Tania Santillán Villanueva

Expediente 1523/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán. 3 actuaciones registradas, la última del 29 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1523/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
29/11/2023

Partes del expediente

  • Tania Santillán Villanueva

Actuaciones

  1. Incidental

    Morelia, Michoacán, veintinueve de noviembre de dos mil veintitrés. 1. Informe previo. Agréguese a los autos el oficio suscrito por el Magistrado Presidente del Consejo del Poder Judicial del Estado, con sede en esta ciudad, mediante el cual, con fundamento en el artículo 140 de la Ley de Amparo, se le tiene por rindiendo su informe previo, con el que se ordena dar vista a las partes para el efecto legal conducente. 1.1. Pruebas documentales. De conformidad con el ordinal 143 de la Ley de Amparo, se tiene a dicha autoridad responsable ofertando como prueba de su parte las documentales adjuntas a su informe, mismas que por su propia naturaleza se tienen por rendidas y desahogadas, sin perjuicio de relacionarlas en la audiencia incidental y tenerlas por recibidas en ese acto. Notifíquese y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe el secretario Carlos Fernando Cabrera López.UBB

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, veinticuatro de noviembre de dos mil veintitrés. 1. Admisión. Con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I, VII y XV, de la Constitución Federal; 1, fracción I, 33, fracción IV, 37, 107, 108, 115, 116 y 117 de la Ley de Amparo, SE ADMITE LA DEMANDA DE AMPARO, promovida por Tania Santillán Villanueva, por su propio derecho, contra actos del Pleno del Consejo del Poder Judicial del Estado, con sede en esta ciudad. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno de este Juzgado bajo el número 1523/2023. 2. Incidente de suspensión. Trámite por separado el incidente de suspensión, por así haberlo solicitado. 3. Audiencia constitucional. Cítese a las partes a la audiencia constitucional, que tendrá verificativo a las DIEZ HORAS DEL ONCE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS. 4. Informe justificado. Pídase informe justificado a la autoridad responsable, quienes deberán: 4.1. Rendirlo con la oportunidad necesaria para que sea tomado en cuenta en la audiencia constitucional, lo que deberá hacer por correo electrónico a la cuenta 1jdo11cto@correo.cjf.gob.mx, confirmando su recepción al teléfono 443 3226960 extensión 1181, salvo que por la propia naturaleza de las constancias que haya de remitir se haga necesario que las presente directamente ante el juzgado, verbigracia cuando envíe tomos de prueba, discos compactos y otros documentos análogos. 4.2. Remitir copia certificada legible de las constancias que contienen el acto reclamado. Apercibida que, de no hacerlo, se le impondrá una multa de doscientas Unidades de Medida y Actualización, equivalente a $20,748.00 (veinte mil setecientos cuarenta y ocho pesos 00/100 moneda nacional), en términos de los artículos 237, fracción I, 259 y 260 fracción II, de la Ley de Amparo. 5. Ministerio público. Dese a la agente del Ministerio Público de la Federación, la intervención que legalmente le corresponde, en términos del artículo 5, fracción IV, del ordenamiento legal en cita. 6. Tercero interesado. En ese orden, en términos de los normativos 5°, fracción III, 26, fracción I, inciso b) y 116 de la Ley de Amparo, se reserva proveer respecto al llamamiento a juicio de los terceros interesados que pudieran surgir en el presente juicio de amparo, hasta en tanto se reciban los informes justificados. 7. Domicilio y autorizados. Se tiene a la parte quejosa señalando domicilio en esta ciudad, para oír y recibir notificaciones, el que indica en su demanda; además, se le tiene por autorizando en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Miguel Ángel Villanueva Gómez y Christian Villanueva Gómez, no así por lo que respecta a María del Carmen Rojas González, toda vez que no tiene registrada la misma. 8. Habilitación de días y horas para la práctica de notificaciones. Se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de todo tipo de notificaciones en el presente asunto (personales, por oficio, electrónicas o por cualquier medio oficial, como es el correo electrónico). 9. Transparencia. En cumplimiento a lo establecido en el artículo 6º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, hágase saber a las partes que les asiste el derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en el entendido de que ante la falta de manifestación expresa, se publicarán las determinaciones judiciales íntegramente con las salvedades y excepciones que contempla el reglamento en cita, en relación con la información catalogada como personal, sensible o reservada, en términos de lo previsto en los artículos 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 8o y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo resolvió y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado de Michoacán, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe el secretario Carlos Fernando Cabrera López.

  3. Incidental

    Morelia, Michoacán, veinticuatro de noviembre de dos mil veintitrés. 1. Apertura del incidente de suspensión. Como está ordenado con esta fecha en el expediente principal y con fundamento en el artículo 128 de la Ley de Amparo, con copia simple del libelo constitucional, tramítese por separado el incidente de suspensión derivado del juicio de amparo ********************, promovido por ********************, por su propio derecho, contra actos del Pleno del Consejo del Poder Judicial del Estado, con sede en esta ciudad. 2. Informe previo. Con apoyo en lo dispuesto por los artículos 138 y 140 de la ley de la materia, pídase informe previo a la autoridad señalada como responsable, quién deberá rendirlo dentro del término de CUARENTA Y OCHO HORAS, contadas a partir de la notificación del presente proveído, enviándole al efecto copia simple del libelo constitucional. 3. Audiencia incidental. Hágase saber a las partes, que en este asunto se encuentran señaladas las NUEVE HORAS CON QUINCE MINUTOS DEL UNO DE DICIEMBRE DEL DOS MIL VEINTITRÉS, para el desahogo de la audiencia incidental. 4. Precisión de los actos reclamados. Del análisis integral de la demanda se advierte que la parte quejosa destaca como acto reclamado: La resolución emitida el veinte de octubre de dos mil veintitrés, en el cuaderno de queja, dentro del cuaderno de responsabilidades administrativas número ********************, dictada por el Pleno del Consejo del Poder Judicial del Estado. 5. Pretensión de la suspensión. De la lectura íntegra de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa solicita la suspensión de los actos reclamados para el efecto de que la responsable deje las cosas en el estado que actualmente se encuentran. 6. Interés suspensional. Se tiene por acreditado el interés de la parte quejosa, al ser la parte denunciante dentro del procedimiento de responsabilidad de origen. Tiene aplicación al respecto la tesis sustentada por el Tribunal Colegiado del Décimo Segundo Circuito, de rubro y texto siguientes: "INTERES JURÍDICO PARA LA SUSPENSION PROVISIONAL EN EL JUICIO DE AMPARO. SE SURTE SI QUIEN LA SOLICITA ES PARTE DE UN PROCEDIMIENTO. Es verdad que a cargo del promovente del amparo pesa la obligación de probar en el incidente de suspensión su interés jurídico para obtener la medida cautelar de que se trata, empero en dicho incidente no se requiere la plena demostración del referido interés, bastando la prueba indiciaria, deducida de lo asentado por el quejoso en su demanda de amparo, bajo protesta de decir verdad, que es parte demandada en el juicio del que emana el acto reclamado." 7. Se niega la suspensión provisional. A efecto de proveer lo conducente en este apartado, es menester precisar que conforme a los artículos 107, fracción X, de la Constitución Federal, 125, 128 y 131 al 158 de la Ley de Amparo, en el análisis de la suspensión deben distinguirse diversos temas de estudio escalonado como son: I) Los requisitos de su procedencia que, en su conjunto, tendrán como resultado determinar si la medida cautelar debe o no concederse; II) Los efectos de dicha medida, que consisten en la precisión detallada de lo que las autoridades deben hacer o abstenerse de realizar; III) Las medidas o garantías que, en su caso, se pidan al quejoso para que los efectos de la suspensión continúen; y, IV) Las previsiones que el juzgador tome para que no se abuse de los efectos de la suspensión. Respecto al primer tema, fuera de los casos en que proceda de oficio o de las regulaciones especiales, podrá otorgarse la suspensión de los actos reclamados, siempre y cuando se cumplan los siguientes requisitos de procedencia en el orden que se señalan: La petición de parte; La existencia del acto reclamado. La naturaleza del acto reclamado. La afectación a su interés jurídico o legítimo, aspecto que debe estar acreditado indiciariamente para efectos de la suspensión provisional y, en un grado probatorio mayor, para la suspensión definitiva; y, La ponderación entre la apariencia del buen derecho y el interés social o las disposiciones de orden público en los términos desarrollados por el Más Alto Tribunal. Ahora bien, el primer requisito se encuentra colmado, en virtud de que en el escrito inicial de demanda, la parte quejosa solicita la suspensión de los actos reclamados, y por ende, existe la petición de parte agraviada. De igual manera, el segundo de los extremos se actualiza en el particular, dado que al tratarse de la suspensión provisional, se presume la existencia de los actos con base en las manifestaciones que la parte quejosa formula, bajo protesta de decir verdad, en su demanda de amparo. Luego, se exige que los acto reclamados acorde a su naturaleza, sean susceptibles de suspenderse, extremo que no se encuentra colmado. Se afirma lo anterior, pues la parte quejosa hace consistir el acto reclamado en la resolución emitida el veinte de octubre de dos mil veintitrés, en el cuaderno de queja, dentro del cuaderno de responsabilidades administrativas número ********************, dictada por el Pleno del Consejo del Poder Judicial del Estado, pues alude que la misma le causa afectación a sus derechos. De ahí que, se trata de actos declarativos, en la medida en que se está ante una decisión que implica el rechazo expreso a una solicitud de la parte quejosa. Apoya lo anterior, el criterio sustentado por el Tribunal Colegiado del Decimotercer Circuito, cuyo rubro y texto refiere: "ACTOS DECLARATIVOS, SUSPENSION IMPROCEDENTE CONTRA LOS. Aun cuando la sentencia reclamada sea definitiva, la misma es meramente declarativa si la autoridad responsable se limita a evidenciar una situación jurídica determinada, pero sin que se modifiquen situaciones o derechos existentes y, por lo tanto, de tal sentencia no se deriva ningún acto de ejecución, sino actos meramente declarativos que se ejecutan desde la fecha en que se hace la declaración, resultando en consecuencia improcedente la suspensión que en su contra se pida, pues tales actos quedan fuera del alcance jurídico de ella." Así se concluye, que la suspensión de los actos reclamados en el juicio de amparo indirecto constituye una institución de gran trascendencia que tiene por objeto conservar la materia del juicio y evitar en lo posible al quejoso perjuicios de imposible reparación por el tiempo requerido para tramitar y resolver el juicio principal; sin embargo, para resolver sobre la procedencia o improcedencia de conceder la suspensión provisional, entre otros requisitos, debe atenderse en cada caso a la naturaleza de los actos reclamados para dilucidar si son o no susceptibles de ser suspendidos. De modo que aquellos actos que solo implican un no hacer, no admiten la suspensión porque de concederse dicha medida cautelar, se estarían dando efectos constitutivos de derechos, que son propios del análisis del fondo del asunto, esto es, del juicio de amparo en lo principal. En virtud de lo anterior, al no encontrarse reunidos los requisitos establecidos en el artículo 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para el otorgamiento de la suspensión del acto reclamado, procede negar la medida cautelar solicitada. No es inadvertido para este juzgador, lo establecido en el artículo 147, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, en el cual se dispone que de ser jurídica y materialmente posible, se restablecerá provisionalmente a la parte quejosa en el goce del derecho violado, mientras se dicte sentencia ejecutoria en el juicio principal; sin embargo, en el caso que nos ocupa no es dable aplicar tal principio, pues atendiendo a la naturaleza del acto reclamado, considerar lo contrario, como se dejó asentado en el párrafo que antecede, resolvería la materia del juicio principal, contraviniendo lo dispuesto en el diverso numeral 1° de la ley en la materia, que estatuye que el juicio de amparo tiene por objeto solucionar toda controversia que se suscite por normas generales, actos u omisiones de la autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección. Además de lo anterior, la Segunda Sala de Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la contradicción de criterios 338/2022, estableció que es procedente conceder la suspensión con efectos restitutorios cuando en la eventualidad de que resuelva en forma adversa a la parte quejosa, pueda retrotraerse los efectos de la suspensión. Lo anterior encuentra soporte en la siguiente jurisprudencia: "SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO CON EFECTOS RESTITUTORIOS. PARÁMETROS QUE DEBE TOMAR EN CUENTA EL JUZGADOR AL ANALIZAR LA POSIBILIDAD DE CONCEDERLA ANTE LA EVENTUALIDAD DE QUE, CON ELLO, SE DEJE SIN MATERIA EL JUICIO DE AMPARO EN LO PRINCIPAL. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito llegaron a conclusiones discrepantes en relación con los casos donde se dejaría sin materia el juicio de amparo si se solicita la suspensión del acto reclamado con efectos restitutorios, y esos efectos coincidan con los de una eventual sentencia favorable a la parte quejosa. Las posturas contrarias versaron sobre el requisito referente a la posibilidad jurídica de conceder la suspensión, pues uno de los órganos jurisdiccionales consideró que sí era posible restituir provisionalmente a la quejosa del derecho vulnerado, mientras que el otro Tribunal sostuvo que no era posible conceder la suspensión dado que con ello se agotaría la materia del juicio en lo principal. Criterio jurídico: La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que en caso de conceder la suspensión con efectos restitutorios, el órgano jurisdiccional deberá considerar que la materia del juicio de amparo subsiste cuando, en la eventualidad de que resuelva de forma adversa a la quejosa, puedan retrotraerse los efectos de la suspensión y, en contraposición a ello, se tratará de un beneficio no transitorio o definitivo que dejaría sin materia el juicio, cuando éste no pueda ser revocado aun cuando se niegue el amparo. Lo anterior implica que, por regla general, el hecho de que los efectos de la suspensión y una sentencia favorable a la quejosa coincidan, no es una razón suficiente para negar la concesión de la medida cautelar, aun cuando se argumente que la finalidad de esa negativa es preservar la materia del asunto, pues el entendimiento de la expresión "conservar la materia del amparo" es que el órgano jurisdiccional velará por proporcionar las condiciones idóneas para proteger el derecho que la parte quejosa considera afectado, no así la prevalencia del fondo sobre la suspensión. Justificación: El enunciado "conservar la materia del amparo hasta la terminación del juicio", previsto en el primer párrafo del artículo 147 de la Ley de Amparo, debe contextualizarse en armonía con la finalidad última del juicio de amparo, que es la de proteger de forma eficaz los derechos que la parte quejosa considera afectados. En ese orden de ideas, la importancia de la suspensión del acto reclamado debe equipararse con la relevancia de conservar la materia del juicio en lo principal, pues ambas buscan crear las condiciones para que el juicio de amparo cumpla con su función protectora por lo que, por regla general, será incorrecto sostener que debe negarse la suspensión con la finalidad de conservar la materia del asunto en lo principal. La suspensión del acto reclamado es, por definición, un beneficio transitorio, porque aun cuando se conceda con un carácter restitutorio y exista identidad entre los efectos de una eventual sentencia favorable a la quejosa, ese beneficio durará únicamente hasta que la sentencia que se dicte en el cuaderno principal cause ejecutoria. La excepción a la regla general, esto es, en qué casos una medida cautelar con efectos restitutorios verdaderamente dejaría sin materia un juicio de amparo, se configurará cuando la restitución provisional de los derechos no pueda ser revocada aun cuando se niegue el amparo." En esa tesitura es que en el caso en concreto no es factible otorgar efectos restitutorios a la medida cautelar, dado que concederla tendría efectos totales que destruirían la materia del juicio constitucional; por tanto, se niega la suspensión provisional solicitada; lo anterior, hasta en tanto la autoridad responsable reciba notificación de lo que se resuelva en la suspensión definitiva. 8. Se autorizan copias. Con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se autoriza la expedición de las copias certificadas del presente auto, autorizando para recibirlas a las personas que refiere en su escrito de demanda. 9. Habilitación de días y horas para la práctica de notificaciones. Se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de todo tipo de notificaciones en el presente asunto (personales, por oficio, electrónicas o por cualquier medio oficial, como es el correo electrónico). Notifíquese y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe el secretario Carlos Fernando Cabrera López.

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