su estancia un objeto no permitido, les fue indicado que serían trasladas a otra estancia en la que serían incomunicadas, por lo que entonces teme ser aislada, segregada, incomunicada, sufrir malos tratos, vejaciones, golpes, amenazas, tormentos, tortura psicológica y la imposición del algún castigo, es patente que de momento no hay una afectación real y actual a su esfera jurídica, pues su inminencia está condicionada, a decir de la propia parte quejosa, a en principio que tal acontecimiento motive como medida disciplinaria el cambio de estancia y que estando en ésta sucedan las demás conductas de las que teme. De ahí que, con lo expuesto, no es actual ni real una afectación a su esfera de derechos por los actos reclamados, sino que estos parten de suposiciones de la quejosa, constituyendo en este momento meras conjeturas y/o apreciaciones subjetivas de su parte, ya que dice temer que se consumen en su contra, no que ya se estén consumando, tanto que ella misma promueve la demanda de amparo y en ningún momento refiere estar ya sometida a dichos actos de autoridad. En consecuencia, por la naturaleza propia de los actos reclamados, resulta improcedente la acción constitucional intentada en su contra, pues no son actuales, sino que los hace depender de hechos futuros y de realización incierta; de ahí que, no existe una afectación real y actual a su esfera jurídica y, por ende, el juicio en su contra resulta improcedente. No pasa inadvertido que conforme con el artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, todas las autoridades están obligadas a prevenir cualquier violación a los derechos humanos de los gobernados; empero, esto no significa obviar los principios que rigen en el juicio de amparo, entre ellos, el de instancia de parte agraviada, lo que necesariamente supone que en la esfera jurídica del gobernado incida de manera real y actual un acto de autoridad, no futuro y/o de realización incierta, como aquí lo plantea la parte quejosa. Consecuentemente, es notoria y manifiesta la causa de improcedencia en estudio. Ahora, aun cuando no lo destacó como acto reclamado, no pasa inadvertida la posibilidad de que se haya determinado su cambio de estancia por medidas disciplinarias; sin embargo, cabe precisar que en contra de dicho acto, de igual manera, el juicio de amparo resultaría improcedente, en términos del artículo 61, fracción XX de la Ley de Amparo, toda vez que la Ley Nacional de Ejecución Penal contempla un procedimiento administrativo ordinario para atender las solicitudes de las personas privadas de su libertad, referentes a la vulneración de sus condiciones de internamiento, y de no obtener una respuesta favorable, pueden acudir al Juez de Ejecución para la solución jurisdiccional de las peticiones que en su caso le formulen las personas privadas de su libertad. En tales condiciones, previo acudir al juicio de amparo debe la disconforme agotar el recurso que prevé la ley especial, en virtud de que tal medida, de existir, puede ser modificada, revocada o nulificada, conforme dicha ley especial, ya que ésta prevé la suspensión de los efectos de los actos que en vía constitucional se reclamen teniendo los mismos efectos que regula la Ley de Amparo, sin exigir mayores requisitos que los que considera para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que se establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, por lo cual no se trata de un caso de excepción para acudir directamente al juicio de amparo. De ahí que, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO. DE LA PARTE QUEJOSA Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el señalado en la demanda de amparo de cuenta y como autorizadas a las personas que indica, para los efectos precisados, a excepción de Guadalupe Jiménez López, a quien únicamente se le autoriza para oír y recibir notificaciones, en términos de lo dispuesto en la última parte del párrafo segundo del artículo 12 de la Ley de Amparo, en virtud de que no acreditó que esté legalmente autorizada para ejercer la profesión de licenciado en derecho. Asimismo, como expresamente lo solicita, se autoriza la consulta vía internet del expediente electrónico del juicio en que se actúa a través del usuario que proporciona. De igual forma, se toma nota del correo electrónico proporcionado, como medio de contacto alterno exclusivamente para comunicaciones no procesales. Hágase saber a la parte quejosa que las listas de acuerdos se publicarán en internet en términos del artículo 29 de la Ley de Amparo; además, en un acceso del edificio en que se encuentra ubicado este juzgado. EXHORTO A TRAMITAR EL ASUNTO "EN LÍNEA" Y REQUERIMIENTO DE ALGÚN MEDIO DE COMUNICACIÓN Se exhorta a la parte quejosa que de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúe la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea", es decir, utilizando los medios electrónicos disponibles desde el portal de servicios en línea del Poder Judicial de la Federación, esto es: a) Promover a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; b) Consultar por vía electrónica las promociones, acuerdos, resoluciones y demás constancias que integran sus expedientes de amparo; y, c) Solicitar la práctica de notificaciones por ese mismo medio. La actuación por este medio requerirá de la utilización de una firma electrónica vigente, ya sea FIREL, e.firma u otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal. AUTORIZACIÓN DE MEDIOS DIGITALES Con fundamento en el artículo 2 de la Ley de Amparo y 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, y en atención a lo dispuesto en la circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se permite fotocopiar los acuerdos que se emitan en el presente asunto a través del medio digital correspondiente, para lo cual se procurará evitar fotocopiar, fotografiar o escanear, las firmas y sellos que aparezcan en éstos; con excepción de las constancias respecto de las que, en su caso, se deba guardar sigilo, por lo que, únicamente las podrán tener a la vista en el plazo que para tal efecto establece la ley de la materia. PUBLICACIÓN DE DATOS PERSONALES Este juzgado está constreñido a garantizar el acceso a la información pública, así como a proteger los datos personales con los que cuenta, con motivo de la demanda de amparo que se provee; por lo que, llevará a cabo las versiones públicas correspondientes, en las que deberán testarse las secciones reservadas o confidenciales. EXPEDICIÓN DE COPIAS Desde este momento se autoriza la expedición de copias simples o certificadas de las constancias que obren en autos y sus anexos; para ello bastará: (i) que las soliciten al secretario del juzgado responsable de su expediente; y, (ii) que se deje en el expediente constancia legal de su recepción, por lo que no será necesario que lo soliciten por escrito. HABILITACIÓN AL ACTUARIO Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21 de la ley de la materia, se habilita al actuario judicial para que en su caso, en días y horas inhábiles, realice las notificaciones personales que se ordenen, las cuales deberán desahogarse en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por el Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese; y, personalmente a la parte quejosa.
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