Tania Nayely Román Torres

Expediente 168/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 3 actuaciones registradas, la última del 6 de marzo de 2019.

Datos del expediente

Expediente
168/2019
Año
2019
Actuaciones
3
Última actuación
06/03/2019

Partes del expediente

  • Tania Nayely Román Torres

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el cómputo que antecede realizado por el secretario, así como el estado que guardan los autos, de los que se desprende que ha transcurrido el plazo que señala el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiese interpuesto recurso de queja en contra del auto de dieciocho de febrero de dos mil diecinueve, en el que se desechó la demanda de amparo. Atento a lo anterior, con apoyo en dicho precepto legal invocado en el párrafo que antecede, se declara firme el mencionado proveído, para todos los efectos legales consiguientes. Hágase las anotaciones en el libro de gobierno. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente expediente como asunto concluido. De conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; este expediente es susceptible de destrucción, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en la fracción I, del punto Vigésimo Primero, Capítulo Quinto, de dicho acuerdo, pues se trata de un asunto en el que se desechó la demanda de amparo; además no tiene relevancia documental para su conservación. Como lo disponen los puntos Décimo, fracción I, Décimo Primero, segundo párrafo y Décimo Tercero, todos del Capítulo Tercero y Vigésimo Quinto, del Capítulo Quinto, del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en los libros de gobierno; y, una vez que transcurran tres años, deberá transferirse el expediente al Centro Archivístico Judicial.

  2. Principal

    3. Estudio previo. A efecto de proveer respecto de la admisión de la demanda, se debe considerar lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo. De la anterior disposición legal se advierte que el Juez de Distrito tiene la obligación de examinar la demanda de amparo. En caso de actualizarse un motivo manifiesto e indudable de improcedencia deberá desecharla de plano. El concepto motivo manifiesto e indudable de improcedencia, ha sido explicado en la jurisprudencia I.1º.A. J/4, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. La promovente demandó el amparo y protección de la justicia Federal en contra de las autoridades y acto siguiente: Autoridades responsables: Subcomisión Mixta de Bolsa de Trabajo en Chiapas, dependiente de la Subdelegación de Administración, Delegación Estatal Chiapas del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y Departamento de Recursos Humanos del Hospital General Belisario Domínguez, con residencia en esta ciudad. Actos Reclamados: a) El oficio SCMBT/08/2019 de once de enero de dos mil diecinueve, firmado por los Integrantes de la Subcomisión Mixta de Bolsa de Trabajo en Chiapas, en el que le notifican su rescisión de la relación laboral de personal como base que lo unía con el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, relación contractual en el puesto de auxiliar de enfermería "A"; b) El cumplimiento a la orden de suspender los pagos salariales, servicio médico y demás prestaciones. Por otra parte, en el capítulo de antecedentes la parte quejosa refiere que reclama las autoridades responsables, la rescisión de la relación laboral y como consecuencia la suspensión de sus labores, pagos de sus salarios vía nómina, como auxiliar de enfermería "A" del Hospital General Belisario Domínguez, en esta ciudad, lo que se le notificó por medio de oficio SCMBT/08/2019 de once de enero de dos mil diecinueve. Igualmente, conviene destacar que la quejosa en los hechos que constituyen los antecedentes de los actos reclamados, manifestó, bajo protesta de decir verdad, que ingresó a laborar a la fuente de trabajo denominada Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, siendo adscrita al Hospital General Belisario Domínguez, en esta ciudad, desde hace más de seis meses, y que hasta el uno de febrero del presente año se desempeña como enfermera. Lo anterior, permite advertir que en el presente asunto, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia previsto en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 5°, fracción II, de la Ley de Amparo, este último interpretado en sentido contrario, en virtud de que los actos reclamados no pueden considerarse emitidos por autoridad para efectos del juicio de amparo, por los razonamientos que a continuación se exponen. En términos del artículo 5° en cuestión, por autoridad para efectos del juicio de amparo se debe entender aquella que, con independencia de su naturaleza formal, dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Sobre el tema, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J.164/2011, estableció las notas distintivas que debe revestir todo acto de autoridad, a saber: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que la relación tenga su nacimiento en la norma legal que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio resulta irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de donde emana; c) Que emita actos unilaterales por virtud de los cuales cree, modifique o extinga, por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera jurídica del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales, ni requiera del consenso de la voluntad del afectado. En el contexto que precede, puede concluirse que no todos los actos emitidos por los entes de gobierno llevan implícita la naturaleza de actos de autoridad impugnables a través del juicio de amparo, pues en cada caso, se tiene que analizar su naturaleza para determinar si se está en una relación de supra a subordinación y si a través del acto que se le atribuye se crean, modifican o extinguen, por sí y ante sí, situaciones jurídicas que afecten los derechos de particulares. Para arribar a la anterior conclusión, primeramente es necesario precisar el término de autoridad, para los efectos del juicio de amparo. Al respecto, los artículos 103 y 107 constitucionales, no definen el término autoridad. Tampoco en la ley reglamentaria de los preceptos constitucionales invocados precedentemente se define el vocablo aludido; pues como ya se dijo, el artículo 5° de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales tampoco lo establece. Es decir, el legislador únicamente aludió a las formas en que la autoridad puede llevar a cabo actos objeto del juicio de amparo, pero no abordó las características que debe reunir ésta para ser considerada como tal para efectos de la procedencia de dicho juicio. Sin embargo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido que se trata de una autoridad para efectos del amparo la que emite actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de los gobernados, sin necesidad de acudir a los órganos jurisdiccionales ni del consenso de la voluntad del afectado. Esto es, autoridad es la que ejerce facultades decisorias que le están atribuidas en la ley y que por tanto, constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad, abandonando el criterio tradicional de disponibilidad de la fuerza pública como distintivo del concepto que se analiza. En efecto, la naturaleza, antecedentes y evolución del juicio de amparo apuntan a sostener que este es improcedente contra actos de particulares cuando sus actos no sean equivalente a los de autoridad, de lo que se sigue, haciendo una interpretación en sentido contrario, que para analizar la procedencia del juicio debe atenderse a que si el acto reclamado no es de particulares, el juicio será procedente. Lo anteriormente expuesto revela que, para estar en condiciones de determinar sobre la procedencia o improcedencia del juicio de garantías, debe atenderse a la clasificación que la teoría general del derecho hace respecto a las relaciones jurídicas de coordinación, supra a subordinación y supraordinación. Las primeras corresponden a las entabladas entre particulares y para dirimir sus controversias se crean en la legislación los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas, dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil y laboral. La nota distintiva de este tipo de relaciones es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas por la ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. En cambio, las relaciones de supra a subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados y se regulan por el derecho público que también establece los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado, entre éstos destaca el contencioso administrativo y los mecanismos de defensa de los derechos humanos. Este tipo de relaciones se caracterizan por la unilateralidad y, por ello, la Constitución establece una serie de garantías individuales como limitaciones al actuar de gobernante, ya que el órgano del Estado impone su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales. Mientras que las relaciones de supraordinación son las que se establecen entre los órganos del propio Estado. De ahí que para definir el concepto de autoridad responsable cabe analizar si la relación jurídica que se somete a la decisión de los órganos jurisdiccionales de amparo se ubica dentro de las denominadas de supra a subordinación, debe partirse del supuesto de que el promovente debe tener el carácter de gobernado, para lo cual resulta en la práctica más sencillo analizar, en primer lugar, si se trata de una relación de coordinación, la que por su propia naturaleza debe tener un procedimiento claramente establecido para ventilar cualquier controversia que se suscite, por ejemplo, como ya se indicó, un juicio civil, mercantil o laboral. De no contemplarse este procedimiento, y siendo el promovente un gobernado, debe concluirse de que se trata de una relación de supra a subordinación, existiendo entonces una autoridad responsable. En ese orden, toda vez que la parte quejosa refiere que los actos reclamados en esencia son la rescisión de la relación laboral y como consecuencia la suspensión de sus labores, pagos de sus salarios vía nómina, como auxiliar de enfermería "A" del Hospital General Belisario Domínguez, en esta ciudad, lo que se le notificó por medio de oficio SCMBT/08/2019 de once de enero de dos mil diecinueve. Luego, la actuación atribuida a las autoridades responsables, no reúne el carácter de un acto de autoridad, esto es, no se trata de una determinación tomada por los organismos, ante sí y por sí, sino simplemente se trata de un acto que deriva de una relación laboral que tienen con la quejosa y en ejercicio de las facultades de autonomía para determinar con sus subordinados; es decir, se trata de cuestiones laborales, por lo que no resultan ser autoridades para efectos del presente juicio de amparo. Tiene aplicación al caso la Jurisprudencia I.6o.T.J/28 (10a.), emitida por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito. Del criterio invocado se advierte que para que exista un acto de autoridad, susceptible de ser analizado en el juicio constitucional, necesariamente debe existir una relación de supraordinación que es donde una autoridad actúa como ente de derecho público sobre la esfera jurídica del gobernado utilizando el imperio que la Ley le concede, a fin de modificar, extinguir o restringir los derechos del gobernado; por tanto, como ya se adelantó en el presente caso, no se trata de controvertir una decisión o acto de autoridad, si no que pretenden esclarecerse o combatirse actos relativos a relaciones estrictamente laborales, las cuales deben ventilarse y resolverse en una instancia diversa. 3.1 Desechamiento. En tal virtud, al no encuadrarse el juicio propuesto dentro de los supuestos establecidos por el artículo 107 de la Ley de Amparo, el mismo resulta improcedente, al actualizarse de forma manifiesta e indudable, la hipótesis prevista en el citado artículo 61 fracción XXIII, en relación con los diversos 1° fracción I y 5°, fracción II, todos de la citada ley. En mérito de lo expuesto, con fundamento en los artículos antes invocados y en el diverso 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por...

  3. Principal

    NOTIFICACIÓN POR LISTA.-3. Estudio previo. A efecto de proveer respecto de la admisión de la demanda, se debe considerar lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo. De la anterior disposición legal se advierte que el Juez de Distrito tiene la obligación de examinar la demanda de amparo. En caso de actualizarse un motivo manifiesto e indudable de improcedencia deberá desecharla de plano. El concepto motivo manifiesto e indudable de improcedencia, ha sido explicado en la jurisprudencia I.1º.A. J/4, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. La promovente demandó el amparo y protección de la justicia Federal en contra de las autoridades y acto siguiente: Autoridades responsables: Subcomisión Mixta de Bolsa de Trabajo en Chiapas, dependiente de la Subdelegación de Administración, Delegación Estatal Chiapas del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y Departamento de Recursos Humanos del Hospital General Belisario Domínguez, con residencia en esta ciudad. Actos Reclamados: a) El oficio SCMBT/08/2019 de once de enero de dos mil diecinueve, firmado por los Integrantes de la Subcomisión Mixta de Bolsa de Trabajo en Chiapas, en el que le notifican su rescisión de la relación laboral de personal como base que lo unía con el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, relación contractual en el puesto de auxiliar de enfermería "A"; b) El cumplimiento a la orden de suspender los pagos salariales, servicio médico y demás prestaciones. Por otra parte, en el capítulo de antecedentes la parte quejosa refiere que reclama las autoridades responsables, la rescisión de la relación laboral y como consecuencia la suspensión de sus labores, pagos de sus salarios vía nómina, como auxiliar de enfermería "A" del Hospital General Belisario Domínguez, en esta ciudad, lo que se le notificó por medio de oficio SCMBT/08/2019 de once de enero de dos mil diecinueve. Igualmente, conviene destacar que la quejosa en los hechos que constituyen los antecedentes de los actos reclamados, manifestó, bajo protesta de decir verdad, que ingresó a laborar a la fuente de trabajo denominada Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, siendo adscrita al Hospital General Belisario Domínguez, en esta ciudad, desde hace más de seis meses, y que hasta el uno de febrero del presente año se desempeña como enfermera. Lo anterior, permite advertir que en el presente asunto, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia previsto en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 5°, fracción II, de la Ley de Amparo, este último interpretado en sentido contrario, en virtud de que los actos reclamados no pueden considerarse emitidos por autoridad para efectos del juicio de amparo, por los razonamientos que a continuación se exponen. En términos del artículo 5° en cuestión, por autoridad para efectos del juicio de amparo se debe entender aquella que, con independencia de su naturaleza formal, dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Sobre el tema, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J.164/2011, estableció las notas distintivas que debe revestir todo acto de autoridad, a saber: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que la relación tenga su nacimiento en la norma legal que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio resulta irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de donde emana; c) Que emita actos unilaterales por virtud de los cuales cree, modifique o extinga, por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera jurídica del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales, ni requiera del consenso de la voluntad del afectado. En el contexto que precede, puede concluirse que no todos los actos emitidos por los entes de gobierno llevan implícita la naturaleza de actos de autoridad impugnables a través del juicio de amparo, pues en cada caso, se tiene que analizar su naturaleza para determinar si se está en una relación de supra a subordinación y si a través del acto que se le atribuye se crean, modifican o extinguen, por sí y ante sí, situaciones jurídicas que afecten los derechos de particulares. Para arribar a la anterior conclusión, primeramente es necesario precisar el término de autoridad, para los efectos del juicio de amparo. Al respecto, los artículos 103 y 107 constitucionales, no definen el término autoridad. Tampoco en la ley reglamentaria de los preceptos constitucionales invocados precedentemente se define el vocablo aludido; pues como ya se dijo, el artículo 5° de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales tampoco lo establece. Es decir, el legislador únicamente aludió a las formas en que la autoridad puede llevar a cabo actos objeto del juicio de amparo, pero no abordó las características que debe reunir ésta para ser considerada como tal para efectos de la procedencia de dicho juicio. Sin embargo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido que se trata de una autoridad para efectos del amparo la que emite actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de los gobernados, sin necesidad de acudir a los órganos jurisdiccionales ni del consenso de la voluntad del afectado. Esto es, autoridad es la que ejerce facultades decisorias que le están atribuidas en la ley y que por tanto, constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad, abandonando el criterio tradicional de disponibilidad de la fuerza pública como distintivo del concepto que se analiza. En efecto, la naturaleza, antecedentes y evolución del juicio de amparo apuntan a sostener que este es improcedente contra actos de particulares cuando sus actos no sean equivalente a los de autoridad, de lo que se sigue, haciendo una interpretación en sentido contrario, que para analizar la procedencia del juicio debe atenderse a que si el acto reclamado no es de particulares, el juicio será procedente. Lo anteriormente expuesto revela que, para estar en condiciones de determinar sobre la procedencia o improcedencia del juicio de garantías, debe atenderse a la clasificación que la teoría general del derecho hace respecto a las relaciones jurídicas de coordinación, supra a subordinación y supraordinación. Las primeras corresponden a las entabladas entre particulares y para dirimir sus controversias se crean en la legislación los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas, dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil y laboral. La nota distintiva de este tipo de relaciones es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas por la ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. En cambio, las relaciones de supra a subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados y se regulan por el derecho público que también establece los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado, entre éstos destaca el contencioso administrativo y los mecanismos de defensa de los derechos humanos. Este tipo de relaciones se caracterizan por la unilateralidad y, por ello, la Constitución establece una serie de garantías individuales como limitaciones al actuar de gobernante, ya que el órgano del Estado impone su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales. Mientras que las relaciones de supraordinación son las que se establecen entre los órganos del propio Estado. De ahí que para definir el concepto de autoridad responsable cabe analizar si la relación jurídica que se somete a la decisión de los órganos jurisdiccionales de amparo se ubica dentro de las denominadas de supra a subordinación, debe partirse del supuesto de que el promovente debe tener el carácter de gobernado, para lo cual resulta en la práctica más sencillo analizar, en primer lugar, si se trata de una relación de coordinación, la que por su propia naturaleza debe tener un procedimiento claramente establecido para ventilar cualquier controversia que se suscite, por ejemplo, como ya se indicó, un juicio civil, mercantil o laboral. De no contemplarse este procedimiento, y siendo el promovente un gobernado, debe concluirse de que se trata de una relación de supra a subordinación, existiendo entonces una autoridad responsable. En ese orden, toda vez que la parte quejosa refiere que los actos reclamados en esencia son la rescisión de la relación laboral y como consecuencia la suspensión de sus labores, pagos de sus salarios vía nómina, como auxiliar de enfermería "A" del Hospital General Belisario Domínguez, en esta ciudad, lo que se le notificó por medio de oficio SCMBT/08/2019 de once de enero de dos mil diecinueve. Luego, la actuación atribuida a las autoridades responsables, no reúne el carácter de un acto de autoridad, esto es, no se trata de una determinación tomada por los organismos, ante sí y por sí, sino simplemente se trata de un acto que deriva de una relación laboral que tienen con la quejosa y en ejercicio de las facultades de autonomía para determinar con sus subordinados; es decir, se trata de cuestiones laborales, por lo que no resultan ser autoridades para efectos del presente juicio de amparo. Tiene aplicación al caso la Jurisprudencia I.6o.T.J/28 (10a.), emitida por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito. Del criterio invocado se advierte que para que exista un acto de autoridad, susceptible de ser analizado en el juicio constitucional, necesariamente debe existir una relación de supraordinación que es donde una autoridad actúa como ente de derecho público sobre la esfera jurídica del gobernado utilizando el imperio que la Ley le concede, a fin de modificar, extinguir o restringir los derechos del gobernado; por tanto, como ya se adelantó en el presente caso, no se trata de controvertir una decisión o acto de autoridad, si no que pretenden esclarecerse o combatirse actos relativos a relaciones estrictamente laborales, las cuales deben ventilarse y resolverse en una instancia diversa. 3.1 Desechamiento. En tal virtud, al no encuadrarse el juicio propuesto dentro de los supuestos establecidos por el artículo 107 de la Ley de Amparo, el mismo resulta improcedente, al actualizarse de forma manifiesta e indudable, la hipótesis prevista en el citado artículo 61 fracción XXIII, en relación con los diversos 1° fracción I y 5°, fracción II, todos de la citada ley. En mérito de lo expuesto, con fundamento en los artículos antes invocados y en el diverso 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por...

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