Tania Sara Beltrán Muñoz

Expediente 487/2020 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 2 actuaciones registradas, la última del 24 de febrero de 2021.

Datos del expediente

Expediente
487/2020
Año
2020
Actuaciones
2
Última actuación
24/02/2021

Partes del expediente

  • Tania Sara Beltrán Muñoz

Actuaciones

  1. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; veinticuatro de febrero de dos mil veintiuno. Declaratoria de estado Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el término de cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa haya recurrido el auto por el que se desechó la demanda. En consecuencia, se declara que la resolución ha causado estado, con fundamento en la fracción II del artículo 356, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la legislación de la materia, por mandato expreso de su artículo 2. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Resguardo de archivo de trámite Este expediente se considera un asunto concluido ya que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, por lo que, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia durante tres años contados a partir de esta data, donde será resguardado como archivo de trámite, según lo dispuesto en los artículos 8, fracción I, 9 y 35, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Valoración del expediente Ahora, se establece que, el expediente no tiene valor jurídico, ni valor histórico y carece de relevancia documental, por no encuadrar en alguno de los supuestos del artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Este expediente es destruible una vez se haya cumplido el plazo de conservación de tres años de haberse dictado este acuerdo, dado que, se trata de un juicio de amparo en el que se desechó la demanda, de conformidad con lo establecido en el inciso b), del Artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. En atención a la certificación de cuenta, este juzgador califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 43 y 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el artículo 110 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y las partes no entregaron información con carácter de confidencial de la que se detalla en el numeral 113 de la legislación en comento. Finalmente, se hace constar que, no obran documentos originales, por lo que, es innecesaria la notificación personal de este auto. Notifíquese y cúmplase. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.

  2. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; dieciséis de octubre de dos mil veinte. Escrito aclaratorio Visto el escrito de cuenta, se tiene a ******* dando cumplimiento a la prevención formulada en auto de treinta de septiembre de dos mil veinte, para lo cual, en tiempo y forma bajo protesta de decir verdad, manifiesta los antecedentes del acto reclamado. Análisis de la causa manifiesta e indudable de improcedencia A efecto de proveer sobre la demanda de amparo, se toma en cuenta que ésta debe ser interpretada en forma integral, de manera que se logre una eficaz administración de justicia, atendiendo a lo que en la demanda se pretende en su aspecto material y no únicamente formal, pues la armonización de todos sus elementos es lo que permite la correcta resolución de los asuntos. Como cuestión previa, es menester precisar que para estar en condiciones de proveer respecto a la admisión o no de la demanda de mérito, se debe considerar que el artículo 113 de la Ley de Amparo, estatuye: 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda; y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. El citado precepto impone, ante todo, la obligación de examinar la demanda de amparo para que en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia se deseche de plano. El concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la tesis jurisprudencial V.2o.J/75 del Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, tomo 68, agosto de 1993, página 77, cuyo rubro es el siguiente: DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. REQUISITOS. Esencialmente, la tesis en cuestión explica que, para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional, el cual debe ser manifiesto, es decir, que se advierta en forma patente y absolutamente clara de la lectura del líbelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. En el presente caso, se estima actualizada de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con los diversos 1, fracción I, 5 fracción II, todos de la Ley de Amparo, que textualmente establecen: 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; 5o. Son partes en el juicio de amparo: [.] II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. [.] De los anteriores preceptos se advierte que, la procedencia del juicio de amparo se encuentra supeditada, a que los actos que se reclamen provengan de una autoridad, entendiéndose por tal aquélla que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, o de un particular, cuando éstos realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos previstos en la fracción II del artículo 5 de la Ley de Amparo, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. El concepto de autoridades se refiere a aquellos entes que cuentan con la facultad para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente los intereses legítimos de los gobernados, sin la posibilidad de someter su decisión a los órganos jurisdiccionales; esto es, para efectos del juicio de amparo, las autoridades son aquellas que ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que, por ende, constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad, o en el caso de particulares, también tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos o intereses de los interesados y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. Conviene tener presente la tesis del Tribunal Pleno P. XXVII/97, Novena Época, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo V, Febrero de mil novecientos noventa y siete, página 118, registro 199459, que refiere lo siguiente: AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PÚBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURÍDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO. Este Tribunal Pleno considera que debe interrumpirse el criterio que con el número 300 aparece publicado en la página 519 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Segunda Parte, que es del tenor siguiente: "AUTORIDADES PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. El término 'autoridades' para los efectos del amparo, comprende a todas aquellas personas que disponen de la fuerza pública en virtud de circunstancias, ya legales, ya de hecho, y que, por lo mismo, estén en posibilidad material de obrar como individuos que ejerzan actos públicos, por el hecho de ser pública la fuerza de que disponen.", cuyo primer precedente data de 1919, dado que la realidad en que se aplica ha sufrido cambios, lo que obliga a esta Suprema Corte de Justicia, máximo intérprete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a modificar sus criterios ajustándolos al momento actual. En efecto, las atribuciones del Estado Mexicano se han incrementado con el curso del tiempo, y de un Estado de derecho pasamos a un Estado social de derecho con una creciente intervención de los entes públicos en diversas actividades, lo que ha motivado cambios constitucionales que dan paso a la llamada rectoría del Estado en materia económica, que a su vez modificó la estructura estadual, y gestó la llamada administración paraestatal formada por los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal, que indudablemente escapan al concepto tradicional de autoridad establecido en el criterio ya citado. Por ello, la aplicación generalizada de éste en la actualidad conduce a la indefensión de los gobernados, pues estos organismos en su actuación, con independencia de la disposición directa que llegaren a tener o no de la fuerza pública, con fundamento en una norma legal pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. Esto es, ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que por ende constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable y que por tanto se traducen en verdaderos actos de autoridad al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Por ello, este Tribunal Pleno considera que el criterio supracitado no puede ser aplicado actualmente en forma indiscriminada sino que debe atenderse a las particularidades de la especie o del acto mismo; por ello, el juzgador de amparo, a fin de establecer si a quien se atribuye el acto es autoridad para efectos del juicio de amparo, debe atender a la norma legal y examinar si lo faculta o no para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, y que deben exigirse mediante el uso de la fuerza pública o bien a través de otras autoridades. Es importante puntualizar, que la Ley de Amparo incorporó el concepto de autoridad responsable, de manera más amplia, que el contenido en el artículo 11 de la ley anterior; en ese contexto, para determinar la calidad de autoridad responsable, es indispensable analizar las características particulares de aquél a quien se imputa el acto reclamado y la naturaleza de éste, es decir, a quién y qué se reclama en el juicio de amparo. Conforme a lo expuesto no todo acto, aun emitido por un ente del Estado, puede ser considerado como acto de autoridad para los efectos del juicio de amparo, porque los organismos públicos realizan cotidianamente acciones que pueden afectar a un particular, pero que no obedecen necesariamente a una relación de supra a subordinación. En efecto, el Estado tiene una doble personalidad; la primera, como ente de derecho público cuando actúa investido de imperio en sus relaciones frente a los gobernados; y, la segunda, como persona moral sujeto de derecho privado, cuando actúa como particular frente a otros sujetos particulares. Conforme a la teoría general del derecho, todo sistema jurídico contempla una clasificación de las relaciones jurídicas en: de coordinación, supra-subordinación y supraordinación. Las primeras (de coordinación) corresponden a las entabladas entre particulares, y para dirimir sus controversias se crean en la legislación los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas; dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil y laboral. La nota distintiva de este tipo de relaciones es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o reguladas por la ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. Las relaciones de supra-subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, y se regulan por el derecho público que también establece los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado, entre ellos, destaca el contencioso administrativo, el propio juicio de amparo, así como los mecanismos de defensa de los derechos humanos. Este tipo de relaciones se caracteriza por la unilateralidad y, por ello, la Constitución establece una serie de garantías como limitaciones al actuar del gobernante. Finalmente, las relaciones de supraordinación son las que se establecen entre órganos del propio Estado. En la especie, del análisis integral de la demanda de amparo, se advierte que la accionante reclama señaló como autoridad responsable y acto que le imputa los siguientes: 3. Autoridad responsable: Lo es el Lic. Sergio Ignacio Rodríguez Contreras, jefe del Departamento de Afiliación y Prestaciones Delegación Chihuahua. 4. Acto reclamado. El acto que reclamo a la autoridad señalado como responsable es el no realizar la migración de las aportaciones cotizadas hacia el fondo de pensiones que administra Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua, para que este a su vez las reconozca y tome en cuenta para una futura Jubilación. En el escrito aclaratorio bajo protesta de decir verdad la parte quejosa narró como hechos que constituyen los antecedentes del acto reclamado, los que se anotan: [.] que el 2 de septiembre de mil novecientos noventa y seis inicié a laborar para la Secretaría de Educación Pública, subsistema federalizado, con plaza base en la Secundaria Técnica No. ******* Clave *******, ubicada en *******, C.P. *******, en Cd. Juárez, Chihuahua. En la segunda quincena de febrero el año dos mil seis inicié a laborar en la Escuela Secundaria Estatal ******* Clave *******, ubicada en *******, C.P. *******, misma que pertenece al Sistema Educativo Nacional, Subsistema Estatal; continué laborando en ambos subsistemas (federal y estatal) hasta agosto del dos mil trece. En agosto del año dos mil trece obtuve incremento de horas en el Subsistema Estatal (cabe mencionar que en el nivel Secundaria se labora por hora/semana/mes) viéndome en la necesidad de renunciar al Subsistema Federalizado, ya que no eran compatibles las horas/semana/mes con las horas adquiridas en el Subsistema Estatal. Actualmente laboro en la Escuela Secundaria Estatal No *******, Clave *******, ubicada en *******, C.P. ******* en Cd. Juárez, Chih. La base que ocupo es base, desde el año de mil novecientos noventa y seis a la fecha he laborado de forma ininterrumpida, contando así veinticuatro años, siete meses 13 días a la fecha, continuos al servicio del Sistema Educativo Nacional. [.] Por tanto, tal determinación no reviste las características de acto de autoridad para los efectos del juicio de amparo, en virtud de que lo reclamado por la parte quejosa consistente en la negativa del jefe del Departamento de Afiliación y Prestaciones Delegación Chihuahua del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado a realizar la migración de las aportaciones cotizadas hacia el fondo de pensiones que administra Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua, lo que deja en evidencia que la relación que existe entre la promovente y la pretendida autoridad responsable, es meramente de carácter laboral, misma que tiene su origen en un vínculo empleado-patrón y no gobierno-gobernado, en la que se entabla una relación entre particulares actuando en un mismo plano, es decir, en igualdad. Es decir, el acto reclamado queda comprendido dentro de aquellos que cualquier gobernado ejecuta, sometido a las prevenciones del derecho laboral como particular; por ende, el acto de que se duele no puede ser considerado como de autoridad para los efectos del amparo. Luego, el juicio de amparo no es el medio para impugnar dicho acto, pues por las particularidades del caso, el peticionario tiene a su alcance la vía procesal ordinaria, ante las autoridades del trabajo competentes para hacerlo valer, de acuerdo al vínculo existente entre éste y la jefe del Departamento de Afiliación y Prestaciones Delegación Chihuahua del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, revistiendo en tales circunstancias actos meramente de particulares, por lo que, en el caso, la autoridad referida como responsable no actúan con potestad de imperio en los actos que reclama la parte recurrente; de ahí que la demanda deba desecharse en términos del artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1, fracción I y 5, fracción II, de la Ley de Amparo. En apoyo de lo expuesto, resulta aplicable, en su esencia, el criterio sostenido por el Pleno de la Suprema Corte de la Nación, en la tesis P. XXVII/97, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo V, febrero de 1997, página 118, con número de registro 199459 del rubro y texto siguientes: AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PÚBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURÍDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO. Este Tribunal Pleno considera que debe interrumpirse el criterio que con el número 300 aparece publicado en la página 519 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Segunda Parte, que es del tenor siguiente: "AUTORIDADES PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. El término 'autoridades' para los efectos del amparo, comprende a todas aquellas personas que disponen de la fuerza pública en virtud de circunstancias, ya legales, ya de hecho, y que, por lo mismo, estén en posibilidad material de obrar como individuos que ejerzan actos públicos, por el hecho de ser pública la fuerza de que disponen.", cuyo primer precedente data de 1919, dado que la realidad en que se aplica ha sufrido cambios, lo que obliga a esta Suprema Corte de Justicia, máximo intérprete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a modificar sus criterios ajustándolos al momento actual. En efecto, las atribuciones del Estado Mexicano se han incrementado con el curso del tiempo, y de un Estado de derecho pasamos a un Estado social de derecho con una creciente intervención de los entes públicos en diversas actividades, lo que ha motivado cambios constitucionales que dan paso a la llamada rectoría del Estado en materia económica, que a su vez modificó la estructura estadual, y gestó la llamada administración paraestatal formada por los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal, que indudablemente escapan al concepto tradicional de autoridad establecido en el criterio ya citado. Por ello, la aplicación generalizada de éste en la actualidad conduce a la indefensión de los gobernados, pues estos organismos en su actuación, con independencia de la disposición directa que llegaren a tener o no de la fuerza pública, con fundamento en una norma legal pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. Esto es, ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que por ende constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable y que por tanto se traducen en verdaderos actos de autoridad al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Por ello, este Tribunal Pleno considera que el criterio supracitado no puede ser aplicado actualmente en forma indiscriminada sino que debe atenderse a las particularidades de la especie o del acto mismo; por ello, el juzgador de amparo, a fin de establecer si a quien se atribuye el acto es autoridad para efectos del juicio de amparo, debe atender a la norma legal y examinar si lo faculta o no para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, y que deben exigirse mediante el uso de la fuerza pública o bien a través de otras autoridades. Asimismo, es orientador el criterio de jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema corte de Justicia de la Nación, visible con el número 164/2011, en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIV, septiembre de dos mil once, Materia Común, página 1089, registro 161133 intitulada: AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado. A mayor abundamiento, el acto que la parte promovente atribuye a la mencionada responsable no tiene como origen una relación de supra a subordinación como las que se suscitan entre un ente público dotado de imperio e investidura pública y un particular, sino que como ya se señaló, surge de la relación laboral pues la autoridad constituye el ente asegurador; por lo que, el acto reclamado carece de las características de unilateralidad, coercibilidad e imperatividad propias de un acto de autoridad y, por tanto, la actuación del funcionario señalado como responsable no se encuentra revestida de imperio frente al particular. En ese sentido, como ya quedó apuntado, la causal de improcedencia invocada se surte plenamente en el presente asunto, toda vez que el acto reclamado no resulta ser de autoridad para efectos del amparo; pues la relación se ubica en un plano de coordinación. Lo cual no significa que se deje a la promovente en estado de indefensión, pues tiene expedito el derecho de acudir ante el tribunal correspondiente para deducir lo que a través de esta vía pretende y, una vez que concluya el juicio respectivo, podría impugnar la constitucionalidad de las normas aplicadas por su patrón, en la vía directa del juicio de amparo. Resulta aplicable, en lo conducente, la jurisprudencia PC.I.L J/17 L (10a.) emitida por el Pleno en Materia de Trabajo del Primer Circuito, publicada en la página 1810, libro 30, tomo III, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de mayo de dos mil dieciséis, Décima Época, con número de registro 2011661, materia laboral, en la que se establece textualmente: COMPETENCIA PARA CONOCER DE LAS DEMANDAS POR LAS QUE LOS TRABAJADORES JUBILADOS ADSCRITOS A LOS PLANTELES Y DEMÁS SERVICIOS QUE SE INCORPORARON AL SISTEMA EDUCATIVO ESTATAL POR VIRTUD DEL ACUERDO NACIONAL PARA LA MODERNIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN BÁSICA, RECLAMAN LA DEVOLUCIÓN DE LAS APORTACIONES AL FOVISSSTE ACUMULADAS EN LA SUBCUENTA DE VIVIENDA ADMINISTRADA POR EL PENSIONISSSTE. CORRESPONDE, POR AFINIDAD, AL TRIBUNAL FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE. Del citado Acuerdo y de los convenios suscritos por el Ejecutivo Federal con los Gobiernos de cada una de las entidades federativas de la República Mexicana y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, se advierte que cada Gobierno Estatal, por conducto de su dependencia u organismo competente, sustituirá al titular de la Secretaría de Educación Pública en las relaciones jurídicas existentes con los trabajadores adscritos a los planteles y demás servicios que se incorporan al sistema educativo estatal; que los Gobiernos Estatales, por conducto de su autoridad competente, reconocerán y proveerán lo necesario para respetar íntegramente todos los derechos laborales de los trabajadores mencionados; y, además, que los Gobiernos Estatales garantizaron que los citados derechos laborales serían plenamente respetados. Asimismo, atribuye al Ejecutivo Federal una responsabilidad solidaria en los términos de ley, para que las prestaciones derivadas del régimen de seguridad social de los trabajadores que se incorporen a los sistemas educativos estatales, permanezcan vigentes y no sufran modificación alguna en su perjuicio. En ese contexto, si previo a la suscripción del Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica que suscriben el Gobierno Federal, los Gobiernos de cada una de las entidades federativas de la República Mexicana y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, y de los Convenios que de conformidad con el citado acuerdo celebraron, por una parte, el Ejecutivo Federal y, por la otra, los Ejecutivos de los Estados de la República, con la comparecencia del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, los demandantes eran considerados como trabajadores de la Secretaría de Educación Pública, en tanto que los Gobiernos Estatales, por conducto de su dependencia o entidad competente, se obligaron a reconocer y a proveer lo necesario para respetar íntegramente todos sus derechos laborales, incluyendo los de organización colectiva, al encontrarse regulada la respectiva relación laboral por el apartado B del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o bien, por la correspondiente ley burocrática local, en términos del diverso 116, fracción VI, de la propia Norma Fundamental, resulta entonces que la competencia para conocer de los juicios en los que los trabajadores pensionados por jubilación adscritos a los planteles y demás servicios que se incorporan al sistema educativo estatal por virtud del referido Acuerdo Nacional demandan al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado la devolución de aportaciones realizadas a su cuenta individual del Fondo de Vivienda de ese Instituto (FOVISSSTE), corresponde, por afinidad, al Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, conforme a lo establecido por el artículo 78 de la ley del Instituto de referencia, toda vez que las aportaciones reclamadas son prestaciones que surgieron con motivo de la relación de trabajo entre los actores en su calidad de empleados de la administración pública estatal, como trabajadores del Estado. Asimismo, sirve de apoyo por identidad jurídica, la jurisprudencia 2a./J. 14/2000, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 278, tomo XI, febrero de 2000 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con número de registro 192412, de rubro y texto siguiente: TRIBUNAL DE LO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE JALISCO. ES COMPETENTE PARA CONOCER DE LAS CONTROVERSIAS SUSCITADAS ENTRE LA DIRECCIÓN DE PENSIONES DEL ESTADO Y SUS AFILIADOS, RELATIVAS A LAS CUOTAS O APORTACIONES, POR ACTUAR EN CALIDAD DE AUTORIDAD. Cuando se reclaman actos de la Dirección General de Pensiones del Estado de Jalisco, derivados de las cotizaciones o aportaciones que enteran los diversos órganos estatales o municipales con motivo de compensaciones nominales, o de cualquier otra índole, es competente para conocer y resolver la controversia planteada, el Tribunal de lo Administrativo del Estado de Jalisco, en términos de lo que establecen los artículos 72 de la Constitución Local; 57 y 67, fracción I, de la ley orgánica de la propia entidad federativa; y, 2o., 3o., 76, 77 y 81, fracción I, de la Ley de Pensiones del Estado; en virtud de que en tales hipótesis, la mencionada dirección actúa con el carácter de autoridad y sus determinaciones se caracterizan por ser de carácter unilateral acordes con su potestad administrativa; decisorias en cuanto a la materia que es de su estricta y única competencia; modifican una situación jurídica ajena a la relación laboral entre el servidor público y el órgano del Estado; y afectan la esfera jurídica de los trabajadores afiliados a ella. De igual manera es aplicable la tesis XVII.1o.C.T.77 L (10a.), aprobada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 75, de febrero de 2020, Tomo III, materia laboral, página 2283, del siguiente tenor: COMPETENCIA PARA CONOCER DE LA DEMANDA POR LA QUE UN DERECHOHABIENTE RECLAMA EL OTORGAMIENTO DE PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL AL ORGANISMO DENOMINADO PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA. CORRESPONDE A LA JUNTA ARBITRAL PARA LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. La Ley de Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua no regula qué órgano jurisdiccional es competente para conocer de la demanda en la que se reclame el otorgamiento de una prestación de seguridad social instaurada por un derechohabiente contra el organismo denominado Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua, por lo cual es necesario atender al régimen constitucional y legal que rige el vínculo del cual deriva la relación laboral del actor y su patrón, pues si bien se trata de prestaciones de seguridad social, lo cierto es que tienen como fuente la relación de trabajo establecida entre el derechohabiente y la dependencia de gobierno u organismo en el cual haya laborado. Ahora bien, la Junta Arbitral para los Trabajadores al Servicio del Estado, en términos del artículo 163 del Código Administrativo del Estado de Chihuahua, es competente para dirimir los conflictos laborales derivados de las relaciones de los trabajadores de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, así como de los organismos descentralizados; de ahí que también tiene atribuciones para conocer de la demanda instaurada por uno de esos trabajadores que reclame de dicho organismo el otorgamiento de una prestación de seguridad social. Excepción hecha, cuando ese organismo asegurador, por conducto de su Junta Directiva, conforme al artículo 7, fracción IV, de la ley de pensiones aludida, emita una resolución en la que haya negado, concedido, revocado, suspendido, modificado o reducido las pensiones, ya que en ese caso, al haber sido pronunciada unilateralmente y acorde con su potestad administrativa, trascendiendo así en la esfera jurídica de los asegurados, constituye un acto de autoridad, motivo por el cual debe impugnarse mediante los procedimientos jurisdiccionales administrativos correspondientes. Por lo expuesto, y con apoyo en el artículo 113, en relación con los diversos 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1, fracción I, y 5, fracción II, todos de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por el quejoso. Apoya lo anterior, la jurisprudencia I.1º.A. J/4, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 890, Tomo VII, mayo de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro 196196 que dice: DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Notifíquese, personalmente a la parte quejosa. Lo proveyó y firma el licenciado *******, Secretario del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, en funciones de Juez de Distrito, autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.

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