Tania Moctezuma Guerrero Y Otros
Expediente 559/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Trabajo en la Ciudad de México. 4 actuaciones registradas, la última del 25 de febrero de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 559/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 25/02/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Trabajo en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Tania Moctezuma Guerrero Y Otros
Actuaciones
- Principal
AGRÉGUESE A LOS AUTOS EL OFICIO DE CUENTA DEL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO, AL QUE ACOMPAÑA EL TESTIMONIO DE LA EJECUTORIA PRONUNCIADA EN EL RECURSO DE QUEJA Q.T. 75/2020, EN EL QUE SE RESOLVIÓ: "ÚNICO. ES INFUNDADO EL RECURSO DE QUEJA." ARCHÍVESE EL PRESENTE JUICIO COMO CONCLUIDO... SE PROCEDA A SU DESTRUCCIÓN...
- Principal
AGRÉGUESE A SUS AUTOS EL OFICIO DEL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO, POR MEDIO DEL CUAL, INFORMA QUE EL TRIBUNAL ADMITIÓ A TRÁMITE, EL RECURSO DE QUEJA CON EL NÚMERO QT.- 75/2020.
- Principal
AGRÉGUESE A LOS AUTOS EL ESCRITO DE CUENTA SIGNADO POR... SE TIENE POR INTERPUESTO EL RECURSO DE QUEJA... REMÍTASE AL TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO, EN TURNO...
- Principal
VISTA LA RAZÓN DE CUENTA SE ORDENA NOTIFICAR POR MEDIO DE LISTA AL QUEJOSO EL PROVEÍDO VIENTE DE OCTUBRE DE DOS MIL VIENTE QUE DICE:Ciudad de México, veinte de octubre de dos mil veinte. Agréguese a los autos, para que obre como corresponda, el oficio de cuenta, signado por el Actuario adscrito al Décimo Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al que acompaña el testimonio de la ejecutoria pronunciada en sesión de veinte de agosto de dos mil veinte, en el conflicto competencial C.C.A. 8/2020, en el que se resolvió: "ÚNICO.- Es legalmente competente para conocer del juicio de amparo promovido por Tania Moctezuma Guerrero y otros, el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Trabajo en la Ciudad de México." Acúsese recibo de estilo respectivo. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de Gobierno; respecto al cuaderno de antecedentes formado con motivo del conflicto competencial, toda vez que se trata de las mismas actuaciones que el asunto principal, procédase a la destrucción de las mismas, a fin de evitar duplicidad de constancias; desglosándose únicamente las actuaciones originales que contenga el mismo, a efecto de ser glosadas en el juicio en que se actúa Ahora bien, en cumplimiento a la resolución del conflicto competencial de referencia y vista la demanda de amparo promovida por Tania Moctezuma Guerrero y otros, todos por su propio derecho, en contra de los actos del Secretario de Educación Pública, Subsecretario de Educación Básica, Titular de la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y Maestros y Secretario de Educación del Estado de Tamaulipas, al efecto se provee: l. Desechamiento de la demanda. De conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, este Juzgado procede a examinar el escrito inicial de demanda a fin de determinar la procedencia o, en su caso, improcedencia del juicio. El citado artículo 113 de la Ley de la Materia, establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito e demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Por otro lado, los artículos 61, fracción XXIII y 5, fracción II, ambos de la Ley de Amparo, disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: ... XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." "Artículo 5.- Son partes en el juicio de amparo: . II.- La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilaterial y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas." Del análisis integral de la demanda de garantías, se advierte que la parte promovente señala como actos reclamados: "1.- LA EXPEDICIÓN Y APLICACIÓN DE LOS "LINEAMIENTOS GENERALES DEL PROCESO DE SELECCIÓN PARA LA PROMOCIÓN A ASCENDER A FUNCIONES DE INSPECTOR O SUPERVISOR DE ZONA EN EDUCACIÓN BÁSICA (PROMOCIÓN VERTICAL)". 2.- LA FALTA Y OMISIÓN DE INCLUIR EN LOS LINEAMIENTOS A LOS ASESORES TÉCNICOS PEDAGÓGICOS DE SECUNDARIA, TELESECUNDARIA Y MEDIA SUPERIOR EN EL PROCESO DE SELECCIÓN PARA PROMOCIÓN A INSPECTOR O SUPERVISOR DE ZONA EN EDUCACIÓN BÁSICA. 3.- LA FALTA DE OTORGAMIENTO DEL NOMBRAMIENTO DEFINITIVO DERIVADO DEL PROCESO DE SELECCIÓN DE PROCESOS INCONCLUSOS ASÍ COMO LA CLAVE CORRESPONDIENTE. 4.- EL IMPEDIMENTO A PARTICIPAR EN EL PROCESO DE SELECCIÓN PARA LA PROMOCIÓN A FUNCIONES DE INSPECTOR O SUPERVISOR DE ZONA EN EDUCACIÓN BÁSICA DE MANERA VERTICAL. 5.- LA OMISIÓN DE OTORGAR EL NOMBRAMIENTO DEFINITIVO DERIVADO DEL PROCESO DE SELECCIÓN PARA DOBLE PLAZA ASÍ COMO LA CLAVE CORRESPONDIENTE. 6.- EFECTOS Y CONSECUENCIAS DE LOS ACTOS RECLAMADOS POR LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE". De lo anterior, resulta manifiesto que, a pesar de lo señalado en la demanda de amparo, lo cierto es que la relación entre los quejosos y a quienes considera autoridades responsables, es de naturaleza laboral, es decir, la que existe entre un trabajador y el equivalente a un patrón. Véase, los actos que se reclaman en la presente instancia constitucional tienen una naturaleza particular y no laboral, la cual no se genera por un vínculo jurídico que se mantenga entre trabajador y patrón. Por tanto el juicio de amparo no es el medio idóneo para poder combatir los actos que se reclaman, en virtud que los impetrantes tienen a su alcance la vía procesal ordinaria, tramitable ante las autoridades de trabajo competentes, para hacer valer sus derechos, de acuerdo al vínculo existente entre la parte quejosa y las autoridades responsables, toda vez que son de naturaleza obrero-patronal, revistiendo en tales circunstancias de carácter de actos meramente entre particulares. La autoridad para efectos del juicio de amparo, es todo ente que ejerce facultades decisorias que le están atribuidas en la ley y por ende, que constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Conviene indicar que el concepto de autoridad responsable debe concebirse, fundamentalmente, por exclusión, de los actos de particulares y, por ende, resulta indispensable establecer las bases para distinguir un acto de otro. Para ello, es ideal atender a la clasificación que la teoría general del derecho hace de las relaciones jurídicas de coordinación, supra a subordinación y supraordinación. De acuerdo con esa teoría, las relaciones de coordinación son las entabladas entre particulares, donde éstos actúan en un mismo plano. De ahí que para dirimir sus diferencias e impedir que se haga justicia por propia mano, se establecieron en la ley los procedimientos ordinarios, necesarios para ventilarlas; dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil, agrario y laboral. La nota distintiva de este tipo de relaciones, es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que, coactivamente, se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas por la ley, precisamente porque dichas partes se encuentran en el mismo nivel. En otras palabras, existe una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. En cambio, las relaciones de supra a subordinación, son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos, en beneficio del orden público y del interés social. Este tipo de relaciones se caracterizan por la unilateralidad, y por ello, la Constitución Federal establece una serie de garantías individuales como limitaciones al actuar del gobernante, ya que el órgano del estado impone su voluntad, sin necesidad de acudir a los tribunales. Es corolario de lo anterior que, para definir el concepto de autoridad responsable, debe atenderse también a la distinción de las relaciones jurídicas, examinando si la que se somete a la decisión de los órganos jurisdiccionales de amparo, se ubica dentro de las denominadas de supra a subordinación, que tiene como presupuesto que el promovente tenga el carácter de gobernado y el ente señalado como autoridad actúe en un plano superior. De lo expuesto, bien pueden advertirse como notas que distinguen a una autoridad para los efectos del juicio de amparo, las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho, que establece una relación de supra a subordinación con un particular. b) Que esa relación tiene su nacimiento en la ley, por lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. c) Que con motivo de esa relación emite actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera legal del particular. d) Que para emitir esos actos no requiere de acudir a los órganos judiciales, ni precisa del consenso de la voluntad del afectado. Así pues, cualquier decisión que adopte o deje de adoptar el organismo público, en su carácter de patrón, no constituye un acto de autoridad, sino un hecho derivado de la relación laboral, de ahí que los conflictos que se susciten entre el trabajador y el patrón -en este caso, órgano del Estado-, deben ser ventilados por la vía ordinaria establecida en la ley para ese fin. Compréndase que con motivo del procedimiento de asignación de plazas, la autoridad educativa puede emitir entre otras determinaciones: Aquellas relativas a cuestiones vinculadas con ese procedimiento. En ese caso se trata de relaciones obrero patronales entre el Estado y el docente, con independencia del carácter administrativo de la autoridad que substancie y determine lo conducente en el procedimiento de designación. Se destaca que la Segunda Sala del máximo Tribunal del país, al resolver la contradicción de tesis de la que surgió la jurisprudencia 2a./J. 14/2020 (10a.), con relación a los concursos de oposición para la promoción de ascenso a un nivel o categoría superior para los trabajadores de la educación, argumentó que no se consideraban como actos de autoridad para efectos del juicio de amparo, por derivar de una relación laboral-burocrática entre el Estado como patrón (no como autoridad o ente superior) y el servidor público como trabajador, exponiendo al efecto lo siguiente: ". consideramos que los actos derivados de un concurso de oposición para la promoción de ascenso a un nivel o categoría superior para los trabajadores de la educación del Estado de Jalisco, consistentes en negar el otorgamiento de una plaza al quejoso y entregarla al tercero interesado, no pueden considerarse como actos de autoridad para efectos del juicio de amparo. Ello es así, ya que en la especie no se satisface el requisito anteriormente precisado bajo el inciso a), pues la relación existente entre la Secretaría de Educación de Jalisco y los docentes o servidores de la educación que aspiran a ser promovidos o ascendidos a un nivel más alto dentro de la misma estructura educativa estatal, es de coordinación, no de supra a subordinación, pues: Deriva de una relación laboral-burocrática entre el Estado como patrón (no como autoridad o ente superior) y el servidor público como trabajador. Además, la ley prevé los procedimientos o juicios ordinarios necesarios para resolver este tipo de controversias, por lo que si los quejosos no están de acuerdo con el resultado, pueden impugnarlo por la vía laboral. . Con base en lo anterior, podemos advertir que los actos reclamados materia de esta contradicción, como ya se dijo, derivan de una relación de coordinación en la que el Estado actúa como patrón de los docentes inconformes, por lo que no pueden ser considerados como actos de autoridad para efectos del juicio de amparo." Lo destacado no es de origen. Bajo ese contexto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, concluyó que la negativa a otorgar una plaza al quejoso no tiene el carácter de acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, porque la relación entre la Secretaría y los docentes o servidores de la educación que aspiran a ser promovidos o ascendidos a un nivel más alto dentro de la misma estructura educativa estatal es de coordinación y no de supra a subordinación, pues consideró que las diferencias en las relaciones de trabajo que surjan entre el personal al que se refiere la propia ley y las autoridades educativas y organismos descentralizados, se rigen por la legislación laboral aplicable y, en consecuencia, serán dirimidas ante los órganos jurisdiccionales competentes en esa materia, característica propia de las relaciones de coordinación, por lo que si el quejoso no está de acuerdo con el resultado del concurso de oposición o con sus consecuencias, puede impugnarlo por la vía ordinaria laboral ante los Tribunales del trabajo. La invocada jurisprudencia 2a./J. 14/2020 (10a.) que sirve de apoyo a esta resolución, se encuentra visible en la página 4389, Tomo V, agosto de 2020, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, registro 2021827, con el epígrafe: "ACTOS DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NO TIENEN ESE CARÁCTER LAS DETERMINACIONES DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO, DERIVADAS DE UN CONCURSO DE OPOSICIÓN PARA LA PROMOCIÓN DE ASCENSO A UN NIVEL O CATEGORÍA SUPERIOR PARA LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN DEL ESTADO, CONSISTENTES EN LA NEGATIVA A OTORGAR UNA PLAZA AL QUEJOSO Y SU ENTREGA A UN TERCERO. De conformidad con el artículo 5o., fracción II, de la Ley de Amparo, y con diversos precedentes emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, uno de los requisitos que deben satisfacerse para considerar que un acto es de autoridad para efectos del juicio de amparo, consiste en que exista un ente de hecho o de derecho que establezca una relación de supra a subordinación con un particular. Ahora bien, las determinaciones de la Secretaría de Educación del Estado de Jalisco, derivadas de un concurso de oposición para la promoción de ascenso a un nivel o categoría superior para los trabajadores de la educación del Estado, consistentes en la negativa a otorgar una plaza al quejoso y su entrega a un tercero, no tienen el carácter de actos de autoridad para efectos del juicio de amparo, ya que la relación entre dicha Secretaría y los docentes o servidores de la educación que aspiran a ser promovidos o ascendidos a un nivel más alto dentro de la misma estructura educativa estatal es de coordinación y no de supra a subordinación, pues: a) Deriva de una relación laboral-burocrática entre el Estado como patrón (no como autoridad o ente superior) y el servidor público como trabajador; y, b) Del artículo 83 de la Ley General del Servicio Profesional Docente abrogada, se advierte que las diferencias en las relaciones de trabajo que surjan entre el personal al que se refiere la propia ley y las autoridades educativas y organismos descentralizados, se rigen por la legislación laboral aplicable y, en consecuencia, serán dirimidas ante los órganos jurisdiccionales competentes en esa materia, característica propia de las relaciones de coordinación, por lo que si el quejoso no está de acuerdo con el resultado del concurso de oposición o con sus consecuencias, puede impugnarlo por la vía laboral." Luego, habida cuenta que los actos reclamados derivan de una relación de coordinación en la que el Estado actúa como patrón de los docentes inconformes, es por lo que se estima que no pueden ser considerados como actos de autoridad para efectos del juicio de amparo. No se desconoce el contenido de la jurisprudencia 1a./J. 28/2005 sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, difundida en la página 245, Tomo XXI, mayo de 2005, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con registro 178431, de la voz: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. LA FALTA DE ACREDITAMIENTO, NO DA LUGAR AL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE, CUANDO ÉSTA SE PROMUEVE POR UN TERCERO EXTRAÑO A JUICIO." No obstante, a ningún fin práctico conduciría resolver de otra manera, esto es, admitir y tramitar la demanda de garantías, porque acorde a la antes expuesto, al no ser los actos reclamados actos de autoridad para efectos del presente amparo, se está acatando la jurisprudencia 2a./J. 14/2020 (10a.), aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por tanto, con fundamento en los artículos 5°, fracción II, 61, fracción XXIII, 113 y demás relativos y aplicables de la ley de la materia, SE DESECHA DE PLANO POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. Por las razones que la informan, es aplicable en lo conducente, la tesis I.6o.T.229 L, sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, consultable en la página 2320, Tomo XX, octubre de 2004, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con registro 180385, de la voz: "COMPETENCIA PARA CONOCER DE LA CONTROVERSIA QUE SE SUSCITE ENTRE UN MAESTRO DE PRIMARIA FORÁNEO Y EL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS COMO RESPONSABLE SOLIDARIO. CORRESPONDE AL TRIBUNAL DE ARBITRAJE DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ESA ENTIDAD. De conformidad con el convenio relativo al Acuerdo de Modernización de la Educación Básica celebrado entre los titulares de los Ejecutivos Federal y el del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas, las relaciones laborales que inicialmente surgieron con la Secretaría de Educación Pública con motivo del nombramiento expedido en la plaza de "Maestro de Grupo de Primaria Foránea", deben ser asumidas por el gobierno del mencionado Estado por conducto de sus dependencias, mismo que debe proveer lo necesario para respetar íntegramente los derechos laborales de los trabajadores; en este sentido, esa responsabilidad solidaria tiene su fundamento en el artículo 41 de la Ley Federal del Trabajo, de aplicación supletoria en términos del numeral 11 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentaria del artículo 123, apartado B, de la Carta Magna; en consecuencia, la competencia para dirimir la controversia que se suscite entre un maestro de primaria foráneo y el Gobierno del Estado de Tamaulipas derivado del convenio indicado, corresponde al Tribunal de Arbitraje de los Servidores Públicos del Estado de Tamaulipas." También cobra aplicación, por las razones que expone, la tesis I.6o.T.26 L, publicada en la página 347, del Tomo III, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente al mes de abril de 1996, Novena Época, que dice: "AUTORIDADES RESPONSABLES PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO, NO LO SON LOS ÓRGANOS O FUNCIONARIOS DE LAS DEPENDENCIAS DEL ESTADO CUANDO ACTÚAN COMO PATRONES. La demanda de garantías que se interpone contra actos de las dependencias o funcionarios del Estado es improcedente, toda vez que el juicio de amparo sólo procede contra actos de autoridades en los términos del artículo 103 constitucional. Así es, el Estado a la vez que es persona de derecho público, en donde asume las funciones de autoridad, es también una persona moral oficial de derecho privado, en tanto que es el depositario, administrador o representante de los intereses económicos que constituyen el patrimonio de la Nación, y con este carácter puede entrar en relaciones laborales con los particulares, en un plano de clara coordinación y no de supra-subordinación; y entonces sus actos quedan comprendidos dentro de aquellos que cualquier gobernado ejecuta, ya que en tales relaciones el Estado también queda sometido a las prevenciones del derecho laboral como cualquier otro particular; por consiguiente, congruentemente con la doble personalidad del Estado, es de concluir que sólo podrá legalmente ser considerado como acto de autoridad para los efectos del amparo, aquel que ejecute un órgano o funcionario del Estado, actuando con el imperio y potestad que le otorga su investidura pública, es decir, cuando el acto tenga su origen en relación directa con la función pública y el cargo que desempeña, en el plano que dentro del derecho administrativo se conoce como de supra-subordinación a que ya se hizo mérito." Igualmente resulta aplicable la jurisprudencia publicada en el Apéndice 1917-1995, al Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, Tomo VI, Común, Página 12, Tesis 16, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el epígrafe: "ACTOS DE PARTICULARES. IMPROCEDENCIA. No pueden ser objeto del juicio de garantías, que se ha instituido para combatir los de las autoridades que se estimen violatorios de la constitución." Asimismo, tiene aplicación la jurisprudencia 2a./J. 130/2016 (10a.), aprobada por la Segunda Sala del Alto Tribunal, publicada en la página 1006, Libro 36, noviembre de 2016, Tomo II, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, con registro 2012980, cuyo texto es: "ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS LOCALES. EL ARTÍCULO 116, FRACCIÓN VI, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS FACULTA AL LEGISLADOR SECUNDARIO PARA REGULAR LAS RELACIONES LABORALES ENTRE AQUÉLLOS Y SUS TRABAJADORES, DE ACUERDO CON LOS APARTADOS A O B DEL ARTÍCULO 123 CONSTITUCIONAL, INCLUSO, DE MANERA MIXTA, SIN LA OBLIGACIÓN DE SUJETARSE ESPECÍFICAMENTE A ALGUNO DE ELLOS [ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 180/2012 (10a.) (*)]. La voluntad del Constituyente plasmada en el artículo 116, fracción VI, de la Constitución Federal, consiste en otorgar flexibilidad para que las normas locales respondan a las características y peculiaridades de los servidores públicos de cada uno de los Estados y Municipios, aunado a que, de su interpretación gramatical, se observa que se determinó que las relaciones de trabajo entre los "Estados y sus trabajadores" se rigieran por las leyes que expidan las Legislaturas Locales, en el que se utiliza el concepto "Estado" como sinónimo de Estado federado como orden jurídico, lo que incluye a los poderes locales, los organismos centralizados y descentralizados de la administración pública local, así como a los organismos constitucionales autónomos de la entidad. Con base en lo anterior, las entidades federativas tienen la potestad constitucional de regular las relaciones laborales entre los distintos organismos descentralizados locales y sus trabajadores, según sea el caso, de acuerdo con los apartados A o B del artículo 123 constitucional, inclusive de manera mixta, sin que deban sujetarse a alguno de ellos en especial." Sirve de apoyo también la tesis VII.2o.T.9 L (10a.), aprobada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 3436, Libro 24, noviembre de 2015, tomo IV, del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, con registro 2010538, cuyo texto es: "ACTO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO. NO LO CONSTITUYE LA OMISIÓN DE UN FUNCIONARIO DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE VERACRUZ DE DAR RESPUESTA A UNA PETICIÓN DE UNO DE SUS TRABAJADORES SOBRE EL PAGO DE DIFERENCIAS DE SU AGUINALDO, FORMULADA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 8o. CONSTITUCIONAL. La omisión de un funcionario de una dependencia como la Secretaría de Educación de Veracruz, de dar respuesta al escrito de uno de sus empleados sobre el pago de diferencias de aguinaldo, no puede ser violatoria del derecho fundamental de petición consagrado en el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que tal acto queda comprendido en la relación patrón-empleado que los vincula, regulada por ordenamientos de derecho laboral. Lo anterior se explica porque en este supuesto, la posición del quejoso frente a la autoridad educativa no es la de un gobernado, aunque en su solicitud invoque la referida norma constitucional, pues esto no cambia la naturaleza del acto ni la relación jurídica existente, que no emerge del imperio que corresponde a la secretaría como parte de la administración pública local en la prestación de un servicio a cargo del Estado, como lo es la educación pública, sino que su origen se encuentra en el derecho que tiene todo empleado a recibir su aguinaldo completo, conforme a la ley que rige este tipo de relaciones laborales, es decir, el reclamo surge con base en las fracciones IV y VI del apartado B del artículo 123 constitucional, en relación con el diverso 87 de la Ley Federal del Trabajo (el derecho al aguinaldo), lo cual debe dirimirse en sede ordinaria ante el tribunal de trabajo competente y no en el juicio de amparo. Por lo expuesto con antelación, no ha lugar a dictar providencia alguna respecto de la suspensión del acto reclamado solicitada, ni procede decretarla de oficio, en razón de que el acto reclamado no encuadra dentro de los supuestos previstos en los artículos 15 y 126 de la Ley de Amparo. NOTIFÍQUESE, PERSONALMENTE. Así lo proveyó y firma Gabriel Domínguez Barrios, Juez Tercero de Distrito en Materia de Trabajo en la Ciudad de México, ante María Elena Ramírez Guerrero, secretaria con quien actúa y da fe. Doy fe... ASÍ COMO LAS SUBSECUENTES NOTIFICACIONES AUN LAS DE CARÁCTER PERSONAL, HASTA EN TANTO SEÑALE NUEVO DOMICILIO...
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