Tania Nataly Jiménez Arroyo

Expediente 60/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo. 2 actuaciones registradas, la última del 19 de abril de 2022.

Datos del expediente

Expediente
60/2022
Año
2022
Actuaciones
2
Última actuación
19/04/2022

Partes del expediente

  • Tania Nataly Jiménez Arroyo

Actuaciones

  1. Principal

    Pachuca de Soto, Hidalgo, a diecinueve de abril de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta se advierte que ha transcurrido el término que refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, para recurrir la sentencia mediante la cual se SOBRESEYÓ FUERA DE AUDIENCIA en el presente juicio de derechos fundamentales, sin que la parte interesada lo haya hecho; en consecuencia, con fundamento en los diversos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicha resolución, HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes. Ahora bien, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se determina que el presente asunto no es de relevancia documental, porque no está en el catálogo de los señalados en su artículo 15. Asimismo, en términos de los artículos 12, 14 y 21, inciso a) del indicado Acuerdo General, se determina que el presente expediente es susceptible de destrucción, al tratarse de un juicio de amparo en el que se sobreseyó fuera de audiencia respecto de todos los actos reclamados. Hágase la devolución del expediente laboral 75/2021 al Juez de Distrito Especializado en Materia Laboral Titular del Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales en el Estado de Hidalgo, con sede en Pachuca, solicitando el acuse de recibo correspondiente. Por tanto, toda vez que no existe actuación alguna por realizar, ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en el precepto 214 de la Ley de Amparo, remítase al archivo definitivo como asunto totalmente concluido. Por ende, realícense las anotaciones conducentes en el libro de gobierno y la captura relativa en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Así como en la carátula del mismo. Finalmente, agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda el oficio signado por el Juez de Distrito Especializado en Materia Laboral Titular del Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales en el Estado de Hidalgo, con sede en Pachuca; en atención a su contenido, dígasele que se deberá de estar a lo acordado en párrafos que anteceden. Notifíquese.

  2. Principal

    Agréguese a los autos para que obre como corresponda y surta los efectos legales procedentes el oficio firmado por el Secretario Instructor adscrito al Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales en el Estado de Hidalgo, residente en Pachuca, por medio del cual informa específicamente la audiencia de desistimiento celebrada el diez de febrero de dos mil veintiuno, en la que determinó hacer efectivo el apercibimiento decretado a la parte quejosa en proveído de cuatro de marzo de dos mil veintiuno y por ende tuvo por no presentada la demanda respecto de las prestaciones de seguridad social que reclamó del Instituto Mexicano del Seguro Social. Que lo anterior, tiene como consecuencia que se agotó la instancia en ese procedimiento, es decir, que ha quedado concluido por lo que hace a la totalidad de las acciones ejercitadas por el quejoso. Además, informa que a su criterio se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XVII del artículo 61 de la Ley de Amparo, porque las presuntas violaciones alegadas por la parte quejosa respecto al auto de cuatro de marzo de dos mil veintiuno, han quedado consumadas irreparablemente, porque al haberse concluido en forma definitiva el procedimiento, no podría resolverse sobre tal acto reclamado, sin afectar la nueva situación jurídica que lo rige. Pues al resolverse sobre la totalidad de acciones intentadas en aquel procedimiento, bien sea por cosa juzgada o al tener por no presentada la demanda, ello produce los mismos efectos que el dictado de una sentencia que actualiza el cambio de situación jurídica ante la resolución total de la controversia. En consecuencia, se procede a proveer lo conducente: SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA De lo antes expuesto, este órgano de control constitucional estima que se actualiza de manera notoria y evidente, la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, que señala: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 ó 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente; Del precepto transcrito se colige que el juicio de amparo es improcedente contra actos emanados de un procedimiento judicial, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el mismo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Así, dicha causa de improcedencia se actualiza, por regla general, cuando concurren los supuestos siguientes: a) el acto reclamado en el juicio de amparo emana de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio; b) con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncia una resolución que cambia la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; c) no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; d) que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de amparo, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional. Apoya lo anterior, la tesis 2a. CXI/96 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "CAMBIO DE SITUACION JURIDICA. REGLA GENERAL. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, el cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los supuestos siguientes: a).- Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio; b).- Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; c).- Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; d).- Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional." En atención a lo anterior, tenemos que en el presente juicio de amparo se instauró en atención a que el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito, remitió los autos por determinar en el amparo directo 202/2021, carecer de competencia para conocer de la demanda de amparo promovida por ***, a través de su apoderado legal ***, respecto al acto reclamado de cuatro de marzo de dos mil veintiuno, dictado por el Juez adscrito al Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales en el Estado de Hidalgo, residente en esta ciudad de Pachuca de Soto, consistente en el desechamiento parcial de la demanda inicial en el juicio de origen. Ahora, con el fin de determinar que se actualiza la causa de improcedencia invocada, se relacionan los siguientes antecedentes del acto reclamado: 1. Acuerdo de cuatro de marzo de dos mil veintiuno, se decretó cosa juzgada sobre la demanda en que se hizo valer la acción de reinstalación por despido injustificado y, por ende, las prestaciones accesorias y autónomas, sin agotar la instancia conciliatoria prejudicial; pues todo ello ya había sido objeto de reclamo en el diverso asunto 21/2021 del índice del Tribunal responsable, donde se determinó que, por esa acción y prestaciones accesorias y autónomas, la actora debía acudir al Centro Federal de Conciliación y Arbitraje a agotar la instancia conciliatoria siendo que en ese nuevo procedimiento 75/2021, se pretendió el mismo reclamo justificado el por qué no debía agotar tal conciliación prejudicial, lo cual motivó que se determinara cosa juzgada sobre tal aspecto, es decir, la omisión de agotar la instancia conciliatoria prejudicial pues ese Tribunal no podía ocuparse del mismo tema, cuantas veces pretendiera la actora presentar nueva demanda, sin cumplir dicho requisito. Que lo anterior, se concluyó el procedimiento parcialmente, pues además de dicha acción, la parte actora demandó el reconocimiento de un riesgo de trabajo y el consecuente otorgamiento de pensión. 2. Sobre la acción y prestaciones de seguridad social, en ese acuerdo del cuatro de marzo de dos mil veintiuno, se previno a la parte actora, a fin de que diera cumplimiento a los requisitos ahí señalados. Empero, ante lo extemporáneo del desahogo de la prevención impuesta, por diverso acuerdo de veintidós de marzo de dos mil veintiuno, se le tuvo por no presentada la demanda. 3. Contra dichas determinaciones, la parte actora promovió amparo directo que fue resuelto por el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito, en sesión de quince de diciembre de dos mil veintiuno, en el que se declaró incompetente por lo que ve al acto de cuatro de marzo de dos mil veintiuno, porque no constituía una resolución definitiva que pusiera fin al procedimiento, mientras que, por el diverso veintidós del mismo mes y año, concedió el amparo para el único efecto de que se notificara nuevamente el auto de cuatro de marzo de dos mil veintiuno a la actora, pero en forma personal y no por buzón electrónico. 4. En cumplimiento al amparo otorgado por la Superioridad, se ordenó notificar nuevamente a la parte actora, pero ahora en forma personal, el acuerdo de cuatro de marzo de dos mil veintiuno; hecho lo anterior, la trabajadora presentó escrito ante este Tribunal el cuatro del referido mes y año, por el que manifestó, entre otras cosas, su deseo de desistirse de acción intentada en este procedimiento. Que en razón de ello, se citó a la parte actora a una audiencia especial de desistimiento, a efecto de que ratificara el escrito presentado; no obstante, en el acto de la audiencia la trabajadora informó al Juez de Distrito que no era su deseo ratificar el desistimiento presentado, por lo que solicitó tomara la determinación correspondiente. Y, en relación a tal circunstancia, el juzgador responsable determinó que, a esa fecha, la parte actora no había dado cumplimiento a la prevención impuesta, pese haber transcurrido el plazo otorgado para ello, e hizo efectivo el apercibimiento decretado Y TUVO POR NO PRESENTADA LA DEMANDA, en lo que ve a las prestaciones de seguridad social reclamadas, que eran las únicas por las que pervivía el trámite del procedimiento. 5. Que por esas consideraciones, el juzgador responsable determinó que se agotó la instancia en ese procedimiento, es decir, que se ha concluido por lo que hace a la totalidad de las acciones ejercitadas. Narrado lo anterior, como bien lo determinó el Juez de Distrito adscrito al Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales en el Estado de Hidalgo, residente en Pachuca, la suscrita juzgadora coincide con la propuesta del homologo, habida cuenta que en la especie, se actualiza la causa de improcedencia invocada, porque al hacerse efectivo en audiencia de desistimiento celebrada el diez de febrero de dos mil veintiuno, el apercibimiento decretado a la quejosa Tania Nataly Jiménez Arroyo, en proveído de cuatro de marzo de dos mil veintiuno, teniéndose por no presentada la demanda respecto de las prestaciones de seguridad social que reclamó del Instituto Mexicano del Seguro Social, tiene como consecuencia que se agotó la instancia el procedimiento en el juico de origen, pues ha quedado concluido por lo que hace a la totalidad de las acciones ejercitadas por el quejoso, ya que las presuntas violaciones alegadas por la ahora promovente del amparo respecto al auto de cuatro de marzo de dos mil veintiuno, han quedado consumadas irreparablemente, porque al haberse concluido en forma definitiva el procedimiento, no podría resolverse sobre tal acto reclamado, sin afectar la nueva situación jurídica que lo rige. Pues al resolverse sobre la totalidad de acciones intentadas en aquel procedimiento, bien sea por cosa juzgada o al tener por no presentada la demanda, ello produce los mismos efectos que el dictado de una sentencia que actualiza el cambio de situación jurídica ante la resolución total de la controversia. Así las cosas, el juicio de amparo que nos ocupa deviene improcedente, toda vez que, con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo, la responsable al tener por no presentada la demanda, ello produce los mismos efectos que el dictado de una sentencia que actualiza el cambio de situación jurídica. Es decir, con el dictado de la determinación en cuestión concluyó la controversia; por tanto, dicha situación jurídica es la que rige actualmente la esfera jurídica de la quejosa, en torno al procedimiento en cuestión. Por tanto no es jurídicamente admisible pronunciarse sobre la determinación de tener por no presentada la demanda, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el mismo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. De ahí la actualización de la causa de improcedencia en estudio. Apoya lo anterior, en su parte conducente, la tesis I.11o.C.28 K, del Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, que dice: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XVII, DE LA LEY DE AMPARO QUE PREVÉ ESA CAUSA DE IMPROCEDENCIA, NO CONTRAVIENE LOS ARTÍCULOS 1o., PÁRRAFO TERCERO, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, NI 25 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS. La causal de improcedencia consiste en que cuando el acto emane de un procedimiento, de surgir una situación jurídica nueva, el juicio de amparo será improcedente si de concederlo se afectara esa nueva situación y, por ello, deben reputarse consumadas irreparablemente las violaciones alegadas, por la posible afectación al nuevo status jurídico. Así, la finalidad del artículo 61, fracción XVII, señalado es evitar la inutilidad o ineficacia de la acción constitucional por causas ajenas que hacen irreparable el acto reclamado y que, de no existir dicha causa de improcedencia, perdería fundamento el juicio constitucional, pues no podría restituirse al agraviado en el goce o respeto del derecho violado en términos del artículo 77 de la Ley de Amparo. Las causas ajenas consisten en: a) Un acto posterior al que se reclama; y, b) Haya autonomía o independencia entre ambos, de modo que la última resolución pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional; dichos aspectos son ajenos, pues la nueva situación jurídica y su autónomía no son materia de impugnación en el juicio constitucional que puedan analizarse en términos de los artículos 103, fracción I y 107, fracciones I y II, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 1o., fracción I, de la ley citada; ello en atención a los principios de instancia de parte agraviada y relatividad de las sentencias que rigen al juicio pues, de lo contrario, se estaría transgrediendo el principio de seguridad jurídica previsto en los artículos 14 y 16 constitucionales, al trastocar los efectos de diversa resolución judicial que no fue previamente impugnada por la parte agraviada. Ante esa finalidad normativa, el artículo 61, fracción XVII, invocado no contraviene el derecho a contar con un recurso eficaz a que se refiere el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, pues aquél pretende evitar que, precisamente, el juicio de amparo sea inútil por causa de una nueva situación jurídica y, por ende, la norma no tiene como propósito limitar la posibilidad de ejercer un derecho fundamental, sino establecer un caso de inadmisibilidad, atento a razones de seguridad jurídica, cuando existen causas externas que hacen irreparable las violaciones alegadas por el quejoso, máxime que la causal de improcedencia de mérito no impide que esa nueva situación jurídica pueda ser impugnada mediante diverso juicio de amparo. La circunstancia de que dicha causal de improcedencia dé lugar a que no se analicen de fondo los conceptos de violación, no resulta violatoria del derecho fundamental de acceso a la justicia, toda vez que ello no implica imponer costos o dificultar el acceso del quejoso a un tribunal previamente establecido, aunado a que las causales de improcedencia son presupuestos procesales que deben cumplirse previo a una decisión de fondo. En efecto, los presupuestos procesales, como son las causales de improcedencia, encuentran su justificación en el artículo 17, segundo párrafo, constitucional, que dispone que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, por lo que es constitucionalmente correcto que la Ley de Amparo vigente establezca los términos y condiciones que deban cumplirse para la procedencia del juicio de amparo, acorde con la jurisprudencia P./J. 113/2001, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "JUSTICIA, ACCESO A LA. LA POTESTAD QUE SE OTORGA AL LEGISLADOR EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL DE LA REPÚBLICA, PARA FIJAR LOS PLAZOS Y TÉRMINOS CONFORME A LOS CUALES AQUÉLLA SE ADMINISTRARÁ NO ES ILIMITADA, POR LO QUE LOS PRESUPUESTOS O REQUISITOS LEGALES QUE SE ESTABLEZCAN PARA OBTENER ANTE UN TRIBUNAL UNA RESOLUCIÓN SOBRE EL FONDO DE LO PEDIDO DEBEN ENCONTRAR JUSTIFICACIÓN CONSTITUCIONAL.". Asimismo, el artículo 61, fracción XVII, referido no contraviene el artículo 1o., segundo párrafo, constitucional, en cuanto al principio de interpretación pro persona, pues ello encuentra su propia limitación a lo que prevé la propia Constitución Federal, en este caso, en el numeral 107, párrafo primero, que dispone que las controversias a que se refiere el artículo 103 constitucional se sujetarán a los procedimientos que determine su ley reglamentaria; lo que significa que el legislador ordinario se encuentra facultado constitucionalmente para emitir leyes en donde se establezcan las formalidades que estime deban cumplirse y llevar a cabo dicho fin, máxime que por razones de seguridad jurídica, para la correcta y funcional administración de justicia y para la efectiva protección de los derechos de las personas, los Estados, mediante sus órganos legislativos, pueden y deben establecer en las leyes que emitan, presupuestos y criterios de admisibilidad, de carácter judicial o de cualquier otra índole, para cumplir con los propias formalidades que establece la Constitución Federal en sus artículos 1o., 14 y 17. Además, lo previsto en el artículo 1o. constitucional, en cuanto a interpretar las normas en favor de las personas, no implica que el legislador ordinario se encuentre obligado a establecer que el juicio de amparo sea procedente contra todo acto de autoridad, pues también debe emitir sus leyes para hacer posible la aplicación de los principios que establecen los artículos constitucionales de referencia." En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, se sobresee fuera de audiencia constitucional en el juicio de amparo, con fundamento en el numeral 63, fracción V, de la ley de la materia. Al respecto, es aplicable el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE." Se considera que los criterios jurisprudenciales invocados se encuentran vigentes y, por tanto, son de observancia obligatoria, en virtud de que en términos del sexto transitorio del decreto por el que se expide la Ley de Amparo, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el dos de abril de dos mil trece, no se oponen con lo dispuesto en el ordenamiento vigente. En razón de lo expuesto, se deja sin efectos la fecha de audiencia constitucional señalada para las ONCE HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL DIECIOCHO DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIUNO. Notifíquese personalmente.

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