Tania Rodriguez Carrillo

Expediente 791/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 17 actuaciones registradas, la última del 23 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
791/2023
Año
2023
Actuaciones
17
Última actuación
23/11/2023

Partes del expediente

  • Tania Rodriguez Carrillo

Actuaciones

Las 4 más recientes de 17.

  1. Principal

    día y hora señalados para la CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL en el juicio de amparo 791/2023; el Juez Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, ..., asistido de ..., Secretario que autoriza y da fe, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, la declara abierta sin la asistencia de las partes. A continuación se hace relación de las constancias que obran agregadas en autos, y da cuenta con: A) Demanda de amparo; B) Oficios por los cuales las autoridades responsables rindieron sus informes justificados; C) Emplazamiento de la parte tercera interesada. A continuación se procede a la apertura del período probatorio, en el que se hace constar que la parte quejosa ofreció diversas documentales, la instrumental de actuaciones y la presuncional en su doble aspecto. Pronunciamiento: Se admiten y desahogan las probanzas aludidas dada su especial naturaleza. Al no haber más elementos de convicción por desahogar, se cierra el presente periodo y se abre la etapa de alegatos, donde se hace constar que la peticionaria los formuló y la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita no rindió intervención; por lo que se cierra esta etapa. Con lo anterior, se da por terminada la audiencia que firma el Juez con el Secretario que da fe para constancia legal, procediendo a dictar la resolución correspondiente. Doy fe.

  2. Principal

    VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo 791/2023, promovido por ******, contra actos de los Jueces Décimo y Cuadragésimo Quinto, ambos de lo Civil de la Ciudad de México; y Actuario adscrito al primero de los órganos mencionados; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda. La quejosa demandó el amparo contra actos de las citadas autoridades, por considerarlos violatorios de sus derechos tutelados en los artículos 1, 14, 16, 17 y 133 de la Constitución Federal. SEGUNDO. Este Juzgado admitió la acción de amparo, dio intervención a la representación social de la adscripción, requirió a las autoridades responsables su informe justificado, se ordenó el emplazamiento de la tercera interesada, y se fijó hora y día para celebrar la audiencia constitucional. De autos se desprende que las autoridades responsables rindieron su informe justificado; la representación social de la adscripción no intervino; la tercera interesada fue emplazada; finalmente, la audiencia constitucional tuvo lugar en los términos del acta que antecede; y CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México es competente para conocer y resolver el presente juicio, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, 107, fracción III, inciso b), de la Constitución General de la República; 60 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 37 y 107 fracción VI de la Ley de la materia, en atención a que se trata de un juicio de amparo indirecto promovido contra actos derivados de procesos del orden civil, seguidos ante juzgados con residencia en la ciudad donde el suscrito ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado, conforme al artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo: La orden emitida en el juicio ordinario civil ******, por el Juez Décimo Civil de la Ciudad de México, donde requirió al Juez Cuadragésimo Quinto Civil de esta Ciudad, diversos billetes de depósito, respectivamente, embargados el veinte y veintiuno de junio de dos mil veintidós, en el juicio especial hipotecario *********, del índice del segundo; así como la ejecución de ese mandamiento. TERCERO. Existencia. Las autoridades responsables aceptaron la existencia de los actos reclamados; lo cual se corrobora con la copia certificada del proceso natural remitida, de valor probatorio pleno, acorde a los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo. CUARTO. Improcedencia del juicio. La procedencia del juicio de amparo se debe estudiar de oficio por el juzgador antes de examinar las cuestiones de fondo, de conformidad con lo que establece el último párrafo del artículo 62 de la ley de la materia. En la especie, el suscrito advierte que el presente juicio es improcedente por falta de interés jurídico de la promovente, de conformidad con lo previsto en el ordinal 61, fracción XII de la Ley de Amparo. Por lo dispuesto en ese precepto, se requiere como presupuesto procesal, que la peticionaria acredite el interés perjuicio o afectación que resienta en su esfera jurídica, de manera personal y directa, con la ejecución de los actos reclamados, para acudir ante el órgano jurisdiccional competente a demandar su tutela, lo cual se traduce como el interés jurídico que la Ley Reglamentaria de los ordinales 103 y 107 de la Carta Magna, considera para determinar la procedencia o improcedencia de la controversia constitucional planteada. Esto es, la acción de amparo exige como postulado básico o condición esencial para su procedencia, entre otros, la existencia de un perjuicio que afecte a la persona o los derechos de la quejosa; además, es siempre a instancia de parte agraviada, debiendo entenderse por perjuicio para los efectos del amparo, la lesión directa en los intereses jurídicos de una persona, o bien una ofensa, un daño, una afectación indebida derivada de una ley o de un acto de autoridad, que se haga a los derechos o intereses de un particular. *En este entendido, la procedencia del juicio de amparo en contra de un acto dictado por una autoridad, debe referirse a la existencia de una parte agraviada; es decir, a la afectación de los intereses jurídicos de un particular. Un acto puede engendrar una situación jurídica concreta en beneficio o en perjuicio de una o varias personas en relación con la formación, modificación o extinción de una relación de derecho; por tanto, cuando con su emisión produce un acto jurídico que afecta a uno o varios individuos, en su persona o patrimonio, creando, modificando o extinguiendo en su perjuicio una situación jurídica concreta, el juicio de amparo es procedente, y en contrario sentido, cuando por su sola emisión no afecta la esfera jurídica del particular, es improcedente, puesto que la acción constitucional mencionada únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique el acto, en términos del artículo 6o. de la ley de la materia. Ilustra la consideración anterior, la jurisprudencia 854, sustentada por el entonces Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, cuyo rubro y texto son los siguientes: *"INTERÉS JURÍDICO. EN QUÉ CONSISTE. El interés jurídico a que alude el artículo 73, fracción V de la Ley de Amparo, consiste en el derecho que le asiste a un particular para reclamar, en la vía de amparo, algún acto violatorio de garantías individuales en su perjuicio, es decir, se refiere a un derecho subjetivo protegido por alguna norma legal que se ve afectado por el acto de autoridad ocasionando un perjuicio a su titular, esto es, una ofensa, daño o perjuicio en los derechos o intereses del particular. El juicio de amparo se ha instituido con el fin de asegurar el goce de las garantías individuales establecidas en la Constitución General de la República, cuando la violación atribuida a la autoridad responsable tenga efectos materiales que se traducen en un perjuicio real al solicitante del amparo. En conclusión, el interés jurídico se refiere a la titularidad de los derechos afectados con el acto reclamado de manera que el sujeto de tales derechos pueda ocurrir al juicio de garantías y no otra persona." Igualmente, cabe destacar que el interés jurídico debe estar plenamente acreditado y no inferirse con base en presunciones, tal como lo establece la jurisprudencia 2a./J. 16/94, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "INTERÉS JURÍDICO, AFECTACIÓN DEL. DEBE PROBARSE FEHACIENTEMENTE. En el juicio de amparo, la afectación del interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones." *En la especie, la accionante se ostenta tercera extraña auténtica al juicio ordinario civil ***** [recisión de contrato de compraventa], del índice del Juzgado Décimo Civil de la Ciudad de México, y reclama la orden de requerimiento de los billetes embargados en un proceso especial hipotecario de diverso índice. Entonces, es indispensable que acredite la afectación del derecho que invoca con motivo del acto reclamado; esto es, que tiene derechos sobre los billetes que se ordenaron asegurar para hacer pago parcial a la actora en el primer juicio mencionado. Lo anterior, a través de la acreditación de la titularidad de un derecho de propiedad o preferencia sobre los billetes que obraban en el seguro del juzgado que tramitó el asunto especial hipotecario, ya que solo de esa forma, se demostraría que la orden de poner a disposición el numerario a favor de diversa persona le genera una afectación real y directa en su esfera jurídica. Dicho de otro modo, la prueba de que se tiene un derecho sobre los billetes de depósito requeridos, es lo que constituye el interés jurídico para efectos de la instancia constitucional; por lo que si la impetrante dejó de acreditar tal extremo, entonces se puede decir que carece de interés jurídico, con lo cual se actualiza la causal de improcedencia relativa. Al efecto, se cita el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis 2a./J. 51/2019 (10a.), de la Décima Época, en Materias(s): Común. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 64, Marzo de 2019, Tomo II, página 1598, que dispone: "INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS COMO REQUISITOS PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. El citado precepto establece que el juicio de amparo indirecto se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, "teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo", con lo que atribuye consecuencias de derecho, desde el punto de vista de la legitimación del promovente, tanto al interés jurídico en sentido estricto, como al legítimo, pues en ambos supuestos a la persona que se ubique dentro de ellos se le otorga legitimación para instar la acción de amparo. En tal virtud, atento a la naturaleza del acto reclamado y a la de la autoridad que lo emite, el quejoso en el juicio de amparo debe acreditar fehacientemente el interés, jurídico o legítimo, que le asiste para ello y no inferirse con base en presunciones. Así, los elementos constitutivos del interés jurídico consisten en demostrar: a) la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, b) que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. Por su parte, para probar el interés legítimo, deberá acreditarse que: a) exista una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada; b) el acto reclamado transgreda ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva; y, c) el promovente pertenezca a esa colectividad. Lo anterior, porque si el interés legítimo supone una afectación jurídica al quejoso, éste debe demostrar su pertenencia al grupo que en específico sufrió o sufre el agravio que se aduce en la demanda de amparo. Sobre el particular es dable indicar que los elementos constitutivos destacados son concurrentes, por tanto, basta la ausencia de alguno de ellos para que el medio de defensa intentado sea improcedente." En efecto, la quejosa narró en su demanda que con motivo de la existencia de un proceso sucesorio de autoría de su concubino [donde se reconoció como único y universal heredero al hijo de de cujus], ella planteó una acción de petición de herencia [actualmente acumuladas ante el Juzgado Decimoséptimo familiar de esta ciudad] con carácter de concubina; asunto en el cual se presentó una propuesta de convenio que se previno para aclaración, y de la que luego se requirió a las partes para que mencionaran si deseaban darle continuidad. Asimismo, que ante la inacción de su contraria, la quejosa compareció ante el juez familiar de esta ciudad para solicitar que se remitieran los billetes de deposito resguardados en el Juzgado Cuadragésimo Quinto de lo Civil de esta ciudad, recayendo un auto en el sentido de reconocer que el hijo heredero ya era mayor de edad y por ende debía enterársele directamente de la radicación y trámite del asunto. Y para acreditar la lesión a sus derechos, la quejosa ofreció como pruebas la demanda de petición de herencia; y la contestación favorable a la acción por parte de la albacea de la sucesión; así como el mencionado convenio judicial para terminación del juicio, en donde a ella se le asignaba el 25% del total del dinero remanente después de pagar la deuda establecida en el juicio hipotecario donde el difunto fue demandado; sin embargo, con tales piezas se considera que no es posible tener por acreditado el interés jurídico de la impetrante para defender los billetes que se mandaron recuperar para hacer pago de lo resuelto en el juicio ordinario civil de origen. Ello es así, en primer término, porque no se acreditó que el convenio se haya aprobado o sancionado, por lo cual carece de las características de la cosa juzgada para atribuirle alguna especie de prerrogativa derivada del asunto de petición de herencia donde se presentó, y siendo así no puede considerarse un derecho reconocido y oponible a terceros; lo anterior, aplicando a contrario sensu el contenido de los artículos 426 y 422 del Código de Procedimientos Civiles para esta ciudad, que establecen: "ARTICULO 426. Hay cosa juzgada cuando la sentencia causa ejecutoria, cuando las partes celebran un convenio emanado del procedimiento de mediación a que se refiere la Ley de Justicia Alternativa del Tribunal Superior de Justicia para el Distrito Federal, o cuando las partes celebran convenios como resultado de la mediación comunitaria prevista en las leyes de la Ciudad de México. ARTICULO 422. Para que la cosa juzgada surta efecto en otro juicio, es necesario que entre el caso resuelto por la sentencia y aquel en que ésta sea invocada, concurra identidad en las cosas, las causas, las personas de los litigantes y la calidad con que lo fueren." Lo anterior, sin perjuicio de que esa constancia no contiene un reconocimiento expreso de un derecho sobre los billetes de depósito que pretende defender, por lo cual, a criterio del suscrito, en el supuesto no concedido de que tuviera una prerrogativa derivada de la petición de herencia, ello no implicaría necesariamente que sería sobre los nominativos, sino en lo general, a un porcentaje de dinero después de liquidadas las deudas del autor de la sucesión. Máxime que la propia impetrante reconoce que ese asunto de partición de herencia sigue subjudice, lo que implica que aún no está culminado y por ende no está decidido plenamente si tiene o no un derecho a pedir herencia; lo anterior, se aprecia a foja 10, tercer párrafo, del presente expediente de amparo, por lo que ello constituye una afirmación valorable en términos del artículo 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. De ahí que, aun cuando la quejosa afirma haber sido concubina del difunto, y por ello goza de derechos sobre los billetes, es criterio del suscrito que no está plenamente acreditado su interés jurídico, pues no se demostró que el convenio esté aprobado por la autoridad, y que éste le confiera derechos sobre los billetes que en particular defiende [incluso ella misma refiere que el asunto está subjudice]; mientras que el concubinato no es por sí mismo una causa generadora de derechos sobre el patrimonio del autor de la sucesión. ***. Al respecto, se invoca por analogía, la tesis VI.2o.C.618 C, Novena Época, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, publicado en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXVIII, Agosto de 2008, Materias(s): Civil, que establece: "CONCUBINATO. NO ORIGINA UNA POSESIÓN DE LOS BIENES DE LA CONCUBINA O DEL CONCUBINARIO SUSCEPTIBLE DE SER PROTEGIDA MEDIANTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CUANDO EL QUEJOSO SE OSTENTA COMO TERCERO EXTRAÑO A UN JUICIO DEL ORDEN CIVIL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE TLAXCALA). El artículo 42 del Código Civil para el Estado de Tlaxcala dispone que hay concubinato cuando un solo hombre y una sola mujer solteros se unen, sin estar casados, para vivir bajo un mismo techo, como si lo estuvieren; esto es, se trata de un hecho humano voluntario y lícito, el que conforme a los artículos 1241 y 1242 de la codificación en cita, consiste en un acontecimiento realizado con la acción y voluntad del hombre, que se encuentra permitido por la ley; hecho que si bien es cierto que produce consecuencias jurídicas, también lo es que la voluntad de las personas no se dirigió precisamente a la creación de esas consecuencias, como ocurre en los actos jurídicos. Por otro lado, de los diversos 1124, 1128 y 1131 del mismo ordenamiento, así como del criterio jurisprudencial P./J. 1/2002, sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 17/91, publicado en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XV, febrero de 2002, página 5, con el rubro: "POSESIÓN. PARA QUE SEA OBJETO DE PROTECCIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CUANDO EL QUEJOSO SE OSTENTA COMO PERSONA EXTRAÑA AL JUICIO DEL ORDEN CIVIL, DEBE ACREDITAR SU DERECHO A POSEER CON UN TÍTULO SUSTENTADO EN ALGUNA FIGURA JURÍDICA O PRECEPTO DE LAS LEGISLACIONES SECUNDARIAS RELATIVAS.", en el que sostuvo que para que la posesión fuera objeto de protección a través del juicio de amparo indirecto, cuando el quejoso se ostenta como persona extraña al juicio civil, es necesaria la existencia de un título que se sustente en alguna figura jurídica o precepto legal que genere el derecho a poseer, entendiéndose por título la causa generadora de esa posesión; se concluye que la concubina no puede considerarse como poseedora de los bienes de su concubinario, ni a éste puede tenérsele como poseedor de los de aquélla, en virtud de que la posesión susceptible de ser protegida mediante el juicio de garantías es la definida por el derecho común, o sea, la que permite al titular de ese derecho ejercer sobre la cosa un poder de hecho, poder que de ninguna manera constituye un hecho con consecuencias jurídicas, como lo es la relación de concubinato, sino que por ese poder debe entenderse la manifestación del derecho que se tiene para poseer un bien determinado, que necesariamente debe tener origen en alguna de las figuras contempladas en las legislaciones relativas; de manera que si sólo pueden ser objeto de protección constitucional la posesión civil y la precaria, pero no la simple tenencia material o detentación de la cosa, que es en todo caso lo que tendría la concubina respecto de los bienes que posee civil o precariamente su concubinario, y éste respecto de los bienes que posee civil o precariamente su concubina, es inconcuso que aquélla no puede ser objeto de protección en el juicio de amparo indirecto, cuando el quejoso se ostenta como tercero extraño a un juicio del orden civil, al surgir de un simple hecho con consecuencias jurídicas, pero no sustentarse en una figura jurídica contemplada en la ley, como pueden serlo la compraventa, la donación, el comodato, el arrendamiento, etcétera. No es obstáculo a lo anterior, el que la ley civil para el Estado de Tlaxcala determine que en ciertas situaciones jurídicas opera la misma regulación para el matrimonio y para el concubinato, pues ello no ocurre en tratándose de las relaciones patrimoniales de la pareja, ya que no existe disposición legal alguna que establezca que la forma de regular las relaciones patrimoniales entre cónyuges rige para el concubinato, menos aún en el caso de la sociedad conyugal, la que de conformidad con los artículos 60, 66, fracción I y 70, fracción I, del citado Código Civil, para ser constituida requiere de dos requisitos: a) Que se establezca expresamente; y, b) Que se pacten capitulaciones matrimoniales; de manera que si los cónyuges no pactan dichas capitulaciones, el régimen económico del matrimonio será el de separación de bienes. De ahí que si para establecer la sociedad conyugal, entendida como la formación y administración de un patrimonio común, se requiere que los consortes manifiesten expresamente su voluntad y además formulen capitulaciones matrimoniales, es evidente que no puede existir un régimen similar a la sociedad conyugal en el concubinato, el que por su propia naturaleza de una unión de hecho, excluye toda posibilidad de que haya existido una manifestación de voluntad para formar y administrar un patrimonio común y la formulación de capitulaciones matrimoniales." También sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia sustentada por la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "INTERÉS JURÍDICO. NO LO DEMUESTRA LA MANIFESTACIÓN DEL QUEJOSO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD. La circunstancia de que todo lo declarado en el juicio de amparo promovido por el quejoso, se haya hecho bajo protesta de decir verdad, no acredita el interés jurídico que se tiene para el ejercicio de la acción de amparo, ya que es necesario que se aporten pruebas fehacientes de ese interés." Consecuentemente, al no afectarse el interés jurídico de la parte quejosa, se actualiza la causal de improcedencia a que se ha hecho referencia y con fundamento en el artículo 63, fracción V, en relación con el diverso numeral 61, fracción XII, ambos de la Ley de Amparo, debe sobreseerse en el juicio. El sobreseimiento decretado, se hace extensivo a los actos de ejecución que se reclaman de las autoridades responsables ejecutoras, dado que no se combaten por vicios propios. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "SOBRESEIMIENTO RESPECTO DE LOS ACTOS DE LAS AUTORIDADES ORDENADORAS. PROCEDE PARA LOS DE LAS EJECUTORAS CUANDO LA EJECUCIÓN NO SE COMBATE POR VICIOS PROPIOS." Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en lo establecido en los artículos 73 a 76, 217 y 218 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E. ÚNICO. Se SOBRESEE el juicio de amparo promovido por *****, contra actos de la Juez Décimo Civil de Proceso Escrito de la Ciudad de México y otras autoridades, por los motivos precisados en el considerando quinto de esta sentencia. Notifíquese como legalmente corresponda. Lo resolvió y firma electrónicamente, ..., Juez Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, ante ..., Secretario que autoriza y da fe, en términos de los artículos 3º de la Ley de Amparo, hasta hoy treinta de noviembre de dos mil veintitrés, en que lo permitieron las labores del juzgado. Doy fe.

  3. Principal

    (CITATORIO)EN VIRTUD DE QUE LA PARTE QUEJOSA NO ACUDIÓ AL LOCAL DE ESTE JUZGADO A NOTIFICARSE PERSONALMENTE O POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE LEGAL, EN EL TÉRMINO DE DOS DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL CITATORIO QUE SE DEJÓ EN SU DOMICILIO EL CUATRO DE DICIEMBRE DE 2023, SE LE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA LA DETERMINACIÓN DE TREINTA DE NOVIEMBRE DE 2023, QUE EN SÍNTESIS DICE: "VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo 791/2023, promovido por ******, contra actos de los Jueces Décimo y Cuadragésimo Quinto, ambos de lo Civil de la Ciudad de México; y Actuario adscrito al primero de los órganos mencionados; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda. La quejosa demandó el amparo contra actos de las citadas autoridades, por considerarlos violatorios de sus derechos tutelados en los artículos 1, 14, 16, 17 y 133 de la Constitución Federal. SEGUNDO. Este Juzgado admitió la acción de amparo, dio intervención a la representación social de la adscripción, requirió a las autoridades responsables su informe justificado, se ordenó el emplazamiento de la tercera interesada, y se fijó hora y día para celebrar la audiencia constitucional. De autos se desprende que las autoridades responsables rindieron su informe justificado; la representación social de la adscripción no intervino; la tercera interesada fue emplazada; finalmente, la audiencia constitucional tuvo lugar en los términos del acta que antecede; y CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México es competente para conocer y resolver el presente juicio, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, 107, fracción III, inciso b), de la Constitución General de la República; 60 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 37 y 107 fracción VI de la Ley de la materia, en atención a que se trata de un juicio de amparo indirecto promovido contra actos derivados de procesos del orden civil, seguidos ante juzgados con residencia en la ciudad donde el suscrito ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado, conforme al artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo: La orden emitida en el juicio ordinario civil ******, por el Juez Décimo Civil de la Ciudad de México, donde requirió al Juez Cuadragésimo Quinto Civil de esta Ciudad, diversos billetes de depósito, respectivamente, embargados el veinte y veintiuno de junio de dos mil veintidós, en el juicio especial hipotecario *********, del índice del segundo; así como la ejecución de ese mandamiento. TERCERO. Existencia. Las autoridades responsables aceptaron la existencia de los actos reclamados; lo cual se corrobora con la copia certificada del proceso natural remitida, de valor probatorio pleno, acorde a los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo. CUARTO. Improcedencia del juicio. La procedencia del juicio de amparo se debe estudiar de oficio por el juzgador antes de examinar las cuestiones de fondo, de conformidad con lo que establece el último párrafo del artículo 62 de la ley de la materia. En la especie, el suscrito advierte que el presente juicio es improcedente por falta de interés jurídico de la promovente, de conformidad con lo previsto en el ordinal 61, fracción XII de la Ley de Amparo. Por lo dispuesto en ese precepto, se requiere como presupuesto procesal, que la peticionaria acredite el interés perjuicio o afectación que resienta en su esfera jurídica, de manera personal y directa, con la ejecución de los actos reclamados, para acudir ante el órgano jurisdiccional competente a demandar su tutela, lo cual se traduce como el interés jurídico que la Ley Reglamentaria de los ordinales 103 y 107 de la Carta Magna, considera para determinar la procedencia o improcedencia de la controversia constitucional planteada. Esto es, la acción de amparo exige como postulado básico o condición esencial para su procedencia, entre otros, la existencia de un perjuicio que afecte a la persona o los derechos de la quejosa; además, es siempre a instancia de parte agraviada, debiendo entenderse por perjuicio para los efectos del amparo, la lesión directa en los intereses jurídicos de una persona, o bien una ofensa, un daño, una afectación indebida derivada de una ley o de un acto de autoridad, que se haga a los derechos o intereses de un particular. *En este entendido, la procedencia del juicio de amparo en contra de un acto dictado por una autoridad, debe referirse a la existencia de una parte agraviada; es decir, a la afectación de los intereses jurídicos de un particular. Un acto puede engendrar una situación jurídica concreta en beneficio o en perjuicio de una o varias personas en relación con la formación, modificación o extinción de una relación de derecho; por tanto, cuando con su emisión produce un acto jurídico que afecta a uno o varios individuos, en su persona o patrimonio, creando, modificando o extinguiendo en su perjuicio una situación jurídica concreta, el juicio de amparo es procedente, y en contrario sentido, cuando por su sola emisión no afecta la esfera jurídica del particular, es improcedente, puesto que la acción constitucional mencionada únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique el acto, en términos del artículo 6o. de la ley de la materia. Ilustra la consideración anterior, la jurisprudencia 854, sustentada por el entonces Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, cuyo rubro y texto son los siguientes: *"INTERÉS JURÍDICO. EN QUÉ CONSISTE. El interés jurídico a que alude el artículo 73, fracción V de la Ley de Amparo, consiste en el derecho que le asiste a un particular para reclamar, en la vía de amparo, algún acto violatorio de garantías individuales en su perjuicio, es decir, se refiere a un derecho subjetivo protegido por alguna norma legal que se ve afectado por el acto de autoridad ocasionando un perjuicio a su titular, esto es, una ofensa, daño o perjuicio en los derechos o intereses del particular. El juicio de amparo se ha instituido con el fin de asegurar el goce de las garantías individuales establecidas en la Constitución General de la República, cuando la violación atribuida a la autoridad responsable tenga efectos materiales que se traducen en un perjuicio real al solicitante del amparo. En conclusión, el interés jurídico se refiere a la titularidad de los derechos afectados con el acto reclamado de manera que el sujeto de tales derechos pueda ocurrir al juicio de garantías y no otra persona." Igualmente, cabe destacar que el interés jurídico debe estar plenamente acreditado y no inferirse con base en presunciones, tal como lo establece la jurisprudencia 2a./J. 16/94, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "INTERÉS JURÍDICO, AFECTACIÓN DEL. DEBE PROBARSE FEHACIENTEMENTE. En el juicio de amparo, la afectación del interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones." *En la especie, la accionante se ostenta tercera extraña auténtica al juicio ordinario civil ***** [recisión de contrato de compraventa], del índice del Juzgado Décimo Civil de la Ciudad de México, y reclama la orden de requerimiento de los billetes embargados en un proceso especial hipotecario de diverso índice. Entonces, es indispensable que acredite la afectación del derecho que invoca con motivo del acto reclamado; esto es, que tiene derechos sobre los billetes que se ordenaron asegurar para hacer pago parcial a la actora en el primer juicio mencionado. Lo anterior, a través de la acreditación de la titularidad de un derecho de propiedad o preferencia sobre los billetes que obraban en el seguro del juzgado que tramitó el asunto especial hipotecario, ya que solo de esa forma, se demostraría que la orden de poner a disposición el numerario a favor de diversa persona le genera una afectación real y directa en su esfera jurídica. Dicho de otro modo, la prueba de que se tiene un derecho sobre los billetes de depósito requeridos, es lo que constituye el interés jurídico para efectos de la instancia constitucional; por lo que si la impetrante dejó de acreditar tal extremo, entonces se puede decir que carece de interés jurídico, con lo cual se actualiza la causal de improcedencia relativa. Al efecto, se cita el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis 2a./J. 51/2019 (10a.), de la Décima Época, en Materias(s): Común. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 64, Marzo de 2019, Tomo II, página 1598, que dispone: "INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS COMO REQUISITOS PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. El citado precepto establece que el juicio de amparo indirecto se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, "teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo", con lo que atribuye consecuencias de derecho, desde el punto de vista de la legitimación del promovente, tanto al interés jurídico en sentido estricto, como al legítimo, pues en ambos supuestos a la persona que se ubique dentro de ellos se le otorga legitimación para instar la acción de amparo. En tal virtud, atento a la naturaleza del acto reclamado y a la de la autoridad que lo emite, el quejoso en el juicio de amparo debe acreditar fehacientemente el interés, jurídico o legítimo, que le asiste para ello y no inferirse con base en presunciones. Así, los elementos constitutivos del interés jurídico consisten en demostrar: a) la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, b) que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. Por su parte, para probar el interés legítimo, deberá acreditarse que: a) exista una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada; b) el acto reclamado transgreda ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva; y, c) el promovente pertenezca a esa colectividad. Lo anterior, porque si el interés legítimo supone una afectación jurídica al quejoso, éste debe demostrar su pertenencia al grupo que en específico sufrió o sufre el agravio que se aduce en la demanda de amparo. Sobre el particular es dable indicar que los elementos constitutivos destacados son concurrentes, por tanto, basta la ausencia de alguno de ellos para que el medio de defensa intentado sea improcedente." En efecto, la quejosa narró en su demanda que con motivo de la existencia de un proceso sucesorio de autoría de su concubino [donde se reconoció como único y universal heredero al hijo de de cujus], ella planteó una acción de petición de herencia [actualmente acumuladas ante el Juzgado Decimoséptimo familiar de esta ciudad] con carácter de concubina; asunto en el cual se presentó una propuesta de convenio que se previno para aclaración, y de la que luego se requirió a las partes para que mencionaran si deseaban darle continuidad. Asimismo, que ante la inacción de su contraria, la quejosa compareció ante el juez familiar de esta ciudad para solicitar que se remitieran los billetes de deposito resguardados en el Juzgado Cuadragésimo Quinto de lo Civil de esta ciudad, recayendo un auto en el sentido de reconocer que el hijo heredero ya era mayor de edad y por ende debía enterársele directamente de la radicación y trámite del asunto. Y para acreditar la lesión a sus derechos, la quejosa ofreció como pruebas la demanda de petición de herencia; y la contestación favorable a la acción por parte de la albacea de la sucesión; así como el mencionado convenio judicial para terminación del juicio, en donde a ella se le asignaba el 25% del total del dinero remanente después de pagar la deuda establecida en el juicio hipotecario donde el difunto fue demandado; sin embargo, con tales piezas se considera que no es posible tener por acreditado el interés jurídico de la impetrante para defender los billetes que se mandaron recuperar para hacer pago de lo resuelto en el juicio ordinario civil de origen. Ello es así, en primer término, porque no se acreditó que el convenio se haya aprobado o sancionado, por lo cual carece de las características de la cosa juzgada para atribuirle alguna especie de prerrogativa derivada del asunto de petición de herencia donde se presentó, y siendo así no puede considerarse un derecho reconocido y oponible a terceros; lo anterior, aplicando a contrario sensu el contenido de los artículos 426 y 422 del Código de Procedimientos Civiles para esta ciudad, que establecen: "ARTICULO 426. Hay cosa juzgada cuando la sentencia causa ejecutoria, cuando las partes celebran un convenio emanado del procedimiento de mediación a que se refiere la Ley de Justicia Alternativa del Tribunal Superior de Justicia para el Distrito Federal, o cuando las partes celebran convenios como resultado de la mediación comunitaria prevista en las leyes de la Ciudad de México. ARTICULO 422. Para que la cosa juzgada surta efecto en otro juicio, es necesario que entre el caso resuelto por la sentencia y aquel en que ésta sea invocada, concurra identidad en las cosas, las causas, las personas de los litigantes y la calidad con que lo fueren." Lo anterior, sin perjuicio de que esa constancia no contiene un reconocimiento expreso de un derecho sobre los billetes de depósito que pretende defender, por lo cual, a criterio del suscrito, en el supuesto no concedido de que tuviera una prerrogativa derivada de la petición de herencia, ello no implicaría necesariamente que sería sobre los nominativos, sino en lo general, a un porcentaje de dinero después de liquidadas las deudas del autor de la sucesión. Máxime que la propia impetrante reconoce que ese asunto de partición de herencia sigue subjudice, lo que implica que aún no está culminado y por ende no está decidido plenamente si tiene o no un derecho a pedir herencia; lo anterior, se aprecia a foja 10, tercer párrafo, del presente expediente de amparo, por lo que ello constituye una afirmación valorable en términos del artículo 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. De ahí que, aun cuando la quejosa afirma haber sido concubina del difunto, y por ello goza de derechos sobre los billetes, es criterio del suscrito que no está plenamente acreditado su interés jurídico, pues no se demostró que el convenio esté aprobado por la autoridad, y que éste le confiera derechos sobre los billetes que en particular defiende [incluso ella misma refiere que el asunto está subjudice]; mientras que el concubinato no es por sí mismo una causa generadora de derechos sobre el patrimonio del autor de la sucesión. ***. Al respecto, se invoca por analogía, la tesis VI.2o.C.618 C, Novena Época, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, publicado en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXVIII, Agosto de 2008, Materias(s): Civil, que establece: "CONCUBINATO. NO ORIGINA UNA POSESIÓN DE LOS BIENES DE LA CONCUBINA O DEL CONCUBINARIO SUSCEPTIBLE DE SER PROTEGIDA MEDIANTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CUANDO EL QUEJOSO SE OSTENTA COMO TERCERO EXTRAÑO A UN JUICIO DEL ORDEN CIVIL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE TLAXCALA). El artículo 42 del Código Civil para el Estado de Tlaxcala dispone que hay concubinato cuando un solo hombre y una sola mujer solteros se unen, sin estar casados, para vivir bajo un mismo techo, como si lo estuvieren; esto es, se trata de un hecho humano voluntario y lícito, el que conforme a los artículos 1241 y 1242 de la codificación en cita, consiste en un acontecimiento realizado con la acción y voluntad del hombre, que se encuentra permitido por la ley; hecho que si bien es cierto que produce consecuencias jurídicas, también lo es que la voluntad de las personas no se dirigió precisamente a la creación de esas consecuencias, como ocurre en los actos jurídicos. Por otro lado, de los diversos 1124, 1128 y 1131 del mismo ordenamiento, así como del criterio jurisprudencial P./J. 1/2002, sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 17/91, publicado en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XV, febrero de 2002, página 5, con el rubro: "POSESIÓN. PARA QUE SEA OBJETO DE PROTECCIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CUANDO EL QUEJOSO SE OSTENTA COMO PERSONA EXTRAÑA AL JUICIO DEL ORDEN CIVIL, DEBE ACREDITAR SU DERECHO A POSEER CON UN TÍTULO SUSTENTADO EN ALGUNA FIGURA JURÍDICA O PRECEPTO DE LAS LEGISLACIONES SECUNDARIAS RELATIVAS.", en el que sostuvo que para que la posesión fuera objeto de protección a través del juicio de amparo indirecto, cuando el quejoso se ostenta como persona extraña al juicio civil, es necesaria la existencia de un título que se sustente en alguna figura jurídica o precepto legal que genere el derecho a poseer, entendiéndose por título la causa generadora de esa posesión; se concluye que la concubina no puede considerarse como poseedora de los bienes de su concubinario, ni a éste puede tenérsele como poseedor de los de aquélla, en virtud de que la posesión susceptible de ser protegida mediante el juicio de garantías es la definida por el derecho común, o sea, la que permite al titular de ese derecho ejercer sobre la cosa un poder de hecho, poder que de ninguna manera constituye un hecho con consecuencias jurídicas, como lo es la relación de concubinato, sino que por ese poder debe entenderse la manifestación del derecho que se tiene para poseer un bien determinado, que necesariamente debe tener origen en alguna de las figuras contempladas en las legislaciones relativas; de manera que si sólo pueden ser objeto de protección constitucional la posesión civil y la precaria, pero no la simple tenencia material o detentación de la cosa, que es en todo caso lo que tendría la concubina respecto de los bienes que posee civil o precariamente su concubinario, y éste respecto de los bienes que posee civil o precariamente su concubina, es inconcuso que aquélla no puede ser objeto de protección en el juicio de amparo indirecto, cuando el quejoso se ostenta como tercero extraño a un juicio del orden civil, al surgir de un simple hecho con consecuencias jurídicas, pero no sustentarse en una figura jurídica contemplada en la ley, como pueden serlo la compraventa, la donación, el comodato, el arrendamiento, etcétera. No es obstáculo a lo anterior, el que la ley civil para el Estado de Tlaxcala determine que en ciertas situaciones jurídicas opera la misma regulación para el matrimonio y para el concubinato, pues ello no ocurre en tratándose de las relaciones patrimoniales de la pareja, ya que no existe disposición legal alguna que establezca que la forma de regular las relaciones patrimoniales entre cónyuges rige para el concubinato, menos aún en el caso de la sociedad conyugal, la que de conformidad con los artículos 60, 66, fracción I y 70, fracción I, del citado Código Civil, para ser constituida requiere de dos requisitos: a) Que se establezca expresamente; y, b) Que se pacten capitulaciones matrimoniales; de manera que si los cónyuges no pactan dichas capitulaciones, el régimen económico del matrimonio será el de separación de bienes. De ahí que si para establecer la sociedad conyugal, entendida como la formación y administración de un patrimonio común, se requiere que los consortes manifiesten expresamente su voluntad y además formulen capitulaciones matrimoniales, es evidente que no puede existir un régimen similar a la sociedad conyugal en el concubinato, el que por su propia naturaleza de una unión de hecho, excluye toda posibilidad de que haya existido una manifestación de voluntad para formar y administrar un patrimonio común y la formulación de capitulaciones matrimoniales." También sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia sustentada por la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "INTERÉS JURÍDICO. NO LO DEMUESTRA LA MANIFESTACIÓN DEL QUEJOSO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD. La circunstancia de que todo lo declarado en el juicio de amparo promovido por el quejoso, se haya hecho bajo protesta de decir verdad, no acredita el interés jurídico que se tiene para el ejercicio de la acción de amparo, ya que es necesario que se aporten pruebas fehacientes de ese interés." Consecuentemente, al no afectarse el interés jurídico de la parte quejosa, se actualiza la causal de improcedencia a que se ha hecho referencia y con fundamento en el artículo 63, fracción V, en relación con el diverso numeral 61, fracción XII, ambos de la Ley de Amparo, debe sobreseerse en el juicio. El sobreseimiento decretado, se hace extensivo a los actos de ejecución que se reclaman de las autoridades responsables ejecutoras, dado que no se combaten por vicios propios. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "SOBRESEIMIENTO RESPECTO DE LOS ACTOS DE LAS AUTORIDADES ORDENADORAS. PROCEDE PARA LOS DE LAS EJECUTORAS CUANDO LA EJECUCIÓN NO SE COMBATE POR VICIOS PROPIOS." Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en lo establecido en los artículos 73 a 76, 217 y 218 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E. ÚNICO. Se SOBRESEE el juicio de amparo promovido por *****, contra actos de la Juez Décimo Civil de Proceso Escrito de la Ciudad de México y otras autoridades, por los motivos precisados en el considerando quinto de esta sentencia. Notifíquese como legalmente corresponda. Lo resolvió y firma electrónicamente, ..., Juez Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, ante ..., Secretario que autoriza y da fe, en términos de los artículos 3º de la Ley de Amparo, hasta hoy treinta de noviembre de dos mil veintitrés, en que lo permitieron las labores del juzgado. Doy fe.".

  4. Principal

    Vista la certificación secretarial de cuenta de la que se advierte que se fijaron las diez horas del diecinueve de octubre de dos mil veintitrés, para que tuviera verificativo la audiencia constitucional; sin embargo, no fue posible celebrarla debido a que se suspendieron labores y términos judiciales de los órganos jurisdiccionales del edificio sede del Poder Judicial de la Federación en San Lázaro los días dieciséis al veinticuatro de este mes y año, conforme los avisos correspondientes. En tales condiciones, ante la imposibilidad para celebrar la audiencia referida, se reprograma su desahogo para las DIEZ HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL VEINTITRÉS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS. En apoyo a lo anterior, se cita por sus consideraciones la tesis VII.2o.A.T.10 K, emitida por los Tribunales Colegiados de Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XI, de enero de 2000, novena época, en materia común, cuyo rubro es: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL CELEBRADA EN DÍA INHÁBIL. VIOLACIÓN PROCESAL QUE AMERITA REPONER EL PROCEDIMIENTO." Considerando que esta determinación no contiene requerimiento con apercibimiento o petición para las autoridades responsables, ni actualiza algún supuesto del artículo 26 de la Ley de Amparo, no es necesario enviarles oficio, y con fundamento en la fracción III del citado numeral, se ordena notificarles por lista este auto. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 176/2012 (10a.), de la Segunda Sala del Alto Tribunal, Décima Época, Materias(s): Común, de rubro: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS." NOTIFÍQUESE.

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