Tania Quiriz Badillo

Expediente 360/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 6 actuaciones registradas, la última del 26 de febrero de 2021.

Datos del expediente

Expediente
360/2020
Año
2020
Actuaciones
6
Última actuación
26/02/2021

Partes del expediente

  • Tania Quiriz Badillo

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, veintiséis de febrero de dos mil veintiuno. Causa ejecutoria Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se desprende que ha transcurrido el plazo de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo para la interposición del recurso de revisión en contra de la sentencia dictada el treinta de noviembre de dos mil veinte, en la que se determinó por una parte el sobreseimiento y por la otra se negó la protección de la justicia federal en el presente juicio de amparo, sin que las partes lo hayan hecho valer; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la sentencia de mérito ha causado ejecutoria para todos los efectos legales procedentes. Anotaciones en SISE y Libro de Gobierno Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y en su momento, archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Valoración del expediente Depurable. Se establece que el juicio de amparo es depurable, por ubicarse en el supuesto establecido en el artículo decimoctavo, fracción I, inciso b) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales de diecinueve de febrero de dos mil veinte, por haberse sobreseído en el juicio y negado la protección constitucional. Depurable. Se establece que el incidente de suspensión es depurable, por ubicarse en el supuesto establecido en el artículo decimoctavo, fracción I, inciso a) del citado acuerdo, POR HABERSE CONCEDIDO LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL COMO DEFINITIVA. Plazo de conservación. Resguárdese el juicio principal como el cuaderno original del incidente de suspensión por el término de tres años, contados a partir de haberse ordenado su archivo como asunto concluido. Depuración de expediente. Depúrese dentro de los noventa días siguientes a que se haya cumplido el término a que se refiere el párrafo anterior, conservando la demanda, las resoluciones recurridas y la sentencia que puso fin al asunto; la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada; el proveído en que se acuerde su archivo como asunto concluido; las resoluciones relativas al otorgamiento o violación de la medida cautelar y los demás documentos que considere el titular del órgano jurisdiccional; lo que deberá justificarse en el acuerdo de desincorporación, debiéndose remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Transferencia. Terminado el proceso de depuración, solicítese la transferencia de estos expedientes a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Destruible. Se establece que el cuaderno duplicado del incidente de suspensión es destruible, por ubicarse en el supuesto establecido en el artículo veinte, fracción II, inciso a) del citado acuerdo. Plazo de conservación. Resguárdese por el término de seis meses, contados a partir de haberse ordenado su archivo como asunto concluido. Destrucción de expediente. Destrúyase dentro de los treinta días siguientes a que se haya cumplido el término a que se refiere el párrafo anterior, debiéndose remitir el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Finalmente, realícense las anotaciones correspondientes en la carátula de los expedientes y en su momento en la relación que se integre para efectos de su transferencia o destrucción. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, ante Librado Antonio Gómez Morales Secretario de este Juzgado, quien autoriza y da fe.jmv

  2. Principal

    V I S T O S, para resolver los autos del juicio de amparo 360/2020-VIII, promovido por Tania Quiriz Badillo, por propio derecho; y, R E S U L T A N D O. I DEMANDA Mediante escrito presentado el trece de agosto de dos mil veinte (fojas 2 a 6), ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Tlaxcala, Tania Quiriz Badillo, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos del Agente del Ministerio Público Región Sur, mesa uno, de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tlaxcala, y otras autoridades, que consideró violatorios de los derechos humanos reconocidos por el orden constitucional y las garantías para su protección, contenidas en el artículo 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. II TRÁMITE Por razón de turno conoció de la demanda el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, que por auto de diecisiete de agosto de dos mil veinte la registró con el número 360/2020-VIII, y se admitió a trámite la demanda de amparo, se solicitó a las autoridades responsables sus informes justificados, se dio al agente del Ministerio Público Federal adscrito la intervención que legalmente le compete, y se señaló fecha y hora para celebrar la audiencia constitucional. Finalmente, la audiencia constitucional se celebró al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O III COMPETENCIA Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, es competente para conocer y resolver el presente juicio de conformidad con lo previsto en los artículos 94, 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 36 y 107 de la Ley de Amparo; 1º, fracción V, y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y en el Acuerdo General 3/2013, aprobado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de veintitrés de enero del año dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el quince de febrero de dos mil trece, si se pondera que los actos reclamados emanan de un órgano ubicado en esta entidad federativa. IV FIJACIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS De conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, resulta necesario fijar con claridad y precisión en qué consisten los actos reclamados, para lo cual se atiende la tesis P.VI/2004, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XIX, abril de 2004, página 255, de rubro: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". Del estudio íntegro de la demanda de amparo y ampliación, en relación con las demás constancias que obran en el expediente, se advierte que la parte quejosa reclama de las autoridades responsables: Agentes del Ministerio Público mesas uno, dos, tres y cuatro, Adscritos a la Unidad de Atención Integral Región Sur, Agentes del Ministerio Público adscritos a la Unidad de Atención Integral, Región Norte, mesa de trámite uno, dos y tres, Director del Departamento de Policía de Investigación en el Estado de Tlaxcala, el Jueces Primero, Segundo, Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo, Octavo y Noveno de Control y de Juicio Oral del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer, Juez Penal del Distrito Judicial de Sánchez Piedras y Especializado en Administración de Justicia para Adolescentes, Juez Penal del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer, Jueces Primero, Segundo, Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo, Octavo y Noveno de Control y de Juicio Oral, del Distrito Judicial de Sánchez Piedras y Especializado en Justicia para Adolescentes del Estado de Tlaxcala, Agente del Ministerio Público de la Unidad Especializadas en la Investigación de Homicidios Dolosos, Región Sur, Agente del Ministerio Público Región Sur, Especializado en la Desaparición de Personas y del Agente del Ministerio Público de Apizaco, Especializado en Homicidios Dolosos, lo siguiente: Las órdenes de aprehensión, reaprehensión, detención, presentación, búsqueda y citación a audiencia inicial. La orden emitida, a efecto de que el policía de investigación Rigoberto de la Cruz Nava, recabe la entrevista del quejoso, así como su ejecución. Únicamente de las autoridades responsables Omar Bonilla Barrera, Agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Especializada en Combate al Secuestro y Rigoberto de la Cruz Nava, Oficial de la Policía de Investigación del Estado: La orden emitida, a efecto de que el policía de investigación Rigoberto de la Cruz Nava, recabe la entrevista del quejoso, así como su ejecución. III INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO Por razón de método en toda sentencia de amparo, primeramente, se debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia del acto o actos reclamados y, sólo en el primer caso, estudiar las causales de improcedencia aducidas o que se adviertan en forma oficiosa por el juzgador, para, por último, de ser procedente el juicio, entrar a analizar el fondo del asunto. Tiene aplicación al caso y en lo conducente la jurisprudencia sustentada por el Segundo Tribunal colegiado del Decimoséptimo Circuito, visible en la página 68, Tomo 76, Abril de 1994, Octava Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro: "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO." Pues bien, las autoridades responsables: Agentes del Ministerio Público Adscrito a la Unidad de Atención Integral Región Sur, en representación de las mesas uno, dos, tres y cuatro de dicha agencia (fojas 16, 17, 18 y 19), Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad de Atención Integral, Región Norte, Turno Dos y Encargado de las Mesas de Trámite Turno Uno y Turno Tres (foja 23), Inspector General Encargado del Departamento de Policía de Investigación en el Estado de Tlaxcala (foja 24), el Juez Noveno de Control y de Juicio Oral del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer, Actuando en Funciones de Juez de Guardia, por sí y por los Jueces Primero, Segundo, Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo Octavo de dicho distrito judicial (foja 26), el Juez Penal del Distrito Judicial de Sánchez Piedras y Especializado en Administración de Justicia para Adolescentes (foja 21), el Juez Penal del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer (foja 28), el Juez Octavo de Control y de Juicio Oral, del Distrito Judicial de Sánchez Piedras y Especializado en Justicia para Adolescentes del Estado de Tlaxcala, actuando en funciones de Juez de despacho, por sí y en representación de los Jueces Primero, Segundo, Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo y Noveno (foja 57), el Agente del Ministerio Público de la Unidad Especializadas en la Investigación de Homicidios Dolosos, Región Sur (foja 59); negaron la existencia del acto reclamado al rendir sus respectivos informes justificados. Consecuentemente, al no haberse dictado por dichas autoridades responsables los actos reclamados, resultan ser inexistentes, por tanto, se debe sobreseer en el juicio atento a las siguientes consideraciones. El artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo establece: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: [.] IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; y." El motivo de sobreseimiento previsto en dicho numeral prevé dos situaciones, la primera, la clara demostración de la inexistencia del acto reclamado y, la segunda, la falta de prueba de su existencia en la audiencia del juicio (cuando la responsable lo niega). Respecto de la primera, la "inexistencia" propiamente dicha, implica una prueba directa de que no existe el acto reclamado. En este sentido, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 57/95, estableció que la existencia del acto reclamado debe analizarse en relación con la fecha en la cual se presentó la demanda de amparo (lo que marca el inicio del juicio de garantías), por ello, si el acto es posterior a ese evento, debe concluirse que, al incoarse la acción constitucional, el acto reclamado era inexistente, atento a la primera hipótesis. De igual manera, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver el amparo en revisión 469/94 determinó que la existencia del acto reclamado debe analizarse, por regla general, atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, pues de otra manera la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la queja. Criterio que se encuentra plasmado en la jurisprudencia 2a./J. 3/94 de rubro "ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE RELACIONARSE CON LA FECHA EN QUE SE PRESENTÓ LA DEMANDA." Tocante a la "falta de prueba de la existencia del acto", aunque es un principio generalmente reconocido en el derecho, en materia de cargas probatorias, que las negativas no son susceptibles de demostrarse; sin embargo, cuando en el juicio de amparo la autoridad responsable niega el acto reclamado, tal negativa puede ser desvirtuada por una prueba directa de la existencia de dicho acto. Luego, si no se aporta alguna prueba para demostrar que el acto reclamado existe, no cabe otra cosa que dar por concluido el juicio con el sobreseimiento por falta de materia. Aquí, debe hacerse hincapié en que la reversión de la carga de la prueba que impone la ley a la parte quejosa, parte de un supuesto, la afirmación de su inexistencia hecha por la autoridad señalada como responsable; en cambio, la falta de manifestación o informe, produce una presunción de certeza, según previene el párrafo tercero del artículo 117 de la Ley de Amparo. El artículo 75 tercer párrafo del ordenamiento referido, prevé: "El órgano jurisdiccional deberá recabar oficiosamente las pruebas rendidas ante la responsable y las actuaciones que estime necesarias para la resolución del asunto". El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 8/96, estableció que por virtud de una previsión de tal naturaleza, ya no corresponde exclusivamente a las partes aportar las pruebas tendientes a justificar las pretensiones deducidas en los juicios de amparo, sino también al Juez de Distrito para allegarse oficiosamente de todos los elementos de convicción que habiendo estado a disposición de la responsable, estime necesarios para la resolución del amparo, circunstancia de necesidad que no debe quedar al libre arbitrio del Juez, sino que debe calificarse tomando en cuenta la estrecha vinculación que tienen con el acto reclamado, pues de no tenerse a la vista aquéllas sería imposible resolver conforme a derecho sobre la constitucionalidad del acto. Conviene destacar que la parte promovente del amparo puede aportar sus pruebas hasta la audiencia del juicio, por tanto, a pesar de la negativa de la autoridad o lo patente que pueda parecer la inexistencia, el juez de distrito debe reservar el sobreseimiento hasta el dictado de la resolución correspondiente, pues debe dar oportunidad a la parte quejosa de agotar su derecho de aportar pruebas. Ahora bien, se estima inexistente los actos reclamados, toda vez que las autoridades responsables: Agentes del Ministerio Público Adscrito a la Unidad de Atención Integral Región Sur, en representación de las mesas uno, dos, tres y cuatro de dicha agencia (fojas 16, 17, 18 y 19), Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad de Atención Integral, Región Norte, Turno Dos y Encargado de las Mesas de Trámite Turno Uno y Turno Tres (foja 23), Inspector General Encargado del Departamento de Policía de Investigación en el Estado de Tlaxcala (foja 24), el Juez Noveno de Control y de Juicio Oral del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer, Actuando en Funciones de Juez de Guardia, por sí y por los Jueces Primero, Segundo, Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo Octavo de dicho distrito judicial (foja 26), el Juez Penal del Distrito Judicial de Sánchez Piedras y Especializado en Administración de Justicia para Adolescentes (foja 21), el Juez Penal del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer (foja 28), el Juez Octavo de Control y de Juicio Oral, del Distrito Judicial de Sánchez Piedras y Especializado en Justicia para Adolescentes del Estado de Tlaxcala, actuando en funciones de Juez de despacho, por sí y en representación de los Jueces Primero, Segundo, Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo y Noveno (foja 57), el Agente del Ministerio Público de la Unidad Especializadas en la Investigación de Homicidios Dolosos, Región Sur (foja 59), negaron la existencia de los actos reclamados, sin que la parte quejosa haya ofrecido prueba en contrario. En este contexto, es evidente que al resultar inexistentes los actos reclamados, por lo que lo procedente es sobreseer en el juicio, con fundamento en el artículo 63 fracción IV de la Ley de Amparo. Por otro lado, si bien es cierto que las autoridades responsables Agencia del Ministerio Público Región Sur, Especializado en la Desaparición de Personas y el Agente del Ministerio Público de Apizaco, Tlaxcala, Especializado en delitos dolosos, fueron omisas en rendir sus informes justificados, lo que daría lugar a presumir ciertos los actos a éstas reclamados; también lo es que, respecto al acto consistente en la orden emitida, a efecto de que el policía de investigación Rigoberto de la Cruz Nava, recabe la entrevista del quejoso, así como su ejecución; fue aceptado por Omar Bonilla Barrera, Agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Especializada en Combate al Secuestro y Rigoberto de la Cruz Nava, Oficial de la Policía de Investigación del Estado, al rendir sus informes justificados (foja 145 y 152), lo que se corrobora con diversas constancias que remitió como apoyo a su informe justificado. En este sentido, al quedar desvirtuada la presunción de existencia de dicho acto reclamado respecto de las autoridades omisas en rendir su informe justificado, se debe tener como inexistente, por lo que, lo procedente es sobreseer en el juicio, con fundamento en el artículo 63 fracción IV de la Ley de Amparo. V CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO Se debe tener como ciertos los actos reclamados a las autoridades responsables Omar Bonilla Barrera, Agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Especializada en Combate al Secuestro y Rigoberto de la Cruz Nava, Oficial de la Policía de Investigación del Estado, pues así lo declararon al rendir sus informes justificados (foja 145 y 152); lo que se acredita además con las constancias remitidas por la primera como apoyo a su informe justificado. Cobra aplicación la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada con el número 278, en el Apéndice 2000 al Semanario Judicial de la Federación, tomo VI, Común, Jurisprudencia SCJN, página 231, de rubro: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO". Por otro lado, de conformidad con el artículo 117, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, se deben presumir como ciertos los actos reclamados a las autoridades responsables Agencia del Ministerio Público Región Sur, Especializado en la Desaparición de Personas y el Agente del Ministerio Público de Apizaco, Tlaxcala, Especializado en delitos dolosos, consistentes en las órdenes de aprehensión, reaprehensión, detención, presentación, búsqueda y citación a audiencia inicial; pues éstas, fueron omisas en rendir sus informes justificados. VI ANÁLISIS DE CAUSAS DE IMPROCEDENCIA De conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo las causales de improcedencia del juicio, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia. Cierto, para que el juzgador de amparo pueda analizar la constitucionalidad del acto reclamado, es necesario que la acción intentada sea procedente, es decir, no existan obstáculos que impidan pronunciarse sobre la cuestión planteada, los cuales, se denominan causas de improcedencia. Así, la improcedencia es una institución jurídica por la cual, en un primer momento del juicio, que no involucra el conocimiento de fondo de la acción intentada, se debe indagar si están constituidos los presupuestos necesarios que configuran la relación procesal y obligan al juzgador a resolver sobre la constitucionalidad del acto reclamado. A mayor abundamiento, la improcedencia del juicio de amparo constituye un obstáculo que impide el pronunciamiento de fondo; por tanto, dicho estudio debe hacerse previo al análisis de la constitucionalidad del acto reclamado, pues de actualizarse alguna causa de inviabilidad, sería imposible el examen de la litis constitucional. Por ende, este juzgado procede al estudio de las causales de improcedencia que se advierten de oficio. En primer lugar, el suscrito considera que respecto de la orden emitida, a efecto de que el policía de investigación Rigoberto de la Cruz Nava, recabe la entrevista del quejoso, así como su ejecución, se actualiza la causal de improcedencia que resulta del análisis del artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con su numeral 1°, fracción I, y con el precepto 107, fracción I, Constitucional. Se explica. La fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, dispone que será improcedente el juicio cuando su causal resulte de alguna disposición de la Constitución Federal o de la propia ley. Por su parte, el artículo 1 de la ley de la materia, establece que el juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite por leyes, actos u omisiones de la autoridad que violen los derechos humanos del gobernado y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución y por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea Parte. En tanto que el precepto Constitucional señalado, prevé que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo, individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por la Constitución o por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea Parte y con ello se afecta su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. De lo anterior se deriva entonces que el juicio de amparo es improcedente en aquellos casos en los que no exista un derecho fundamental que pueda ser violado con la emisión del acto reclamado. Sentado lo anterior, el quejoso reclama la orden girada por Omar Bonilla Barrera, Agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Especializada en Combate al Secuestro, a efecto de que el policía de investigación Rigoberto de la Cruz Nava, recabe la entrevista del quejoso, así como su ejecución. Ahora bien, es oportuno señalar que la naturaleza de dicha orden, emitida dentro de una carpeta de investigación, no se puede considerar como un acto que restrinja la libertad personal, pues ese no es su objeto, sino lograr la cooperación de la quejosa en la investigación de un delito. Lo anterior, en virtud de que el Ministerio Público, en ejercicio de su actividad de investigación, conforme a lo previsto por los artículos 90, 91, 131 fracción VII y 251, fracción X, del Código Nacional de Procedimientos Penales, está en posibilidades de ordenar la entrevista y citación de cualquier persona a efecto de entrevistarla, con las excepción que los mismos preceptos establecen. Así mismo, en este punto debe destacarse que una vez terminada la diligencia, podrá reincorporarse a sus actividades cotidianas, ya que ésta no es sino una actuación más para integrar el material probatorio del cual el representante social se debe allegar para poder judicializar su carpeta de investigación, misma que de no lograrse, no constituye un impedimento para que, en su caso, la representación social ejerza la acción penal de estimar actualizados los presupuestos para tal efecto. En ese sentido, la orden de entrevista en una diligencia en una carpeta de investigación, por sí misma, -se considera- no afecta a la libertad personal del citado, pues se trata de un acto que tiene como finalidad, simplemente. Al respecto, resultan ilustrativas las consideraciones del Pleno en Materia Penal del Sexto Circuito, dentro de la contradicción de tesis 1/2018, el cual, esencialmente sostuvo que el juicio de amparo indirecto no era procedente contra una citación emitida por el agente del Ministerio Público en una averiguación previa seguida en el sistema penal mixto o tradicional, cuando en dicho citatorio no se contenía apercibimiento en el supuesto de que el gobernado no asistiera a la cita. Ello, porque -señaló- contra las diligencias llevadas a cabo por el Ministerio Público tendentes a la integración de una averiguación previa, por regla general, el amparo era improcedente; y si bien esa regla admitía excepciones, -precisó- ello sería cuando se afectaren -o existiera la posibilidad de que se afectaren- derechos sustantivos de los gobernados. A mayor abundamiento, este juzgado considera que no es obstáculo para concluir lo anterior, que el agente del ministerio público pueda incluir en la decisión del gobernado, a través de un apercibimiento en el sentido de hacer efectiva alguna de las medidas de apremio previstas en el artículo 104, fracción I, del Código Nacional de Procedimientos Penales, en caso de no asistir. Ciertamente, -en su momento- la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la solicitud de modificación de jurisprudencia número 4/2011 el diez de agosto de dos mil once, determinó que la comparecencia ante el agente del ministerio público lograda por medio de una orden de localización, búsqueda y presentación, si bien no tenía como propósito lograr su detención, dados sus efectos restrictivos del espacio al cual habría de sujetarse el buscado, limitaba temporalmente su derecho a la libertad. Lo último, según explicó, porque una vez cumplida, ésta finalizaría al momento en el que el Agente del Ministerio Público desahogara la diligencia que motivó su presencia y es, hasta ese momento y de no existir causa legal que lo impidiera, que el presentado podía retirarse del lugar para regresar a sus actividades cotidianas y, por ende, -concluyó- que era evidente que sí afectaba la libertad deambulatoria de la persona involucrada. Sin embargo, debe decirse que recientemente la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha cambiado su postura sobre la procedencia del juicio de amparo indirecto respecto de actos de que solo tengan el efecto de citar a una persona para el desahogo de una diligencia. Ciertamente, al resolver la contradicción de tesis 141/2018, resolvió que la cita a la audiencia inicial para formulación de la imputación (en el nuevo sistema de justicia penal), no afectaba la libertad de la persona citada, pues -sustentó- que constituía un acto mediante el cual el juez le comunicaba que requería su presencia para llevar a cabo una diligencia judicial en la que el Ministerio Público formalizará la investigación en su contra y le comunicará la imputación respectiva. De forma que, -precisó- la orden de aprehensión con la que apercibía al investigado en la hipótesis de no comparecer, no era inminente, pues dependía de hechos futuros e inciertos, como son su inasistencia, su falta injustificada y en la eventual solicitud del fiscal para que el juez ordenara su captura. Lo anterior, orilló a que dicha sala del Máximo Tribunal del País abandonara el criterio plasmado en la jurisprudencia 1a./J. 93/2013 (10a.), en donde se estableció, en su momento, que el juicio de amparo indirecto era procedente contra el auto que ordenaba la citación del investigado a la audiencia de formulación de la imputación, por estimar que el apercibimiento de orden de aprehensión que contenía, transgredía el derecho sustantivo a la libertad deambulatoria, porque colocaba al individuo en una situación ineludible de obediencia ante un mandato judicial, perturbándolo en su esfera jurídica de manera inminente por el hecho de no acudir. Por tanto, el nuevo criterio sustentado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el sostenido por el Pleno en Materia Penal de este circuito, permiten concluir que la cita a una diligencia de carácter ministerial emitida por la representación social dentro de una carpeta de investigación, incluso con apercibimiento de imposición de alguna medida de apremio conforme al Código Nacional, no afecta a la libertad personal del quejoso ni su deambulatoria. Lo anterior, porque, en todo caso, la posibilidad de hacer efectivo un apercibimiento estaría sujeta a tres condiciones futuras de realización incierta. La primera, la inasistencia del citado; la segunda, que no existiera justificación de tal inasistencia; y, la tercera, que, ante la concurrencia de estas dos condiciones, el Ministerio Público emitiera la determinación respectiva. En consecuencia, resulta evidente que la orden de entrevistar a la parte quejosa, por sí misma, no le causa un agravio personal y directo a sus derechos fundamentales, por lo que se actualiza la causal de improcedencia analizada, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, se sobresee este sumario constitucional por cuanto a dichos actos reclamados. En el mismo sentido, este juzgador considera que se actualiza idéntica causa de improcedencia, respecto del acto consistente en la citación a audiencia inicial; pues, como se precisó en líneas que anteceden, al resolver la contradicción de tesis 141/2018, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, resolvió que la cita a la audiencia inicial para formulación de la imputación (en el nuevo sistema de justicia penal), no afectaba la libertad de la persona citada, pues -sustentó- que constituía un acto mediante el cual el juez le comunicaba que requería su presencia para llevar a cabo una diligencia judicial en la que el Ministerio Público formalizará la investigación en su contra y le comunicará la imputación respectiva. De ahí que, al no causarle un agravio personal y directo a sus derechos fundamentales, se actualiza la causal de improcedencia que resulta de relacionar el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en con su numeral 1°, fracción I, y con el precepto 107, fracción I, Constitucional, por lo que, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, se sobresee en el juicio también respecto de la citación a audiencia inicial. VIII ESTUDIO DE FONDO Son ineficaces los conceptos de violación hechos valer, respecto de los actos reclamados a las autoridades responsables Agencia del Ministerio Público Región Sur, Especializado en la Desaparición de Personas y el Agente del Ministerio Público de Apizaco, Tlaxcala, Especializado en delitos dolosos, consistentes en las órdenes de aprehensión, reaprehensión, detención, búsqueda y presentación. En efecto, en principio de debe apuntar que, conforme al artículo 117 de la Ley de Amparo, la falta de informe de las autoridades responsables establece la presunción de ser cierto el acto reclamado, salvo prueba en contrario; quedando a cargo del quejoso la prueba de los hechos que determinan su inconstitucionalidad. Esto es, si la autoridad responsable no rinde informe, el quejoso debe probar que los actos reclamados son anticonstitucionales, cuando no sean violatorios de garantías en sí mismos; por lo que la carga para demostrar la inconstitucionalidad de los actos reclamados consistentes en las órdenes de aprehensión, reaprehensión, detención y presentación queda a cargo del presunto agraviado. Por tanto, si una orden de esa naturaleza es la reclamada en amparo, es indudable que el quejoso debió demostrar la inconstitucionalidad que atribuye a los actos de la autoridad responsable, y si no lo hace así, debe negársele el amparo. Esto es, a pesar de que se haya tenido por presuntivamente cierto el acto reclamado a las autoridades responsables Agencia del Ministerio Público Región Sur, Especializado en la Desaparición de Personas y el Agente del Ministerio Público de Apizaco, Tlaxcala, Especializado en delitos dolosos; no se analizará el fondo del asunto planteado. Es así, porque la parte quejosa no exhibió las constancias relativas a fin de acreditar que el acto reclamado es inconstitucional, lo cual constituye una carga de su parte conforme lo establece el cuarto párrafo del artículo 117 de la Ley de Amparo, puesto que dicho acto no es en sí mismo violatorio de los derechos humanos a que se refiere el artículo 1° de esta ley, toda vez que, conforme al artículo 16, párrafo sexto, de la Carta Magna, el Ministerio Público tiene la facultad constitucional de emitir órdenes de detención; de ahí, que la ilegalidad en cada caso depende de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado, y al no contar con las constancias antes mencionadas, es patente que quien resuelve se encuentra imposibilitada para analizar tal determinación. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis XXI.1o.30 K6 sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito, de contenido siguiente: "ORDEN DE APREHENSION, CORRESPONDE AL QUEJOSO DEMOSTRAR LA INCONSTITUCIONALIDAD DE LA. En atención a que la orden de aprehensión no es un acto violatorio de garantías en sí mismo, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad depende de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado la responsable para emitirla, cuando ésta no envía con su informe copia certificada de dicha resolución, corresponde al quejoso, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo exhibirla, así como de las demás constancias en que aquélla se hubiese apoyado; por lo que, si no lo hizo, sino que únicamente se aportó copia simple de la orden de captura, misma que carece de valor probatorio por no estar certificada por funcionario facultado legalmente para hacer su cotejo y autorizar su autenticidad, es claro que el juez de Distrito no está en condiciones de resolver sobre su legalidad y la sentencia que pronuncie negando el amparo, está apegada a derecho.". Cabe señalar que, en el caso, no se actualiza el supuesto que establece el artículo 75 tercer párrafo de la Ley de Amparo, el cual obliga a recabar oficiosamente las pruebas que, habiendo sido rendidas ante la autoridad responsable, no obren en autos y se estimen necesarias para la resolución del asunto, puesto que tal hipótesis no se actualiza cuando existe omisión en el rendimiento del informe justificado, ya que el artículo 117 del citado ordenamiento legal, establece la carga de la prueba por parte de la quejosa, cuando las autoridades responsables son omisas en rendir informe justificado. A mayor abundamiento cabe señalar, que la obligación de la parte quejosa de allegar las pruebas en que se funda la inconstitucionalidad de los actos que reclama, deriva precisamente de que la autoridad que emitió los actos reclamados, sean omisas en rendir informe justificado; es decir, no se impone al promovente del amparo la carga de la prueba, si el acto reclamado es violatorio de derechos constitucionales en sí mismo, si no cuando su constitucionalidad depende del análisis de las pruebas en que se haya basado la responsable para emitir el acto que se combate, evento éste en el cual resulta incuestionable que la carga de la prueba corresponda a la parte quejosa. Tiene aplicación, por analogía y dado que no contraviene las disposiciones de la Ley de Amparo en vigor, la jurisprudencia P./J. 17/977 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de epígrafe y texto siguientes: "PRUEBAS Y ACTUACIONES PROCESALES. EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE ALLEGÁRSELAS CUANDO LAS ESTIME NECESARIAS PARA RESOLVER EL ASUNTO. De conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 78 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito deberá recabar oficiosamente pruebas que, habiendo sido rendidas ante la responsable, no obren en autos y estime necesarias para la resolución del asunto. De acuerdo con esta regla y atendiendo a la necesidad de encontrar la verdad material sobre la formal que tuvo en cuenta el legislador, debe estimarse que la reforma que sustituyó la palabra "podrá" por "deberá", se encaminó a atenuar el principio general contenido en el tercer párrafo del artículo 149 del citado ordenamiento, pues por virtud de la misma ya no corresponde exclusivamente a las partes aportar las pruebas tendientes a justificar las pretensiones deducidas en los juicios de garantías, sino también al Juez de Distrito para allegar de oficio todos los elementos de convicción que habiendo estado a disposición de la responsable, estime necesarios para la resolución del amparo, circunstancia de necesidad que no debe quedar al libre arbitrio del Juez, sino que debe calificarse tomando en cuenta la estrecha vinculación que la prueba o la actuación procesal tienen con el acto reclamado, de tal modo que de no tenerse a la vista aquéllas sería imposible resolver conforme a derecho sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto. Asimismo, no puede estimarse que la obligación a que se refiere el artículo 78 de la Ley de Amparo, pugne con lo dispuesto por el numeral 149, pues la aplicación de aquel precepto se actualiza cuando la autoridad reconoce en su informe la existencia del acto sosteniendo únicamente su legalidad, que es una situación diversa a la presunción de certeza que opera por la falta de informe, en cuyo caso corresponde al quejoso la carga de la prueba cuando el acto reclamado no sea violatorio de garantías en sí mismo, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad dependa de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado el propio acto." Asimismo, ya que no se contrapone a las disposiciones de la Ley de Amparo en vigor, se cita la jurisprudencia VI.2o. J/84, del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, del tenor literal siguiente: "ACTO RECLAMADO. NO ES OBLIGACION DEL JUEZ DE DISTRITO RECABARLO DE OFICIO, CUANDO TANTO LA AUTORIDAD RESPONSABLE COMO EL QUEJOSO OMITEN EXHIBIRLO. Si bien es cierto que atento lo establecido en el artículo 78 de la Ley de Amparo (cuya reforma fue publicada el diez de enero de mil novecientos noventa y cuatro en el Diario Oficial de la Federación), el Juez de Distrito deberá recabar oficiosamente las pruebas que habiendo sido rendidas ante la responsable, no obren en autos y las estime necesarias para la resolución del asunto, sin embargo, esta obligación opera cuando el Juez constitucional, previo el examen del acto reclamado, advierte que determinada constancia o constancias sirvieron de fundamento a la responsable para emitir dicho acto, o bien, cuando en el juicio de donde el mismo emana, obran pruebas que resultan indispensables para fallar el juicio de amparo; pero no ocurre así, cuando el Juez responsable y el quejoso omiten exhibir el auto combatido, es decir, no se trata de pruebas, sino del propio acto reclamado. Asumir un criterio contrario, equivaldría a ignorar lo expresamente establecido en el párrafo tercero del artículo 149 de la Ley de Amparo, esto es, que ante la falta del informe justificado de la autoridad responsable, cuando el acto reclamado no es inconstitucional en sí mismo, corresponde al quejoso la carga procesal de demostrar su inconstitucionalidad, aportando por lo menos, el auto que reclama.". En esas condiciones, por lo que hace a los actos reclamados a las autoridades responsables Agencia del Ministerio Público Región Sur, Especializado en la Desaparición de Personas y el Agente del Ministerio Público de Apizaco, Tlaxcala, Especializado en delitos dolosos, consistentes en las órdenes de aprehensión, reaprehensión, detención, búsqueda y presentación, procede negar el amparo y protección de la justicia federal que solicitó la quejosa Tania Quiriz Badillo. Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 76, 124 y 217, de la Ley de Amparo, se: RESUELVE PRIMERO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por Tania Quiriz Badillo, en respecto de las autoridades y por los términos preciados en los considerandos V y VI, de esta sentencia. SEGUNDO. La JUSTICIA DE LA UNIÓN NO AMPARA NI PROTEGE a Tania Quiriz Badillo, contra de los actos reclamados precisados en el considerando IV, consistentes en las órdenes de aprehensión, reaprehensión, detención, búsqueda y presentación, en términos del considerando VII de esta resolución.

  3. Incidental

    ÚNICO. Se concede la suspensión definitiva ...

  4. Incidental

    En Apizaco, Tlaxcala, ocho de octubre de dos mil veinte. Informe previo. Agréguese el oficio signado por el Oficial de Policía de Investigación del Estado Encargado de Grupo de la Procuraduría General d e Justicia del Estado de Tlaxcala; atento a su contenido, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley de Amparo, se tiene por rendido su respectivo informe previo, mismo que será tomado en cuenta al resolver sobre la suspensión definitiva dentro del presente incidente. Asimismo, téngasele remitiendo a la autoridad responsable las documentales que anexa a su informe, mismas que serán relacionadas en la audiencia incidental, en términos del artículo 144 de la Ley de Amparo. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, ante Librado Antonio Gómez Morales, Secretario de este Juzgado, quien autoriza y da fe.

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