Tania Paz Gomez
Expediente 441/2020 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula. 3 actuaciones registradas, la última del 20 de enero de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 441/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 20/01/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula · Chiapas
Partes del expediente
- Tania Paz Gomez
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación que antecede, se advierte que debido a los contagios generados por el virus denominado COVID-19, mediante Circular AP/3/2020, de veinte de diciembre de dos mil veinte, la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal informó que en sesión de la misma fecha acordó regresar al esquema de contingencia previsto en el artículo 1, fracciones I, II, III y IV, del Acuerdo General 13/2020 el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus Covid-19, a partir del veintiuno de diciembre de dos mil veinte y hasta el once de enero de dos mil veintiuno, periodo durante el cual, con las salvedades previstas en el citado esquema, se suspendieron los plazos y términos procesales. Asimismo, que de conformidad con la Circular SECNO/1/2021, de ocho de enero de dos mil veintiuno, emitida por la Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos, la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal determinó que a partir del doce de enero de dos mil veintiuno, el ordenamiento aplicable para la operación de este órgano jurisdiccional y demás que integran el Vigésimo Circuito es el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, cuya vigencia fue ampliada por los diversos Acuerdos Generales 25/2020 y 37/2020, que regía hasta antes de la suspensión. En tales condiciones, con fundamento en la fracción I del artículo 2 del Acuerdo General citado en el párrafo que antecede, se levanta la suspensión de los plazos y términos procesales decretada en el presente asunto y se reanuda el procedimiento en el presente asunto, con la precisión de que dicha determinación implica su reanudación en el punto en que quedaron pausados y no su reinicio. TRÁMITE Vista la certificación secretarial que antecede, así como el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido el plazo que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiese interpuesto recurso de queja contra el proveído de nueve de diciembre de dos mil veinte. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 355 y 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su ordinal 2o, se declara que ha causado estado dicha resolución; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado, y con base en lo establecido por el numeral 214 de la ley en la materia, se ordena el archivo de este asunto como totalmente concluido, en virtud de no existe actuación pendiente por realizar. Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación, se ordena: 1. Transferir el expediente principal una vez transcurrido tres años a partir de esta fecha, a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación, tal y como lo dispone el capítulo décimo del mencionado Acuerdo General. 2. Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso d), del citado Acuerdo General, al ser un juicio en el que se desechó la demanda de amparo, no existen documentos originales exhibidos por las partes y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expedientillo destruido, tal como lo dispone el penúltimo párrafo del citado numeral.
- Principal
Tapachula de Córdova y Ordoñez, Chiapas; dieciocho de diciembre de dos mil veinte. Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, se ordena agregar a los autos únicamente para que obre como corresponda el escrito de José Luis Pérez Jiménez, sin realizar mayor pronunciamiento en cuanto a su contenido, toda vez que en auto de nueve de diciembre del presente año, se desechó de plano la demanda instaurada; no obstante lo anterior, el promovente de cuenta, no es parte en el presente juicio, y tampoco tiene personalidad reconocida en el mismo. Notifíquese.
- Principal
(AVISO DE NOTIFICACIÓN)Tapachula de Córdova y Ordoñez, Chiapas; nueve de diciembre de dos mil veinte. Se tiene por recibida la demanda de amparo promovida por Tania Paz Gómez, en su carácter de Fiscal del Ministerio Público Investigador adscrita a la Mesa de Rezago de la Fiscalía de Distrito Fronterizo Costa, en esta ciudad, contra actos del Fiscal de Distrito Fronterizo Costa, con residencia en esta ciudad y otras autoridades. ANOTACIONES Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el Libro de Gobierno de este juzgado y registrar bajo el número de juicio de amparo 441/2020. DESECHAMIENTO En el caso, se advierte un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo1 , por lo que procede desechar de plano la presente demanda de que se trata, en atención a lo siguiente: El citado precepto autoriza al suscrito Juez a desechar de plano una demanda de amparo, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación con ello, un motivo de improcedencia manifiesta e indudable es aquel que no requiere mayor demostración, pues se advierte de una forma patente y absolutamente calara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a los mismos. Incluso, se tiene la certeza y plena convicción de que el motivo de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto, de tal manera que aún en la hipótesis de admitirse la demanda de amparo, y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a otra conclusión, con independencia de los elementos que las partes pudieran allegar. A lo anterior, resulta aplicable en lo conducente y sustancial, la jurisprudencia 128/2001, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA" PARA EL EFECTO DEL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Ministro instructor podrá desechar de plano la demanda de controversia constitucional si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En este contexto, por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda, de los escritos aclaratorios o de ampliación, en su caso, y de los documentos que se anexen a tales promociones; mientras que lo "indudable" resulta de que se tenga la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento, no sería factible obtener una convicción diversa."2 En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio; situación que en el presente juicio acontece, como enseguida se precisa. En el presente caso, se estima que se actualiza de manera notoria y manifiesta la hipótesis de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación el diverso 1° y 5°, fracción, II, todos de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.)." "Artículo 5°. Son partes en el juicio de amparo: (...) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general." De los preceptos antes transcritos, se advierte, por una parte, que el juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite, por leyes o actos de -autoridad- que violen derechos fundamentales de las personas y, por otra, que debe considerarse autoridad responsable aquella que dicta, promulga, publica, ordena, ejecuta o trata de ejecutar la ley o acto reclamado. De igual modo, que los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de la segunda fracción del mencionado artículo 5° de la ley de la materia y, cuyas funciones estén determinadas por una norma general. En consecuencia, el acto de la autoridad constituye un requisito indispensable para la procedencia del juicio constitucional, pues así lo dispone el artículo 1º de la Ley de Amparo, que establece la procedencia del juicio de amparo contra leyes o actos de autoridad. Sobre el tema de las autoridades responsables para efectos del Juicio de Amparo, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha sostenido que por autoridad responsable, debe considerarse a aquellos entes que, con fundamento en una norma legal emiten actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de las personas, sin necesidad de acudir a los órganos judiciales ni tomar en consideración el consenso de la voluntad del afectado; por lo cual, debe analizarse en cada caso, si la autoridad señalada como responsable tiene la facultad para tomar decisiones o emitir resoluciones que afecten la esfera jurídica del quejoso. Sustenta lo anterior, la tesis del Pleno de nuestro Máximo Tribunal, de rubro y texto: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PÚBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURÍDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO. Este Tribunal Pleno considera que debe interrumpirse el criterio que con el número 300 aparece publicado en la página 519 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Segunda Parte, que es del tenor siguiente: "AUTORIDADES PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. El término 'autoridades' para los efectos del amparo, comprende a todas aquellas personas que disponen de la fuerza pública en virtud de circunstancias, ya legales, ya de hecho, y que, por lo mismo, estén en posibilidad material de obrar como individuos que ejerzan actos públicos, por el hecho de ser pública la fuerza de que disponen.", cuyo primer precedente data de 1919, dado que la realidad en que se aplica ha sufrido cambios, lo que obliga a esta Suprema Corte de Justicia, máximo intérprete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a modificar sus criterios ajustándolos al momento actual. En efecto, las atribuciones del Estado Mexicano se han incrementado con el curso del tiempo, y de un Estado de derecho pasamos a un Estado social de derecho con una creciente intervención de los entes públicos en diversas actividades, lo que ha motivado cambios constitucionales que dan paso a la llamada rectoría del Estado en materia económica, que a su vez modificó la estructura estadual, y gestó la llamada administración paraestatal formada por los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal, que indudablemente escapan al concepto tradicional de autoridad establecido en el criterio ya citado. Por ello, la aplicación generalizada de éste en la actualidad conduce a la indefensión de los gobernados, pues estos organismos en su actuación, con independencia de la disposición directa que llegaren a tener o no de la fuerza pública, con fundamento en una norma legal pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. Esto es, ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que por ende constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable y que por tanto se traducen en verdaderos actos de autoridad al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Por ello, este Tribunal Pleno considera que el criterio supracitado no puede ser aplicado actualmente en forma indiscriminada sino que debe atenderse a las particularidades de la especie o del acto mismo; por ello, el juzgador de amparo, a fin de establecer si a quien se atribuye el acto es autoridad para efectos del juicio de amparo, debe atender a la norma legal y examinar si lo faculta o no para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, y que deben exigirse mediante el uso de la fuerza pública o bien a través de otras autoridades."3 Por su parte, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estableció que las notas distintivas de las autoridades responsables son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales crea, modifique o extinga por sí o ante sí situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular, y; d) Que para emitir dichos actos no requiera de acudir a los órganos judiciales, ni precise del consenso de la voluntad del afectado. Lo antes señalado se encuentra plasmado en la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos datos de localización, rubro y contenido dicen: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado."4 Ahora bien, la parte quejosa señala como actos reclamados, la emisión del oficio número FDFC/1801/2020, de doce de noviembre del año en curso, suscrito por el Fiscal de Distrito Fronterizo Costa, con residencia en esta ciudad, en el que en su punto número dos, manifiesta: "En cuanto al tema del proceso de entregarecepción, realizada mediante acta administrativa, la misma se concluyó a las 20:15 horas del día 26 de septiembre de 2020, es de resaltarse que el servidor público entrante contó con un plazo de 15 días hábiles para verificar el contenido del acta y en su caso solicitar a la servidor saliente las aclaraciones e información adicional que le fuera solicitada." De lo anterior, se aprecia que las autoridades que señala como responsables, le reclama cuestiones derivadas de su relación que tiene con las mismas en su carácter de patrón y la quejosa como trabajadora; por tanto, no les reviste el carácter de autoridad responsable para efectos del juicio de amparo, que la parte quejosa pretende instar. Lo que nos lleva a concluir que, los actos que reclama la parte quejosa no constituyen actos de autoridad, sino actos derivados del resultado de la relación administrativa (laboral) que tiene con la Fiscalía General del Estado; es decir, no corresponde a una relación de supra a subordinación como las que suscitan entre un ente público dotado de imperio o investidura pública y un particular, sino en plano de carácter laboral. Así pues, cualquier decisión que tome Fiscalía General del Estado de Chiapas, en su carácter de patrón, por sí, o por medio de los organismos que la componen legalmente, como lo son el Fiscal de Distrito Fronterizo Costa, con residencia en esta ciudad, con motivo del desempeño de las labores de la parte quejosa, no constituyen actos de autoridad, sino hechos derivados de la relación administrativa (laboral); motivo por el cual, los conflictos que se susciten entre el trabajador [sea de base o de confianza] y el patrón, deben ser ventilados ante la autoridad competente y no ante este órgano de control constitucional. Orienta lo anterior la I.15o.T.4 L, con número de registro 180693, sustentada por los Tribunales Colegiados de Circuito, visible en la página 1741, Tomo XX, Septiembre de 2004, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto son los siguientes: "COMPETENCIA PARA CONOCER DE CONFLICTOS SOBRE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE AGENTES DEL MINISTERIO PÚBLICO DEL DISTRITO FEDERAL. CORRESPONDE AL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. El artículo 123, apartado B, fracción XII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje es el competente para conocer de los conflictos individuales, colectivos o intersindicales entre el Estado y sus trabajadores. Sin embargo, el mismo precepto constitucional, en su fracción XIII, primer párrafo, dispone: "Los militares, marinos, personal del servicio exterior, agentes del Ministerio Público y los miembros de las instituciones policiales, se regirán por sus propias leyes.". Así, al excluir este último dispositivo del régimen laboral, entre otros, a los agentes del Ministerio Público, dichos servidores quedan vinculados al Estado mediante una relación de naturaleza administrativa, razón por la que el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje carece de competencia legal para conocer de la demanda presentada por un agente del Ministerio Público del Distrito Federal con motivo de la prestación de sus servicios, pues aquélla recae en el órgano jurisdiccional de la materia, como lo es el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, al tratarse de un conflicto administrativo correspondiente al ámbito local." En efecto, entre la parte quejosa y las entidades dependientes de la Fiscalía General del Estado de Chiapas, señaladas como responsables, cuyas diferencias cuestionadas aquí reclamadas están sujetas a la jurisdicción de las instituciones laborales acorde al contenido del artículo 123 de la Constitución Federal, motivo por el que al emanar los actos reclamados de una dependencia del Estado y órganos derivados de ésta, actuando como patrón, es evidente que la parte quejosa tiene a salvo sus derechos para hacerlos valer ante los órganos jurisdiccionales correspondientes, lo cual no puede ser objeto de examen constitucional, ni materia de un juicio de amparo, dado que, como ya se abordó, es una relación trabajador-patrón que debe conocerse, tramitarse y resolverse en una vía distinta a la constitucional. Lo anterior es así, pues no se advierte que las autoridades responsables en cita actúan con el carácter de autoridad para los efectos del juicio de amparo, porque no ejercen un poder jurídico que afecte por sí o ante sí y de manera unilateral la esfera jurídica de la parte quejosa, pues dichos actos son de índole administrativo-laboral (patrón-trabajador). Bajo las anteriores premisas, resulta inconcuso que los actos aquí reclamados no pueden ser objeto de estudio en el amparo, en virtud de que como ya se dijo, el juicio de amparo tiene, entre otros propósitos, resolver las controversias que se susciten por actos de autoridad, que violen derechos humanos de los gobernados, sin que pueda considerarse actos de autoridad de los que se duele la parte quejosa, pues las autoridades señaladas como responsables no actúan con imperio sino como patrón, es decir, es de índole laboral. Por lo anterior, es de concluir que los actos que reclama la parte quejosa, no constituyen, de acuerdo a su naturaleza, actos de autoridad, pues las señaladas como responsables no obran con el imperio de su soberanía, característica de los actos de autoridad, sino como patrón. Tiene aplicación al respecto, la tesis de rubro y texto: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NO LO SON LOS FUNCIONARIOS DE UNA UNIVERSIDAD CUANDO EL ACTO QUE SE LES ATRIBUYE DERIVA DE UNA RELACIÓN LABORAL. Los funcionarios de los organismos públicos descentralizados, en su actuación, con independencia de la disposición directa que llegaren a tener o no de la fuerza pública, con fundamento en una norma legal, pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen por sí o ante sí situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados; esto es, ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que por ende constituyen una potestad administrativa cuyo ejercicio es irrenunciable y que por tanto se traducen en verdaderos actos de autoridad al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad, por ello, el juzgador de amparo, a fin de establecer si a quien se atribuye el acto es autoridad para efectos del juicio de garantías, debe atender a la norma legal y examinar si lo faculta o no para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, y que deben exigirse mediante el uso de la fuerza pública o bien a través de otras autoridades. Así, las universidades, como organismos descentralizados, son entes públicos que forman parte de la administración pública y por ende del Estado, y si bien presentan una autonomía especial, que implica autonormación y autogobierno, tal circunstancia tiende a la necesidad de lograr mayor eficacia en la prestación del servicio que les está atribuido y que se fundamenta en la libertad de enseñanza, pero no implica de manera alguna su disgregación de la estructura estatal, ya que se ejerce en un marco de principios y reglas predeterminadas por el propio Estado, y restringida a sus fines, por lo que no se constituye como un obstáculo que impida el ejercicio de las potestades constitucionales y legales de éste para asegurar el regular y eficaz funcionamiento del servicio de enseñanza. Por ello, para analizar si los funcionarios de dichos entes, con fundamento en una ley de origen público ejercen o no un poder jurídico que afecte por sí o ante sí y de manera unilateral la esfera jurídica de los particulares, con independencia de que puedan o no hacer uso de la fuerza pública, debe atenderse al caso concreto. En el que se examina, ha de considerarse que la universidad señalada por el quejoso como responsable, al negar el otorgamiento y disfrute del año sabático a uno de sus empleados académicos, actuó con el carácter de patrón en el ámbito del derecho laboral que rige las relaciones de esa institución con su personal académico, dentro del marco constitucional previsto en la fracción VII del artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y por ello en este caso no resulta ser autoridad para efectos del juicio de amparo, lo que desde luego no implica que en otros supuestos, atendiendo a la naturaleza de los actos emitidos, sí pueda tener tal carácter."5 En esa tesitura, como en el caso no se trata de una relación de supra a subordinación, entre los entes señalados como autoridades responsables y la parte quejosa, sino de coordinación, en la que dichas partes están en un plano de igualdad. Por tanto, se insiste, resulta evidente que en la especie, a dichas dependencias no les reviste el carácter de autoridad responsable para los efectos del juicio de amparo, pues, en el caso, éstas no se encuentran investidas con facultades o poderes de decisión o ejecución para crear, modificar o extinguir situaciones generales o concretas de manera imperativa, y por ello, no pueden hacer cumplir sus determinaciones en forma coercitiva, sino que actúan como parte patronal de la parte quejosa, tal como lo afirma la impetrante de amparo y que se encuentra corroborado con las documentales que acompaña a su demanda, a las que se les concede valor probatorio, de acuerdo con los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa del artículo 2°, de la Ley de Amparo. En esas condiciones, con fundamento con lo dispuesto por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1° y 5°, de la Ley de Amparo, y con base en lo establecido por el artículo 113, ya invocado, se desecha la demanda de amparo por su notoria improcedencia. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que al efecto indica en esta ciudad, y como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Eloy Lara Hernández, toda vez que su cédula profesional se encuentra registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Órganos Jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, y en términos restringidos a que alude el citado numeral, a las diversas que personas que cita, en virtud de que no tienen cédula profesional registrada. DEVOLUCIÓN DOCUMENTOS. Con fundamento en el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2 de la Ley de Amparo, hágase la devolución del documento a que hace alusión, previa identificación y razón de recibo que se deje en autos, haciendo de su conocimiento que para tal efecto, deberá acudir a este Juzgado dentro del horario comprendido entre las diez y trece horas. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA EL ACTUARIO. Por otra parte, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución General de la República; además, de que el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo impone el cuidar de que los juicios de amparo no queden paralizados, para el caso de que en el presente juicio de amparo deban de realizarse notificaciones personales a cualesquiera de las partes que intervienen en el mismo, se habilitan los días y horas inhábiles que resulten necesarios para que el funcionario judicial de la adscripción pueda efectuar las mismas. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN Con fundamento en los artículos 1, 6, 8, 9, 16, 113, fracción I y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el numeral 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, referente a los criterios de clasificación y conservación de la información reservada o confidencial para garantizar el respeto a la privacidad; hágase saber a las partes la facultad que les asiste para oponerse a la publicación de sus nombres y datos personales en la sentencia respectiva, en el entendido que de no realizar manifestación alguna serán omitidos y solamente en caso de consentimiento expreso serán publicados. Por otra parte, hágase del conocimiento de la parte quejosa que la demanda de amparo digitalizada y demás proveídos relativos al expediente electrónico que al efecto se forme, se encontrarán disponibles para su consulta en el expediente electrónico de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, en la página de internet htlp://consultaexpedienteelectronico.cjf.gob.mx o para las autoridades responsables en el sistema informático de ingreso mediante la Firma Electrónica de Seguimiento de Expedientes (FESE) cuya liga es htlp://www.dgepj.cjf.gob.mx. respectivamente. En ese sentido y, para otorgar la autorización, así como el acceso a la parte quejosa al sistema de consulta aducido en primer término, deberá solicitarlo por escrito señalando el nombre de usuario y por única ocasión en el expediente principal; lo anterior con fundamento en el artículo 22 del Acuerdo General 1/2014 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese personalmente al promovente
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